Conectate con El Argentino

Denuncia

Fiscalía lanza investigación sobre el ataque a Pablo Grillo durante la represión a jubilados

La oficina del fiscal Alberto Gentili inició una causa de oficio para indagar en los incidentes violentos durante la protesta de adultos mayores, que dejaron heridos al reportero gráfico Pablo Grillo y a la manifestante Beatriz Blanco en un episodio que marca un punto de inflexión en el manejo de las fuerzas represivas.

Publicado hace

#

El Argentino Diario-Represión en la marcha de los jubilados en el Congreso-El fotógrafo Pablo Grillo.

El operativo policial desplegado contra una manifestación pacífica de jubilados se transformó en un nuevo capítulo de tensión social en Argentina. Los hechos ocurrieron cuando cientos de adultos mayores se congregaron para protestar contra los recortes en el sistema previsional implementados por la administración libertaria. Lo que comenzó como una concentración pacífica terminó con gases lacrimógenos y balas de goma cuando las fuerzas de seguridad avanzaron sobre los manifestantes.

En este marco, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), a cargo del fiscal general Alberto Gentili, inició dos investigaciones preliminares por los sucesos de violencia que sufrió la jubilada Beatríz Bianco y el fotógrafo Pablo Grillo. Después de los primeros informes, ambos casos se judicializaron en el fuero ordinario de la Ciudad de Buenos Aires.

El fiscal Gentili decidió actuar de oficio ante la gravedad de los hechos. Según pudo confirmar este medio, la investigación buscará determinar la existencia del uso desproporcionado de la fuerza para establecer responsabilidades en la cadena de mando que autorizó el operativo, iniciando por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el propio Javier Milei, quien reivindicó públicamente la represión.

Jubilados y periodistas en la mira de la represión

«Nos atacaron como si fuéramos delincuentes, solo estábamos reclamando por nuestros derechos», declaró Beatriz Blanco, jubilada de 74 años que sufrió contusiones en la cabeza y la espalda mientras intentaba dialogar con la policía ante lo inminente de la represión. Su imagen, captada por varios medios mientras era asistida, se convirtió rápidamente en símbolo de la jornada.

El fotógrafo Pablo Grillo, colaborador de varios medios nacionales y militante político, también resultó gravemente herido mientras documentaba los incidentes. Según testigos, el reportero gráfico recibió el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza, a pesar de estar claramente identificado como prensa. Este hecho generó un repudio inmediato de organizaciones periodísticas como FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA).

«El ataque a trabajadores de prensa constituye una grave violación a la libertad de expresión y al derecho a la información», expresó ARGRA en un comunicado difundido pocas horas después de los incidentes.

Las estadísticas oficiales muestran un incremento preocupante en los episodios de represión desde la asunción del gobierno de Javier Milei. De acuerdo con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en los últimos meses se registraron al menos 14 operativos con uso excesivo de la fuerza en manifestaciones públicas, cifra que supera el total registrado durante todo el año anterior.

El contexto de las protestas previsionales

La manifestación reprimida se enmarca en un contexto de creciente malestar social por las políticas de ajuste que impactan directamente en el poder adquisitivo de los jubilados. Según datos de la Defensoría de la Tercera Edad, el valor real de las jubilaciones se redujo en un 17,8% desde diciembre, mientras que los medicamentos esenciales para enfermedades crónicas aumentaron en promedio un 37%.

«Estamos ante una emergencia previsional sin precedentes», afirmó Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, quien advirtió sobre las consecuencias del deterioro en la calidad de vida de este sector vulnerable de la población.

Los principales puntos del conflicto:

  • La Fiscalía General inició una investigación de oficio sobre la represión a jubilados manifestantes.
  • El fotógrafo Pablo Grillo y la jubilada Beatriz Blanco resultaron heridos durante el operativo policial.
  • Organizaciones de derechos humanos denunciaron un incremento en los episodios represivos bajo el gobierno actual.
  • La protesta se originó por los recortes al sistema previsional que deterioraron el poder adquisitivo de los jubilados.
  • La causa podría sentar un precedente sobre los límites en el uso de la fuerza represivas en manifestaciones.

Denuncia

Dalbón pide detener a Caputo y Bausili: pérdida de más de mil millones de dólares en derivados de oro del BCRA

El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, del presidente del Banco Central y del director de la entidad por las operaciones con derivados sobre las reservas de oro que registraron un resultado negativo de más de 1.023 millones de dólares, según consignó la Auditoría General de la Nación. La causa también alcanza al entorno de la diputada Marcela Pagano, quien presentó una denuncia penal en agosto.

