Judiciales ⚖️
Dos abogados tucumanos en la mira por apropiarse de la indemnización de una víctima de abuso sexual
La Justicia de Tucumán investiga a Alfredo y Silvia Aydar por presunta estafa, retención indebida y administración fraudulenta agravada contra una joven de 21 años, madre de un bebé de dos meses, a quien representaban en una causa por abuso sexual. El principal imputado arrastra además una causa federal en Catamarca pendiente de resolución desde 2023.
Tucumán: dos abogados acusados de estafar a una joven víctima de abuso sexual
★ Una grave denuncia penal sacude al ámbito judicial del noroeste argentino. Los abogados Alfredo Aydar y Silvia Aydar fueron acusados formalmente de haberse apropiado de la reparación económica obtenida por una joven de 21 años, víctima de abuso sexual, a quien representaban legalmente. El expediente, caratulado «Aydar Alfredo y otro s/ estafa, retención indebida y administración fraudulenta agravada» (Legajo N° S-043913/2026), tramita ante la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos N° 4 de Tucumán, bajo la conducción del fiscal Carlos Saltor. La identidad de la denunciante permanece bajo estricta reserva judicial para resguardar su integridad y evitar su revictimización.
La causa registra intensa actividad investigativa en los últimos días y derivó en allanamientos simultáneos en el estudio jurídico y en el domicilio particular de los imputados.
La camioneta, la venta y el inicio de la trama
De acuerdo con la presentación judicial, la joven obtuvo una reparación integral del daño en el marco de la causa penal «Coronel José Luis s/ abuso sexual». Ese acuerdo incluyó la entrega de una camioneta Ford Ranger 4×4 modelo 2023, valuada en aproximadamente 50 millones de pesos. El vehículo fue luego vendido por unos 33,5 millones de pesos a Gastón Gatti, allegado y amigo del abogado Alfredo Aydar. Según la denuncia ratificada ante la Fiscalía, fue en ese momento cuando comenzó la presunta maniobra de los profesionales para apropiarse del dinero de su propia clienta.
La Justicia dispuso que la causa se tramite bajo una estricta perspectiva de género, ante la profunda asimetría de poder verificada entre las partes. La joven tiene 21 años, carece de conocimientos jurídicos, se encuentra desempleada y sin ingresos estables. Atravesó su embarazo durante gran parte de los hechos investigados y actualmente es madre de un bebé de dos meses.
Manipulación psicológica y fondos sin rastro
La investigación sostiene que, tras la venta del vehículo, los fondos quedaron bajo control de los letrados. Según el relato de la joven, Alfredo Aydar le habría desaconsejado depositar el dinero en entidades bancarias, apelando al temor a un posible retorno del «corralito» y a supuestos riesgos de seguridad vinculados a su lugar de residencia. La acusación describe en ese marco un ardid de manipulación psicológica mediante el cual la joven habría cedido el control total de su patrimonio a los abogados.
La causa incorporó audios y conversaciones de WhatsApp en los que Aydar habría reconocido haber destinado ese dinero a supuestos préstamos a terceros en la provincia de Santiago del Estero, prometiendo un interés mensual del 2,5%. Sin embargo, una auditoría preliminar encendió las alarmas de los investigadores: no existen contratos, ni garantías, ni identificación de los tomadores, ni domicilios de referencia, y tampoco consta ninguna autorización escrita de la víctima para realizar esas operaciones. Esta irregularidad abrió una línea de análisis por posible intermediación financiera no autorizada, que podría derivar en una investigación paralela en el fuero federal por tratarse de operaciones presuntamente realizadas sin aval del Banco Central de la República Argentina.
A eso se suma la cuestionada retención de sumas bajo concepto de honorarios profesionales. Según la denunciante, los abogados justificaron esos cobros en la supuesta presentación de más de 100 escritos judiciales, sin que mediara convenio firmado ni rendición de cuentas alguna. La Fiscalía investiga si esa cifra es verídica: las únicas causas en las que el estudio Aydar representaba a la joven eran dos, una federal por contagio de una enfermedad de transmisión sexual derivada del abuso y una provincial por amenazas. Los investigadores sospechan que los descuentos bajo ese concepto constituyeron en realidad una pantalla para absorber de manera ilícita la indemnización.
