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Multimillonario revés judicial para la plataforma BEAT

Se trata de la empresa dedicada a conectar usuarios a través de una aplicación para realizar viajes en automóvil. Fue embargada por casi dos mil millones de pesos.

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La Justicia ordenó el embargo de todas las cuentas y la inhibición de bienes de la empresa Beat, dedicada a conectar usuarios a través de una aplicación para realizar viajes en automóvil, por casi $ 2.000 millones, tras una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se informó hoy oficialmente.

El embargo es por $ 1.941.728.802,26, más el 15 % en concepto de intereses y costas, sobre todos los fondos, títulos, valores y bienes de cualquier naturaleza que posea o deposite en el futuro la empresa, precisó la AFIP en un comunicado.

El organismo a cargo de Carlos Castagneto pidió la medida cautelar para asegurar el cobro adeudado de aportes, contribuciones, intereses y multas de la seguridad social luego de que la firma decidiera cesar sus actividades en la Argentina.

Asimismo, se acreditó que en la aplicación explotada por la empresa ya no se aceptaban registros de nuevos pasajeros.

Beat se fundó en 2011 en Grecia y recaló en la Argentina en 2019 hasta noviembre último, cuando la firma cesó sus actividades tanto en el territorio nacional como en la región, atribuyendo su salida a «una decisión estratégica de los accionistas de focalizarse en los mercados europeos».

Política 📢

El rostro de la motosierra: 9.400 personas en situación de calle tras el ajuste libertario

El primer relevamiento federal del Ministerio de Capital Humano admitió la existencia de casi 10.000 personas sin techo en 19 provincias. La cifra desnuda el impacto del modelo de exclusión y la ‘motosierra’ sobre los sectores más vulnerables en medio de una crisis económica asfixiante.

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El Argentino Diario-Gente en situación de calle-Sin techo.

Llevado a cabo en un contexto de asfixia social sin precedentes, el Ministerio de Capital Humano difundió este viernes los resultados del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle. El informe oficial, procesado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, contabilizó un total de 9.421 personas viviendo a la intemperie en 19 provincias del país. Sin embargo, la frialdad de la estadística no logra ocultar la causa estructural de esta tragedia: un modelo económico obsesionado con el ajuste fiscal que ha empujado a miles de argentinos a los márgenes de la subsistencia.

El relevamiento, que alcanzó a 7.894 entrevistas efectivas, revela que el 83% de la población afectada son varones y un alarmante 92% tiene más de 18 años. El dato más crudo, no obstante, reside en la cronicidad de la exclusión: el 32% de los censados lleva más de dos años viviendo en la calle, lo que evidencia que la profundización del plan de «motosierra» de Javier Milei no ha hecho más que cristalizar trayectorias de abandono estatal que se tornan irreversibles ante la falta de políticas de contención.

La falacia de la «estrategia integral»

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello intentaron presentar el operativo como un «cambio de paradigma» que pasa del asistencialismo a la planificación. Pero para las organizaciones sociales y los organismos de derechos humanos, la realidad es diametralmente opuesta. Mientras el Gobierno nacional transfirió la responsabilidad de la atención primaria a las provincias y municipios en junio pasado, el retiro de la Nación en el financiamiento de comedores y paradores ha dejado a los gobiernos locales sin recursos frente a una demanda que crece al ritmo de una inflación acumulada que devoró el poder adquisitivo de los sectores informales.

De acuerdo a datos previos del IDECBA, solo en la Ciudad de Buenos Aires la población en situación de calle aumentó un 27% en el último año. Este incremento coincide quirúrgicamente con la implementación de las medidas de desregulación y devaluación que caracterizan al modelo libertario. El propio informe oficial admite que el 53% de los censados realiza alguna actividad laboral, lo que confirma un fenómeno inédito y doloroso de la era Milei: tener un empleo ya no es garantía de tener un techo, ante el costo prohibitivo de los alquileres y el desplome del salario real.

Puntos clave:

  • * El Ministerio de Capital Humano contabilizó 9.421 personas en situación de calle en 19 provincias argentinas.
  • * Un 32% de la población afectada lleva más de dos años viviendo en espacios públicos o refugios precarios.
  • * El 53% de los censados realiza actividades laborales, evidenciando que el empleo informal no evita la indigencia.
  • * El Gobierno nacional transfirió la responsabilidad de la atención social a las provincias en junio pasado.
  • * Organizaciones sociales denuncian un subregistro masivo frente a censos populares que triplican las cifras oficiales.

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