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Enrique Aybar fue condenado a seis años de prisión por abuso a una adolescente

El intendente reelecto de Juntos por el Cambio en Puera de Corral Quemado, Provincia de Catamarca fue juzgado en un debate por videoconferencia que culminó con su culpabilidad.

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La justicia de Catamarca condenó este viernes a seis años de prisión efectiva al intendente de la localidad catamarqueña de Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar, por el delito de abuso sexual a una adolescente en 2013, informaron fuentes judiciales.

Luego de tres días de debate realizados por videoconferencia, el veredicto fue dado a conocer este viernes al mediodía por el presidente del tribunal de la Cámara Penal de Tercera Nominación, Jorge Rolando Palacios, quien condenó a Aybar, reelecto en 2019 por el frente Juntos por el Cambio, a la pena de seis años por el delito de “abuso sexual simple agravado por la guarda”. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 2 de septiembre.

«hoy se demostró que Aybar es un manipulador y un pedófilo. En Catamarca tenemos buena justicia y agradezco porque se hizo justicia”, dijo la madre de la menor víctima.

El fallo coincidió con la pena solicitada por el representante del Ministerio Público Fiscal, Miguel Mauvecin, mientras el abogado querellante había solicitado al tribunal diez años de prisión efectiva para Aybar.

«La pena se efectivizará una vez que se encuentre firme la presente sentencia”, indicó el presidente del Tribunal, por lo que Aybar quedará libre, aunque «no podrá ausentarse del ámbito provincial sin autorización judicial y deberá abstenerse de tener cualquier tipo de contacto personal con la víctima y su grupo familiar”.

La victima escuchó el veredicto acompañada de su familia desde el estudio jurídico de su abogado, Sebastián Ibáñez. “Estoy conforme, se hizo justicia. Hace 8 años que viene sufriendo mi hija, pero gracias a Dios se hizo justicia», dijo a la prensa su madre tras conocerse la condena.

“Fue un fallo justo y si bien ellos recurrirán en Casación, nosotros también responderemos eventualmente”, resaltó sebastian Ibañez, letrado de la querella.

“Un fallo justo, es lo que había pedido el fiscal, nosotros pedimos diez años porque consideramos que es un delito gravemente ultrajante, pero igual es una pena que se condice con la gravedad del hecho cometido por Aybar y con el abuso que hizo del poder institucional del municipio”, aseguró el letrado. Además, adelantó que “si bien ellos recurrirán el fallo en Casación, nosotros también responderemos eventualmente”.

Según se pudo constatar durante el debate, el hecho por el que fue condenado ocurrió en abril de 2013, cuando Aybar viajó a la capital provincial en una camioneta del municipio de Puerta de Corral Quemado con una adolescente de 15 años y su madre, con la promesa de gestionar una beca para la joven. Mediante una serie de engaños, el intendente logró quedar solo con la adolescente, a quien llevó a un motel de la zona sur de la ciudad, donde abusó de ella.

Aybar, que fue reelecto intendente de Puerta de Corral Quemado por el frente Juntos por el Cambio en los comicios del 27 de octubre de 2019, debía comenzar a ser juzgado el 23 de junio pasado por la Cámara Penal 3, pero un planteo de nulidad de su defensa logró postergar el inicio de las audiencias.

El juicio ya había sido suspendido en otras dos oportunidades, una en octubre de 2018 porque el imputado no pudo ser notificado y otra en 2019 por acción de sus abogados, que lograron postergar el debate por la inminencia de las elecciones donde sorpresivamente, y evidenciando la política patriarcal del lugar ganó nuevamente la intendencia.

Durante los alegatos frente a la Cámara Penal de Tercera Nominación, militantes de la Asamblea “Ni Una Menos» de Mujeres y Disidencias de Catamarca, que llegaron para acompañar a víctima, se enfrentaron con cánticos a ciudadanos de la localidad de Puerta de Corral Quemado que respaldaban a Aybar.

