La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina y la diputada nacional Mónica Macha junto con organizaciones feministas, acompañaron este miércoles a Y.C., en la última audiencia del juicio al hombre acusado de abuso sexual agravado contra su hija cuando era menor de edad y, junto con ella, agradecieron el trabajo colectivo del feminismo, exigieron que se elimine la revinculación forzada con progenitores y se defina la imprescriptibilidad de los delitos sexuales.

La lluvia de las 11 de la mañana de hoy no fue impedimento para que se congregaran múltiples organizaciones feministas y de la política tradicional y conformaran un panel para apoyar a la niña frente a la sede del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 15 de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en Lavalle 1171.

Junto con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, la diputada nacional Mónica Macha, la secretaria de la Secretaría de Género de La Matanza, Liliana Hendel, y María Elena Naddeo, directora general de Niñez Adolescencia Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo porteña, Y.C. agradeció el apoyo de sus compañeras y agrupaciones feministas de las que forma parte, y remarcó las herramientas y logros construidos.

«Hay dos ejemplos que para mí fueron claves en relación a las conquistas feministas. Hoy estamos acá para conseguir la condena del abusador de la niña, pero hubo muchas otras que lucharon mucho tiempo antes, que consiguieron cosas que hoy se expresaron en este juicio«, dijo la madre de L. por quien se desarrolló el juicio que ya lleva casi 12 años.

Y continuó: «Cuando mi hija tenía 7 años, hubo una psicóloga que la atendió, que no vio demasiado y le tocó declarar en este juicio. Y lo que en ese momento vio como conflicto familiar, hoy lo entendió como violencia de género. Lo que en ese momento vio como cuestiones por resolver, hoy entendió que eran indicadores de abuso sexual, compañeras».

«No se trató solamente de la honestidad individual que, por supuesto, la tuvo. Hubo un proceso que nosotras construimos hace años en la calle, le dimos sentido no solamente ideológico, sino también a lo técnico, a los profesionales«, apuntó.

Otro de los tantos ejemplos que resaltó Y.C. fue la posición del fiscal del juicio de su hija, quien solicitó 15 años de prisión para el acusado.

La mujer mencionó que el fiscal tuvo en cuenta la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de Belém do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer) «para expresarse en relación a la violencia de género que estaba expresando la defensa del abusador en mi contra«.

En referencia a la última audiencia del juicio que afronta hoy, en los alegatos de la defensa, Y.C. volvió a resaltar que el planteo de la defensa «es que todo lo que declaró la niña es un recuerdo implantado por mí, por algún tipo de intención que centralmente se basa en que sea feminista, sostenido sobre el argumento del falso síndrome de alienación parental (SAP), que es lo que utilizan para defender a los abusadores en todas las defensas».

Mientras se espera que la Justicia dicte sentencia contra el acusado a mediados del próximo mes de noviembre, la mujer recordó que «hay muchas pruebas, no solo por el relato contundente de L., sino también por los testigos, hay tres víctimas más que también declararon, las psicólogas y peritos. Pretendo que la condena sea efectiva a partir del momento de la sentencia», afirmó.

La diputada Macha respaldó el valor de la construcción colectiva del feminismo y transfeminismo en las calles, y apuntó a cuestiones estructurales «del sistema judicial patriarcal» que se recuerda sistemáticamente que deben modificarse.

«Estar acompañando a Y.C., y a L., a todas las compañeras. Los desafíos del feminismo y del transfeminismo popular, multinacional, tienen que ver con estas instancias, con ir construyendo de modo colectivo y también incluir la situación de las maternidades», apuntó Macha.

Y desde su lugar de diputada nacional, mencionó la construcción de la Mesa Nacional contra los abusos en infancias y adolescencias «como un espacio también de articulación política de las organizaciones en el contexto del Congreso Nacional y, como decía Y.C., también con una perspectiva federal».

«También hay que lograr la derogación de la ley de impedimento de contacto, 24.270, de 1993 hecha en una Cámara que todavía no tenía cupo de género y lo único que hace es criminalizar a las madres protectoras», agregó.

Remarcó, a su vez, la necesidad de lograr «la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, del abuso sexual en infancias y adolescencias, porque cuando hablamos de violencia sexual, cada persona tiene un tiempo subjetivo para poder denunciar lo que le pasó».

En tanto, María Elena Naddeo, titular de Niñez Adolescencia Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo, agradeció estar presente junto a los colectivos y el trabajo de Macha.

«Ser parte de este torrente militante es un honor, un orgullo, y vamos por justicia para L. y para todas las niñas y niños y niñas afectados por la violencia y por los abusos sexuales» dijo.

Al imputado se lo acusa por el delito de abuso sexual de su hija y está agravado por tratarse de su progenitor, por ser la víctima menor de edad al momento de los hechos, «aprovechándose de la situación de convivencia preexistente», y porque el delito fue realizado de forma reiterada según consta en el requerimiento de elevación a juicio.

Además, la parte denunciante pide que se trate el delito de «corrupción de menores».La madre de la niña detectó signos de una posible situación de abuso hacia su hija de parte de su progenitor -de quien estaba separada hacía ocho años- cuando la nena tenía 9, lo que fue confirmado por una terapeuta, por lo que radicó la denuncia penal en abril de 2012.