Lo que tenés que saber

• A partir del verano, más de 700 mil hogares en el AMBA podrían quedarse sin agua por deudas impagas.
• AySA aplicará cortes en el suministro de agua a usuarios residenciales y no residenciales con deudas de hasta dos facturas consecutivas.
• El costo del agua se cuadruplicó desde el inicio del gobierno de Milei, generando un mayor impacto en las familias con menos recursos.
• Aunque cortar el agua por falta de pago es legal, el acceso al agua sigue siendo considerado un derecho básico y universal.
• El gobierno de Milei impulsó un fuerte ajuste en AySA, lo que generó un superávit, pero también la paralización de nuevas obras de infraestructura hídrica.

El ajuste que afecta el acceso al agua

A pocos días del inicio del verano, el gobierno de Javier Milei toma decisiones que afectan directamente a las familias más vulnerables. Más de 700 mil hogares en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrentan el riesgo de quedarse sin agua por no poder pagar sus facturas, lo que coincide con un período de altas temperaturas pronosticadas para el país.

La empresa estatal Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), encargada de proveer agua y cloacas en esta región, anunció que cortará el suministro a los usuarios residenciales y no residenciales que tengan deudas por más de dos períodos consecutivos. Las primeras interrupciones de servicio se aplicarán a aquellos que registren las mayores deudas. Desde la empresa, señalaron que «hay gente que no paga desde 2006», y que el corte de agua es una de las formas de reclamar el pago de las deudas acumuladas.

El impacto de los aumentos en tarifas

El aumento de las tarifas de agua es una de las principales medidas implementadas en el gobierno de Milei. Según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA y el Conicet, los precios de los servicios básicos como agua y cloacas aumentaron un 305% desde el inicio de su gestión. A este incremento hay que sumarle aumentos en otros servicios esenciales como electricidad, gas y transporte público, que también superaron el 500%.

Este aumento de tarifas ha provocado que la porción del salario que las familias deben destinar a servicios públicos se haya disparado, lo que genera un creciente problema para los hogares de bajos ingresos, especialmente aquellos con dificultades para abonar las facturas de servicios básicos. Según los datos, «la canasta de tarifas pasó de costar 28.651 pesos en diciembre a 134.173 pesos», lo que evidencia un aumento desmesurado.

El marco regulatorio de AySA y las excepciones

Aunque AySA tiene la facultad de cortar el suministro por falta de pago, la ley establece distinciones entre usuarios residenciales y no residenciales. En el caso de los usuarios residenciales, no se puede realizar un corte total del servicio, sino que se pueden aplicar «restricciones», como la instalación de un precinto que limita la presión del agua. En cambio, los usuarios no residenciales, como comercios e industrias, sí pueden sufrir un corte total del servicio.

Sin embargo, la normativa incluye excepciones, y se especifica que no se podrá cortar el servicio a aquellas personas que estén adheridas a un plan de regularización de deuda o tengan tarifa social. Además, el corte de agua no aplicará a instituciones sensibles como hospitales, cárceles o centros de salud.

Privatización y ajuste en AySA

En paralelo a estos cambios en el acceso al agua, el gobierno de Milei sigue adelante con su política de privatización de empresas públicas, y AySA está en la mira. Aunque la empresa logró superar el déficit operativo, con un superávit proyectado para fin de año de 100 mil millones de pesos, la falta de inversiones y nuevas obras de infraestructura está generando preocupaciones. Desde el inicio de la gestión actual, AySA no ha sumado nuevos hogares a la red de agua y saneamiento, una medida clave para la prevención de enfermedades.

En este contexto, el gobierno dispuso el cierre del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), un organismo encargado de la planificación y ejecución de obras relacionadas con el agua y el saneamiento a nivel nacional. Esta decisión ha reducido aún más las posibilidades de expansión de la red de agua potable en el país.