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Buenos Aires

Se viene el juicio por la Masacre policial de Monte

Ocurrió el 20 de mayo del 2019. Cuatro chicos fueron asesinados por la policía local tras una persecución a los tiros y un choque.

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Cuatro policías bonaerenses comenzarán a ser juzgados en los Tribunales de La Plata por un jurado popular acusados de la denominada “Masacre de Monte”, en la que cuatro chicos murieron el 20 de mayo del 2019 tras una persecución policial a los tiros y un choque, y los familiares de las víctimas reclamaron que los imputados sean condenados a prisión perpetua para poder “aliviar tanto dolor”.

«Terminó la espera», expresó a Télam con una mezcla de nerviosismo y alivio Susana Ríos, mamá Gonzalo Domínguez (14), quien deberá narrar en la segunda audiencia del juicio sus recuerdos de la noche en la que su hijo falleció junto a Aníbal Suárez (22), Danilo Sansone (13) y Camila López (13) en la localidad bonaerense de San Miguel del Monte luego de que policías a bordo de patrullas comenzaron a perseguir sin motivos el Fiat 147 en el que viajaban y que provocó que el vehículo chocara contra un acoplado.

En aquel auto, también viajaba Rocío Quagliarello, actualmente de 17 años, que sobrevivió a la persecución y el posterior choque, por el cual sufrió heridas graves en un brazo y en ambas piernas y permaneció internada durante 25 días en el Hospital El Cruce, en la localidad de Florencio Varela.

Al respecto, fuentes judiciales señalaron a Télam que la adolescente no declarará presencialmente en el debate, aunque sí brindó su testimonio mediante Cámara Gesell debido a que es menor de edad y será emitido en una de las audiencias.

En cuanto al desarrollo de juicio, los voceros confirmaron que el proceso estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Plata, a cargo de la jueza Carolina Crispiani, y se extenderá a lo largo de diez jornadas consecutivas, por lo que su finalización está prevista para el 17 de mayo.

En el banquillo de los acusados estarán los oficiales Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez y el excapitán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Rubén Alberto García, que llegan detenidos al debate y son quienes se encontraban a bordo de los patrulleros que persiguieron a los jóvenes y desde donde se efectuaron los disparos que provocaron el choque.

A su vez, el fiscal de juicio será Mariano Sibuet, mientras que la querella estará dividida en tres partes: la abogada Dora Bernárdez representará a las familias Domínguez y Suárez; Margarita Jarque, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), patrocinará a las familias Sansone y López; y el letrado Ricardo Minoli, acompañará a la familia Quagliarello.

También actuarán como querellantes institucionales la mencionada CPM y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a la vez que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires se presentó ante el TOC 4 bajo la figura de «amigos del tribunal» y será observadora del debate.

La primera audiencia tendrá lugar el lunes a partir de las 10 en los tribunales platenses, ubicados sobre la calle 56 entre 7 y 8, en la cual se efectuará la elección de 18 miembros de la sociedad civil que conformarán el jurado popular, 12 de los cuales serán los titulares. Luego de ello, las partes efectuarán sus alegatos de apertura.

Dentro de 10 días, la docena de jurados elegida deberá definir si los imputados son culpables o no de haber cometido el delito de «homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público».

Por su parte, Gladys Ruiz Díaz, mamá de Danilo Sansone, contó a Télam que se está preparando para afrontar el juicio e indicó tener «tranquilidad» a pesar de la nostalgia que le genera recordar a su hijo.

«Estoy triste porque hay que recordar nuevamente lo que pasó. Nuestros hijos no vuelven más. Que los responsables cumplan y que paguen por todo lo que resta de sus vidas», afirmó angustiada Gladys.

Además, la mujer afirmó que el lunes recorrerá los 101 kilómetros que separan a San Miguel del Monte de la ciudad de La Plata a pesar de que no podrá estar la primera audiencia, ya que recién podrá presenciar el debate luego de aportar su declaración como testigo, la cual está prevista para la segunda jornada del juicio.

