Denuncia
Tras encadenarse en Casa Rosada, cabo de la Federal señaló a un comisario por corrupción
El cabo Miguel Montiel ratificó su acusación contra la cúpula de Transporte y señaló directamente al comisario general Omar Farías. Aseguró que inflan costos y que desde Presidencia lo contactaron para una posible reunión con la ministra de Seguridad.
★ El cabo de la Policía Federal Argentina Miguel Montiel ratificó en las últimas horas su denuncia por presuntos hechos de corrupción en la Superintendencia de Transporte de la fuerza y brindó detalles concretos sobre el mecanismo que, según afirmó, se utiliza para defraudar al Estado. En diálogo con Splendid AM990, el agente que se encadenó a las rejas de la Casa Rosada explicó: «La Policía Federal ponen 10 y son tres. Pasaban más costos de los que eran».
Montiel, que protagonizó una protesta inédita al esposarse frente a la sede del gobierno nacional portando su arma reglamentaria, aseguró que no tiene miedo y que dio por terminada su carrera policial antes de la manifestación. «Nunca me han amenazado y no tengo miedo. Yo daba por terminada mi carrera policial, pero me dijeron que no me tenían porque echar», declaró el cabo ante los micrófonos de la emisora radial.
Imputación directa al comisario general Farías
El uniformado no se limitó a denunciar una práctica generalizada, sino que puso nombre y apellido al responsable directo de la supuesta maniobra fraudulenta. «Quien firma y aprueba los pedidos es el comisario general Omar Farías. Farías maneja todo, él me dijo que no está al tanto de la corrupción. El personal de ferrovía entraba a la oficina del jefe como si fuera su casa», señaló Montiel en declaraciones que comprometen directamente a uno de los jefes de mayor rango en la estructura de la PFA.
La acusación contra Farías adquiere particular relevancia porque, según el denunciante, el comisario general tiene responsabilidad directa sobre las autorizaciones de gastos en el área de Transporte, lo que le otorgaría capacidad para avalar o encubrir las irregularidades denunciadas. La mención al «personal de ferrovía» sugiere vínculos entre funcionarios policiales y proveedores externos que tendrían acceso privilegiado a las oficinas de la conducción.
Denuncias previas archivadas
Montiel reveló que esta práctica de corrupción viene de hace años y que se presentaron múltiples denuncias que «todo queda en la nada». El cabo explicó que «existen las denuncias que se hicieron, muchas anónimas», lo que confirmaría que el malestar dentro de la fuerza no es nuevo ni aislado, sino que responde a un patrón sistemático de irregularidades que habría sido tolerado por la cúpula institucional.
El agente también explicó por qué nunca había formalizado una denuncia hasta ahora: «Nunca había denunciado formalmente porque le dijeron que no servía». Esta afirmación pone en evidencia la desconfianza institucional que existe entre las bases de la Policía Federal respecto a los mecanismos internos de control, y sugiere que anteriores intentos de denunciar irregularidades habrían sido desalentados o directamente bloqueados.
Contacto desde Presidencia y posible reunión con la ministra
En un giro significativo del caso, Montiel reveló que desde Presidencia de la Nación se pusieron en contacto con él tras su protesta frente a Casa Rosada. Según el cabo, existe la posibilidad de mantener una reunión con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aunque hasta el momento no se confirmó oficialmente la fecha ni el contenido del eventual encuentro.
Este contacto directo desde el máximo nivel del Poder Ejecutivo podría interpretarse como una señal de que el gobierno busca contener el impacto político de la denuncia, especialmente en un contexto donde las fuerzas de seguridad vienen reclamando mejoras salariales y donde casos de corrupción institucional resultan particularmente sensibles para la gestión libertaria que se presenta como abanderada de la «transparencia» y la «lucha contra la casta».
Pruebas documentales y testimoniales
El denunciante afirmó disponer de material probatorio para respaldar sus acusaciones. «Hay algunos audios y escritos donde prueban cómo se manejan», declaró Montiel, sugiriendo que cuenta con documentación que podría comprometer a los funcionarios señalados. La existencia de este material será clave para determinar si la denuncia prospera en el ámbito de Asuntos Internos de la PFA o si, como anticipó el propio cabo, termina archivada como las anteriores.
El caso expone las contradicciones de una fuerza de seguridad atravesada por reclamos salariales de sus bases mientras su cúpula enfrenta acusaciones de desvío de fondos. La valentía del cabo Montiel al exponerse públicamente contrasta con el silencio de la conducción policial, que hasta el momento no emitió ningún comunicado oficial sobre las graves imputaciones formuladas contra el comisario general Farías.
Puntos clave
- Montiel explicó que en la Superintendencia de Transporte inflaban costos: «ponen 10 y son tres»
- El cabo señaló directamente al comisario general Omar Farías como responsable de firmar y aprobar los pedidos fraudulentos
- Aseguró contar con audios y escritos que prueban la maniobra de corrupción
- Desde Presidencia se contactaron con él y evalúan una reunión con la ministra Monteoliva
- El denunciante afirmó que existen múltiples denuncias previas archivadas sobre la misma práctica ★
Denuncia
Primero el disparo, después la censura: Villarruel y Bullrich prohíben muestra fotográfica de Pablo Grillo
Cancelaron la exhibición y la ceremonia en la que se le iba a entregar al fotoperiodista gravemente herido durante una represión un diploma de honor. La familia convocó a un encuentro en la puerta del Congreso para las 16:30, decidida a no ceder al silencio.
