La Comisión Interpoderes creada por la Corte Suprema para coordinar los juicios de lesa humanidad sesionó este jueves con la ausencia de representantes del Gobierno y de la mayoría de los organismos de derechos humanos, que vieron en la convocatoria del presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, un afán «oportunista».

El encuentro fue virtual y se extendió por dos horas, durante las cuales se analizaron los procesos por delitos de lesa humanidad que siguen instruyéndose en todo el país, aunque limitados por la circulación del Covid-19, pero sin definir ninguna decisión o programa.

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, difundió ayer un comunicado con el que rechazó la invitación, junto al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, exponiendo sus razones para declinar la convocatoria.

«A partir de la última reunión realizada (por la Comisión) -el 23 de septiembre de 2016-, el desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia ha sido de enorme retroceso. En este contexto, la repentina convocatoria a una nueva reunión por parte de la Presidencia de la Corte, tras varios meses de insistencia de los organismos de derechos humanos -que son los verdaderos faros en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia-, no deja de resultar oportunista», afirmaron Losardo y Pietragalla.

Al respecto, el titular de La Corte Suprema no pude evitar la referencia y sobre el cierre del encuentro Carlos Rosenkrantz, único ministro del alto tribunal presente, negó las afirmaciones de Losardo y Pietragalla al decir que la convocatoria no fue «oportunista».

A la ausencia del Ejecutivo se sumaron la defensora general, Stella Maris Martínez, que mandó un representante; el juez de la Cámara Federal de Casación Alejandro Slokar y los directivos de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, la Liga y la Asociación por los Derechos del Hombre, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y la agrupación HIJOS.

En cambio participaron el presidente del Consejo de la Magistratura, el juez civil Alberto Lugones, y el titular del Consejo Consultivo Continental de la Asociación Americana de Juristas, Beinusz Szmukler.

En la negativa a participar, Losardo y Pietragalla señalaron que «es indiscutible que las causas que se sustancian para juzgar los crímenes de lesa humanidad atraviesan un período de notorio estancamiento».

«Esta preocupante situación se ve agravada por el contexto de la pandemia. Es sabido que el letargo en el que se encuentran sumergidas estas causas -muchas de ellas pendientes de un fallo de la Corte Suprema hace varios años- implica necesariamente la consolidación de la impunidad biológica: los responsables de estos aberrantes delitos mueren sin condena», añadieron.

Al rechazo su sumó hoy la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, cuando en declaraciones radiales confirmó que no iría a la reunión porque la convocatoria «llega tarde» y en un momento en el que el máximo tribunal está «muy cuestionado».

«La reunión la pedimos en marzo y recién llega ahora cuando la Corte está tan cuestionada», explicó Carlotto, y amplió que «no queremos ser mal pensadas sobre la convocatoria de Rosenkrantz justo ahora, pero tontas tampoco somos».

La «Comisión Interpoderes» comenzó a funcionar en el año 2009 como un espacio de coordinación de los juicios a represores y también como una reafirmación del Poder Judicial de su compromiso con estos procesos.

Los organismos de derechos humanos comenzaron a quejarse por el errático funcionamiento de la Comisión poco después del último encuentro, en septiembre de 2016- y en base a estos antecedentes convocaron a una reunión ayer a las 17 para deliberar sobre si correspondía o no asistir.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), uno de los organismos que decidió asistir para dejar en la Comisión una nota con sus reclamos, emitió hoy un comunicado en el que expresó que «lamentamos que después de todo este tiempo, la convocatoria pueda ser utilizada para fines ajenos a la búsqueda de memoria, verdad y justicia, y que los juicios queden supeditados a disputas políticas que nada tienen que ver con ellos».

«En la reunión volveremos a reclamar por la falta de compromiso que caracterizó estos años: dilaciones injustificables, ausencia de políticas de apoyo a las víctimas y a las investigaciones, desarticulación de los equipos de relevamiento, decisiones judiciales cuyo trasfondo es frenar el proceso, como ocurrió con el fallo del 2×1», dijo el Cels.

«Lo mismo ocurre con las trabas en las investigaciones de responsabilidades empresariales como la que involucra a Carlos Blaquier por la represión en el Ingenio Ledesma», señaló el organismo que preside el periodista Horacio Verbitsky, uno de los que más participa de los procesos contra represores asistiendo a las familias de las víctimas.

El 7 de mayo pasado, el Cels, junto a Abuelas, presentó ante la Corte un pedido para «delinear los protocolos que hagan posible la reanudación de las investigaciones y los juicios por crímenes de lesa humanidad, en el contexto de la pandemia COVID-19».

Ambos organismos dijeron entonces que la comisión «es una herramienta fundamental para planificar el desarrollo de los juicios orales que se encuentran en plena etapa de producción de pruebas o pendientes de inicio y en este sentido, solicitamos al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, que realice la convocatoria inmediata para darle una pronta respuesta a la situación».