Denuncia
Cuánto se gastó en el escandaloso documental que le costó la carrera a la jueza del caso Maradona
La productora del documental «Justicia Divina» gastó más de $5.500.000 en la miniserie protagonizada por la jueza Makintach, quien fue apartada del juicio tras aceptar la recusación de la fiscalía.
La producción audiovisual «Justicia Divina» generó una crisis judicial sin precedentes cuando se reveló que la magistrada Julieta Makintach participaba del proyecto mientras juzgaba a los responsables de la muerte del astro del fútbol.
La polémica que terminó con el apartamiento de la jueza Julieta Makintach del juicio por la muerte de Diego Maradona tuvo un costo millonario. Según trascendió, la productora a cargo del documental «Justicia Divina» invirtió más de $5.500.000 en la realización de una miniserie que prometía mostrar los entretelones del proceso judicial más mediático del país.
La planilla de gastos, secuestrada durante los allanamientos realizados por la fiscalía a distintas productoras, detalla los costos de una ambiciosa producción de seis capítulos de 30 minutos cada uno. El proyecto audiovisual tenía como protagonista central a la propia magistrada, quien aparecía en videos recorriendo los pasillos del Tribunal Oral N°3 de San Isidro, subiendo ascensores y hablando directamente a cámara desde su despacho.
El día que se derrumbó todo
El martes 27 de mayo, tras horas de tensión, la jueza Makintach finalmente aceptó el pedido de recusación de la fiscalía. El tribunal resolvió apartarla del proceso después de que salieran a la luz las filmaciones que confirmaban su participación protagónica en el documental.
«Espero que el juicio pueda seguir, aunque sea sin mí», declaró la magistrada al momento de aceptar su recusación, en una audiencia marcada por la incertidumbre sobre el futuro del proceso judicial.
La decisión se produjo después de que se difundieran videos exclusivos y el guion completo de la miniserie, material que según la investigación judicial fue filmado sin la autorización correspondiente en las instalaciones del tribunal.
Un juicio contaminado
El escándalo puso en jaque la integridad de todo el proceso judicial. Los fiscales solicitaron nuevos jueces y la querella acompañó el pedido, argumentando que la participación de Makintach en el documental comprometía la imparcialidad del tribunal.
La magistrada, que desde 2017 se desempeña como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Isidro, había negado inicialmente cualquier vínculo con la producción audiovisual. Sin embargo, no pidió autorización para ingresar a los tribunales a filmar el documental, según confirmó la investigación.
El caso generó un precedente inédito en la justicia argentina, donde una magistrada participaba activamente en la documentación de un juicio mientras integraba el tribunal que lo juzgaba.
¿Qué pasará con el juicio?
Los magistrados Maximiliano Savarino y Verónica di Tommasso comunicaron que el jueves darán a conocer su decisión sobre la continuidad del proceso. Las opciones van desde la anulación completa del juicio hasta la incorporación de nuevos jueces para reemplazar a Makintach.
La situación genera especial preocupación porque el juicio por la muerte de Maradona involucra a ocho imputados, entre médicos y enfermeros del equipo que atendió al astro en sus últimos días. El proceso había comenzado con gran expectativa mediática y se encuentra ahora en una encrucijada judicial.
La Suprema Corte de la provincia también investiga a Makintach por su accionar, lo que podría derivar en consecuencias disciplinarias adicionales para la magistrada.
El costo de la polémica
Los más de $5,5 millones gastados en la producción reflejan la magnitud del proyecto audiovisual que terminó generando una crisis institucional. La miniserie «Justicia Divina» prometía ofrecer una mirada inédita del proceso judicial, pero terminó contaminando el propio juicio que pretendía documentar.
La investigación continúa para determinar no solo las responsabilidades de la jueza, sino también de los productores que participaron del proyecto. El escándalo marca un antes y un después en la relación entre justicia y medios de comunicación en el país.
Puntos clave:
- La productora del documental «Justicia Divina» gastó más de $5.500.000 en la miniserie protagonizada por la jueza Makintach
- La magistrada fue apartada del juicio por la muerte de Maradona tras aceptar la recusación de la fiscalía
- El jueves se definirá si el juicio continúa con nuevos jueces o si se anula completamente
- La Suprema Corte provincial investiga a Makintach por su participación en el proyecto audiovisual
- El caso genera un precedente inédito sobre la participación de magistrados en producciones mediáticas durante procesos judiciales
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Denuncia
Inversores excluidos de la causa $LIBRA piden volver a ser querellantes
Cinco inversores apartados de la investigación por la presunta estafa cripto presentaron un recurso ante la Cámara Federal de Casación para recuperar el rol de querellantes. Mientras tanto, el fiscal Eduardo Taiano aguarda los resultados de pericias sobre trazabilidad de fondos y comunicaciones, piezas claves para determinar si hubo fraude en el lanzamiento del memecoin que Javier Milei promocionó en febrero de 2025.
