Judiciales ⚖️
Justicia patriarcal: no avanzan en denuncias a magistrados por fallos misóginos
La información la confirmó la abogada Soledad Deza, presidenta de la organización MujeresxMujeres (MxM) de Tucumán, una de las impulsoras de la denuncia.
El consejero y diputado nacional (PRO) Pablo Tonelli convocó a reunión de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura para el jueves 8 de septiembre, por lo que no se concretará la reunión prevista para mañana, en la que no incluyó en los puntos a tratar el proyecto de acusación que realizó la consejera Vanesa Siley contra los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, por ejercer violencia de género en sus fallos.
La información la confirmó la abogada Soledad Deza, presidenta de la organización MujeresxMujeres (MxM) de Tucumán, una de las impulsoras de la denuncia.
Deza también contó que hoy presentaron una nota «a cada una de las consejeras para pedirles que impulsen el trámite porque consideramos que se está utilizando el status quo burocrático y los impedimentos predispuestos por Tonelli para detener la investigación y permitirles a los denunciados que continúen con el comportamiento misógino y sexista que denunciamos».
En junio último, MujeresxMujeres hizo una nueva denuncia contra los jueces Anzoátegui y Rizzi, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de la Ciudad de Buenos Aires, que se sumó al expediente N° 138/20 que tramita en el Consejo de la Magistratura.
La denuncia fue por un fallo del pasado 10 de mayo, donde los jueces condenaron a un hombre por asesinar a su pareja en febrero del 2021 y por el intento de asesinar a otra mujer.
El cuestionamiento surgió a raíz de los fundamentos del fallo, donde los jueces descartaron la aplicación de la figura de femicidio pedida por la fiscalía y se refirieron al término violencia de género como «inasible» y «oscuro», entre otras consideraciones, donde repiten su ideología, ya cuestionada y denunciada ante el Consejo.
El origen de la denuncia que inició el expediente en el Consejo de la Magistratura, se originó por un fallo de septiembre de 2020.
Fue cuando los jueces consideraron, en una causa que tenía como imputado a un hombre de 30 años por las violaciones reiteradas contra su hermanastra durante casi 10 años, que efectores de salud que practicaron la interrupción legal del embarazo producto de los abusos eran «sicarios» y «asesinos a sueldo».
Y calificaron a la interrupción legal del embarazo como «método de tortura de la mafia» y «rituales de las tribus antropófagas».
Además, llamaron «manual de salvajadas inhumanas» al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, del Ministerio de Salud de la Nación.
Y en la propia sentencia, los jueces decidieron formular una denuncia penal contra médicos y defensores para que se investigue su conducta.
Entonces, la defensora general Stella Maris Martínez pidió que se les inicié un proceso en el Consejo, y lo mismo hicieron desde la Fundación MxM , junto a la abogada porteña Julieta Arosteguy.
A esto se sumó que el año pasado, en un juicio penal donde Luz Aimee Díaz, mujer trans y trabajadora sexual había sido imputada, la nombraron como «el acusado» o «el imputado con tendencias homosexuales», desconociendo el derecho a la identidad autopercibida reconocido en la Ley 26.743.
El 16 de julio de este año, el Consejo de la Magistratura decidió que la denuncia pase a la Comisión de Acusación, en base a la acusación que, con estos antecedentes y denuncias, presentó la consejera y diputada nacional (FdT), Vanesa Siley
«Tonelli, unilateralmente, decidió devolver el expediente a la Comisión de Disciplina, demostrando una clara intensión de obstaculizar el proceso acusatorio», resaltó Deza.
Y aseveró que «no investigar es una forma de tolerar la violencia institucional de la falta de perspectiva de género de estos magistrados».
MxM envió una nota a las consejeras Vanesa Siley , Graciela Camaño, Roxana Reyes, María Fernanda Vázquez y Jimena De la Torre, pidiendo que impulsen la acusación.
«La postergación exige que lo vuelvan a poner en agenda, lo que es una asimetría de poder, no solo por poner en la espalda de las organizaciones el escrutinio de los jueces, sino además por el impulso del trámite dentro del mismo mecanismos institucional», señaló la abogada.
Denuncia
Oro del BCRA: piden allanar el Banco Central y apuntan al Deutsche Bank
El abogado Gregorio Dalbón amplió la denuncia contra Luis Caputo y Santiago Bausili y pidió secuestrar los servidores y correos del BCRA para rastrear sus comunicaciones con el Deutsche Bank, posible contraparte de las operaciones que, según la AGN, dejaron pérdidas por US$ 1.023 millones. El BCRA sostiene que hubo ganancia neta.
El pedido más drástico hasta ahora en la causa por el oro de las reservas apunta al corazón del Banco Central: que la Justicia allane la entidad y secuestre sus servidores y casillas de correo institucional.
