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Lawfare: Macri y Bullrich comprometidos por una denuncia contra la «mesa judicial»

«Era el mismísimo Mauricio Macri quien diseñaba las tácticas de la mesa judicial para perseguir opositores», afirman los denunciantes, y en la ampliación de la causa añaden que «los nuevos datos demuestran que es el máximo responsable».

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Según la ampliación de la denuncia judicial, «los nuevos hechos demuestran que el máximo responsable a cargo de los distintos ilícitos cometidos por la mesa judicial era el ex presidente Macri, quien emitía las órdenes y trazaba las estrategias».

Diputados nacionales del Frente de Todos solicitaron a la justicia nuevas medidas de prueba en el marco del expediente a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti que investiga presuntas presiones ejercidas sobre magistrados por la llamada «mesa judicial» del Gobierno de Juntos por el Cambio.

Así lo pidieron al ampliar este miércoles la denuncia que habían presentado en mayo pasado y que dio origen a esta causa. Ahora, sumaron información que, según expresaron, probaría el rol de la exministra de Seguridad y actual titular del PRO, Patricia Bullrich, como «parte central de una asociación ilícita», con objetivos de «persecución” y «disciplinamiento» de sindicalistas como Hugo y Pablo Moyano, el petrolero Guillermo Pereyra y el líder de los lecheros, Héctor Ponce.

Además, en el escrito aseguraron que «el máximo responsable» de ese entramado era el expresidente Mauricio Macri quien, según señalaron, «emitía las órdenes y trazaba las estrategias» de los delitos cometidos por la «mesa judicial» de Cambiemos.

La ampliación de denuncia con el pedido de nuevas medidas fue realizada por los diputados Martín Soria, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, quienes solicitaron que se investiguen «las distintas acciones de presión, intimidación, amedrentamiento y abuso sufridas por dirigentes políticos y sindicales opositores» ocurridas a partir del 10 de diciembre de 2015.

Según informaron en un comunicado de prensa, «los nuevos hechos demuestran que el máximo responsable a cargo de los distintos ilícitos cometidos por la mesa judicial era el expresidente Macri, quien emitía las órdenes y trazaba las estrategias».

De acuerdo con la presentación, «el líder petrolero Pereyra señaló que durante un viaje institucional a Estados Unidos de abril de 2017 que compartió con el entonces presidente Macri, el mandatario le anticipó: «A ese tipo yo lo voy a meter preso», en alusión al «líder de los lecheros Héctor Ponce».

«Un año después, el titular de Atilra enfrentaba una denuncia y allanamientos de la Policía Federal. Las investigaciones surgieron a partir de informes de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dependía del Ministerio de Finanzas, a cargo de Luis Caputo en aquel entonces», recordaron los legisladores en la presentación.

Asimismo, los diputados consideraron que «esta maniobra evidencia que era el mismísimo Mauricio Macri quien diseñaba las tácticas de la mesa judicial para perseguir opositores».

Sostuvieron que el objetivo de esta persecución judicial sufrida por el gremio Atilra y por su líder, Ponce, consistía en «disciplinarlo para que posteriormente, en 2018, Ponce «negocie» paritarias en línea con la pauta oficial (15%)», al recordar que finalmente el sindicalista fue sobreseído en la causa en septiembre de 2018.

Según afirmaron los diputados, el exsenador Pereyra también declaró que «tanta vehemencia» en su contra había tenido que ver con que «Bullrich le dio directivas expresas a un fiscal de Neuquén» para perjudicarlo, lo que desencadenó lo que definió como una «persecución» en su contra.

En la presentación judicial, los diputados destacaron que, «en el caso de camioneros y los Moyano se repitió el modus operandi: espionaje acompañado por una persecución judicial orquestada directamente por la ‘Mesa Judicial M'».

Además, afirmaron que «no resulta sorprendente que un Gobierno abiertamente antitrabajador realizara acciones para desarticular la organización sindical y así poder evitar las resistencias naturales a sus políticas de ajuste y empobrecimiento».

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Seis detenidos en Brasil por la muerte de la joven lanzada sin cuerdas en el Puente del Esqueleto

La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis.

