Denuncia
Tras encadenarse en Casa Rosada, cabo de la Federal señaló a un comisario por corrupción
El cabo Miguel Montiel ratificó su acusación contra la cúpula de Transporte y señaló directamente al comisario general Omar Farías. Aseguró que inflan costos y que desde Presidencia lo contactaron para una posible reunión con la ministra de Seguridad.
★ El cabo de la Policía Federal Argentina Miguel Montiel ratificó en las últimas horas su denuncia por presuntos hechos de corrupción en la Superintendencia de Transporte de la fuerza y brindó detalles concretos sobre el mecanismo que, según afirmó, se utiliza para defraudar al Estado. En diálogo con Splendid AM990, el agente que se encadenó a las rejas de la Casa Rosada explicó: «La Policía Federal ponen 10 y son tres. Pasaban más costos de los que eran».
Montiel, que protagonizó una protesta inédita al esposarse frente a la sede del gobierno nacional portando su arma reglamentaria, aseguró que no tiene miedo y que dio por terminada su carrera policial antes de la manifestación. «Nunca me han amenazado y no tengo miedo. Yo daba por terminada mi carrera policial, pero me dijeron que no me tenían porque echar», declaró el cabo ante los micrófonos de la emisora radial.
Imputación directa al comisario general Farías
El uniformado no se limitó a denunciar una práctica generalizada, sino que puso nombre y apellido al responsable directo de la supuesta maniobra fraudulenta. «Quien firma y aprueba los pedidos es el comisario general Omar Farías. Farías maneja todo, él me dijo que no está al tanto de la corrupción. El personal de ferrovía entraba a la oficina del jefe como si fuera su casa», señaló Montiel en declaraciones que comprometen directamente a uno de los jefes de mayor rango en la estructura de la PFA.
La acusación contra Farías adquiere particular relevancia porque, según el denunciante, el comisario general tiene responsabilidad directa sobre las autorizaciones de gastos en el área de Transporte, lo que le otorgaría capacidad para avalar o encubrir las irregularidades denunciadas. La mención al «personal de ferrovía» sugiere vínculos entre funcionarios policiales y proveedores externos que tendrían acceso privilegiado a las oficinas de la conducción.
Denuncias previas archivadas
Montiel reveló que esta práctica de corrupción viene de hace años y que se presentaron múltiples denuncias que «todo queda en la nada». El cabo explicó que «existen las denuncias que se hicieron, muchas anónimas», lo que confirmaría que el malestar dentro de la fuerza no es nuevo ni aislado, sino que responde a un patrón sistemático de irregularidades que habría sido tolerado por la cúpula institucional.
El agente también explicó por qué nunca había formalizado una denuncia hasta ahora: «Nunca había denunciado formalmente porque le dijeron que no servía». Esta afirmación pone en evidencia la desconfianza institucional que existe entre las bases de la Policía Federal respecto a los mecanismos internos de control, y sugiere que anteriores intentos de denunciar irregularidades habrían sido desalentados o directamente bloqueados.
Contacto desde Presidencia y posible reunión con la ministra
En un giro significativo del caso, Montiel reveló que desde Presidencia de la Nación se pusieron en contacto con él tras su protesta frente a Casa Rosada. Según el cabo, existe la posibilidad de mantener una reunión con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aunque hasta el momento no se confirmó oficialmente la fecha ni el contenido del eventual encuentro.
Este contacto directo desde el máximo nivel del Poder Ejecutivo podría interpretarse como una señal de que el gobierno busca contener el impacto político de la denuncia, especialmente en un contexto donde las fuerzas de seguridad vienen reclamando mejoras salariales y donde casos de corrupción institucional resultan particularmente sensibles para la gestión libertaria que se presenta como abanderada de la «transparencia» y la «lucha contra la casta».
Pruebas documentales y testimoniales
El denunciante afirmó disponer de material probatorio para respaldar sus acusaciones. «Hay algunos audios y escritos donde prueban cómo se manejan», declaró Montiel, sugiriendo que cuenta con documentación que podría comprometer a los funcionarios señalados. La existencia de este material será clave para determinar si la denuncia prospera en el ámbito de Asuntos Internos de la PFA o si, como anticipó el propio cabo, termina archivada como las anteriores.
El caso expone las contradicciones de una fuerza de seguridad atravesada por reclamos salariales de sus bases mientras su cúpula enfrenta acusaciones de desvío de fondos. La valentía del cabo Montiel al exponerse públicamente contrasta con el silencio de la conducción policial, que hasta el momento no emitió ningún comunicado oficial sobre las graves imputaciones formuladas contra el comisario general Farías.
Puntos clave
- Montiel explicó que en la Superintendencia de Transporte inflaban costos: «ponen 10 y son tres»
- El cabo señaló directamente al comisario general Omar Farías como responsable de firmar y aprobar los pedidos fraudulentos
- Aseguró contar con audios y escritos que prueban la maniobra de corrupción
- Desde Presidencia se contactaron con él y evalúan una reunión con la ministra Monteoliva
- El denunciante afirmó que existen múltiples denuncias previas archivadas sobre la misma práctica ★
Denuncia
ATE exige que se vayan los 249 “ñoquis” que Adorni metió al Estado
Tras la renuncia del exjefe de Gabinete, el secretario general del gremio estatal, Rodolfo Aguiar, reclamó al Gobierno que depure la administración pública de familiares, amigos y militantes de LLA que cobran sueldos millonarios sin contraprestación real. También apuntó contra Karina Milei y denunció que el presupuesto de la Secretaría de Comunicación creció un 46,4% bajo la conducción de Adorni.
