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Lawfare

Ecuador: arrestan al juez que firmó el hábeas corpus para liberar al ex vicepresidente

Lawfare en la Región. El magistrado fue detenido «con fines investigativos», tras ser denunciado «por presunta usurpación y simulación de funciones públicas», un delito sancionado con una pena de uno a tres años de prisión.

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El Ministerio de Interior ecuatoriano anunció en las últimas horas la detención del juez Rubén Molina, quien la semana pasada concedió un hábeas corpus a favor del exvicepresidente Jorge Glas, condenado por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

«La Unidad Judicial de la Policía de Ecuador, en coordinación con la Subzona de Inteligencia de Manabí, aprehendieron al ciudadano Rubén M.B, quien tenía boleta de captura, para investigación por el delito de Usurpación de Funciones», publicó anoche la cartera en su cuenta de Twitter.

Molina fue detenido «con fines investigativos», tras ser denunciado «por presunta usurpación y simulación de funciones públicas», un delito sancionado con una pena de uno a tres años de prisión, precisó por su parte la Fiscalía.

La denuncia fue presentada ayer por el director general del Consejo de la Judicatura, Santiago Peñaherrera, y en cuestión de horas, la Fiscalía General del Estado anunció el inicio de una investigación previa en la provincia costera de Manabí, reportó el diario El Universo.

Según la Judicatura, Molina habría actuado sin jurisdicción en el hábeas corpus concedido a Glas y a Daniel Salcedo Bonilla, dado que el funcionario la perdió al ser acusado de prevaricato, en otro proceso judicial, y además está llamado a juicio por ese delito.

No obstante, también se le cuestiona el hecho de que su jurisdicción -la ciudad de Portoviejo (suroeste)- se encuentra lejos del lugar donde Glas está encarcelado, que es en la Prisión 4, ubicada en Quito.

El hábeas corpus presentado por Molina, quien argumentó que los padecimientos de salud del ex vicepresidente no fueron atendidos de forma especializada e integral, fue también rechazado por el Gobierno del conservador Guillermo Lasso por supuestas irregularidades en el proceso, consignó la agencia de noticias AFP.

«Las instituciones del Estado ecuatoriano interpondrán los recursos legales correspondientes y no tomarán ninguna decisión de excarcelación de ciudadano alguno que atente contra el ordenamiento jurídico y contribuya a la anarquía judicial a la que intentan llevarnos algunos jueces», señaló la secretaría de Comunicación.

Molina emitió su resolución el viernes último para otro prisionero, pero el magistrado «la hizo extensiva a favor» de Glas y Daniel Salcedo (sentenciado por corrupción), «sin que ellos hayan presentado la acción», señaló el lunes la secretaría de General de Comunicación de presidencia en un comunicado.

Agregó que la decisión del juez «apareció, repentinamente, en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano» el pasado lunes.

Glas, quien fue vicepresidente del exmandatario Rafael Correa entre 2013 y 2017, recibió un hábeas corpus el 10 de abril pasado que le permitió salir en libertad condicional, pero este fue revocado por la justicia ecuatoriana casi un mes después.

Tras declararse nula la decisión, el exfuncionario fue trasladado a una prisión en Quito para cumplir su sentencia de seis años de prisión por recibir millonarias coimas de Odebrecht.

Glas también fue condenado a ocho años de reclusión por pedir sobornos a empresarios a cambio de contratos con el Estado en el caso denominado «Sobornos 2012-2016», en el que también fue sentenciado en ausencia Correa (2007-2017).

El ex vice se entregó a la justicia en octubre de 2017 en medio de la investigación por el caso Odebrecht. En enero de 2018 perdió el cargo cuando el Congreso declaró su ausencia definitiva en el puesto tras ser condenado. Entonces, se convirtió en el funcionario de más alto rango de Latinoamérica en ser sentenciado por la trama de coimas de la constructora brasileña.

