Denuncia
«¡La Impunidad al palo!»: Milman contrató al defensor de Echazú
Así lo alertó Sergio Maldonado. La designación es en el marco de la causa del intento de magnicidio contra Cristina. Echazú es uno de los imputados por la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado.
Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, hermano del artesano que fue hallado muerto en 2017 tras permanecer 55 días con paradero desconocido, alertó hoy que el abogado que representa al diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman, en la causa en la que se investiga el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es el mismo que defiende al gendarme Emanuel Echazú, imputado por la desaparición seguida de muerte del joven, ocurrida en el noroeste de Chubut.
«¡La Impunidad al palo! Gerardo Milman, que fue funcionario de (Patricia) Bullrich (exministra de Seguridad de Cambiemos), se autoimputó en la causa del atentado de Cristina Fernández de Kirchner para poder tener acceso al expediente judicial, teniendo como abogado a Manuel Barros que es el mismo abogado defensor del gendarme imputado Emanuel Echazú», publicó Maldonado en su cuenta de la red social Twitter.
Fuentes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) confirmaron a Télam que Barros es el mismo abogado que tiene actualmente Echazú, uno de los cuatro gendarmes imputados en la causa de «desaparición forzada» de Santiago Maldonado durante un operativo de Gendarmería en la Pu Lof de Cushamen, en Chubut.
Según indicó a esta agencia la abogada Verónica Heredia –representante de Sergio Maldonado– Barros también es representante legal de los otros tres gendarmes que están en «calidad de imputados» en la causa.
Se trata de los uniformados Juan Pablo Scola, Mariano Ferreira y un efectivo apodado «Maquila» y de apellido Ocampo.
La causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado está «en un incidente ante la Corte Suprema» -explicó la abogada- por pedido del juez federal Gustavo Lleral.
Según la familia Maldonado, el Estado argentino «reconoció» ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) que ante la denuncia de su desaparición forzada «no se realizaron las medidas que corresponden conforme a derecho bajo los parámetros internacionales».
La decisión de Milman de designar a Barros como su abogado -ya aceptado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti- sorprendió en los tribunales federales de Comodoro Py. Fuentes judiciales explicaron que el diputado quedó bajo la figura de lo que podría entenderse como una «autoimputación», en la causa que se sigue por el intento de asesinato a la Vicepresidenta, ocurrido el 1 de septiembre pasado.
El legislador podría tener así acceso al expediente, mientras se aguarda que la Cámara Federal realice una audiencia el próximo 22 de junio para decidir si se ordena el secuestro del celular del legislador.
La querella, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, reclaman el secuestro del celular de Milman con el objetivo de buscar allí algún elemento que permita acreditar o descartar si el legislador tuvo alguna vinculación con el atentado contra la Vicepresidenta.
Denuncia
ATE denuncia una nueva ola de despidos en Capital Humano bajo el decreto de Sturzenegger
La Asociación Trabajadores del Estado advirtió que el decreto 378/2026 habilitará el pase a disponibilidad de al menos 400 agentes de las secretarías de Trabajo, Educación y Niñez. La octava ola de despidos en el Estado avanza en plena porosidad del Gobierno por el caso Adorni.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que el decreto 378/2026, firmado por Javier Milei y Sandra Pettovello el 22 de mayo, habilitará el pase a disponibilidad de al menos 400 trabajadores de las secretarías de Trabajo, Educación y Niñez, Adolescencia y Familia. Es la octava embestida contra el empleo públçico desde el inicio de la gestión libertaria y llega en plena crisis política del Gobierno por el caso Adorni.
El ministerio de Federico Sturzenegger no para. Mientras el Gobierno enfrenta una turbulencia política sin precedentes por la investigación judicial que pesa sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la maquinaria de desguace estatal sigue funcionando a pleno. Este viernes, ATE convocó a una conferencia de prensa frente al edificio del Ministerio de Capital Humano para denunciar públicamente lo que los gremios estatales calificaron como una nueva ola de cesantías masivas, la octava desde diciembre de 2023.
