Denuncia
Fiscalía lanza investigación sobre el ataque a Pablo Grillo durante la represión a jubilados
La oficina del fiscal Alberto Gentili inició una causa de oficio para indagar en los incidentes violentos durante la protesta de adultos mayores, que dejaron heridos al reportero gráfico Pablo Grillo y a la manifestante Beatriz Blanco en un episodio que marca un punto de inflexión en el manejo de las fuerzas represivas.
El operativo policial desplegado contra una manifestación pacífica de jubilados se transformó en un nuevo capítulo de tensión social en Argentina. Los hechos ocurrieron cuando cientos de adultos mayores se congregaron para protestar contra los recortes en el sistema previsional implementados por la administración libertaria. Lo que comenzó como una concentración pacífica terminó con gases lacrimógenos y balas de goma cuando las fuerzas de seguridad avanzaron sobre los manifestantes.
En este marco, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), a cargo del fiscal general Alberto Gentili, inició dos investigaciones preliminares por los sucesos de violencia que sufrió la jubilada Beatríz Bianco y el fotógrafo Pablo Grillo. Después de los primeros informes, ambos casos se judicializaron en el fuero ordinario de la Ciudad de Buenos Aires.
El fiscal Gentili decidió actuar de oficio ante la gravedad de los hechos. Según pudo confirmar este medio, la investigación buscará determinar la existencia del uso desproporcionado de la fuerza para establecer responsabilidades en la cadena de mando que autorizó el operativo, iniciando por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el propio Javier Milei, quien reivindicó públicamente la represión.
Jubilados y periodistas en la mira de la represión
«Nos atacaron como si fuéramos delincuentes, solo estábamos reclamando por nuestros derechos», declaró Beatriz Blanco, jubilada de 74 años que sufrió contusiones en la cabeza y la espalda mientras intentaba dialogar con la policía ante lo inminente de la represión. Su imagen, captada por varios medios mientras era asistida, se convirtió rápidamente en símbolo de la jornada.
El fotógrafo Pablo Grillo, colaborador de varios medios nacionales y militante político, también resultó gravemente herido mientras documentaba los incidentes. Según testigos, el reportero gráfico recibió el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza, a pesar de estar claramente identificado como prensa. Este hecho generó un repudio inmediato de organizaciones periodísticas como FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA).
«El ataque a trabajadores de prensa constituye una grave violación a la libertad de expresión y al derecho a la información», expresó ARGRA en un comunicado difundido pocas horas después de los incidentes.
Las estadísticas oficiales muestran un incremento preocupante en los episodios de represión desde la asunción del gobierno de Javier Milei. De acuerdo con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en los últimos meses se registraron al menos 14 operativos con uso excesivo de la fuerza en manifestaciones públicas, cifra que supera el total registrado durante todo el año anterior.
El contexto de las protestas previsionales
La manifestación reprimida se enmarca en un contexto de creciente malestar social por las políticas de ajuste que impactan directamente en el poder adquisitivo de los jubilados. Según datos de la Defensoría de la Tercera Edad, el valor real de las jubilaciones se redujo en un 17,8% desde diciembre, mientras que los medicamentos esenciales para enfermedades crónicas aumentaron en promedio un 37%.
«Estamos ante una emergencia previsional sin precedentes», afirmó Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, quien advirtió sobre las consecuencias del deterioro en la calidad de vida de este sector vulnerable de la población.
Los principales puntos del conflicto:
- La Fiscalía General inició una investigación de oficio sobre la represión a jubilados manifestantes.
- El fotógrafo Pablo Grillo y la jubilada Beatriz Blanco resultaron heridos durante el operativo policial.
- Organizaciones de derechos humanos denunciaron un incremento en los episodios represivos bajo el gobierno actual.
- La protesta se originó por los recortes al sistema previsional que deterioraron el poder adquisitivo de los jubilados.
- La causa podría sentar un precedente sobre los límites en el uso de la fuerza represivas en manifestaciones.
