Comunidad 👥
La discapacidad bajo el plan motosierra: 4,5 millones de argentinos en riesgo
Una manifestación, prevista para mañana frente al Congreso, busca visibilizar el deterioro en la atención y los servicios, agravado por los recortes del Gobierno de Milei que afectan directamente a uno de los colectivos más vulnerables del país.
Un reclamo que crece frente al ajuste
Organizaciones que nuclean a personas con discapacidad, junto a prestadores de servicios y colectivos aliados, se movilizarán mañana miércoles a las inmediaciones del Congreso de la Nación bajo la consigna «Discapacidad en Emergencia». La manifestación busca impulsar la urgente aprobación del proyecto de ley que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.
El reclamo se produce en un contexto de creciente preocupación por los múltiples recortes que afectan al sector como parte del programa de ajuste implementado por el gobierno de Javier Milei. Según denuncian los convocantes, estas medidas profundizaron una crisis estructural preexistente que compromete tanto a las personas con discapacidad como a quienes garantizan su atención.
Postergación del debate parlamentario
Originalmente, la comisión parlamentaria donde se discutiría este tema estaba prevista para mañana, pero fue suspendida «por duelo» debido al fallecimiento del Papa Francisco. Fuentes legislativas confirmaron que el próximo miércoles 30 se buscará dar dictamen en un plenario de las comisiones de Presupuesto, Discapacidad y Acción Social, y Salud.
«El proyecto no solo apunta a resolver urgencias, sino también a garantizar derechos, avanzando en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que posee jerarquía constitucional desde la sanción de la Ley 27.044», explicaron desde las organizaciones convocantes.
Financiamiento y derechos en retroceso
Karina Castagnola, representante de Hablemos de Autismo Quilmes, señaló que la iniciativa legislativa «propone el financiamiento adecuado y sostenido» de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y de diversos programas «que han sufrido un fuerte ajuste en todas las áreas: salud, accesibilidad, empleo y protección social».
La situación es particularmente alarmante considerando que, según datos del INDEC, aproximadamente el 10% de la población argentina vive con algún tipo de discapacidad, lo que representa cerca de 4,5 millones de personas cuya calidad de vida se ve directamente impactada por estos recortes.
Un organismo sin rumbo
Fuentes cercanas a la ANDIS revelaron a Noticias Argentinas que el organismo público «debería garantizar los derechos y las políticas públicas para personas con discapacidad», sin embargo, «no se hace porque no se quiere hacer», calificando la situación como «triste y frustrante».
«En este Gobierno, y quienes somos personas con discapacidad, padecemos la falta de políticas públicas hacia la garantía de derechos y a las mejoras en la calidad de nuestras vidas. Esta gestión va en detrimento de todo eso», expresaron las mismas fuentes.
Desde enero, el presupuesto destinado a políticas de discapacidad sufrió importantes recortes en términos reales, afectando programas esenciales como pensiones no contributivas, servicios de rehabilitación, y subsidios para tratamientos específicos.
Puntos clave del reclamo:
- Exigen declarar la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta diciembre de 2027
- Denuncian recortes presupuestarios que afectan servicios esenciales para 4,5 millones de argentinos
- Reclaman cumplimiento efectivo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
- Advierten sobre el deterioro en programas de salud, accesibilidad, empleo y protección social
- Señalan abandono de funciones por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad
Judiciales ⚖️
Propofest: Fini Lanusse rompe el silencio pero esquiva los detalles de la causa que involucra dos muertes
La médica procesada por el presunto desvío de propofol del Hospital Italiano publicó un breve mensaje en redes sociales en el que aseguró confiar en el proceso judicial. La declaración llega más de un mes después de que el juez Javier Sánchez Sarmiento formalizara los cargos y dispusiera el embargo de sus bienes.
“Las cosas se van a aclarar”: el descargo de Fini Lanusse tras ser procesada en el Propofest
★ Delfina «Fini» Lanusse, exresidente de tercer año en el área de Anestesiología del Hospital Italiano de Buenos Aires y procesada en la denominada causa «Propofest», realizó este domingo un breve descargo público a través de un mensaje en redes sociales. Sin entrar en detalles sobre los cargos que pesan en su contra, Lanusse aseguró que «las cosas se van a aclarar» y expresó su confianza en el proceso judicial en curso.