Femicidio

Femicidio en Junín: la autopsia reveló que Mercedes Errapán estaba embarazada

La necropsia preliminar confirmó que la víctima cursaba un embarazo de entre 22 y 24 semanas al momento de ser asesinada. El acusado, Sebastián Bonafé, tenía antecedentes por violencia de género y enfrentaba una denuncia por grooming que ella misma había presentado días antes del crimen.

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Tres denuncias, un allanamiento sin resultados y un femicidio cinco días después: el sistema que no protegió a Mercedes Errapán.

La autopsia preliminar de Mercedes Errapán, la mujer de 32 años asesinada el miércoles 8 de julio en su domicilio de la calle Iberlucea en Junín, reveló que cursaba un embarazo de entre 22 y 24 semanas de gestación al momento del crimen.

El informe forense descartó además la hipótesis inicial de que la víctima había recibido un disparo: murió por múltiples heridas de arma blanca y un golpe contundente en la cabeza, compatible con un hacha. Sebastián Daniel Bonafé, de 36 años, imputado por el femicidio y el rapto de la hija de siete años de Errapán, deberá prestar declaración indagatoria este viernes ante la fiscal Fernanda Sánchez, titular de la UFI N°1 del Departamento Judicial Junín.

Un crimen planificado con semanas de anticipación

La reconstrucción de los hechos que realizaron los investigadores revela la premeditación del ataque con un nivel de detalle que conmueve. Las cámaras de seguridad del barrio registraron a Bonafé saltando el paredón de la vivienda de Errapán a las 5:11 de la mañana del miércoles, apenas cuatro minutos después de que Jonathan Videla, la pareja de la víctima, saliera hacia su trabajo. El acusado permaneció en el interior del inmueble por más de dos horas. A las 7:57 volvió a aparecer en las cámaras, esta vez caminando junto a la niña de siete años, ahijada suya, a quien tomó por la fuerza y utilizó como rehén durante su fuga.

Durante el allanamiento practicado en el domicilio de Bonafé, en la calle Almafuerte al 1400, los investigadores secuestraron cuatro cartas manuscritas dirigidas a su madre que exponen con crudeza la planificación del femicidio. En una de ellas, el acusado escribió con todas las letras: «Mi plan es matar a Mechi y a Jona e irme de Junín», en referencia a Mercedes Errapán y a su pareja. Los manuscritos muestran que Bonafé modificó en varias oportunidades la fecha prevista para el ataque, estudió el recorrido de escape con el celular de su abuela y hasta anticipó que, si la Policía lo encontraba, podía matar a la niña. «Espero que leas esto antes que la Policía. Quémalo, porfa», escribió al final de una de las cartas.

Los manuscritos también contienen una referencia directa a la denuncia que Errapán había presentado semanas antes, acusando a Bonafé de haberla filmado mientras se bañaba. «Te juro que jamás filmé a la nena y siempre la respeté como si fuera mi hija», escribió el imputado, aunque a renglón seguido admitió que seguiría adelante con el crimen: «Hoy me estoy equivocando en hacer esto, pero me cansé.»

La autopsia: violencia extrema y un dato que nadie esperaba

El vocero de la investigación, el fiscal Martín Laius, confirmó ante TeleJunín los resultados del informe forense preliminar. La autopsia determinó que Errapán sufrió al menos 12 heridas cortopunzantes, un fuerte golpe en la cabeza y múltiples fracturas. Los peritos concluyeron que las lesiones fueron provocadas con un arma blanca y con un objeto contundente compatible con un hacha. Estas conclusiones contradijeron las primeras versiones del hallazgo, que apuntaban a un disparo como causa de muerte.

El dato que paralizó a la opinión pública fue el del embarazo: al momento del crimen, Mercedes Errapán cursaba entre 22 y 24 semanas de gestación, aproximadamente cinco meses y medio. La información no era conocida hasta que el informe forense la estableció. Laius indicó que restan conocerse los resultados de otros análisis, que permitirán completar el cuadro probatorio.