Allanamientos y el hallazgo de un arma
A partir de la denuncia, la Justicia ordenó allanamientos simultáneos en el estudio jurídico de los imputados y en el domicilio particular de Alfredo Aydar. En los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, documentación contable y una pistola Glock calibre .40 con municiones. Los dispositivos electrónicos serán sometidos a pericias informáticas para reconstruir el destino de los fondos denunciados. La Fiscalía dispuso además medidas de protección para la víctima y su entorno ante el riesgo de represalias.
Los imputados rechazaron las acusaciones y sostuvieron ante medios locales que la denuncia responde a motivaciones ajenas al expediente.
Un patrón preocupante: mujeres como denominador común
El caso adquiere mayor densidad al cruzarlo con el historial judicial de Alfredo Aydar. El abogado cobró notoriedad nacional al constituirse como principal querellante en la megacausa «Adhemar Bacchiani s/ estafa», vinculada a un masivo esquema Ponzi con criptomonedas que involucra a miles de damnificados. Sin embargo, distintos medios de la región dan cuenta de serios cuestionamientos a su actuación en ese expediente, incluidas tensiones con otros actores judiciales y acusaciones de connivencia con figuras del entorno de Bacchiani.
En el Juzgado Federal de Catamarca, a cargo del juez Miguel Ángel Contreras, tramita desde hace más de tres años una causa en la que Aydar está imputado por prevaricato y amenazas. La denuncia la formuló Aldana Donato, ex gerenta de la sucursal Córdoba de «Adhemar Capital», quien aseguró haber contratado al abogado como damnificada por las criptoestafas y haberle proporcionado pruebas clave sobre otros integrantes de la estructura de Bacchiani, elementos que Aydar nunca presentó en la causa. El fiscal federal Santos Reynoso solicitó su procesamiento en agosto de 2023 por «prevaricato en concurso ideal con encubrimiento, en concurso real con amenazas», pero el expediente lleva meses sin definiciones sobre su situación procesal.
Publicaciones especializadas en el seguimiento de ambos expedientes señalaron que los dos casos comparten un denominador común: en ambos, Alfredo Aydar habría actuado en perjuicio de mujeres que lo contrataron como su abogado.
Puntos clave
- La Justicia de Tucumán investiga a los abogados Alfredo y Silvia Aydar por presunta estafa, retención indebida y administración fraudulenta agravada contra una joven de 21 años, víctima de abuso sexual, cuya identidad permanece bajo reserva judicial.
- La indemnización obtenida por la joven incluyó una camioneta Ford Ranger valuada en 50 millones de pesos, luego vendida por 33,5 millones a un allegado del principal imputado.
- En los allanamientos se secuestraron equipos electrónicos, documentación y una pistola Glock calibre .40 con municiones.
- Una auditoría preliminar reveló que los fondos habrían sido destinados a préstamos informales en Santiago del Estero sin contratos, garantías ni autorización escrita de la víctima.
- Alfredo Aydar enfrenta además una causa federal en Catamarca por prevaricato y amenazas, vinculada a la megacausa Bacchiani, pendiente de resolución desde agosto de 2023.
Judiciales ⚖️
Urribarri irá a prisión tras quedar firme su condena por corrupción
La Corte Suprema rechazó el último recurso y habilitó el cumplimiento efectivo de la pena. También quedaron detenidos Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez, mientras la Justicia rechazó el pedido de arresto domiciliario.
La Justicia de Entre Ríos ordenó la detención inmediata de Sergio Urribarri, quien fue trasladado desde su domicilio en Concordia hacia la Unidad Penal N°1 de Paraná para comenzar a cumplir una pena de ocho años por delitos de corrupción. La medida también alcanzó a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador, y a Pedro Báez, exministro de Comunicación, según informaron fuentes judiciales.
