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Hidrovía: empresa belga denunció maniobra de firma vinculada a los Menem
Jan de Nul impugnó la oferta de DEME y acusó a la firma de formar parte de un cártel internacional. La licitación del dragado y balizamiento debe definirse antes de mayo, con división en la Casa Rosada sobre qué empresa favorecer.
★ La licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná, una de las vías fluviales más estratégicas para las exportaciones argentinas, atraviesa un momento de máxima tensión. La empresa belga Jan de Nul, que operó el servicio de dragado y balizamiento durante años, presentó una impugnación formal contra su competidora DEME (Dredging, Environmental and Marine Engineering), a la que acusó de prácticas anticompetitivas y colusión en el mercado internacional.
El conflicto estalló en medio de los pasillos de la Casa Rosada, donde funcionarios del gobierno de Javier Milei siguen de cerca la deriva del proceso licitatorio. Según trascendió, existen divisiones internas sobre qué empresa debería adjudicarse el contrato: mientras algunos funcionarios favorecerían a DEME, cuyos ejecutivos mantuvieron acercamientos con la familia Menem (cercana al despacho de Karina Milei), otros preferirían que Jan de Nul continuara con la operación, avalada por su trayectoria en la mantenimiento de la navegabilidad del canal.
Las acusaciones de Jan de Nul
El portavoz de Jan de Nul, que solicitó reserva de su identidad, detalló los fundamentos de la impugnación en una declaración a este medio. La empresa belga acusó a DEME de participar en un cártel internacional junto a otros grandes actores del sector de dragado, con el objetivo de manipular licitaciones, fijar precios inflados y dividir mercados geográficos entre los competidores.
Entre las prácticas denunciadas, Jan de Nul señaló:
- Intercambio de información confidencial: DEME y sus presuntos socios intercambiarían datos sensibles sobre estrategias de licitación, costos operativos y planes de negocios.
- Abuso de posición dominante: La firma sostuvo que DEME utiliza su tamaño para excluir a competidores de ciertos mercados.
- Ofertas ficticias: Jan de Nul denunció que DEME emplea tácticas de «cover bids» (ofertas de cobertura) para simular competencia donde no la hay.
- Daño sistémico: Estas prácticas, según la denuncia, perjudican la reputación de toda la industria y desalientan la innovación.
«Nuestra impugnación se fundamenta en la firme convicción de que la licitación de la Hidrovía debe llevarse a cabo bajo los más estrictos estándares de transparencia y competencia», declaró el vocero. «No podemos permanecer en silencio ante lo que consideramos prácticas anticompetitivas», agregó.
Irregularidades técnicas y económicas
Además de las acusaciones de colusión, Jan de Nul cuestionó la oferta de DEME por incumplimientos técnicos y formales en el marco de la licitación para la Hidrovía Paraná-Paraguay. Según la impugnación, DEME no cumplió con los requisitos económicos mínimos exigidos en las bases; presentó un balance que no podría ser auditado; cometió irregularidades en la traducción y firmas de la documentación; y no acreditó contar con dragas que cumplan la potencia mínima requerida para el trabajo.
Estos cuestionamientos ponen en duda la viabilidad técnica de la propuesta de DEME, en un momento en que las autoridades argentinas, lideradas por Iñaki Arreseygor, subsecretario de Puertos y Vías Navegables, deberán definir la adjudicación antes del mes de mayo.
Un recurso estratégico en juego
La Hidrovía Paraguay-Paraná constituye la principal arteria de exportación de granos y productos agroindustriales de Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay hacia el Atlántico. Su mantenimiento mediante dragado y balizamiento resulta esencial para garantizar la navegabilidad durante todo el año, especialmente en épocas de bajante del río Paraná.
La definición de quién operará este servicio en los próximos años reaviva interrogantes sobre la soberanía sobre recursos estratégicos. Históricamente, la administración de la Hidrovía estuvo en manos de consorcios internacionales, con escasa participación estatal argentina en la operación directa. La actual licitación, impulsada por el gobierno de Milei, mantiene esa lógica de contratación privada, aunque con la novedad de la disputa pública entre las dos empresas belgas candidatas.
La proximidad de DEME con la familia Menem, aliada política del oficialismo, genera suspicacias sobre posibles presiones en favor de esa firma. Al mismo tiempo, la experiencia de Jan de Nul en la zona la posiciona como alternativa con respaldo técnico, aunque también con décadas de operación que no impidieron el deterioro de la vía en ciertos tramos.
