★ El cabo de la Policía Federal Argentina Miguel Montiel ratificó en las últimas horas su denuncia por presuntos hechos de corrupción en la Superintendencia de Transporte de la fuerza y brindó detalles concretos sobre el mecanismo que, según afirmó, se utiliza para defraudar al Estado. En diálogo con Splendid AM990, el agente que se encadenó a las rejas de la Casa Rosada explicó: «La Policía Federal ponen 10 y son tres. Pasaban más costos de los que eran».

Montiel, que protagonizó una protesta inédita al esposarse frente a la sede del gobierno nacional portando su arma reglamentaria, aseguró que no tiene miedo y que dio por terminada su carrera policial antes de la manifestación. «Nunca me han amenazado y no tengo miedo. Yo daba por terminada mi carrera policial, pero me dijeron que no me tenían porque echar», declaró el cabo ante los micrófonos de la emisora radial.

Imputación directa al comisario general Farías

El uniformado no se limitó a denunciar una práctica generalizada, sino que puso nombre y apellido al responsable directo de la supuesta maniobra fraudulenta. «Quien firma y aprueba los pedidos es el comisario general Omar Farías. Farías maneja todo, él me dijo que no está al tanto de la corrupción. El personal de ferrovía entraba a la oficina del jefe como si fuera su casa», señaló Montiel en declaraciones que comprometen directamente a uno de los jefes de mayor rango en la estructura de la PFA.

La acusación contra Farías adquiere particular relevancia porque, según el denunciante, el comisario general tiene responsabilidad directa sobre las autorizaciones de gastos en el área de Transporte, lo que le otorgaría capacidad para avalar o encubrir las irregularidades denunciadas. La mención al «personal de ferrovía» sugiere vínculos entre funcionarios policiales y proveedores externos que tendrían acceso privilegiado a las oficinas de la conducción.

Denuncias previas archivadas

Montiel reveló que esta práctica de corrupción viene de hace años y que se presentaron múltiples denuncias que «todo queda en la nada». El cabo explicó que «existen las denuncias que se hicieron, muchas anónimas», lo que confirmaría que el malestar dentro de la fuerza no es nuevo ni aislado, sino que responde a un patrón sistemático de irregularidades que habría sido tolerado por la cúpula institucional.

El agente también explicó por qué nunca había formalizado una denuncia hasta ahora: «Nunca había denunciado formalmente porque le dijeron que no servía». Esta afirmación pone en evidencia la desconfianza institucional que existe entre las bases de la Policía Federal respecto a los mecanismos internos de control, y sugiere que anteriores intentos de denunciar irregularidades habrían sido desalentados o directamente bloqueados.

Contacto desde Presidencia y posible reunión con la ministra

En un giro significativo del caso, Montiel reveló que desde Presidencia de la Nación se pusieron en contacto con él tras su protesta frente a Casa Rosada. Según el cabo, existe la posibilidad de mantener una reunión con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aunque hasta el momento no se confirmó oficialmente la fecha ni el contenido del eventual encuentro.

Este contacto directo desde el máximo nivel del Poder Ejecutivo podría interpretarse como una señal de que el gobierno busca contener el impacto político de la denuncia, especialmente en un contexto donde las fuerzas de seguridad vienen reclamando mejoras salariales y donde casos de corrupción institucional resultan particularmente sensibles para la gestión libertaria que se presenta como abanderada de la «transparencia» y la «lucha contra la casta».

Pruebas documentales y testimoniales

El denunciante afirmó disponer de material probatorio para respaldar sus acusaciones. «Hay algunos audios y escritos donde prueban cómo se manejan», declaró Montiel, sugiriendo que cuenta con documentación que podría comprometer a los funcionarios señalados. La existencia de este material será clave para determinar si la denuncia prospera en el ámbito de Asuntos Internos de la PFA o si, como anticipó el propio cabo, termina archivada como las anteriores.

El caso expone las contradicciones de una fuerza de seguridad atravesada por reclamos salariales de sus bases mientras su cúpula enfrenta acusaciones de desvío de fondos. La valentía del cabo Montiel al exponerse públicamente contrasta con el silencio de la conducción policial, que hasta el momento no emitió ningún comunicado oficial sobre las graves imputaciones formuladas contra el comisario general Farías.

Puntos clave

• Montiel explicó que en la Superintendencia de Transporte inflaban costos: «ponen 10 y son tres»
• El cabo señaló directamente al comisario general Omar Farías como responsable de firmar y aprobar los pedidos fraudulentos
• Aseguró contar con audios y escritos que prueban la maniobra de corrupción
• Desde Presidencia se contactaron con él y evalúan una reunión con la ministra Monteoliva
• El denunciante afirmó que existen múltiples denuncias previas archivadas sobre la misma práctica ★