El traslado de Urribarri se realizó durante la noche. Entre Concordia y Paraná hay unos 280 kilómetros, un recorrido de cerca de cuatro horas, por lo que el ingreso a la unidad penitenciaria se concretó durante la madrugada. La orden fue emitida después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el último recurso pendiente y dejara firme la sentencia.
La condena que llegó hasta la Corte Suprema
El Tribunal de Juicio dispuso que los tres condenados comenzaran a cumplir sus penas en la cárcel de Paraná. La resolución se apoyó en la firmeza de la condena por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado, luego de que el máximo tribunal rechazara la vía recursiva que todavía mantenía suspendida la ejecución efectiva.
Urribarri, de 67 años, fue condenado en 2022 por un esquema de desvío de fondos públicos hacia empresas vinculadas a su cuñado. La maniobra se instrumentó mediante contratos de publicidad oficial simulados entre 2010 y 2015. La causa acreditó 143 operaciones irregulares y un perjuicio económico superior a 12 millones de pesos para la provincia.
El pedido de prisión domiciliaria fue rechazado
La defensa del exgobernador intentó frenar el ingreso a prisión con un pedido de arresto domiciliario. Para sostenerlo, alegó un cuadro de salud mental y físico que incluía trastorno de estrés postraumático, hipertensión y problemas cardíacos.
El tribunal rechazó el planteo porque consideró que no se acreditaron razones suficientes para suspender la ejecución de la pena ni para conceder el beneficio. Con esa decisión, la Justicia descartó la salida domiciliaria y ordenó que la condena se cumpliera en una unidad penitenciaria.
Una causa de corrupción pública con sentencia efectiva
La detención marcó el cierre de un recorrido procesal que comenzó con la investigación sobre el uso de recursos estatales para contratos de publicidad oficial que, según la sentencia, fueron simulados. La firmeza del fallo convirtió la condena en una pena de cumplimiento efectivo y dejó sin margen la estrategia defensiva basada en la espera de nuevas revisiones judiciales.
El caso expuso el costo de utilizar la estructura del Estado para beneficiar intereses vinculados al poder político. La llegada de Urribarri a una cárcel provincial, junto con Aguilera y Báez, representó una definición contundente: una condena por corrupción pública no quedó reducida a un expediente ni a una disputa de recursos, sino que comenzó a ejecutarse.
Puntos clave
- La Justicia de Entre Ríos ordenó la detención inmediata de Sergio Urribarri.
- La Corte Suprema rechazó el último recurso y dejó firme la condena de ocho años.
- También fueron detenidos Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez.
- La sentencia acreditó 143 operaciones irregulares entre 2010 y 2015.
- El tribunal rechazó el pedido de arresto domiciliario por motivos de salud.
-
Industria5 díasCoca-Cola cerró su histórica planta de Ventura tras 114 años y reubicará a 78 de sus 85 trabajadores
-
Actualidad4 díasEl acuerdo Tini-Stoessel y la disputa por las cuentas corporativas
-
Geopolítica 🌎2 díasChina convocó al embajador argentino en Beijing por los dichos de Juan Doe sobre la catástrofe en Nepal
-
Economía 💲6 díasMichel sostuvo que el superávit de Milei “es artificial” y que la “economía real” está en caída libre
-
Economía 💲5 díasEl 95,3% de los depósitos de Caputo está en el exterior: US$ 13 millones y un patrimonio que creció 62% en un año
-
Fórmula 12 díasColapinto regresa al Templo de la Velocidad, donde nació su historia en la F1
-
Gremiales3 díasEl Gobierno fijó el salario mínimo por decreto: subirá escalonado de $383.800 a $437.000 hasta abril de 2027
-
Economía 💲2 díasEscandalosa privatización de Transener: los compradores ya cobraron US$44 M en dividendos generados bajo control estatal