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Denuncia
Talerico, lapidaria contra Adorni: “La sociedad solo puede corregir esto con el voto”
La exvicepresidenta de la UIF cuestionó los controles del sistema antilavado, habló de señales de alerta ignoradas en las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete y apuntó contra la complicidad del entorno político. Su diagnóstico es lapidario: la Justicia no alcanza; el voto es el único correctivo real.
Talerico, dura por la causa Adorni: «La sociedad solo puede corregir esto con el voto»
★ La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, lanzó este sábado una batería de críticas contra el manejo de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el jefe de Gabinete Manuel Adorni. En diálogo con el programa Dicen que Dicen, por Radio Rivadavia, la especialista en lavado de activos y financiamiento del terrorismo advirtió que el caso presenta irregularidades que debieron haber activado las alertas del sistema financiero mucho antes de que interviniera la Justicia.
«Acá tenemos operaciones con dudoso origen de fondos»
Talerico apuntó directamente al rol de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la UIF: escribanos, bancos e inmobiliarias. «Acá tenemos operaciones con dudoso origen de fondos», afirmó, y cuestionó la actuación de quienes debían informar ante este tipo de situaciones, especialmente tratándose de personas políticamente expuestas (PEP), categoría que incluye a funcionarios de alto rango como Adorni.
La exfuncionaria fue categórica al evaluar los esquemas de compra y financiación que la Justicia investiga. «Eso no existe, simplemente no cierra», sostuvo en referencia a los valores y condiciones declaradas en las operaciones vinculadas al funcionario y su entorno, y subrayó que no hace falta un análisis técnico sofisticado para detectar esas inconsistencias.
Como informó este medio en reiteradas ocasiones, la investigación que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita se centra en la adquisición de un departamento en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, financiada en un 87% mediante préstamos privados otorgados por cuatro mujeres, jubiladas y empleadas públicas, con ingresos que no guardan relación con las sumas prestadas. La Justicia ya allanó tres inmobiliarias vinculadas a la operación y ordenó el levantamiento del secreto bancario del funcionario para investigar también el pago de vuelos privados al exterior.
«Que entre bomberos no se pisan la manguera, y es una vergüenza»
Talerico no se limitó a la dimensión técnica del caso. Apuntó contra la falta de controles con una frase que resume el problema estructural: «Que entre bomberos no se pisan la manguera en política no tengas ninguna duda, y es una vergüenza». La expresión alude a la protección mutua entre funcionarios del mismo espacio político como obstáculo real para el funcionamiento de los mecanismos de control del Estado.
La especialista advirtió que este tipo de situaciones no solo pone en riesgo la credibilidad del caso individual, sino que profundiza la desconfianza institucional en los organismos encargados de velar por la transparencia pública.
El escepticismo sobre la Justicia y el peso del voto
En el cierre de su intervención, Talerico expresó un escepticismo marcado sobre la capacidad del sistema judicial para resolver el caso de manera satisfactoria. «La sociedad solo puede corregir esto con el voto», sentenció, y encuadró la lucha contra la corrupción como uno de los desafíos estructurales más persistentes de la Argentina.
La frase cobra particular relevancia en un contexto de año electoral, con Adorni como figura visible del Gobierno de Javier Milei y con una causa judicial que no deja de sumar elementos. La semana pasada, incluso el biógrafo del presidente, Nicolás Márquez, había pedido públicamente su renuncia, mientras que este sábado la senadora Carolina Losada intentó defenderlo en la mesa de Juana Viale y terminó reconociendo que la situación «complicó al Gobierno».
Puntos clave:
- La exvicepresidenta de la UIF, María Eugenia Talerico, cuestionó la actuación de escribanos, bancos e inmobiliarias obligados a reportar operaciones sospechosas en el caso Adorni.
- Afirmó que los esquemas de compra y financiación investigados «simplemente no cierran» y no requieren análisis técnico complejo para detectar inconsistencias.
- Denunció la complicidad política entre funcionarios del mismo espacio: «Que entre bomberos no se pisan la manguera, y es una vergüenza».
- Expresó escepticismo sobre la Justicia y advirtió que «la sociedad solo puede corregir esto con el voto».
- El caso acumula allanamientos a inmobiliarias, levantamiento del secreto bancario, declaración de la escribana y la investigación de vuelos privados al exterior.
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