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AySA desconoce derechos inalienables y cortará el agua a quienes tengan deudas

El gobierno de Javier Milei quiere dejar sin suministro esencial para la vida a 700 mil hogares

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El Argentino Diario-Javier Milei.

Lo que tenés que saber

  • A partir del verano, más de 700 mil hogares en el AMBA podrían quedarse sin agua por deudas impagas.
  • AySA aplicará cortes en el suministro de agua a usuarios residenciales y no residenciales con deudas de hasta dos facturas consecutivas.
  • El costo del agua se cuadruplicó desde el inicio del gobierno de Milei, generando un mayor impacto en las familias con menos recursos.
  • Aunque cortar el agua por falta de pago es legal, el acceso al agua sigue siendo considerado un derecho básico y universal.
  • El gobierno de Milei impulsó un fuerte ajuste en AySA, lo que generó un superávit, pero también la paralización de nuevas obras de infraestructura hídrica.

El ajuste que afecta el acceso al agua

A pocos días del inicio del verano, el gobierno de Javier Milei toma decisiones que afectan directamente a las familias más vulnerables. Más de 700 mil hogares en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrentan el riesgo de quedarse sin agua por no poder pagar sus facturas, lo que coincide con un período de altas temperaturas pronosticadas para el país.

La empresa estatal Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), encargada de proveer agua y cloacas en esta región, anunció que cortará el suministro a los usuarios residenciales y no residenciales que tengan deudas por más de dos períodos consecutivos. Las primeras interrupciones de servicio se aplicarán a aquellos que registren las mayores deudas. Desde la empresa, señalaron que «hay gente que no paga desde 2006», y que el corte de agua es una de las formas de reclamar el pago de las deudas acumuladas.

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El impacto de los aumentos en tarifas

El aumento de las tarifas de agua es una de las principales medidas implementadas en el gobierno de Milei. Según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA y el Conicet, los precios de los servicios básicos como agua y cloacas aumentaron un 305% desde el inicio de su gestión. A este incremento hay que sumarle aumentos en otros servicios esenciales como electricidad, gas y transporte público, que también superaron el 500%.

Este aumento de tarifas ha provocado que la porción del salario que las familias deben destinar a servicios públicos se haya disparado, lo que genera un creciente problema para los hogares de bajos ingresos, especialmente aquellos con dificultades para abonar las facturas de servicios básicos. Según los datos, «la canasta de tarifas pasó de costar 28.651 pesos en diciembre a 134.173 pesos», lo que evidencia un aumento desmesurado.

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El marco regulatorio de AySA y las excepciones

Aunque AySA tiene la facultad de cortar el suministro por falta de pago, la ley establece distinciones entre usuarios residenciales y no residenciales. En el caso de los usuarios residenciales, no se puede realizar un corte total del servicio, sino que se pueden aplicar «restricciones», como la instalación de un precinto que limita la presión del agua. En cambio, los usuarios no residenciales, como comercios e industrias, sí pueden sufrir un corte total del servicio.

Sin embargo, la normativa incluye excepciones, y se especifica que no se podrá cortar el servicio a aquellas personas que estén adheridas a un plan de regularización de deuda o tengan tarifa social. Además, el corte de agua no aplicará a instituciones sensibles como hospitales, cárceles o centros de salud.

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Privatización y ajuste en AySA

En paralelo a estos cambios en el acceso al agua, el gobierno de Milei sigue adelante con su política de privatización de empresas públicas, y AySA está en la mira. Aunque la empresa logró superar el déficit operativo, con un superávit proyectado para fin de año de 100 mil millones de pesos, la falta de inversiones y nuevas obras de infraestructura está generando preocupaciones. Desde el inicio de la gestión actual, AySA no ha sumado nuevos hogares a la red de agua y saneamiento, una medida clave para la prevención de enfermedades.

En este contexto, el gobierno dispuso el cierre del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), un organismo encargado de la planificación y ejecución de obras relacionadas con el agua y el saneamiento a nivel nacional. Esta decisión ha reducido aún más las posibilidades de expansión de la red de agua potable en el país.

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Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei

El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.

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175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.

Un consenso al que el país le dio la espalda

La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.

Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.

Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno

Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.

El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.

Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa

La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.

Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.

Un antecedente que pesa

No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.

El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.

Lo que tenés que saber

  • El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
  • La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
  • El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
  • En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
  • El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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