Según la ampliación de la denuncia judicial, «los nuevos hechos demuestran que el máximo responsable a cargo de los distintos ilícitos cometidos por la mesa judicial era el ex presidente Macri, quien emitía las órdenes y trazaba las estrategias».

Diputados nacionales del Frente de Todos solicitaron a la justicia nuevas medidas de prueba en el marco del expediente a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti que investiga presuntas presiones ejercidas sobre magistrados por la llamada «mesa judicial» del Gobierno de Juntos por el Cambio.

Así lo pidieron al ampliar este miércoles la denuncia que habían presentado en mayo pasado y que dio origen a esta causa. Ahora, sumaron información que, según expresaron, probaría el rol de la exministra de Seguridad y actual titular del PRO, Patricia Bullrich, como «parte central de una asociación ilícita», con objetivos de «persecución” y «disciplinamiento» de sindicalistas como Hugo y Pablo Moyano, el petrolero Guillermo Pereyra y el líder de los lecheros, Héctor Ponce.

Además, en el escrito aseguraron que «el máximo responsable» de ese entramado era el expresidente Mauricio Macri quien, según señalaron, «emitía las órdenes y trazaba las estrategias» de los delitos cometidos por la «mesa judicial» de Cambiemos.

La ampliación de denuncia con el pedido de nuevas medidas fue realizada por los diputados Martín Soria, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, quienes solicitaron que se investiguen «las distintas acciones de presión, intimidación, amedrentamiento y abuso sufridas por dirigentes políticos y sindicales opositores» ocurridas a partir del 10 de diciembre de 2015.

Según informaron en un comunicado de prensa, «los nuevos hechos demuestran que el máximo responsable a cargo de los distintos ilícitos cometidos por la mesa judicial era el expresidente Macri, quien emitía las órdenes y trazaba las estrategias».

De acuerdo con la presentación, «el líder petrolero Pereyra señaló que durante un viaje institucional a Estados Unidos de abril de 2017 que compartió con el entonces presidente Macri, el mandatario le anticipó: «A ese tipo yo lo voy a meter preso», en alusión al «líder de los lecheros Héctor Ponce».

«Un año después, el titular de Atilra enfrentaba una denuncia y allanamientos de la Policía Federal. Las investigaciones surgieron a partir de informes de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dependía del Ministerio de Finanzas, a cargo de Luis Caputo en aquel entonces», recordaron los legisladores en la presentación.

Asimismo, los diputados consideraron que «esta maniobra evidencia que era el mismísimo Mauricio Macri quien diseñaba las tácticas de la mesa judicial para perseguir opositores».

Sostuvieron que el objetivo de esta persecución judicial sufrida por el gremio Atilra y por su líder, Ponce, consistía en «disciplinarlo para que posteriormente, en 2018, Ponce «negocie» paritarias en línea con la pauta oficial (15%)», al recordar que finalmente el sindicalista fue sobreseído en la causa en septiembre de 2018.

Según afirmaron los diputados, el exsenador Pereyra también declaró que «tanta vehemencia» en su contra había tenido que ver con que «Bullrich le dio directivas expresas a un fiscal de Neuquén» para perjudicarlo, lo que desencadenó lo que definió como una «persecución» en su contra.

En la presentación judicial, los diputados destacaron que, «en el caso de camioneros y los Moyano se repitió el modus operandi: espionaje acompañado por una persecución judicial orquestada directamente por la ‘Mesa Judicial M'».

Además, afirmaron que «no resulta sorprendente que un Gobierno abiertamente antitrabajador realizara acciones para desarticular la organización sindical y así poder evitar las resistencias naturales a sus políticas de ajuste y empobrecimiento».