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Cuánto se gastó en el escandaloso documental que le costó la carrera a la jueza del caso Maradona

La productora del documental «Justicia Divina» gastó más de $5.500.000 en la miniserie protagonizada por la jueza Makintach, quien fue apartada del juicio tras aceptar la recusación de la fiscalía.

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El Argentino Diario-Justicia Divina, Julieta Makintach, Juicio por la muerte de Maradona, Escándalo Judicial.

La producción audiovisual «Justicia Divina» generó una crisis judicial sin precedentes cuando se reveló que la magistrada Julieta Makintach participaba del proyecto mientras juzgaba a los responsables de la muerte del astro del fútbol.

La polémica que terminó con el apartamiento de la jueza Julieta Makintach del juicio por la muerte de Diego Maradona tuvo un costo millonario. Según trascendió, la productora a cargo del documental «Justicia Divina» invirtió más de $5.500.000 en la realización de una miniserie que prometía mostrar los entretelones del proceso judicial más mediático del país.

La planilla de gastos, secuestrada durante los allanamientos realizados por la fiscalía a distintas productoras, detalla los costos de una ambiciosa producción de seis capítulos de 30 minutos cada uno. El proyecto audiovisual tenía como protagonista central a la propia magistrada, quien aparecía en videos recorriendo los pasillos del Tribunal Oral N°3 de San Isidro, subiendo ascensores y hablando directamente a cámara desde su despacho.

El día que se derrumbó todo

El martes 27 de mayo, tras horas de tensión, la jueza Makintach finalmente aceptó el pedido de recusación de la fiscalía. El tribunal resolvió apartarla del proceso después de que salieran a la luz las filmaciones que confirmaban su participación protagónica en el documental.

«Espero que el juicio pueda seguir, aunque sea sin mí», declaró la magistrada al momento de aceptar su recusación, en una audiencia marcada por la incertidumbre sobre el futuro del proceso judicial.

La decisión se produjo después de que se difundieran videos exclusivos y el guion completo de la miniserie, material que según la investigación judicial fue filmado sin la autorización correspondiente en las instalaciones del tribunal.

Un juicio contaminado

El escándalo puso en jaque la integridad de todo el proceso judicial. Los fiscales solicitaron nuevos jueces y la querella acompañó el pedido, argumentando que la participación de Makintach en el documental comprometía la imparcialidad del tribunal.

La magistrada, que desde 2017 se desempeña como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Isidro, había negado inicialmente cualquier vínculo con la producción audiovisual. Sin embargo, no pidió autorización para ingresar a los tribunales a filmar el documental, según confirmó la investigación.

El caso generó un precedente inédito en la justicia argentina, donde una magistrada participaba activamente en la documentación de un juicio mientras integraba el tribunal que lo juzgaba.

¿Qué pasará con el juicio?

Los magistrados Maximiliano Savarino y Verónica di Tommasso comunicaron que el jueves darán a conocer su decisión sobre la continuidad del proceso. Las opciones van desde la anulación completa del juicio hasta la incorporación de nuevos jueces para reemplazar a Makintach.

La situación genera especial preocupación porque el juicio por la muerte de Maradona involucra a ocho imputados, entre médicos y enfermeros del equipo que atendió al astro en sus últimos días. El proceso había comenzado con gran expectativa mediática y se encuentra ahora en una encrucijada judicial.

La Suprema Corte de la provincia también investiga a Makintach por su accionar, lo que podría derivar en consecuencias disciplinarias adicionales para la magistrada.

El costo de la polémica

Los más de $5,5 millones gastados en la producción reflejan la magnitud del proyecto audiovisual que terminó generando una crisis institucional. La miniserie «Justicia Divina» prometía ofrecer una mirada inédita del proceso judicial, pero terminó contaminando el propio juicio que pretendía documentar.

La investigación continúa para determinar no solo las responsabilidades de la jueza, sino también de los productores que participaron del proyecto. El escándalo marca un antes y un después en la relación entre justicia y medios de comunicación en el país.

Puntos clave:

  • La productora del documental «Justicia Divina» gastó más de $5.500.000 en la miniserie protagonizada por la jueza Makintach
  • La magistrada fue apartada del juicio por la muerte de Maradona tras aceptar la recusación de la fiscalía
  • El jueves se definirá si el juicio continúa con nuevos jueces o si se anula completamente
  • La Suprema Corte provincial investiga a Makintach por su participación en el proyecto audiovisual
  • El caso genera un precedente inédito sobre la participación de magistrados en producciones mediáticas durante procesos judiciales

Buenos Aires

Provincia rechazó la desregulación de la VTV: “El Estado nacional pone en juego la seguridad de millones”

El gobierno de Axel Kicillof marcó distancia de la reglamentación nacional que habilita a talleres privados a realizar la Verificación Técnica Vehicular y libera los precios del servicio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió que la provincia sostendrá los estándares vigentes y cuestionó la coherencia de desregular controles vehiculares mientras las rutas nacionales se deterioran.

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La provincia de Buenos Aires rechazó la desregulación de la VTV y mantendrá sus propios controles.