El abogado Gregorio Dalbón amplió su denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, por las operaciones con las reservas de oro. La nueva presentación se hizo luego de que se reveló que el Deutsche Bank, entidad en la que trabajaron ambos funcionarios, habría participado como contraparte en las operaciones que, según la Auditoría General de la Nación (AGN), dejaron pérdidas de US$ 1.023 millones al Banco Central. La investigación está en manos del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
Qué pidió Dalbón
El abogado solicitó que se secuestren los servidores y las casillas de correo institucional del BCRA para determinar las comunicaciones con el Deutsche Bank. El pedido alcanza también a las casillas de la presidencia y del Directorio, y a los registros de acceso y modificación vinculados con esa documentación.
En el escrito, Dalbón sostuvo que “la prueba esencial de esta causa es documental y electrónica” y que está en poder de un organismo cuyas máximas autoridades son los denunciados. Entre esos elementos mencionó los contratos y confirmaciones, las actas, los informes de riesgo y las comunicaciones con las contrapartes. Los denunciados son, a la vez, los máximos responsables del organismo que guarda la prueba.
El Deutsche Bank, en la mira
La presentación busca establecer cómo se seleccionó a la contraparte, cuál fue el costo total de las operaciones y “si alguien percibió una ventaja indebida”. Para eso, Dalbón pidió que el BCRA informe el procedimiento y los motivos de selección de cada contraparte, con las invitaciones, cotizaciones y ofertas recibidas; la metodología de estructuración y valuación de las operaciones; el costo total, que incluye comisiones, honorarios, márgenes, diferenciales y primas, y a quién se abonó cada concepto; las garantías y márgenes constituidos; y si intervino otra entidad, asesor o intermediario, y en qué carácter.
Al Deutsche Bank le requirió que informe si celebró operaciones con el BCRA durante 2024 y 2025 y que remita los contratos y confirmaciones, el detalle de comisiones, honorarios o márgenes percibidos y las garantías constituidas. También pidió saber si el banco abonó a su vez comisiones, retrocesiones o cualquier pago a terceros por esas operaciones, con identificación de los beneficiarios. Que el banco donde trabajaron Caputo y Bausili aparezca como posible contraparte abre un interrogante que la Justicia deberá despejar.
Una ampliación que suma funcionarios
Dalbón también extendió la denuncia a Nicolás Ferro, subsuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y miembro del Directorio del BCRA. Anteriormente, el abogado había solicitado la detención de Caputo, de Bausili y del director del Banco Central Juan Curutchet, por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La causa reúne además la denuncia que en agosto presentó la diputada Marcela Pagano, quien cuestionó que casi $4 billones de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable, y la ampliación de los senadores peronistas Martín Soria, Juliana Di Tullio y Florencia López.
La defensa oficial y el cruce con la AGN
La AGN aprobó los estados contables del BCRA de 2025, pero incorporó una observación específica sobre las operaciones con derivados cuyo subyacente fue el oro, que cuantificó en un resultado negativo equivalente a US$ 1.023 millones. Su presidente, Juan Manuel Olmos, distinguió entre la revalorización contable del activo y el resultado de la operatoria con derivados. Una cosa es la ganancia contable por la suba del oro y otra el resultado de las operaciones que la AGN cuestiona.
El BCRA respondió con un comunicado en el que afirmó que su posición en oro arrojó en 2025 un resultado neto positivo de US$ 2.505 millones, que las coberturas forman parte de una política que aplica desde 2007 sobre el 100% de esa posición, y acusó a la AGN de actuar con motivaciones políticas. El Gobierno defendió a la entidad y cuestionó al organismo de control con la frase “Hay una politización”.
Sobre el destino físico de los lingotes, Bausili ubicó primero el oro trasladado en Suiza y después reconoció que se encuentra en Londres, una contradicción que los senadores peronistas ponen en duda. La AGN todavía no tiene conclusiones sobre ese punto. Con el Deutsche Bank en escena, la discusión ya no es solo contable: la pregunta es quién eligió a la contraparte, a qué costo y con qué beneficios para terceros.
Lo que tenés que saber:
- Dalbón amplió la denuncia contra Caputo y Bausili por las operaciones con el oro del BCRA y pidió allanar la sede del Banco Central.
- Solicitó secuestrar servidores y casillas de correo institucional, incluidas las de la presidencia y el Directorio, para rastrear comunicaciones con el Deutsche Bank.
- Se reveló que el Deutsche Bank habría sido contraparte en las operaciones que, según la AGN, dejaron pérdidas por US$ 1.023 millones.
- La denuncia alcanza ahora a Nicolás Ferro, subsuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y miembro del Directorio del BCRA.
- El BCRA sostiene que su posición en oro arrojó un resultado neto positivo de US$ 2.505 millones en 2025.
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