Represión
Bullrich negó la identificación del gendarme que disparó contra Pablo Grillo
Mientras la familia de Pablo Grillo espera respuestas y el fotógrafo sigue en estado crítico, el Gobierno continúa negando cualquier tipo de responsabilidad y justificando el accionar represivo de las fuerzas de seguridad.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, rechazó este lunes que se haya identificado al gendarme que disparó contra el fotógrafo Pablo Grillo durante la brutal represión en la marcha de jubilados en las afueras del Congreso.
Según sostuvo, las reconstrucciones que se realizaron «no cumplen con los protocolos de las fuerzas de seguridad» y los análisis «no son rigurosos».
En una conferencia de prensa, la funcionaria negó que el disparo haya sido dirigido a la cabeza de Grillo y justificó el accionar de Gendarmería:
“El disparo no fue directo a la cabeza, eso no es verdad; ni siquiera podría haber sido por la distancia a la que estaba”.
Bullrich afirmó además que el disparo se realizó según el «protocolo de la Gendarmería», lo que generó fuertes críticas por parte de organismos de derechos humanos ya que las imágenes contradicen los dichos de la ministra.
Bullrich acusó a los manifestantes de “destruir el país”
La ministra desvió la responsabilidad de las fuerzas de seguridad y apuntó contra los manifestantes, a quienes acusó de “querer volver a la situación anterior, donde tenían la calle ganada”.
Bullrich consideró que pretender responsabilizar a un solo gendarme es tergiversar la realidad y afirmó que los disturbios fueron generados por quienes «fueron a destruir al país».
Las declaraciones de la ministra se dan en un contexto de creciente tensión luego de la represión ordenada por el Ministerio de Seguridad, que dejó 124 detenidos, 20 manifestantes heridos y 26 efectivos con lesiones.
Mientras la familia de Pablo Grillo espera respuestas y el fotógrafo sigue en estado crítico, el Gobierno continúa negando cualquier tipo de responsabilidad y justificando el accionar represivo de las fuerzas de seguridad.
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DDHH
Presunción de inocencia en crisis: 6 de cada 10 detenidos en prisiones federales esperan sentencia tras las rejas
Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación reveló que en el primer semestre de 2026 casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz y el 53% en Ezeiza están procesados sin sentencia. El relevamiento también documentó 18 muertes y 41 medidas de fuerza en los dos penales.
Más de la mitad de las personas alojadas en dos de las principales cárceles federales del país permanece detenida sin condena firme. Así lo estableció un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, correspondiente al primer semestre de 2026.
El relevamiento del organismo de control, que tiene rango constitucional y actúa como mecanismo de monitoreo de los lugares de detención, releva la evolución de la población alojada, la situación procesal de los detenidos, las demandas recibidas, los casos de malos tratos físicos, los fallecimientos y las medidas de fuerza documentadas entre enero y junio de este año.
Marcos Paz: casi 6 de cada 10 detenidos sin sentencia
El Complejo Penitenciario Federal N°2 (CPF II) de Marcos Paz, que aloja a varones mayores de 18 años, tenía a junio de 2026 un total de 1.875 personas privadas de libertad distribuidas en sus cinco unidades residenciales. La capacidad declarada por el Servicio Penitenciario Federal es de 2.000 plazas, con lo cual restaban 125 disponibles al momento del relevamiento.
El informe determinó que casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz se encuentra procesado, es decir que más de 5 de cada 10 no cuentan con una condena firme. En el mismo período se relevaron 1.237 reclamos vinculados a salud, acceso a la justicia, condiciones materiales de detención y traslados o cambios de alojamiento.
El organismo registró además tres fallecimientos en el complejo durante los seis meses relevados, ninguno asociado a un hecho violento sino a causas de enfermedad, y 14 medidas de fuerza: nueve por huelga de hambre, tres por ingesta de elementos no consumibles y dos por autolesiones.
Ezeiza: la misma proporción y un dato más grave
El Complejo Penitenciario Federal N°1 (CPF I) de Ezeiza aloja a varones y personas trans mayores de 18 años. A junio de 2026 tenía 1.905 personas privadas de libertad en sus siete unidades residenciales, sobre una capacidad declarada de 1.947 plazas.
La situación procesal replica el patrón de Marcos Paz: casi el 53% de los detenidos en Ezeiza está procesado, sin condena firme. Entre enero y junio se relevaron 1.472 demandas, con la salud como principal motivo de reclamo, seguida por las condiciones materiales de detención, el acceso a la justicia y los traslados o cambios de alojamiento.
A diferencia de Marcos Paz, Ezeiza registró 15 fallecimientos en el semestre, de los cuales diez fueron por enfermedad y cinco por muertes violentas: cuatro por ahorcamiento y uno por incendio. El complejo también concentró la mayor cantidad de medidas de fuerza, con un total de 27: 21 por huelga de hambre, dos por autolesiones, dos por rechazo de alimentos, una por ingesta de elementos no consumibles y una sin identificar.
Un patrón estructural del sistema penitenciario federal
Los números que arroja el relevamiento de la Procuración Penitenciaria confirman un dato que organismos de derechos humanos vienen señalando desde hace años en distintos informes: la utilización de la prisión preventiva como regla y no como excepción en el sistema penal federal argentino, en contradicción con el principio constitucional de inocencia. Entre las dos cárceles relevadas suman casi 3.800 personas detenidas, y en ambas la mayoría permanece procesada sin una sentencia que determine su culpabilidad o inocencia.
Lo que tenés que saber:
- Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación relevó las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz entre enero y junio de 2026.
- Casi el 57% de los presos en Marcos Paz y el 53% en Ezeiza están procesados, sin condena firme.
- Entre ambos complejos se registraron 18 fallecimientos en el semestre, cinco de ellos por muertes violentas en Ezeiza.
- Se documentaron 41 medidas de fuerza en total, la mayoría huelgas de hambre.
- Entre las dos cárceles suman casi 3.800 personas privadas de libertad.
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