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DDHH

Indignante: genocidas culpables del Terrorismo de Estado piden Habeas corpus

La estrategia para lograr prisión domiciliaria. Entre los represores solicitantes, se encuentran figuras como Jorge «Tigre» Acosta y Juan Daniel Amelong.

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Lo que tenés que saber

  • Organizaciones defensoras de represores presentaron un habeas corpus para pedir prisión domiciliaria.
  • La Cámara Nacional de Apelaciones ordenó nuevos informes sobre las condiciones de los presos.
  • Dos sobrevivientes de la dictadura desmintieron los argumentos presentados en favor de los genocidas.
  • Entre los represores solicitantes, se encuentran figuras como Jorge «Tigre» Acosta y Juan Daniel Amelong.
  • Las organizaciones pro-represores alegan que la edad avanzada y la situación penitenciaria justifican el beneficio.

Nueva estrategia legal de los represores

Recientemente, los represores de la última dictadura cívico-militar detenidos en cárceles nacionales presentaron una nueva estrategia legal para conseguir la prisión domiciliaria. A través de un habeas corpus, diversas organizaciones que defienden a los responsables de crímenes de lesa humanidad intentaron que la justicia les conceda el beneficio, basándose principalmente en la edad de los involucrados y las supuestas malas condiciones del Servicio Penitenciario Federal. Aunque el recurso fue rechazado inicialmente por un juzgado nacional, la Cámara Nacional de Apelaciones decidió pedir informes adicionales a la justicia federal.

Los defensores de los genocidas

Organizaciones como la Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia, que se dedican a defender a represores, fueron las que impulsaron este habeas corpus. Cecilia Pando, una conocida defensora de genocidas y presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina, figura en el recurso. En un mensaje publicado en redes sociales, la entidad denunció que «la justicia nacional se encuentra investigando a la totalidad de los jueces federales por el trato deparado a los militares y policías presos por la guerra de los 70».

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Argumentos para la prisión domiciliaria

El pedido se basa en la presunta vulnerabilidad de los represores, que argumentan que su avanzada edad y problemas de salud requieren condiciones más benignas de detención. Las organizaciones que abogan por la excarcelación sostienen que la Convención Interamericana de Protección a Personas Mayores obliga al Estado a ofrecer alternativas a la prisión carcelaria menos gravosas. Además, afirman que el sistema penitenciario está «superpoblado» y en «emergencia».

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Respuesta de la justicia

El Juzgado Nacional y en lo Criminal y Correccional Número 27 rechazó el habeas corpus, al no haberse verificado «obstaculizaciones o incumplimientos concretos» en cuanto a los derechos de los detenidos. Sin embargo, la Cámara Nacional de Apelaciones ordenó que se pidan nuevos informes sobre las condiciones de los presos y convocó a una audiencia con representantes de diversos organismos, como el Servicio Penitenciario Federal y el Ministerio Público Fiscal.

Actividades y condiciones en prisión

En respuesta a los argumentos sobre la superpoblación y las malas condiciones carcelarias, el Servicio Penitenciario, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, explicó que en la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde están alojados varios represores, no se observan tales complicaciones. Según el informe, los detenidos tienen acceso a actividades recreativas como caminatas guiadas, clases de tenis, yoga y piano, entre otras.

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El genocida Acosta

Los represores que buscan prisión domiciliaria

El habeas corpus incluye a más de 80 represores condenados por crímenes de lesa humanidad, algunos de los cuales están involucrados en los peores horrores de la dictadura. Entre ellos se encuentra Jorge «Tigre» Acosta, ex jefe del centro clandestino de detención de la ESMA, condenado por 82 crímenes de lesa humanidad. Otro nombre destacado en la lista es Juan Daniel Amelong, responsable de múltiples asesinatos y torturas en el contexto del terrorismo de Estado.

Desmentidos de los sobrevivientes

Dos sobrevivientes de la dictadura, Rufino Jorge Almeida y Graciela Beatriz Daleo, se presentaron ante la justicia para refutar los argumentos de las organizaciones pro-represores. En su escrito, señalaron que el habeas corpus no estaba destinado a todos los mayores de 65 años en prisión, sino exclusivamente a los genocidas. Además, adjuntaron un informe de la Secretaría de Derechos Humanos de 2022 que desmentía las acusaciones sobre las malas condiciones de detención y demostraba que las necesidades de salud de los presos están siendo atendidas adecuadamente.