Rutas rotas y controles sueltos: la peligrosa coherencia del modelo Milei en seguridad vial.

★ El mismo día en que el Gobierno nacional reglamentó los cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la administración bonaerense salió a marcar diferencias con claridad. A través del ministro de Transporte, Martín Marinucci, la provincia de Buenos Aires anticipó que no seguirá el criterio nacional y que mantendrá los estándares de control vigentes en su territorio para garantizar la seguridad vial.

La medida impulsada por la gestión de Javier Milei establece que los talleres particulares que cumplan condiciones técnicas podrán inscribirse para prestar el servicio de VTV, en una apertura que el Gobierno enmarcó en su política de desregulación y eliminación de «monopolios». La nueva normativa incluye además la liberación de precios del servicio, hasta ahora regulados.

«Una herramienta de prevención que evita tragedias»

El funcionario bonaerense salió a cuestionar el fondo y la forma de la medida. Marinucci subrayó que el debate público giró en torno a quién presta el servicio, pero omitió la pregunta central: cómo se garantiza que los controles mantengan rigor y confiabilidad.

«La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos», sostuvo Marinucci.

La postura de la Provincia no es nueva ni improvisada. Desde el inicio de la gestión libertaria, el kirchnerismo bonaerense viene resistiendo el avance desregulatorio en materia de servicios públicos, en particular cuando la apertura al sector privado se produce sin mecanismos claros de fiscalización posterior.

La contradicción vial: rutas abandonadas y controles flexibilizados

Marinucci apuntó además a una contradicción que, en términos políticos, resulta difícil de sostener: el mismo gobierno que paralizó obras de infraestructura vial y abandonó el mantenimiento de rutas nacionales pretende al mismo tiempo relajar los controles sobre el estado de los vehículos que circulan por esas vías.

«No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial», afirmó.

El señalamiento tiene respaldo en datos concretos. Según el análisis del Foro Economía y Trabajo, el gasto de capital acumuló una caída real del 86% desde diciembre de 2023, y las transferencias destinadas a obra pública registraron un derrumbe histórico bajo la gestión libertaria. En ese marco, extender los plazos de verificación técnica y privatizar el control vehicular aparece como una combinación de alto riesgo para la seguridad de los usuarios de la red vial.

El ministro fue explícito al respecto: «Desde hace más de dos años vemos rutas con baches, banquinas deterioradas, falta de mantenimiento y obras paralizadas. Los conductores saben perfectamente lo que significa circular por gran parte de la red vial nacional. Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. En ese contexto, extender los plazos de las verificaciones técnicas parece ir exactamente en sentido contrario a lo que debería hacerse».

Más de 1.000 sitios fraudulentos dados de baja

Más allá del rechazo a la política nacional, Marinucci aprovechó para destacar la acción provincial en materia de fiscalización. A través de un trabajo articulado con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) correspondiente, la provincia de Buenos Aires logró dar de baja más de 1.000 páginas web y perfiles que ofrecían de manera fraudulenta la obtención de obleas y certificados de VTV sin realizar los controles obligatorios.

La mención no es menor: si en el contexto actual, con controles centralizados, proliferó de esa manera la oferta ilegal, la pregunta sobre qué ocurrirá cuando el servicio se fragmente entre cientos de talleres privados con fiscalización incierta resulta pertinente y urgente.

«Mientras algunos quieren flexibilizar los controles, nosotros trabajamos para erradicar las estafas y garantizar que cada verificación se realice de manera transparente y bajo los estándares de seguridad que corresponden», remarcó Marinucci.

El cierre: una mención que excede lo técnico

El ministro bonaerense eligió cerrar su declaración con una frase que trasciende la discusión técnica sobre la VTV y que apunta directamente al modelo de gestión libertario. «La verdadera discusión no es quién hace la revisión. La verdadera discusión es quién se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en una ruta argentina», expresó.

Y remató con una ironía que no pasó desapercibida: «Está bien que hablen de controles. Los controles son importantes. De hecho, tan importantes que los argentinos todavía estamos esperando algunas explicaciones sobre patrimonios y declaraciones juradas que no terminan de cerrar. La transparencia, como la VTV, debería ser obligatoria para todos».

La referencia a los patrimonios no declarados y las declaraciones juradas con inconsistencias alude directamente al contexto político en el que se inscribe la medida: el mismo Gobierno que desregula los controles vehiculares enfrenta investigaciones judiciales por enriquecimiento ilícito de sus propios funcionarios, entre ellos el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuyo patrimonio bajo sospecha ya supera los 840.000 dólares según la causa que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Puntos clave

  • La provincia de Buenos Aires rechazó la reglamentación nacional que habilita talleres privados para realizar la VTV y libera precios del servicio.
  • El ministro Marinucci anunció que la Provincia mantendrá sus estándares de control vehicular, amparada en una ley provincial vigente.
  • El funcionario cuestionó la contradicción de flexibilizar controles sobre vehículos mientras las rutas nacionales acumulan más de dos años de abandono y deterioro.
  • El gasto de capital cayó un 86% en términos reales desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo.
  • La provincia dio de baja más de 1.000 sitios fraudulentos que ofrecían certificaciones de VTV falsas.
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