Más de 27.000 dólares invertidos por particulares que se evaporaron en minutos: ese es el daño concreto que cinco afectados intentan probar desde adentro de la causa $LIBRA, la investigación por la presunta estafa cripto que involucra al presidente Javier Milei. Pero la justicia los dejó afuera. Y ahora pelean para volver.
Los abogados Juan Grabois y Nicolás Oszust, que representan a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, presentaron este miércoles un recurso ante la Cámara Federal de Casación para revertir la resolución que los excluyó como querellantes en el expediente que tramita ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
El fallo que los dejó afuera
El 4 de septiembre pasado, los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones confirmaron la decisión de Martínez De Giorgi de apartar a los cinco inversores de la causa, luego de un pedido formulado por el lobbista Mauricio Novelli. En su resolución, los magistrados sostuvieron que los afectados «asumieron voluntariamente los riesgos inherentes» a la compra del memecoin y que la pérdida de dinero «fue una consecuencia de ese riesgo asumido». Agregaron, además, que la hipótesis de una presunta estafa se encontraba «diluida».
Para las defensas de los damnificados, ese razonamiento equivale a un prejuzgamiento anticipado del fondo del asunto. En los escritos presentados ante Casación, los letrados también señalaron que no existieron nuevas pruebas ni elementos supervinientes que justificaran un cambio en la situación procesal de sus representados. La exclusión, argumentaron, los deja sin herramientas para impulsar medidas de prueba propias en una causa que avanza con lentitud.
Taiano y las pericias que no llegan
Con los querellantes afuera, el peso de la investigación recae por completo sobre el fiscal Eduardo Taiano, quien arrastra cuestionamientos por la demora en el avance de la causa. Según informaron fuentes judiciales, la instrucción se encuentra a la espera de los resultados de pericias técnicas que el propio Taiano solicitó: una sobre la trazabilidad de las inversiones y otra sobre las comunicaciones de los involucrados.
Una de las piezas más esperadas es la pericia sobre el recorrido de transferencias de Hayden Davis, el creador de la criptomoneda, que alcanzarían casi 5 millones de dólares. La tarea estaba a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), pero el organismo no contaba con las licencias necesarias para completarla. La otra pericia pendiente apunta al celular del lobbista Mauricio Novelli y busca reconstruir el posible acuerdo para la promoción de $LIBRA.
A esas esperas se suma la perspectiva de posibles indagatorias que aún no tienen fecha, entre ellas las de Javier Milei y su hermana Karina Milei.
El contexto: un lanzamiento con sello presidencial
La causa tiene su origen en febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei promocionó en sus redes sociales el lanzamiento del memecoin $LIBRA, cuyo valor se disparó en minutos para luego desplomarse de manera abrupta, dejando a miles de pequeños inversores con pérdidas cuantiosas. La difusión presidencial le dio al proyecto una legitimidad que derivó en una avalancha de compras que, según los denunciantes, fue aprovechada por los creadores del token para liquidar sus posiciones y salir del mercado antes del colapso, en lo que se conoce como un esquema de «pump and dump».
La causa ya acumula múltiples frentes: la participación del propio Milei en la difusión del activo, el rol de Hayden Davis como articulador del proyecto, el vínculo con el lobbista Novelli, y las conexiones con estructuras financieras off-shore que, según investigaciones publicadas en informes judiciales, podrían haber servido para canalizar los fondos obtenidos. En ese marco, la incorporación de querellantes no es un detalle procesal menor: es la diferencia entre una causa que avanza por impulso propio de los afectados y una que depende exclusivamente de la voluntad de un fiscal cuestionado.
Lo que tenés que saber
- Cinco inversores apartados de la causa $LIBRA presentaron un recurso ante la Cámara Federal de Casación para recuperar el rol de querellantes.
- La Cámara Federal de Apelaciones confirmó su exclusión el 4 de septiembre, al sostener que «asumieron voluntariamente los riesgos» del memecoin.
- Las defensas calificaron ese argumento como un prejuzgamiento y señalaron que no hubo nuevas pruebas que justificaran el cambio procesal.
- El fiscal Eduardo Taiano aguarda pericias técnicas sobre la trazabilidad de fondos de Hayden Davis y las comunicaciones del lobbista Mauricio Novelli.
- La causa podría avanzar hacia indagatorias del presidente Javier Milei y de Karina Milei, aunque sin fecha definida.
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