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Sin habilitación, sin cuerdas y sin Estado: la cadena de negligencias que mató a María Eduarda.

La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis. El comisario Antonio Luis Tuckumantel confirmó que las detenciones apuntan a evitar la destrucción de pruebas sobre el negocio de la actividad de aventura en el denominado Puente del Esqueleto.

Más arrestos en una causa que suma imputados

La Policía Civil del estado de San Pablo detuvo este sábado a tres nuevas personas en el marco de la investigación por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, ocurrida el pasado 13 de junio en Limeira, cuando la joven fue lanzada desde el Puente del Esqueleto, una estructura ferroviaria inconclusa utilizada como escenario para actividades de deporte extremo, sin que la cuerda de seguridad estuviera correctamente ajustada a su arnés. Según confirmó la Policía, el total de personas detenidas por este hecho ascendió a seis.

El comisario Antonio Luis Tuckumantel indicó que no podía precisar públicamente el rol específico de cada uno de los nuevos arrestados dentro del entramado investigado, aunque señaló que las detenciones buscan preservar la integridad de la evidencia y evitar que los responsables interfieran con el curso de la investigación.

Los tres primeros detenidos siguen en prisión preventiva

Los tres instructores detenidos desde el mismo día del accidente permanecen en prisión preventiva: Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 años; Maicon Fernandes Cintra, de 42 años; y Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años. Los tres fueron acusados de homicidio con dolo eventual y sus solicitudes de habeas corpus fueron rechazadas por la Justicia, que consideró que existía riesgo real de fuga e interferencia en la investigación.

Según la investigación, el trío integraba el grupo que organizaba los saltos desde el puente, donde se cobraban 180 reales (aproximadamente 35 dólares) por persona. El negocio funcionaba sin habilitación ni constitución formal como empresa, condición que la Justicia valoró al denegar las excarcelaciones.

La secuencia fatal: sin cuerdas y sin verificación

La investigación reconstruyó con precisión cómo se produjo la tragedia. De acuerdo con la Policía Civil, la cuerda que debía sujetar a María Eduarda no fue ajustada y permaneció enrollada sobre la plataforma desde donde se realizó el salto en el momento en que la joven fue empujada al vacío. Una grabación realizada por testigos presentes en el lugar mostró que los instructores llevaron a la víctima hasta el borde del puente y la empujaron sin haber completado la verificación del equipo de seguridad. Los propios testigos declararon ante la Justicia que los responsables omitieron la revisión final antes del salto.

María Eduarda, residente de la localidad de Jandira, cayó desde una altura aproximada de 40 metros y murió como consecuencia del impacto. La joven tenía 21 años.

Un negocio sin habilitación y sin controles

La investigación estableció además que la organización que promovía los saltos en el Puente del Esqueleto no operaba como una empresa formalmente constituida. La estructura, ubicada en las afueras de Limeira, se había convertido en un punto habitual para actividades de rope jump sin ningún tipo de control estatal, regulación ni fiscalización municipal o federal. Este dato no es menor: la cobertura previa de este medio señaló que la municipalidad de Limeira había alertado a las autoridades nacionales sobre la situación del puente desde principios de 2025, sin que se adoptaran medidas efectivas de control.

La muerte de María Eduarda reabre el debate sobre la ausencia de regulación en el sector de los deportes de aventura en Brasil, donde la actividad de rope jumping se ofrece de manera informal en múltiples puntos del país sin que exista un marco normativo que establezca estándares mínimos de seguridad, habilitaciones obligatorias ni protocolos de verificación previos al salto.

Puntos clave

  • La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas, elevando a seis el total de detenidos por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas.
  • Los tres instructores detenidos desde el 13 de junio, Egoroff, Cintra y Gonçalves, permanecen en prisión preventiva acusados de homicidio con dolo eventual.
  • La cuerda de seguridad no estaba ajustada al arnés de la víctima cuando fue empujada al vacío desde 40 metros de altura.
  • El grupo organizador de los saltos no operaba como empresa formalmente constituida y carecía de habilitaciones municipales o nacionales.
  • La causa reaviva el debate sobre la falta de regulación de los deportes de aventura en Brasil y la responsabilidad del Estado en la fiscalización de estos espacios.
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