Tras la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) salió con los tapones de punta: exige que el Gobierno Nacional depure la administración pública de los 249 familiares, amigos y militantes de La Libertad Avanza que el exfuncionario habría incorporado durante su gestión. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, también apuntó contra Karina Milei y cuestionó que el presupuesto de la Secretaría de Comunicación y Medios creció un 46,4% bajo la conducción del ahora exjefe de Gabinete, mientras el resto del Estado era sometido a un ajuste brutal.
La salida de Adorni no cierra el capítulo: lo abre. Para ATE, la renuncia del exvocero presidencial no basta si el aparato de designaciones irregulares que construyó durante dos años sigue intacto dentro del Estado nacional. En un contexto en que el propio Gobierno prometió terminar con la casta y el empleo público improductivo, el gremio exige coherencia y acción.
El reclamo de ATE: 249 nombres sin contraprestación real
«Son centenares los que perciben ingresos mensuales millonarios sin brindar una contraprestación», afirmó Aguiar en declaraciones difundidas este domingo. El dirigente precisó que todas las dependencias bajo la órbita de Adorni «se encuentran saturadas» de personal cuyos sueldos «en todos los casos superan los 2 millones de pesos», y remarcó que «no tienen experiencia y su presencia no resulta necesaria».
Entre los casos señalados por el gremio figura el de Juan Pablo Carreira, conocido en redes sociales como Juan Doe, identificado como uno de los llamados «twitteros» incorporados al plantel, y que figura además como uno de los beneficiarios de créditos para militantes libertarios por más de $112.948.000. El dato fue señalado como paradigmático del esquema denunciado.
El secretario general de ATE también puso el foco sobre el hermano del exfuncionario, Francisco Adorni. Contador público, ingresó al Estado de la mano de su hermano como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y fue promovido en junio de 2025 a la presidencia del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), organismo que administra haberes de retiro y pensiones del personal militar. En noviembre de 2025 renunció al cargo, semanas después de resultar electo diputado bonaerense por La Libertad Avanza. Actualmente enfrenta una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y omisión maliciosa en declaraciones juradas, impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuán ante el juzgado de Daniel Rafecas, a raíz de una denuncia de la diputada Marcela Pagano.
Karina Milei en la mira: «Que no se haga la distraída»
Aguiar extendió la responsabilidad política más allá del exjefe de Gabinete y apuntó directamente contra la secretaria de Presidencia, Karina Milei. «Conoce bien cada una de las incorporaciones en la administración pública que ordenó el ex jefe de Gabinete», sostuvo, y le reclamó que «no se haga la distraída» respecto de la existencia de estos empleados sin funciones reales.
El gremio recordó además que el año pasado Karina Milei autorizó un aumento del presupuesto de la Secretaría de Comunicación y Medios que dirigía Adorni del 46,4%, elevando el gasto anual de esa área por encima de los $30.000 millones. Un dato que contrasta con el discurso oficial de austeridad y achicamiento del Estado.
Aguiar también cuestionó el sistema de ingreso al Estado que impulsó el ministro Federico Sturzenegger, al que el Gobierno presentó como un mecanismo «transparente». Para el gremialista, ese nuevo esquema «no tenía nada de transparente y solo alentaba el ingreso de militantes de La Libertad Avanza (LLA)«.
Un karma en el Día del Trabajador del Estado
La coincidencia no pasó inadvertida: Adorni presentó su renuncia el mismo día en que se celebró el Día del Empleado Público, una fecha que el propio exfuncionario no había reivindicado durante su gestión. El secretario general de ATE lo señaló sin ambigüedades desde su cuenta personal en la red social X: «¡Lo que es el karma Manuel! ¡Te vas justo en el Día del Trabajador del Estado! Después de festejar los despidos, ¡qué lindo regalito nos hiciste! ¡Muy feliz día!»
Aguiar cerró su balance del paso de Adorni por el Ejecutivo con una caracterización dura: calificó su final como «triste y vergonzoso», sostuvo que no tenía «autoridad moral» para continuar en funciones y lo definió como el «vocero de los despidos y recortes en el Estado».
«Este Gobierno, en tan solo dos años y con las graves irregularidades conocidas, demostró ser el más corrupto de la historia. Las políticas de austeridad de las que hablaban siempre fueron una mentira. Llegaron al poder para robar y rápidamente se convirtieron en esa casta que dijeron que iban a terminar. La Justicia tiene que seguir con la investigación a fondo», concluyó el dirigente gremial.
Puntos clave
- ATE exige la salida de 249 personas incorporadas al Estado por Adorni entre familiares, amigos y militantes de LLA con sueldos superiores a $2 millones sin contraprestación.
- El gremio identificó a Juan Doe (Juan Pablo Carreira) entre los casos más emblemáticos, beneficiario además de créditos por más de $112 millones.
- Francisco Adorni, hermano del exjefe de Gabinete, pasó de la Auditoría Interna de Defensa a presidir el IAF; renunció en noviembre de 2025 al asumir como diputado bonaerense de LLA y hoy enfrenta una causa judicial por enriquecimiento ilícito.
- Karina Milei aprobó un aumento del 46,4% en el presupuesto de la Secretaría de Comunicación y Medios que conducía Adorni, superando los $30.000 millones anuales.
- Aguiar cuestionó el sistema de ingreso estatal impulsado por Sturzenegger, al que calificó de herramienta para incorporar militantes libertarios al Estado.
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