«Estamos con muchas ansias, no queremos perder ni un minuto ni un detalle», describió la madre de Danilo Sansone.

Con sensaciones parecidas, Susana Ríos, madre de Gonzalo, afirmó a esta agencia tener «optimismo» sobre lo que suceda a lo largo de las audiencias y exigió que los cuatro policías imputados reciban «la pena máxima».

«Tengo mucha ansiedad, pero estoy preparada para lo que empezará el lunes. Me toca declarar el martes. Para mí es bueno que sea juicio por jurados porque hay suficientes pruebas para lograr lo que pedimos», completó.

En ese sentido, la abogada de Susana, Dora Bernárdez aseguró que pedirán por la perpetua a los cuatro policías debido a que «tuvieron un accionar conjunto» y destacó que «la Masacre de Monte» es «el hecho de mayor gravedad institucional ocurrido jamás en la región».

«Este caso tiene suma importancia a nivel nacional, provincial y local. Es un hecho ocurrido en el interior del país en un pueblo tranquilo. Conmovió a todo el pueblo, generó una pueblada, apedrearon la comisaría. Es justamente gracias a la gente que se presentó a declarar que esto salió a la luz porque ellos querían instalar que eran pibes que robaban y se dieron a la fuga», manifestó a Télam Bernárdez, quien representa a Susana desde el día en que ocurrieron los hechos

En referencia a ello, la causa por la «Masacre de Monte» se encuentra desdoblada y otros 19 policías bonaerenses irán a otro juicio -en este caso sin jurado popular- «por encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público», aunque todavía no fue estipulada una fecha para el comienzo de ese debate.

Por su parte, Margarita Jarque, quien patrocina a las familias de Danilo y Camila a través de la CPM, manifestó que el caso reviste de una «suma importancia» para la sociedad en su conjunto y lo calificó como «emblemático, por la ferocidad con la que la policía realizó la persecución».

La denominada «Masacre de San Miguel del Monte» ocurrió la madrugada del 20 de mayo de 2019, cuando efectivos pertenecientes a la comisaría de esa ciudad bonaerense persiguieron a lo largo de la colectora de la ruta 3 a un Fiat 147 en el que viajaban López (13), Sansone (13), Quagliariello (entonces de 13 años), Domínguez (14) y Suárez (22).

El día del hecho, los cinco chicos daban vueltas a la plaza en el auto mientras escuchaban música, cuando oficiales de la policía bonaerense comenzaron a perseguirlos sin motivos.

De acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad del municipio, los oficiales comenzaron a dispararles en dicha secuencia, ya que observó a un efectivo en el lugar del acompañante de la patrulla, con medio cuerpo afuera y en actitud de disparo, lo que derivó en el choque del auto de las víctimas contra un acoplado.

Buenos Aires

Mientras Milei recorta, Morón apuesta por el Estado presente frente a la violencia escolar

El municipio que conduce Lucas Ghi convocó a la Provincia, las fuerzas de seguridad y el sistema de salud para articular respuestas frente a la ola de violencia que sacude las aulas de todo el país.

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Morón toma la iniciativa: acción conjunta con la Provincia para blindar las escuelas

★ En un contexto marcado por una preocupante escalada de amenazas y hechos de violencia en escuelas de todo el país, el municipio de Morón tomó la iniciativa y convocó una reunión de trabajo junto a representantes del área de Educación de la Provincia de Buenos Aires, fuerzas de seguridad bonaerenses y distintas áreas del gabinete local, con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención y abordaje en el ámbito escolar.

La jornada, impulsada por el intendente Lucas Ghi, fue encabezada por la inspectora jefa regional Eliana González Di Martino; la inspectora jefa regional de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), Elva Pereira; y la inspectora jefa distrital Natalia Díaz. Del encuentro también participaron el secretario de Seguridad Damián Cardoso, el secretario de Salud Jacobo Netel, el concejal José María Ghi y la subsecretaria de Educación municipal Lorelei Arnaudin, junto a otros miembros del gabinete.