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El genocida Amelong

Represores y sus condenas

Entre los represores que figuran en el habeas corpus, además de Acosta, están figuras como Eduardo Emilio Kalinec, condenado por crímenes cometidos en los centros clandestinos del Circuito ABO. Kalinec, al igual que otros, sigue buscando la prisión domiciliaria amparado en su edad y su estado de salud.

América Latina

Un periodista asesinado a balazos expone el avance del narco en Costa Rica

Camilo Rodríguez Chaverri, de 50 años, fue atacado por dos hombres en moto sobre la ruta 32 y los peritos hallaron entre nueve y diez casquillos. Había denunciado amenazas de muerte y la Fiscalía incluyó sus denuncias entre las líneas de investigación.

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Retrato del periodista costarricense Camilo Rodríguez con un lazo negro

Un periodista que denunciaba en redes sociales a abogados, empresarios y figuras de la política a quienes vinculaba con el narcotráfico fue asesinado a balazos en plena tarde, mientras conducía su camioneta.

El hecho ocurrió el lunes 16 de noviembre, pasadas las 15, sobre la ruta 32, en el distrito de San Miguel de Santo Domingo de Heredia, unos 10 kilómetros al norte de San José. La víctima, Camilo Rodríguez Chaverri, de 50 años, periodista y escritor, fue interceptado por dos hombres en motocicleta que dispararon y huyeron. Los peritos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hallaron entre nueve y diez casquillos en la escena, y el director de la Fuerza Pública, Raúl Rivera, informó que se busca a los dos atacantes.

Las denuncias y las amenazas

Rodríguez había contado públicamente en abril que recibía amenazas de muerte tras difundir mensajes sobre el avance del narcotráfico y el crimen organizado. Después del homicidio se supo que había sido derivado a un programa de atención y protección para víctimas, pero no llegó a incorporarse.

El fiscal general, Carlo Díaz, anunció una investigación exhaustiva para identificar a los autores materiales e intelectuales, y señaló que las denuncias que formuló el periodista forman parte de las líneas de investigación.

El repudio y un contexto que no es lineal

La presidenta Laura Fernández expresó “indignación y repudio” por el crimen, ordenó a los cuerpos policiales colaborar con la investigación y lo definió como “una mancha contra la libertad de expresión”. El Colegio de Periodistas de Costa Rica exigió una investigación rápida y exhaustiva y pidió máxima prioridad para el caso.

El cuadro tiene matices que la propia crónica local registra: Fernández había denunciado penalmente a Rodríguez en febrero por mencionar supuestos vínculos de ella con el narcotráfico, acusaciones que la mandataria rechazó, y el periodista figuraba como imputado en una causa penal propia, según informó la prensa local. Ninguna de esas circunstancias cambia lo central: un periodista fue ejecutado y el Estado debe esclarecer quién lo mató y por qué.

Un país que dejó de ser la excepción

Costa Rica cerró 2025 con 873 homicidios, el tercer año más violento de su historia, y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes, según el OIJ. En ese escenario, la reforma constitucional de 2025 permitió por primera vez extraditar a ciudadanos costarricenses, y entre los primeros casos figura el de Celso Gamboa, exministro de Seguridad y exmagistrado detenido en junio de 2025 a pedido de la DEA y extraditado a Estados Unidos, donde la fiscalía lo acusa de ayudar a narcotraficantes internacionales a fabricar, distribuir y transportar cocaína.

Lo que tenés que saber

  • El periodista Camilo Rodríguez Chaverri, de 50 años, fue asesinado a balazos el lunes 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia.
  • Dos hombres en motocicleta lo atacaron y los peritos hallaron entre nueve y diez casquillos.
  • Había denunciado amenazas de muerte en abril y no llegó a incorporarse a un programa de protección.
  • El fiscal general Carlo Díaz anunció una investigación exhaustiva e incluyó las denuncias del periodista entre las líneas de trabajo.
  • Costa Rica cerró 2025 con 873 homicidios y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes.
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