DDHH
Indignante: genocidas culpables del Terrorismo de Estado piden Habeas corpus
La estrategia para lograr prisión domiciliaria. Entre los represores solicitantes, se encuentran figuras como Jorge «Tigre» Acosta y Juan Daniel Amelong.
Lo que tenés que saber
- Organizaciones defensoras de represores presentaron un habeas corpus para pedir prisión domiciliaria.
- La Cámara Nacional de Apelaciones ordenó nuevos informes sobre las condiciones de los presos.
- Dos sobrevivientes de la dictadura desmintieron los argumentos presentados en favor de los genocidas.
- Entre los represores solicitantes, se encuentran figuras como Jorge «Tigre» Acosta y Juan Daniel Amelong.
- Las organizaciones pro-represores alegan que la edad avanzada y la situación penitenciaria justifican el beneficio.
Nueva estrategia legal de los represores
Recientemente, los represores de la última dictadura cívico-militar detenidos en cárceles nacionales presentaron una nueva estrategia legal para conseguir la prisión domiciliaria. A través de un habeas corpus, diversas organizaciones que defienden a los responsables de crímenes de lesa humanidad intentaron que la justicia les conceda el beneficio, basándose principalmente en la edad de los involucrados y las supuestas malas condiciones del Servicio Penitenciario Federal. Aunque el recurso fue rechazado inicialmente por un juzgado nacional, la Cámara Nacional de Apelaciones decidió pedir informes adicionales a la justicia federal.
Los defensores de los genocidas
Organizaciones como la Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia, que se dedican a defender a represores, fueron las que impulsaron este habeas corpus. Cecilia Pando, una conocida defensora de genocidas y presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina, figura en el recurso. En un mensaje publicado en redes sociales, la entidad denunció que «la justicia nacional se encuentra investigando a la totalidad de los jueces federales por el trato deparado a los militares y policías presos por la guerra de los 70».
Argumentos para la prisión domiciliaria
El pedido se basa en la presunta vulnerabilidad de los represores, que argumentan que su avanzada edad y problemas de salud requieren condiciones más benignas de detención. Las organizaciones que abogan por la excarcelación sostienen que la Convención Interamericana de Protección a Personas Mayores obliga al Estado a ofrecer alternativas a la prisión carcelaria menos gravosas. Además, afirman que el sistema penitenciario está «superpoblado» y en «emergencia».
Respuesta de la justicia
El Juzgado Nacional y en lo Criminal y Correccional Número 27 rechazó el habeas corpus, al no haberse verificado «obstaculizaciones o incumplimientos concretos» en cuanto a los derechos de los detenidos. Sin embargo, la Cámara Nacional de Apelaciones ordenó que se pidan nuevos informes sobre las condiciones de los presos y convocó a una audiencia con representantes de diversos organismos, como el Servicio Penitenciario Federal y el Ministerio Público Fiscal.
Actividades y condiciones en prisión
En respuesta a los argumentos sobre la superpoblación y las malas condiciones carcelarias, el Servicio Penitenciario, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, explicó que en la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde están alojados varios represores, no se observan tales complicaciones. Según el informe, los detenidos tienen acceso a actividades recreativas como caminatas guiadas, clases de tenis, yoga y piano, entre otras.
Los represores que buscan prisión domiciliaria
El habeas corpus incluye a más de 80 represores condenados por crímenes de lesa humanidad, algunos de los cuales están involucrados en los peores horrores de la dictadura. Entre ellos se encuentra Jorge «Tigre» Acosta, ex jefe del centro clandestino de detención de la ESMA, condenado por 82 crímenes de lesa humanidad. Otro nombre destacado en la lista es Juan Daniel Amelong, responsable de múltiples asesinatos y torturas en el contexto del terrorismo de Estado.
Desmentidos de los sobrevivientes
Dos sobrevivientes de la dictadura, Rufino Jorge Almeida y Graciela Beatriz Daleo, se presentaron ante la justicia para refutar los argumentos de las organizaciones pro-represores. En su escrito, señalaron que el habeas corpus no estaba destinado a todos los mayores de 65 años en prisión, sino exclusivamente a los genocidas. Además, adjuntaron un informe de la Secretaría de Derechos Humanos de 2022 que desmentía las acusaciones sobre las malas condiciones de detención y demostraba que las necesidades de salud de los presos están siendo atendidas adecuadamente.
Represores y sus condenas
Entre los represores que figuran en el habeas corpus, además de Acosta, están figuras como Eduardo Emilio Kalinec, condenado por crímenes cometidos en los centros clandestinos del Circuito ABO. Kalinec, al igual que otros, sigue buscando la prisión domiciliaria amparado en su edad y su estado de salud.
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«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump
Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.
Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump
El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.
El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse
Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.
La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.
El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».
Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»
El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.
La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.
El caso argentino que expuso la crisis humanitaria
Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.
La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.
El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.
La lógica del miedo y sus límites
El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.
Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.
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