Denuncia
Bullrich autorizó contratos millonarios con la droguería de las coimas a pesar de la investigación
La Policía Federal adjudicó en 2025 más de $8.300 millones a Suizo Argentina, la firma en el centro de una causa federal por presuntos sobornos. La empresa acumula contratos con el Estado por más de $100.000 millones desde que asumió Milei.
En una decisión que pone en el centro de la polémica a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la Policía Federal Argentina adjudicó durante 2025 compras de medicamentos e insumos por más de $8.339 millones a la Droguería Suizo Argentina S.A., justamente la empresa que está en el ojo de la tormenta por una causa federal que investiga presuntos sobornos y pedidos de coimas.
La Policía Federal, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, adjudicó en 2025 compras de medicamentos e insumos por más de $8.339 millones a la Droguería Suizo Argentina S.A., empresa en el centro de una causa federal por presuntos sobornos, según reveló la investigación periodística.
La firma, propiedad de la familia Kovalivker, se encuentra actualmente bajo la lupa judicial luego de que salieran a la luz audios donde el ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, denunciaba pedidos de coimas para la adjudicación de contratos. En esos audios nombró directamente a Suizo Argentina y la vinculó con los hermanos Eduardo «Lule» Menem, asesor de la Secretaría General de Presidencia.
Un negocio que creció exponencialmente con Milei
Lo que más llama la atención es la escalada de contratos que consiguió esta droguería desde que La Libertad Avanza llegó al poder. Suizo Argentina S.A, que se presume emparentada con el clan Menem, consiguió negocios con los ministerios de Salud, Seguridad y hasta Defensa, acumulando contratos por más de $100.000 millones con el Gobierno nacional.
Pocos meses después de que Javier Milei desembarcase en la Casa Rosada, apareció la primera denuncia en torno de la relación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) con la droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker. La cifra en cuestión eran $15 mil millones. Pero ese era solo el principio.
La presentación judicial había estado a cargo de Alejandro Sebastián Díaz Pascual, de la fundación Arcos, quien la denunció en agosto de 2024 por presuntas irregularidades en una adjudicación, según dijo, sin licitación, de un servicio por $24.000 millones, también con la agencia Andis que lideraba Spagnuolo.
La trama de los audios y los allanamientos
El escándalo estalló cuando se conocieron audios donde Spagnuolo, quien fue echado de su cargo tras la denuncia, afirmó que en la Andis «están defalcando la agencia» mediante supuestos pedidos de coimas para la compra de medicamentos.
La Justicia no se quedó de brazos cruzados. Este viernes la Justicia secuestró teléfonos a funcionarios y empresarios por la causa de presunto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La investigación intenta determinar si existen indicios de licitaciones o compras arregladas para beneficiar a la droguería Suizo Argentina, y también si hay integrantes del Gobierno involucrados en supuestos sobornos.
Durante los allanamientos realizados en las instalaciones de la empresa y las casas de sus dueños, a uno de los dueños le secuestraron dólares, según informaron fuentes judiciales.
Las conexiones políticas que no se pueden ignorar
El entramado de relaciones que rodea a esta empresa no es casualidad. Jonathan Kovalivker, de la Suizo Argentina y amigo de los Menem, habría organizado reuniones en un country para financiar a Milei en el ballotage, según denuncian desde el peronismo.
Esta información cobra relevancia si se considera que en 2024, la agencia de Discapacidad le pagó más de 15.000 millones de pesos a la empresa, mientras que en total, fueron 18 compras realizadas por la fuerza que se encuentra bajo la órbita de Patricia Bullrich.
Un dato no menor: en una causa «archivada» a poco de abrirse por el juez federal Julián Ercolini, la droguería era investigada por supuestos sobornos y contrataciones millonarias con la misma ANDis, sin siquiera cumplir con la formalidad de una licitación previa.
Un clima de negocios sospechoso
Es evidente que el gobierno de Milei ofreció, a los ojos de la droguería Suizo Argentina, un clima de negocios extraordinariamente favorable, como señalan las fuentes consultadas. Los números no mienten: de contratos menores durante gestiones anteriores, la empresa saltó a manejar cifras millonarias en tiempo récord.
La pregunta que se hacen los investigadores es si este crecimiento exponencial responde a criterios técnicos y de transparencia, o si hay otras variables en juego que explicarían por qué una ministra como Bullrich siguió autorizando compras millonarias a una empresa que ya estaba bajo sospecha judicial.
El caso pone en evidencia, una vez más, las contradicciones de un gobierno que llegó prometiendo transparencia y lucha contra la corrupción, pero que parece haber encontrado sus propios métodos para beneficiar a empresas amigas.
Puntos clave:
- La Policía Federal autorizó en 2025 compras por $8.339 millones a Droguería Suizo Argentina pese a estar bajo investigación judicial
- La empresa acumula contratos con el Estado por más de $100.000 millones desde que asumió Milei
- La Justicia investiga presuntos pedidos de coimas para adjudicar contratos de medicamentos
- Durante los allanamientos secuestraron dólares a uno de los dueños de la droguería
- La empresa tiene vínculos con el clan Menem y habría financiado la campaña de Milei
Denuncia
Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad
El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.
La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.
El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.
Lo que dijo el fiscal
Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.
Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.
La oposición: “ES JODA”
El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.
La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.
En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.
El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.
El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.
Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero
La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.
Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.
Qué viene
Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.
Lo que tenés que saber:
- El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
- No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
- El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
- Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
- Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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