Judiciales ⚖️

El naufragio de los cuadernos: un video editado expone las grietas del armado judicial contra CFK

El Tribunal Oral Federal 7 aceptó un material audiovisual donde el «arrepentido» Oscar Centeno admite ante la justicia española que no conoce a los empresarios ni vio entregas de dinero; lo que debilita aún más una causa viciada por irregularidades y tachaduras.

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​★ En una jornada que dejó al desnudo la fragilidad del andamiaje probatorio construido en los tribunales de Comodoro Py; el Tribunal Oral Federal N°7 permitió la reproducción de un video editado que compromete seriamente la acusación central del juicio. El empresario Juan Carlos De Goycochea, exdirectivo de Isolux; fue quien encabezó la sesión del pasado jueves al exhibir una declaración de Oscar Centeno ante la justicia de España que contradice los pilares del expediente local.

​Una audiencia bajo control de la defensa

​La dinámica en la sala Auditorium resultó inédita. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli autorizaron la proyección del material a pesar de la fuerte oposición de la fiscal Fabiana León. La funcionaria judicial argumentó que el tribunal desconocía la cadena de custodia del video y que su reproducción forzaba la voluntad del exchofer; quien ya manifestó su decisión de no declarar en el debate argentino.

​A pesar de las advertencias sobre la falta de certeza sobre el origen del material; los magistrados hicieron lugar al pedido de la defensa. Este hecho se suma a la larga lista de anomalías de una causa que se sostiene sobre cuadernos que el propio Centeno dijo haber quemado; pero que luego aparecieron parcialmente en manos de un periodista; con claras evidencias de adulteraciones, sobreescrituras y tachaduras confirmadas por peritajes calificados.

​Las confesiones de Centeno en el exterior

​El contenido del video; correspondiente a una teleconferencia en un proceso vinculado a la firma Isolux Corsán en Madrid; dinamitó la narrativa de la fiscalía. Ante las preguntas de los funcionarios españoles; Centeno fue categórico al afirmar que no conocía a los directivos de la empresa ni sabía de la existencia de una matriz en España. «No conozco a nadie», sentenció el testigo clave cuando le consultaron por los interlocutores de la firma.

​El golpe de gracia a la acusación llegó cuando le preguntaron sobre las supuestas entregas de fondos entre 2011 y 2014. «Tampoco lo sé», respondió Centeno; para luego rematar asegurando que no le constaba que ningún responsable de la empresa hubiera entregado dinero a funcionarios públicos. Estas declaraciones contrastan con las anotaciones de los cuadernos; donde el propio Centeno vinculó a la compañía con licitaciones de la central termoeléctrica de Río Turbio. Al respecto; admitió en España que escribió esos datos basándose en comentarios de terceros y no en una percepción directa.

​El fantasma del Lawfare y las pruebas viciadas

​Este episodio refuerza la tesis de las defensas; especialmente la de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner; sobre la existencia de una persecución judicial coordinada por el denominado Partido Judicial. La causa Cuadernos acumuló desde su inicio cuestionamientos por la utilización de la Ley de Arrepentidos bajo presunta coacción y la falta de grabaciones de las declaraciones testimoniales durante la instrucción del fallecido juez Claudio Bonadio.

​La justicia española ya descartó en 2022 los cargos contra directivos de Isolux al considerar que las pruebas; basadas en los mismos cuadernos y el testimonio de Centeno; eran insuficientes. Ahora; el TOF 7 enfrenta el desafío de sostener un juicio con 87 imputados mientras su prueba estrella admite bajo juramento en el extranjero que el relato incriminatorio carece de sustento fáctico.

Puntos clave:

  • ​El TOF 7 aceptó un video de Centeno declarando en España donde niega conocer a empresarios de Isolux.
  • ​La declaración desmiente las anotaciones de los cuadernos sobre presuntas coimas de esa firma.
  • ​La fiscalía se opuso a la prueba por desconocerse su cadena de custodia y ser un material editado.
  • ​El antecedente de la justicia española ya desestimó estas pruebas por considerarlas débiles.
  • ​El juicio continúa en medio de denuncias por adulteración de documentos y falta de garantías procesales. ★
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