Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos convocaron a una movilización frente al Palacio de Tribunales bajo la consigna “La patria no se vende, la soberanía tampoco”, en rechazo al fallo de la Corte Suprema que dejó nuevamente sin efecto los límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

La protesta será el martes 6 de octubre a las 17 en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales. La convocatoria cuenta con el respaldo del legislador porteño Leandro Santoro, el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, entre otras organizaciones.

Santoro: “La tierra es un bien finito y no renovable”

En un video difundido para convocar a la movilización, Santoro marcó una diferencia entre la llegada de inversiones productivas y la adquisición de recursos estratégicos.

“No es lo mismo invertir trayendo capital privado para poner una fábrica que comprar tierra, que es un bien finito y no renovable”, sostuvo.

El legislador advirtió que una inversión destinada a generar producción y empleo no puede equipararse con la transferencia del control de recursos estratégicos.

“Una cosa es tratar de que la Argentina genere valor, genere puestos de trabajo, genere producción, y otra cosa es transferirle a un extranjero el control de un recurso estratégico, por ejemplo, el agua”, señaló.

También cuestionó la concentración de grandes extensiones de territorio y mencionó el caso de Lago Escondido, donde un propietario extranjero adquirió más de 13.000 hectáreas.

El antecedente que impulsó la Ley de Tierras

Santoro también recordó el contexto en el que se sancionó la Ley de Tierras en 2011 y mencionó el caso de Valle Hermoso, en La Rioja.

Según relató, en 2008 un inversor estadounidense adquirió unas 200.000 hectáreas, operación que incluía viviendas de habitantes de la zona, una escuela, una capilla, un puesto sanitario y fuentes de agua.

“Las inversiones privadas no son sinónimos necesariamente de beneficio social”, afirmó.

La normativa estableció límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros con el objetivo de preservar el dominio nacional sobre el territorio y determinados recursos estratégicos.

El fallo de la Corte y la disputa judicial

La controversia se profundizó después de que la Corte Suprema determinó que el CECIM La Plata, que había promovido la demanda contra el artículo 154 del DNU 70/2023, no tenía legitimación procesal para intervenir en el planteo y señaló la ausencia de un caso concreto.

El artículo cuestionado dejó sin efecto las restricciones establecidas por la Ley de Tierras para la adquisición de inmuebles rurales por extranjeros.

Tras la decisión judicial, distintos sectores de la oposición impulsaron nuevas acciones. Los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una medida cautelar, mientras que diferentes bloques legislativos buscan reunir el quórum necesario para una sesión especial prevista para el 15 de octubre, con el objetivo de avanzar contra el DNU 70/2023.

Los excombatientes vinculan la disputa con la soberanía

Desde el CECIM La Plata, Ernesto Alonso cuestionó la decisión del máximo tribunal y la vinculó directamente con la defensa de la soberanía territorial.

El dirigente calificó el escenario como parte de un “plan sistemático de entrega” y sostuvo que la discusión excede el régimen de propiedad de la tierra para involucrar el control de bienes comunes y recursos estratégicos.

Con ese planteo, la movilización del martes frente a Tribunales buscará instalar nuevamente el debate sobre el acceso extranjero a las tierras rurales y, al mismo tiempo, expresar el rechazo político y social al fallo de la Corte Suprema.

La convocatoria lleva una consigna que sintetiza el reclamo: “La patria no se vende, la soberanía tampoco”.