El Estado municipal frente a una crisis que el Gobierno nacional ignora

La reunión se inscribe en un momento de alta tensión en las escuelas argentinas. El tiroteo del 3 de abril en la Escuela Normal Superior N°40 «Mariano Moreno» de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno de 15 años mató a su compañero Ian Cabrera e hirió a otros ocho estudiantes, abrió una crisis que desde entonces se propagó como un reguero de pólvora: en las semanas siguientes, se multiplicaron las amenazas en escuelas de Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, La Pampa y otras provincias.

Frente a ese escenario, el gobierno de Axel Kicillof instruyó a las autoridades escolares bonaerenses para que intervengan ante hechos graves y pidió a estudiantes y docentes que no viralicen los mensajes intimidatorios. La Dirección General de Cultura y Educación provincial reconoció la existencia de una comunidad digital que exalta este tipo de ataques y señaló que el Ministerio de Seguridad la mantiene bajo monitoreo.

En Morón, la respuesta fue dar un paso más: en lugar de limitarse a instrucciones protocolares, el municipio convocó una mesa de articulación interinstitucional con actores concretos, capaz de generar «respuestas rápidas y efectivas ante situaciones de conflicto», según informó el propio municipio.

«Mi Escuela Segura»: convivencia, diálogo y responsabilidad comunitaria

El encuentro se enmarca en la campaña municipal «Mi Escuela Segura», una iniciativa que apunta a generar conciencia sobre la importancia de la convivencia, el diálogo y la responsabilidad en la comunidad educativa, y que busca dotar a docentes, familias y estudiantes de herramientas concretas de intervención ante situaciones de conflicto.

Durante la jornada se compartieron recursos de intervención y se avanzó en la articulación de acciones conjuntas entre el nivel municipal y el provincial. El enfoque adoptado contrasta con las propuestas que circularon desde el Gobierno nacional, que en los últimos años privilegió el recorte presupuestario en áreas de contención escolar por sobre la inversión en equipos de salud mental, orientación y acompañamiento en las aulas.

El gremio docente SUTEBA ya había alertado, en el pico de la crisis posterior al tiroteo de San Cristóbal, que «estos hechos son la expresión de un clima social atravesado por la violencia, el corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades y el debilitamiento de las políticas destinadas a las niñeces y adolescencias». La articulación que pone en marcha Morón responde, al menos en el plano local, exactamente a ese reclamo.

Un municipio que apuesta por el Estado presente

La iniciativa de Morón refuerza una concepción de la gestión pública que privilegia la intervención temprana y el trabajo conjunto sobre la respuesta punitiva. Mientras el debate nacional oscila entre propuestas de mayor seguridad física en los edificios escolares y proyectos que elevan penas para delitos cometidos en instituciones educativas, el municipio del oeste bonaerense elige el camino de la prevención con base comunitaria.

La articulación con la Provincia, la presencia de fuerzas de seguridad con un rol de coordinación y no solo de control, y la incorporación del área de salud como parte de la respuesta dan cuenta de un abordaje integral que reconoce la complejidad del problema.

Puntos clave:

  • El municipio de Morón convocó una reunión interinstitucional con la Provincia de Buenos Aires, fuerzas de seguridad y áreas de salud para fortalecer la prevención de la violencia escolar.
  • La iniciativa fue impulsada por el intendente Lucas Ghi y se enmarca en la campaña «Mi Escuela Segura».
  • El encuentro se produce en un contexto de ola de amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país, tras el trágico caso de San Cristóbal, Santa Fe.
  • El gobierno de Kicillof instruyó a autoridades bonaerenses para actuar ante hechos graves y monitorear comunidades digitales que exaltan este tipo de ataques.
  • El SUTEBA denunció que la violencia escolar es consecuencia del «corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades» en materia de niñeces y adolescencias.

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