Denuncia
«¡La Impunidad al palo!»: Milman contrató al defensor de Echazú
Así lo alertó Sergio Maldonado. La designación es en el marco de la causa del intento de magnicidio contra Cristina. Echazú es uno de los imputados por la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado.
Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, hermano del artesano que fue hallado muerto en 2017 tras permanecer 55 días con paradero desconocido, alertó hoy que el abogado que representa al diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman, en la causa en la que se investiga el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es el mismo que defiende al gendarme Emanuel Echazú, imputado por la desaparición seguida de muerte del joven, ocurrida en el noroeste de Chubut.
«¡La Impunidad al palo! Gerardo Milman, que fue funcionario de (Patricia) Bullrich (exministra de Seguridad de Cambiemos), se autoimputó en la causa del atentado de Cristina Fernández de Kirchner para poder tener acceso al expediente judicial, teniendo como abogado a Manuel Barros que es el mismo abogado defensor del gendarme imputado Emanuel Echazú», publicó Maldonado en su cuenta de la red social Twitter.
Fuentes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) confirmaron a Télam que Barros es el mismo abogado que tiene actualmente Echazú, uno de los cuatro gendarmes imputados en la causa de «desaparición forzada» de Santiago Maldonado durante un operativo de Gendarmería en la Pu Lof de Cushamen, en Chubut.
Según indicó a esta agencia la abogada Verónica Heredia –representante de Sergio Maldonado– Barros también es representante legal de los otros tres gendarmes que están en «calidad de imputados» en la causa.
Se trata de los uniformados Juan Pablo Scola, Mariano Ferreira y un efectivo apodado «Maquila» y de apellido Ocampo.
La causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado está «en un incidente ante la Corte Suprema» -explicó la abogada- por pedido del juez federal Gustavo Lleral.
Según la familia Maldonado, el Estado argentino «reconoció» ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) que ante la denuncia de su desaparición forzada «no se realizaron las medidas que corresponden conforme a derecho bajo los parámetros internacionales».
La decisión de Milman de designar a Barros como su abogado -ya aceptado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti- sorprendió en los tribunales federales de Comodoro Py. Fuentes judiciales explicaron que el diputado quedó bajo la figura de lo que podría entenderse como una «autoimputación», en la causa que se sigue por el intento de asesinato a la Vicepresidenta, ocurrido el 1 de septiembre pasado.
El legislador podría tener así acceso al expediente, mientras se aguarda que la Cámara Federal realice una audiencia el próximo 22 de junio para decidir si se ordena el secuestro del celular del legislador.
La querella, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, reclaman el secuestro del celular de Milman con el objetivo de buscar allí algún elemento que permita acreditar o descartar si el legislador tuvo alguna vinculación con el atentado contra la Vicepresidenta.
Denuncia
Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad
El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.
La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.
El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.
Lo que dijo el fiscal
Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.
Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.
La oposición: “ES JODA”
El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.
La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.
En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.
El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.
El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.
Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero
La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.
Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.
Qué viene
Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.
Lo que tenés que saber:
- El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
- No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
- El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
- Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
- Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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