Buenos Aires
Avanza la creación de una empresa estatal de medicamentos en la Provincia
El gobierno bonaerense va en busca de la creación de una nueva empresa pública para la producción y distribución de medicamentos. Este proyecto promete mejorar el acceso a tratamientos y garantizar precios más accesibles.
Lo que tenés que saber:
- El gobierno de la Provincia de Buenos Aires avanza con la creación de una empresa estatal para la producción de medicamentos.
- El proyecto recibió el apoyo exclusivo de los diputados oficialistas, pero fue rechazado por bloques opositores como la UCR, PRO y La Libertad Avanza.
- El objetivo de la nueva empresa será producir y distribuir medicamentos, vacunas y productos médicos, garantizando precios justos para la población.
- La iniciativa ya fue aprobada en un plenario de comisiones y está lista para ser debatida en el recinto de la Cámara de Diputados.
El proyecto de ley: qué implica y cuál es su objetivo
La iniciativa presentada por el Ejecutivo bonaerense busca la creación de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, dedicada a la producción, distribución y comercialización de medicamentos, vacunas y productos médicos. De acuerdo con el texto, esta empresa tendrá como finalidad ofrecer una alternativa que permita asegurar tratamientos accesibles para la población y fomentar la soberanía en materia de salud, todo ello enmarcado en el derecho constitucional a la salud.
Además, el proyecto le otorga a la nueva empresa una serie de facultades, como la posibilidad de firmar contratos con entidades tanto públicas como privadas sin la necesidad de autorización previa del Ejecutivo. De acuerdo con los fundamentos, el propósito de esta medida es frenar los abusos de los laboratorios privados y reducir los precios excesivos de los medicamentos, favoreciendo la disponibilidad de tratamientos más económicos y justos.
Reacciones políticas: apoyo y rechazo
La propuesta generó controversia dentro de la Cámara de Diputados. Los bloques opositores, incluyendo a la UCR, PRO, La Libertad Avanza y los libertarios de Unión Renovación y Fe, rechazaron la iniciativa. Estos sectores critican el tratamiento “a libro cerrado” del proyecto, cuestionando la falta de debate y la falta de detalles sobre los recursos y controles necesarios para garantizar su correcta implementación. Gustavo Cuervo, titular de Unión Renovación y Fe, señaló que el proyecto otorga «amplias atribuciones al Ejecutivo» y subrayó que no se especifican las condiciones de control ni los recursos para su desarrollo.
En contraste, desde el oficialismo defienden la propuesta, argumentando que el proyecto es esencial para mejorar el acceso a la salud en la provincia. Nicolás Kreplak, Ministro de Salud bonaerense, destacó que la creación de esta empresa será clave para garantizar derechos constitucionales y mejorar el sistema sanitario provincial.
La importancia de la empresa estatal para la salud pública
El avance de este proyecto marca un paso importante para la política sanitaria impulsada por el gobierno de Axel Kicillof. La creación de esta empresa estatal tiene el potencial de transformar el acceso a la salud en la provincia de Buenos Aires, al permitir una mayor autonomía en la producción de insumos médicos esenciales. No obstante, aún queda por resolver el debate en el recinto, donde el apoyo de algunos bloques podría resultar determinante para su aprobación definitiva.
Buenos Aires
Ley Ema: qué cambia en las escuelas bonaerenses y por qué Nación sigue sin tratar violencia digital
La Legislatura bonaerense sancionó la Ley Ema, que crea el Programa EMA y obliga a las escuelas públicas y privadas a prevenir y abordar la violencia digital. Santa Fe fue la primera provincia con una ley similar y el proyecto nacional de Mónica Macha no tuvo dictamen en Diputados.
La Legislatura bonaerense sancionó la Ley Ema, que obliga a todas las escuelas de la Provincia, públicas y privadas, a prevenir y actuar ante la violencia digital entre estudiantes. La Cámara de Diputados le dio sanción definitiva el martes 20 de octubre, en su sexta sesión ordinaria del año, al aceptar las modificaciones que había introducido el Senado.
La ley lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años de Longchamps que murió por suicidio el 24 de agosto de 2024, un día después de que un compañero de su escuela difundiera un video íntimo suyo sin su consentimiento. Su madre, Laura Sánchez, impulsó la iniciativa junto a la diputada Mayra Mendoza, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara baja, y a las organizaciones Faro Digital, Ley Olimpia Argentina y Defensoras Digitales. Pasaron dos años y dos meses hasta la sanción.
Qué crea la ley
La norma crea el Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos, llamado Programa EMA, destinado a estudiantes, docentes, personal no docente, equipos directivos y familias de escuelas públicas y privadas. También incorpora la formación en ciudadanía digital a la Ley de Educación provincial 13.688, con contenidos transversales y progresivos sobre consentimiento, privacidad, derechos digitales y uso crítico de la tecnología. El objetivo es garantizar el derecho de los estudiantes bonaerenses a una convivencia digital segura.