Frente a la magnitud del caso, la fiscalía analiza incorporar nuevas calificaciones legales a la imputación. Entre ellas figura el agravante de ensañamiento por la violencia ejercida contra la víctima; la tentativa de homicidio en perjuicio de la niña, a quien Bonafé amenazó con matar apoyándole un cuchillo en el cuello cuando fue rodeado por efectivos policiales en un cañaveral de Pergamino; y el delito de resistencia a la autoridad. La causa está actualmente caratulada como femicidio seguido de rapto.

Tres denuncias previas, una investigación por grooming y un sistema que no protegió

El perfil judicial de Bonafé era conocido antes del femicidio. El acusado registraba tres denuncias previas por violencia familiar y de género, y además estaba siendo investigado por grooming, tipificado en el artículo 131 del Código Penal, luego de que Errapán lo denunciara formalmente el viernes 3 de julio por haber ingresado al baño de la vivienda y filmarla con el teléfono mientras su hija se higienizaba. Ese mismo día, personal de la Policía Federal practicó un allanamiento en el domicilio del imputado que no arrojó resultados.

El crimen tuvo lugar apenas cinco días después de aquella denuncia. La secuencia pone sobre la mesa una pregunta que la sociedad argentina viene formulando desde hace años: cuántas alertas deben acumularse antes de que el sistema de protección funcione de manera efectiva. Bonafé era padrino de la hija de la víctima, tenía acceso habitual al entorno familiar y, a pesar de sus antecedentes y de la denuncia reciente, no fue privado de la libertad.

La fuga, el rescate y la indagatoria

Tras el crimen, Bonafé huyó en una motocicleta Honda Titán 150 cc por la Ruta Nacional 188. A la altura de la localidad de Obligado, partido de Rojas, fue captado por cámaras con la niña. Luego abandonó la moto e hizo dedo junto a la menor. Un docente que circulaba por la zona los trasladó hasta el centro de Pergamino. Allí, un operativo de la DDI local los rodeó en la intersección de Alsina y Becerra. Al advertir la presencia policial, Bonafé se internó con la niña en un cañaveral y le apoyó un cuchillo en el cuello mientras amenazaba con matarla. Tras varios minutos de negociación, los efectivos lograron reducirlo y la menor fue rescatada sin lesiones.

La investigación quedó desde el inicio bajo la órbita de la UFI N°1 del Departamento Judicial Junín, a cargo de la fiscal subrogante María Fernanda Sánchez, con la colaboración del fiscal Martín Laius de la UFI N°8. El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires activó el protocolo Alerta Sofía para dar con el paradero de la menor. La hija de Mercedes Errapán permanece bajo asistencia y contención de equipos especializados.

Este viernes, Bonafé prestará declaración indagatoria ante la Justicia. La causa avanza con el peritaje de su teléfono celular y la autenticación forense de las cartas manuscritas secuestradas en su domicilio.

Puntos clave

  • La autopsia reveló que Mercedes Errapán cursaba entre 22 y 24 semanas de embarazo al momento del femicidio.
  • El informe forense descartó el disparo como causa de muerte: la víctima sufrió al menos 12 heridas de arma blanca, fracturas y un golpe contundente en la cabeza.
  • Bonafé tenía tres denuncias previas por violencia y estaba investigado por grooming, con un allanamiento sin resultados realizado apenas cinco días antes del crimen.
  • En las cartas secuestradas en su domicilio, el acusado describió el plan del femicidio, modificó la fecha en varias oportunidades y anticipó que podía matar a la niña si era interceptado.
  • La fiscalía evalúa agravar la imputación con ensañamiento, tentativa de homicidio de la menor y resistencia a la autoridad. La indagatoria de Bonafé está prevista para este viernes.
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