Judiciales ⚖️
La Justicia prohibió a directivos de Vicentin la salida del país y fijó una caución de U$S 10 millones
El juez penal de Rosario, Román Lanzón, rechazó el planteo de prisión preventiva solicitado por el fiscal Miguel Moreno para los ejecutivos de la firma agroexportadora, pero no podrán irse de Argentina.
El juez penal de Rosario, Román Lanzón, rechazó el planteo de prisión preventiva solicitado por el fiscal Miguel Moreno para los ejecutivos de la agroexportadora, pero les prohibió irse de Argentina y fijó una caución para su libertad.
Los 14 directivos de la agroexportadora Vicentin imputados por estafas no podrán salir del país y seis de ellos deberán fijar un seguro de caución por U$S 10 millones para continuar en libertad, resolvió este jueves un juez penal de la ciudad de Rosario.
De esta forma, el juez Román Lanzón rechazó el planteo de prisión preventiva solicitado por el fiscal Miguel Moreno para los ejecutivos Omar Scarel, Roberto Gazze, Alberto Macua, Miguel Vallaza y Javier Gazze, todos de la firma agroexportadora, al tiempo que le fijó una caución de 10U$S millones y el cumplimiento de una serie de medidas de conductas hasta que el caso vaya a juicio, informaron fuentes judiciales.
El fiscal, que el martes acusó a los ejecutivos por balance falso y estafas por unos U$S600 millones, sostuvo tras la audiencia de este jueves en la que se debatieron las medidas cautelares: “Nosotros creíamos que era procedente la prisión preventiva, y ahora vamos a evaluar si apelamos o no”.
Si bien rechazó la prisión solicitada por el fiscal, el juez estableció que los 14 acusados deberán fijar domicilio, y les dictó la prohibición de salir del país y les ordenó entregar a la Fiscalía de sus pasaportes.
Moreno también había solicitada la prisión domiciliaria con tobillera electrónica para Daniel Néstor Buyatti, expresidente del directorio de Vicentin, medida que fue rechazada por el juez.
A la vez, Lanzón dio por formalizada la acusación presentada el martes pasado por el fiscal, que imputó por más de una decena de estafas a quienes fueron miembro del directorio de la cerealera concursada hasta el 15 de octubre del año pasado, cuando renunciaron con el fin de generar “confianza” en los acreedores de la compañía.
En concreto, el fiscal sostuvo que existió “un ardid” por parte de la conducción de la compañía que consistió en introducir información falsa en los balances para mostrar “una aparente sólida situación patrimonial de la empresa Vicentin SAIC, con el fin de ocultar su realidad económica financiera”.
Entre los damnificados por esas presuntas maniobras de estafa hay un grupo de clientes de la agroexportadora que le entregó granos bajo la modalidad de “precio a fijar”, pero que no pudieron cobrarlos por la cesación de pagos de la compañía en diciembre de ese año.
También un pool de bancos internacionales que otorgó préstamos a Vicentin para prefinanciar exportaciones, convencidos de la solidez patrimonial de la firma.
Investigación 🔎
Imputan a un segundo adolescente por el crimen escolar en San Cristóbal
N.C., de 16 años, afronta una acusación inicial por encubrimiento en el asesinato de Ian Cabrera. Sin embargo, los investigadores no descartan una calificación legal más severa ante la sospecha de un rol activo en el ataque y posibles vínculos con agresiones previas en la zona.
San Cristóbal: imputan a un adolescente mientras el Gobierno insiste con su teoría de nicho
★ Este jueves a las 10.00, en la ciudad de Rafaela, comenzó la audiencia de imputación contra N.C., el joven de 16 años detenido en el marco de la causa que investiga el homicidio ocurrido en una escuela de San Cristóbal. A diferencia del primer involucrado, el nuevo acusado es considerado punible por su edad, por lo que la fiscal de Menores, Carina Gerbaldo, procedió a la atribución formal del hecho ante la mirada de la jueza Laura Lencina.
Del encubrimiento a la participación activa
Si bien la detención se produjo bajo la figura de encubrimiento del principal sospechoso, identificado como Gino C., la situación procesal de N.C. podría agravarse en el corto plazo. Según informaron fuentes de la Policía Federal, las pericias recientes sugieren que el joven habría tenido un rol activo durante la ejecución del ataque.
Esta línea de investigación busca determinar si existió una planificación conjunta que trascienda la mera colaboración posterior al crimen. En ese sentido, los investigadores analizan si esta nueva acusación guarda relación directa con el caso de Delfina Pérez, la adolescente que sufrió una brutal agresión por parte de compañeras el pasado 1 de enero en la misma localidad santafesina, marcando un antecedente de violencia escolar que la justicia no había logrado contener.
El sello de las comunidades True Crime
En sintonía con las declaraciones brindadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el ataque en San Cristóbal fue vinculado oficialmente al grupo denominado True Crime Community (TCC). Esta etiqueta, utilizada por la ministra Alejandra Monteoliva para definir a las llamadas culturas subdigitales, pretende encuadrar el asesinato de Ian Cabrera dentro de una red de admiradores de tiroteos masivos y conductas misantrópicas que operan en plataformas digitales.
Desde el oficialismo informaron que, mediante el trabajo de la Policía Federal y el FBI, se identificaron 15 casos similares en los últimos dos años. Sin embargo, este enfoque mediático sobre lo digital parece colisionar con la realidad territorial de San Cristóbal, donde los conflictos escolares y la falta de intervención estatal previa asoman como factores determinantes que la narrativa de la criminalidad de nicho tiende a opacar.
Contexto de una violencia que se expande
La causa judicial ya registra ramificaciones en otras ciudades, lo que confirma que la interacción entre los adolescentes implicados no era un hecho aislado. Mientras se aguarda la resolución de la jueza Lencina sobre la medida cautelar para N.C., el debate político vuelve a centrarse en la baja de la edad de imputabilidad y el monitoreo de redes sociales, dejando en un segundo plano la discusión sobre la soberanía educativa y la protección de los sectores más vulnerables frente a la escalada de violencia institucional y social.
Puntos clave:
- El adolescente N.C. (16) es penalmente punible y enfrenta cargos por el asesinato de Ian Cabrera.
- La fiscalía evalúa agravar la acusación de encubrimiento a una participación más directa en el hecho.
- Se investigan vínculos entre los detenidos y la agresión sufrida por Delfina Pérez en enero.
- El Gobierno nacional vinculó el ataque al grupo digital True Crime Community (TCC).
- La Policía Federal sostiene que el acusado tuvo un rol activo según las nuevas hipótesis aportadas.
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