Publicado hace

#

El Argentino Diario-Luis Caputo-Santiago Bausili.
Las operaciones con derivados de oro del BCRA dejaron más de mil millones de dólares en rojo: Dalbón pide la detención de Caputo, Bausili y Curutchet.

Las operaciones con derivados sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares, según surge de la Auditoría General de la Nación (AGN). Ese número, que ningún funcionario del gobierno de Javier Milei explicó con documentación pública suficiente, es hoy el eje de un pedido de detención contra los máximos responsables de la política económica y monetaria del país.

El abogado Gregorio Dalbón presentó ante la justicia federal la solicitud de detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y del director y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet. Les atribuye los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Las figuras penales y el rol de Caputo

En declaraciones televisivas, Dalbón precisó los fundamentos jurídicos de la presentación. «Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5 del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba», señaló el letrado. Y agregó: «Por ejemplo la asociación ilícita como jefe: Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables».

El escrito también solicitó medidas cautelares: prohibición de salida del país, impedimento de acceso a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde exista documentación relacionada con la investigación, y prohibición de comunicación con funcionarios, auditores o testigos.

El desglose de las pérdidas: opciones, primas y cobertura

Según detalla la denuncia, el resultado negativo de 1.023 millones de dólares se conforma de dos componentes. Por un lado, $1.400.793 millones (equivalentes a 960,2 millones de dólares) registrados como resultado negativo por opciones. Por otro, $68.362 millones (equivalentes a 62,8 millones de dólares) en concepto de primas de opciones abonadas. En paralelo, la tenencia de oro registró durante el ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, dato que el BCRA utilizó para relativizar el impacto de la operatoria.

Dalbón también señaló que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines declarados de cobertura, y que al cierre de 2025 la entidad ya no mantenía posiciones de ese tipo. La pregunta que la justicia deberá responder es si esa cobertura fue técnicamente justificable o si constituyó una operación en perjuicio del Estado.

El juez Lijo y la obstrucción a la auditoría

Al ser consultado sobre el paradero del oro, Dalbón apeló directamente a la cadena judicial: «Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Pollicita de averiguar». El abogado expresó confianza en que la ampliación del martes, que incluirá el pedido formal de detención de Bausili y Curutchet, será tomada con seriedad por el magistrado.

Sobre los motivos para solicitar la detención a pesar de que no habría peligro de fuga, Dalbón fue directo: «Está comprobado que han obstruido a la Justicia en base a lo que fue el examen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que mintieron en la auditoría». La AGN, según surge de los documentos citados en la presentación, registró el resultado negativo de las operaciones con egresos de divisas y constató que el ejercicio 2025 no había sido debidamente auditado por demoras del BCRA en enviar la información requerida.

Pagano había denunciado primero: casi cuatro billones sin destino trazable

La denuncia de Dalbón se suma a la que la diputada Marcela Pagano presentó en agosto pasado. En su cuenta de la red social X, Pagano comunicó: «DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable». Y citó la respuesta del presidente del BCRA ante ese cuestionamiento: «En algún lado están».

La legisladora consideró que esa contestación «no alcanza» e hizo hincapié en que «la plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra». Concluyó: «Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició».

La causa concentra así dos denuncias penales convergentes, sumadas a la investigación en curso ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita, que ya en septiembre tramitaba la ampliación presentada por senadores peronistas sobre las contradicciones del BCRA respecto a la ubicación de los lingotes, supuestamente depositados en el Banco de Pagos Internacionales de Suiza pero señalados por distintas fuentes como radicados en el Bank of England de Londres.

Lo que tenés que saber:

  • El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet por administración fraudulenta, abuso de autoridad y asociación ilícita.
  • La AGN registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados de oro del BCRA durante 2025.
  • Dalbón afirmó que los imputados mintieron en la auditoría y obstruyeron a la Justicia, argumento central para justificar los pedidos de detención.
  • La diputada Marcela Pagano ya había denunciado penalmente a Caputo y Bausili en agosto, señalando casi $4 billones sin destino trazable.
  • La causa se acumula a la investigación del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que también tramita la ampliación de senadores peronistas sobre el paradero del oro del BCRA.
Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino

Las más leídas

Descubre más desde El Argentino Diario

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo