Judiciales ⚖️
Caso Etchevehere: el juez rechazó el desalojo del campo porque la sucesión “no estaba concluida»
El magistrado Raúl Flores detalló además que «las partes exhibieron una asamblea en la que a la hermana (Dolores) le corresponden 129 hectáreas del campo en donde ahora está instalada».
El magistrado Raúl Flores detalló además que «las partes exhibieron una asamblea en la que a la hermana (Dolores) le corresponden 129 hectáreas del campo en donde ahora está instalada».
El juez Raúl Flores, quien rechazó el viernes pasado el pedido del desalojo del campo familiar que había solicitado el exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere, explicó que tomó la medida “porque la sucesión no está concluida» y porque “las partes exhibieron una asamblea en la que a la hermana le corresponden 129 hectáreas”.
El magistrado, quien estuvo subrogando el juzgado de La Paz hasta este lunes, explicó que “la medida cautelar del desalojo fue rechazada porque incluso la querella presentó una asamblea del año 2018 en la que los hermanos se reparten unos bienes, y le ceden a la hermana (Dolores Etchevehere) 129 hectáreas del campo donde ahora ella está instalada”.
El juez Flores indicó que el propio magistrado a cargo de la sucesión familiar, Martín Furman, “dice que la sucesión no había sido concluida”. “Se había aprobado un inventario parcial de 23 inmuebles y se había acreditado la titularidad de algunos de ellos, pero en el caso de Casa Nueva (el campo en litigio) el título nunca fue presentado por los señores Etchevehere”, afirmó.
Sobre su resolución de rechazar el desalojo, Flores indicó que “lo que yo resolví es una cautelar de desalojo anticipado” y aclaró que “el juez de garantías no produce prueba, resolvemos con pocos elementos”.
En este sentido, consideró que la presencia de Dolores Etchevehere en el campo familiar, denunciada por sus hermanos y su madre, “tiene visos de legalidad”, y por ese motivo rechazó el pedido para que fuera desalojada.

“Si no hubieran presentado el documento de la asamblea societaria, Dolores Etchevehere hubiera sido desalojada. Aquí se actuó con las pruebas que trajeron las partes”, insistió el magistrado.
En otro orden, el juez Flores rechazó que haya dispuesto una medida por la cual le impide expresarse a Luis Miguel Etchevehere a través de los medios de comunicación.
Aclaró que “lo que Dolores Etchevehere solicitó es que se le impidiera al hermano hablar de ella, en el encuadre de extorsión en el contexto de violencia de género”.

El magistrado indicó que para justificar el delito de violencia de género le presentó “una grabación en la que los hermanos le ofrecen (a Dolores) un salvoconducto” para resolver la situación planteada.
Asimismo, explicó que “la ley de Violencia de Género es muy amplia, y si una mujer entiende que es violentada, vulnerada por el hombre, no tiene que traer ninguna prueba”.
Luego de que la familia Etchevehere recusara al juez Flores, ahora el Tribunal de Juicios y Apelaciones de la Justicia entrerriana deberá resolver sobre el pedido de desalojo del campo y sortear la composición del tribunal que deberá abocarse a la causa.
Buenos Aires
Mientras Milei recorta, Morón apuesta por el Estado presente frente a la violencia escolar
El municipio que conduce Lucas Ghi convocó a la Provincia, las fuerzas de seguridad y el sistema de salud para articular respuestas frente a la ola de violencia que sacude las aulas de todo el país.
Morón toma la iniciativa: acción conjunta con la Provincia para blindar las escuelas
★ En un contexto marcado por una preocupante escalada de amenazas y hechos de violencia en escuelas de todo el país, el municipio de Morón tomó la iniciativa y convocó una reunión de trabajo junto a representantes del área de Educación de la Provincia de Buenos Aires, fuerzas de seguridad bonaerenses y distintas áreas del gabinete local, con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención y abordaje en el ámbito escolar.
La jornada, impulsada por el intendente Lucas Ghi, fue encabezada por la inspectora jefa regional Eliana González Di Martino; la inspectora jefa regional de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), Elva Pereira; y la inspectora jefa distrital Natalia Díaz. Del encuentro también participaron el secretario de Seguridad Damián Cardoso, el secretario de Salud Jacobo Netel, el concejal José María Ghi y la subsecretaria de Educación municipal Lorelei Arnaudin, junto a otros miembros del gabinete.
El Estado municipal frente a una crisis que el Gobierno nacional ignora
La reunión se inscribe en un momento de alta tensión en las escuelas argentinas. El tiroteo del 3 de abril en la Escuela Normal Superior N°40 «Mariano Moreno» de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno de 15 años mató a su compañero Ian Cabrera e hirió a otros ocho estudiantes, abrió una crisis que desde entonces se propagó como un reguero de pólvora: en las semanas siguientes, se multiplicaron las amenazas en escuelas de Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, La Pampa y otras provincias.
Frente a ese escenario, el gobierno de Axel Kicillof instruyó a las autoridades escolares bonaerenses para que intervengan ante hechos graves y pidió a estudiantes y docentes que no viralicen los mensajes intimidatorios. La Dirección General de Cultura y Educación provincial reconoció la existencia de una comunidad digital que exalta este tipo de ataques y señaló que el Ministerio de Seguridad la mantiene bajo monitoreo.
En Morón, la respuesta fue dar un paso más: en lugar de limitarse a instrucciones protocolares, el municipio convocó una mesa de articulación interinstitucional con actores concretos, capaz de generar «respuestas rápidas y efectivas ante situaciones de conflicto», según informó el propio municipio.
«Mi Escuela Segura»: convivencia, diálogo y responsabilidad comunitaria
El encuentro se enmarca en la campaña municipal «Mi Escuela Segura», una iniciativa que apunta a generar conciencia sobre la importancia de la convivencia, el diálogo y la responsabilidad en la comunidad educativa, y que busca dotar a docentes, familias y estudiantes de herramientas concretas de intervención ante situaciones de conflicto.
Durante la jornada se compartieron recursos de intervención y se avanzó en la articulación de acciones conjuntas entre el nivel municipal y el provincial. El enfoque adoptado contrasta con las propuestas que circularon desde el Gobierno nacional, que en los últimos años privilegió el recorte presupuestario en áreas de contención escolar por sobre la inversión en equipos de salud mental, orientación y acompañamiento en las aulas.
El gremio docente SUTEBA ya había alertado, en el pico de la crisis posterior al tiroteo de San Cristóbal, que «estos hechos son la expresión de un clima social atravesado por la violencia, el corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades y el debilitamiento de las políticas destinadas a las niñeces y adolescencias». La articulación que pone en marcha Morón responde, al menos en el plano local, exactamente a ese reclamo.
Un municipio que apuesta por el Estado presente
La iniciativa de Morón refuerza una concepción de la gestión pública que privilegia la intervención temprana y el trabajo conjunto sobre la respuesta punitiva. Mientras el debate nacional oscila entre propuestas de mayor seguridad física en los edificios escolares y proyectos que elevan penas para delitos cometidos en instituciones educativas, el municipio del oeste bonaerense elige el camino de la prevención con base comunitaria.
La articulación con la Provincia, la presencia de fuerzas de seguridad con un rol de coordinación y no solo de control, y la incorporación del área de salud como parte de la respuesta dan cuenta de un abordaje integral que reconoce la complejidad del problema.
Puntos clave:
- El municipio de Morón convocó una reunión interinstitucional con la Provincia de Buenos Aires, fuerzas de seguridad y áreas de salud para fortalecer la prevención de la violencia escolar.
- La iniciativa fue impulsada por el intendente Lucas Ghi y se enmarca en la campaña «Mi Escuela Segura».
- El encuentro se produce en un contexto de ola de amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país, tras el trágico caso de San Cristóbal, Santa Fe.
- El gobierno de Kicillof instruyó a autoridades bonaerenses para actuar ante hechos graves y monitorear comunidades digitales que exaltan este tipo de ataques.
- El SUTEBA denunció que la violencia escolar es consecuencia del «corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades» en materia de niñeces y adolescencias.
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