Censura y represión: Villarruel y Bullrich vetaron la muestra fotográfica de Pablo Grillo en el Congreso
★ En el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, cancelaron la muestra fotográfica y el diploma de honor que iba a entregarse este viernes al fotoperiodista Pablo Grillo, gravemente herido durante la represión del 12 de marzo de 2025. La familia convocó a un encuentro en la puerta del Congreso para las 16:30, decidida a no ceder al silencio.
La actividad estaba programada para este viernes 8 de mayo a las 16:30 en el Salón Azul del Senado, organizada por el senador justicialista Eduardo «Wado» De Pedro en el marco del Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional. El evento incluía la entrega de un diploma de honor a Grillo y una exposición de su obra fotográfica, pero fue cancelada intempestivamente horas antes de su realización, a pesar de haber contado con autorización previa.
La denuncia de De Pedro
«La actividad había sido autorizada, coordinada y anunciada públicamente, hasta que intempestivamente y sin explicación se nos comunicó que la autorización había sido revocada», señaló De Pedro en una publicación en la red social X. El senador por la provincia de Buenos Aires apuntó directamente contra las responsables: «Victoria Villarruel y Patricia Bullrich no quieren que se vean las fotos porque tienen miedo de que Pablo hable a través de su obra, tienen miedo al testimonio de su familia y le tienen miedo a la voz de las víctimas de violencia institucional». De Pedro calificó la medida como «una decisión autoritaria, un atropello a los valores democráticos y un nuevo acto de censura».
La familia: «No solo censuran fotos, atacan la libertad de expresión»
El padre de Pablo, Fabián Grillo, fue contundente al repudiar la cancelación: «No se censuran solamente fotos. Se ataca la libertad de expresión, la cultura y el derecho a mostrar quién es realmente Pablo. Pero no van a callar su mirada». Convocó a reunirse este viernes a las 16:30 en la puerta del Congreso (Hipólito Yrigoyen 1849) para compartir igualmente la obra del fotógrafo.
La fecha elegida no fue casual: el 8 de mayo es el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, y Patricia Bullrich era ministra de Seguridad cuando Gendarmería Nacional y Policía Federal reprimieron a los jubilados y a trabajadores de prensa que cubrían la marcha del 12 de marzo de 2025.
El ataque y sus consecuencias
Pablo Grillo, de 36 años, resultó gravemente herido el 12 de marzo de 2025 cuando el cabo primero de la Gendarmería Nacional, Héctor Jesús Guerrero, disparó una lata de gas lacrimógeno directamente hacia su cabeza. Según estableció la investigación judicial, Guerrero efectuó seis disparos de forma antirreglamentaria (en ángulo horizontal) «sin que existiera un contexto de agresión». Grillo sufrió fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, con secuelas cognitivas permanentes. Permaneció meses en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas. El 27 de noviembre de 2025 recibió el alta de la unidad de cuidados intensivos.
El gendarme, a un paso del juicio oral
La cancelación del homenaje se produjo en medio de un avance judicial de enorme trascendencia: el fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, solicitó la elevación a juicio oral de la causa contra el gendarme Guerrero. Los delitos imputados son lesiones gravísimas agravadas por abuso de la función pública y abuso de armas agravado, cometido en cinco oportunidades. Taiano sostuvo que el comportamiento del efectivo representó «un peligro concreto para la vida e integridad física» de los manifestantes y que actuó con «plena conciencia de que infringía las normas». A su vez, la querella de la familia Grillo también requirió a la jueza María Servini la elevación a juicio oral del caso.
La Editorial Perfil le otorgó a Grillo el Premio Perfil 2025 a la Libertad de Prensa Nacional en reconocimiento a su trabajo y al impacto institucional del ataque sufrido mientras ejercía su labor informativa. El galardón fue recibido por su padre, Fabián, quien expresó: «No debería estar acá yo. Pablo estaría ahí, tendría que estar ahí con sus colegas».
Censura que confirma el patrón
La decisión de vetar la muestra de Grillo se inscribe en una serie de restricciones a la libertad de prensa que el actual gobierno impulsa de manera sistemática: acreditaciones negadas a periodistas críticos en la Casa Rosada y el Congreso, cierre de medios públicos y reducción del financiamiento a la comunicación. Desde la cuenta «Justicia por Pablo Grillo» el resumen fue lapidario: «Primero el disparo. Después la estigmatización. Ahora la censura».
Puntos clave:
- Villarruel y Bullrich cancelaron la muestra fotográfica y el diploma de honor a Grillo en el Salón Azul del Senado, pese a estar autorizada previamente.
- La cancelación ocurrió en el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, el 8 de mayo de 2026.
- El fiscal federal Taiano y la querella de la familia Grillo pidieron la elevación a juicio oral del gendarme Héctor Guerrero.
- Guerrero está imputado por lesiones gravísimas agravadas por abuso de la función pública y abuso de armas agravado en cinco oportunidades.
- La familia convocó a mostrar la obra de Grillo en la puerta del Congreso (Hipólito Yrigoyen 1849) a las 16:30 del viernes 8 de mayo.
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