«Por el momento no puedo hacer declaraciones profundas», explicó la profesional, quien agregó que la Justicia «se encuentra trabajando en el caso». El mensaje, escueto y cuidadosamente medido, representa la primera aparición pública de Lanusse desde que el juez Javier Sánchez Sarmiento formalizara su procesamiento junto al anestesista Hernán Boveri por el delito de administración fraudulenta.
El procesamiento y las medidas cautelares
El 10 de abril de 2026, el magistrado Sánchez Sarmiento dictó el procesamiento formal de Boveri y Lanusse por el presunto desvío de propofol, remifentanilo y otros fármacos de uso controlado del Hospital Italiano. Ambos profesionales tienen prohibida la salida del país. La Justicia dispuso además un embargo superior a los 30 millones de pesos sobre los bienes de Lanusse.
Según consta en el expediente judicial, Boveri ocupaba un cargo de jerarquía en el área de Anestesiología y habría aprovechado esa posición para vulnerar los controles de stock del hospital. En su declaración ante el juez, el anestesista reconoció haber administrado sustancias anestésicas a Lanusse en reiteradas oportunidades, con su consentimiento, y señaló que fue ella quien sustrajo los medicamentos. La defensa de ambos procesados busca revertir las medidas cautelares y sostiene que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación.
El origen del caso: dos muertes y un sistema de control fallido
La investigación que derivó en el procesamiento comenzó el 20 de febrero de 2026, cuando efectivos policiales hallaron sin vida al anestesiólogo Alejandro Zalazar, de 29 años, en su departamento de Palermo. La autopsia reveló muerte por congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico, lesiones compatibles con sobredosis de propofol y remifentanilo. El análisis de trazabilidad del instrumental hallado en el domicilio de Zalazar determinó que una parte significativa del material pertenecía al Hospital Italiano, institución en la que Zalazar no tenía acceso laboral directo.
El 3 de abril, una segunda muerte complejizó aún más la causa. El enfermero Eduardo Bentancourt, de 44 años, fue encontrado sin vida en su departamento de la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2428, en Palermo. En el lugar se secuestraron tres ampollas de fentanilo del laboratorio HLB Pharma S.A., propiedad del empresario Ariel García Furfaro, procesado en una causa separada vinculada a 111 muertes por adulteración de sustancias medicinales. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°31, a cargo del fiscal Carlos Vasser, confirmó que las ampollas correspondían al certificado N° 53.100, inhabilitado por la ANMAT, con vencimiento en marzo de 2026, lo que refuerza la hipótesis de un desvío deliberado del stock que debía ser destruido tras la clausura del laboratorio.
Lo que declararon los jefes del área de Anestesiología
El jefe y el subjefe del área de Anestesiología del Hospital Italiano declararon ante el juez que Lanusse reconoció tener problemas de consumo de sustancias desde hacía dos años, un elemento que el Ministerio Público incorporó como contexto agravante en la formulación de cargos. El análisis forense de las filmaciones de vigilancia interna del hospital permitió reconstruir los momentos en que Boveri accedía a sectores restringidos y retiraba ampollas sin que los sistemas de registro lo detectaran a tiempo. El Hospital Italiano se presentó como querellante en la causa para resguardar su prestigio institucional y colabora activamente con la Justicia.
La causa avanza hacia el juicio oral
Con el procesamiento formalizado, la investigación se encamina hacia la etapa de preparación del juicio oral. El Ministerio Público deberá consolidar su acusación, mientras los defensores de Boveri y Lanusse ofrecerán sus descargos y pruebas ante el tribunal. Nuevas definiciones podrían conocerse en las próximas semanas.
Puntos clave:
- Delfina Lanusse publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que «las cosas se van a aclarar» y expresó confianza en la Justicia.
- El juez Javier Sánchez Sarmiento la procesó junto a Hernán Boveri por administración fraudulenta; ambos tienen prohibida la salida del país y enfrentan embargos millonarios.
- La causa se vincula a dos muertes: el anestesiólogo Alejandro Zalazar y el enfermero Eduardo Bentancourt, hallados sin vida en Palermo.
- En el domicilio de Bentancourt se encontraron ampollas de fentanilo del laboratorio clausurado HLB Pharma (certificado N° 53.100, inhabilitado por ANMAT), vinculado a 111 fallecidos.
- El Hospital Italiano se constituyó como querellante; la investigación avanza hacia el juicio oral.
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