El texto define como violencia digital las conductas que, mediante tecnologías, puedan causar daños físicos, psicológicos, económicos, patrimoniales, sexuales o morales a niños, niñas y adolescentes. Entre ellas incluye la obtención o difusión sin consentimiento de material íntimo, incluso el producido o editado con inteligencia artificial, el acoso, las amenazas, la extorsión, el control o espionaje de la actividad virtual, los accesos no autorizados a dispositivos o cuentas y la difusión de datos personales. También contempla los discursos de odio misóginos.
Otro eje es la capacitación del personal del sistema educativo, que será obligatoria y continua para docentes, no docentes, equipos de orientación escolar y directivos, con herramientas para detectar a tiempo situaciones de violencia digital y actuar. La ley prevé además la actualización de los protocolos de intervención y un rol específico para las familias, los centros de estudiantes y los referentes juveniles. El texto definitivo se conocerá con su promulgación y publicación en el Boletín Oficial.
Un recorrido con idas y vueltas
El proyecto de Mendoza obtuvo media sanción en Diputados a fines de agosto. El Senado bonaerense, que preside la vicegobernadora Verónica Magario, lo aprobó el 6 de octubre con modificaciones, luego de unificarlo con un proyecto de la senadora Laura Clark, también de Fuerza Patria. Del texto de Mendoza se tomó el enfoque de convivencia digital segura, la ciudadanía digital, la capacitación y los protocolos; del de Clark, la creación del Programa EMA. Esos cambios obligaron a una nueva votación en Diputados.
Cuando el proyecto obtuvo la media sanción, Mendoza apuntó contra La Libertad Avanza: denunció que sus integrantes en la Comisión de Educación votaron en contra y rechazaron el dictamen necesario para avanzar con la ley. “Es lamentable que algunos contraten granjas de trolls”, dijo la legisladora, en referencia a quienes alimentan la violencia digital. En esa sesión también citó un dato de UNICEF: el 61% de los niños, niñas y adolescentes de América Latina manifestó haber sufrido alguna violencia a partir del uso de pantallas, incluidos los grupos de WhatsApp.
Santa Fe abrió el camino y la ley nacional no avanzó
Buenos Aires llega después de Santa Fe, que el 30 de julio se convirtió en la primera provincia en sancionar una ley específica contra la violencia digital en las escuelas, a partir de un proyecto de la diputada provincial Celia Arena. Esa norma alcanza a todos los establecimientos educativos, estatales y privados, y se elaboró en consonancia con el proyecto nacional de Mónica Macha, hoy senadora bonaerense, junto a Laura Sánchez y organizaciones que publicaron la Guía Ema.
Ese proyecto nacional, que crea un programa nacional de prevención e invita a las provincias a adherir, no había obtenido dictamen en la Cámara de Diputados de la Nación a fines de julio. El marco nacional vigente es la Ley Olimpia (27.736), sancionada en 2023, que incorporó la violencia digital como modalidad de violencia de género. Según las fuentes consultadas, no existe una ley nacional específica para el ámbito escolar.
Del dolor a la política pública
Mendoza celebró la sanción en sus redes con un “¡TENEMOS LEY EMA!” y la definió como el fruto del trabajo de Laura Sánchez, “la mamá de Ema, que convirtió su dolor en lucha”. Sánchez había anticipado semanas atrás, al celebrar la unificación de los proyectos en el Senado, que “seguro a fin de año” tendrían la ley.
La Ley Ema desplaza el eje del problema: la violencia digital deja de ser un asunto que cada familia o cada equipo directivo resuelve como puede y pasa a ser una responsabilidad del sistema educativo. El desafío que queda abierto es la implementación: la ley sirve si llega a cada escuela con capacitación y recursos, algo que recién se verá en la reglamentación.
Lo que tenés que saber:
- Diputados bonaerense sancionó la Ley Ema el martes 20 de octubre, al aceptar los cambios del Senado.
- La ley crea el Programa EMA para escuelas públicas y privadas e incorpora la ciudadanía digital a la Ley de Educación 13.688.
- Incluye como violencia digital la difusión sin consentimiento de material íntimo, también el creado con inteligencia artificial.
- Establece capacitación obligatoria y continua para docentes, no docentes, equipos de orientación y directivos.
- Santa Fe fue la primera provincia en sancionar una ley específica, el 30 de julio.
Si vos o alguien cercano atraviesa una situación de crisis, podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Suicida: la línea 135 es gratuita desde la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y el (011) 5275-1135 funciona desde todo el país.
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