Puntos clave:
* Jan de Nul impugnó la oferta de DEME en la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná.
* La empresa acusó a su competidora de formar parte de un cártel internacional con prácticas de fijación de precios y colusión.
* Jan de Nul también denunció que DEME incumple requisitos técnicos y económicos de la licitación.
* La adjudicación debe definirse antes de mayo, con división en la Casa Rosada sobre qué empresa favorecer.
* La Hidrovía es la principal vía de exportación agroindustrial de la región.
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ATN: UxP quiere repartir por ley $1,1 billones que Milei retiene mientras avanza El Niño
Germán Martínez y Ariel Rauschenberger proponen distribuir la mitad de los $2,2 billones de Aportes del Tesoro Nacional acumulados, con 25% en partes iguales y 75% por coparticipación. Hoy el reparto depende de la discrecionalidad del Ejecutivo.
Mientras el Paraná crece en Corrientes y Entre Ríos y el Servicio Meteorológico Nacional da por segura la persistencia de El Niño hasta el verano, el Gobierno nacional tiene guardados unos $2,2 billones de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el fondo que existe justamente para asistir a las provincias en emergencias. Unión por la Patria presentó en Diputados un proyecto para liberar la mitad de ese dinero por ley y sacarle al Ejecutivo la llave del reparto.
La iniciativa lleva la firma del jefe del bloque, Germán Martínez, y del diputado pampeano Ariel Rauschenberger. Propone una asignación “excepcional y única” de $1,1 billones para prevención, respuesta y reconstrucción frente a El Niño 2026-2027 y otras emergencias climáticas. El resto quedaría como reserva del Tesoro para contingencias.
Cómo se repartiría la plata
El 25% se distribuiría en partes iguales entre las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y el 75% según los coeficientes de coparticipación federal vigentes. El proyecto busca “un mecanismo objetivo que permita fortalecer la capacidad de prevención y respuesta del conjunto de los gobiernos provinciales, sin quedar sujeto a decisiones individuales de asignación”.
“Esos 2,2 billones son recursos que por derecho corresponden a las provincias y hoy se encuentran frenados sin uso”, sostuvieron los diputados. El monto surge, según el texto, de estimaciones de septiembre de 2026.
Un fondo que se usa como premio y castigo
Los ATN se integran con el 1% de la masa coparticipable y la ley los reserva para emergencias y desequilibrios financieros de las provincias, pero su distribución queda en manos del Ministerio del Interior. En la práctica, el reparto discrecional se convirtió en una herramienta de negociación política con los gobernadores. Como informó El Argentino el 5 de noviembre, el Gobierno giró apenas $13.500 millones a cuatro provincias y que hasta entonces había repartido solo el 18% del fondo.
La pelea no es nueva. En 2025 los gobernadores impulsaron en el Congreso una ley para distribuir los ATN de manera automática, que Milei vetó. El nuevo proyecto intenta otra vía: una asignación por única vez, atada a la emergencia climática, para sumar apoyos de mandatarios que necesitan fondos para obras hídricas y asistencia.
El Niño, la urgencia que no espera
El texto advierte que los efectos de El Niño ya se ven en Corrientes y Entre Ríos, con crecidas preocupantes del Paraná, y cita a la Organización Meteorológica Mundial, que prevé la máxima intensidad del fenómeno hacia diciembre y su persistencia hasta febrero de 2027. Según el proyecto, el SMN estimó una probabilidad del 100% de que continúe durante el último trimestre de 2026.
El reclamo choca con la lógica fiscal del Gobierno. Según la consultora Analytica, en octubre las transferencias a las provincias cayeron 56,5% real y acumulan un recorte de 61% en el año. Retener los ATN ayuda a sostener el superávit; el costo lo pagan las provincias que deben responder a las inundaciones con recursos propios.
Lo que tenés que saber:
- Germán Martínez y Ariel Rauschenberger presentaron un proyecto para repartir por ley $1,1 billones de los ATN no distribuidos.
- El Gobierno acumula unos $2,2 billones de ATN sin repartir, según estimaciones de septiembre citadas en el proyecto.
- El 25% iría en partes iguales a las provincias y la Ciudad, y el 75% por coeficientes de coparticipación.
- El fondo se destinaría a prevención, respuesta y reconstrucción frente a El Niño 2026-2027.
- Hoy el reparto de los ATN depende de la decisión del Ejecutivo y hasta ahora se repartió solo el 18% del fondo.
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