El decreto que habilitó la poda
El decreto 378/2026, publicado el 22 de mayo, establece la necesidad de “efectuar modificaciones a la conformación organizativa del Ministerio de Capital Humano y a los objetivos de sus áreas dependientes, como así también a la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la citada jurisdicción”. Fuentes del sindicato consultadas por este medio explicaron que, en la práctica, la norma eliminó las áreas de gestión administrativa de tres secretarías bajo la órbita de Pettovello: Trabajo, Educación y Niñez, Adolescencia y Familia. “Achicaron áreas y al mismo tiempo modificaron la dotación de personal. Los nuevos referentes dijeron que puede haber pases a disponibilidad de miembros de planta permanente en los próximos días”, detallaron desde ATE.
El delegado general de ATE-Trabajo, Hernán Izurieta, precisó que el expediente ya se encontraba “en la fase final del circuito administrativo, en Legal y Técnica de Presidencia”. “Básicamente lo que hacen es la centralización administrativa a nivel de Capital Humano de las áreas de gestión administrativa, sistemas, jurídicos y otras de esa índole, lo que impacta en las tres secretarías, ya sea mediante la degradación de áreas o directamente de la eliminación”, explicó.
El rastro de la motosierra en Capital Humano
El contexto no es nuevo, pero su magnitud es creciente. Según confirmaciones gremiales, el Ministerio de Capital Humano ya aportó al menos 10.000 trabajadores de los más de 60.000 despidos estatales acumulados desde el inicio de la gestión Milei. La nueva ola, advirtieron gremios como UPCN y ATE, podría sumar otros 400 pases a disponibilidad en lo inmediato, con proyecciones que los sindicatos ubican por encima del millar si se considera el alcance total de la reestructuración.
Detrás de la decisión, según fuentes sindicales y periodistas especializados, se ve la mano del Ministerio de Desregulación. Pettovello, indican fuentes con acceso a la interna del gabinete, aceptó el rediseño que le impuso Sturzenegger con la misma resignación con la que aceptó los recortes de programas sociales ordenados por Luis “Toto” Caputo. La poda presupuestaria vinculada a la reestructuración administrativa alcanza los 2.597.505.424 pesos anuales, equivalentes a unos 200 millones de dólares al tipo de cambio actual, de acuerdo a documentos internos de la cartera.
Doble vara y acusación de evasion fiscal
Desde ATE no solo se resistio el ajuste sobre los puestos de trabajo, sino que se señaló una contradicción que el Gobierno evita explicar. “Mientras el Gobierno niega las denuncias de corrupción y Sturzenegger adhiere a la ley de Inocencia Fiscal, hay una doble vara con la cual tratan a los trabajadores. Además, utilizan el Estado para evadir impuestos”, cuestionaron fuentes del sindicato. La referencia apunta directamente a las modificaciones en materia de régimenes de información impulsadas por el Gobierno, que organismos de economistas como el Foro Economía y Trabajo calificaron como un mecanismo que “vació de datos al fisco” y protege la fuga de capitales.
Retiros voluntarios como antesala de los despidos
Mientras tanto, fuentes libertarias confirmaron que en distintos organismos estatales ya se impulsan esquemas de retiro voluntario para achicar la planta de personal. “Es el paso previo a los despidos”, admitieron desde el entorno de La Libertad Avanza, en una caracterización que expone la lógica de la estrategia: desgaste paulatino, presión sobre los trabajadores para que “voluntariamente” abandonen sus puestos antes de que llegue la cesantía formal.
Los dirigentes de ATE precisaron que durante la conferencia de prensa darán a conocer las próximas acciones gremiales y las presentaciones legales que llevarán adelante para frenar la reestructuración. El ministro Sturzenegger no respondió a las consultas periodistícas al cierre de esta edición.
Puntos clave
- El decreto 378/2026 eliminó las áreas de gestión administrativa de tres secretarías de Capital Humano; al menos 400 trabajadores de planta permanente quedan en riesgo de pase a disponibilidad.
- Es la octava ola de despidos en el Estado desde el inicio de la gestión Milei; el ministerio de Pettovello ya perdió al menos 10.000 trabajadores.
- La reestructuración fue diseñada por el ministerio de Sturzenegger e impuesta sobre Capital Humano, con un recorte presupuestario estimado en 2.597 millones de pesos anuales.
- Fuentes libertarias admitieron que los retiros voluntarios en marcha en distintos organismos son el paso previo a nuevas cesantías formales.
- ATE denunció una doble vara: el Gobierno persigue a los trabajadores mientras Sturzenegger adhiere a la ley de Inocencia Fiscal para proteger a los evasores.
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