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Justicia patriarcal: no avanzan en denuncias a magistrados por fallos misóginos

La información la confirmó la abogada Soledad Deza, presidenta de la organización MujeresxMujeres (MxM) de Tucumán, una de las impulsoras de la denuncia.

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El consejero y diputado nacional (PRO) Pablo Tonelli convocó a reunión de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura para el jueves 8 de septiembre, por lo que no se concretará la reunión prevista para mañana, en la que no incluyó en los puntos a tratar el proyecto de acusación que realizó la consejera Vanesa Siley contra los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, por ejercer violencia de género en sus fallos.

La información la confirmó la abogada Soledad Deza, presidenta de la organización MujeresxMujeres (MxM) de Tucumán, una de las impulsoras de la denuncia.

Deza también contó que hoy presentaron una nota «a cada una de las consejeras para pedirles que impulsen el trámite porque consideramos que se está utilizando el status quo burocrático y los impedimentos predispuestos por Tonelli para detener la investigación y permitirles a los denunciados que continúen con el comportamiento misógino y sexista que denunciamos».

En junio último, MujeresxMujeres hizo una nueva denuncia contra los jueces Anzoátegui y Rizzi, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de la Ciudad de Buenos Aires, que se sumó al expediente N° 138/20 que tramita en el Consejo de la Magistratura.

La denuncia fue por un fallo del pasado 10 de mayo, donde los jueces condenaron a un hombre por asesinar a su pareja en febrero del 2021 y por el intento de asesinar a otra mujer.

El cuestionamiento surgió a raíz de los fundamentos del fallo, donde los jueces descartaron la aplicación de la figura de femicidio pedida por la fiscalía y se refirieron al término violencia de género como «inasible» y «oscuro», entre otras consideraciones, donde repiten su ideología, ya cuestionada y denunciada ante el Consejo.

El origen de la denuncia que inició el expediente en el Consejo de la Magistratura, se originó por un fallo de septiembre de 2020.

Fue cuando los jueces consideraron, en una causa que tenía como imputado a un hombre de 30 años por las violaciones reiteradas contra su hermanastra durante casi 10 años, que efectores de salud que practicaron la interrupción legal del embarazo producto de los abusos eran «sicarios» y «asesinos a sueldo».

Y calificaron a la interrupción legal del embarazo como «método de tortura de la mafia» y «rituales de las tribus antropófagas».

Además, llamaron «manual de salvajadas inhumanas» al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, del Ministerio de Salud de la Nación.

Y en la propia sentencia, los jueces decidieron formular una denuncia penal contra médicos y defensores para que se investigue su conducta.

Entonces, la defensora general Stella Maris Martínez pidió que se les inicié un proceso en el Consejo, y lo mismo hicieron desde la Fundación MxM , junto a la abogada porteña Julieta Arosteguy.

A esto se sumó que el año pasado, en un juicio penal donde Luz Aimee Díaz, mujer trans y trabajadora sexual había sido imputada, la nombraron como «el acusado» o «el imputado con tendencias homosexuales», desconociendo el derecho a la identidad autopercibida reconocido en la Ley 26.743.

El 16 de julio de este año, el Consejo de la Magistratura decidió que la denuncia pase a la Comisión de Acusación, en base a la acusación que, con estos antecedentes y denuncias, presentó la consejera y diputada nacional (FdT), Vanesa Siley

«Tonelli, unilateralmente, decidió devolver el expediente a la Comisión de Disciplina, demostrando una clara intensión de obstaculizar el proceso acusatorio», resaltó Deza.

Y aseveró que «no investigar es una forma de tolerar la violencia institucional de la falta de perspectiva de género de estos magistrados».

MxM envió una nota a las consejeras Vanesa Siley , Graciela Camaño, Roxana Reyes, María Fernanda Vázquez y Jimena De la Torre, pidiendo que impulsen la acusación.

«La postergación exige que lo vuelvan a poner en agenda, lo que es una asimetría de poder, no solo por poner en la espalda de las organizaciones el escrutinio de los jueces, sino además por el impulso del trámite dentro del mismo mecanismos institucional», señaló la abogada.

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ARCA sumo nueva denuncia contra la AFA, mientras el titular del organismo es investigado por lavado y evasión

La agencia fiscal presentó una segunda causa penal que recae sobre Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la institución. El fiscal Claudio Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal. En simultáneo, el propio titular de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades millonarias no declaradas en Miami.

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La ARCA sumó una nueva denuncia contra la AFA mientras el titular del organismo también es investigado por evasión

★ La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): el presidente Claudio «Chiqui» Tapia y el tesorero Pablo Toviggino volvieron a quedar en el centro de una causa por delitos tributarios. Esta vez, el organismo recaudador denunció el uso de facturas apócrifas por un monto superior a los $916 millones correspondientes a servicios que, según el fisco, nunca se prestaron.

La nueva causa y el fiscal que la lleva

El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial resolvió abrir una investigación a partir de la ampliación de denuncia que ARCA presentó ante la Justicia. Según fuentes judiciales, el fiscal ya solicitó al juez Diego Amarante las primeras medidas de prueba. La pesquisa apunta a los delitos de evasión agravada mediante la utilización de facturas ideológica o materialmente falsas, y asociación ilícita fiscal.

En el dictamen que fundamentó la apertura de la causa, Navas Rial señaló que «las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito, en el marco de la actividad habitual de la contribuyente Asociación del Fútbol Argentino, en atención a haberse detectado erogaciones, salidas de dinero cuyo respaldo documental es inconsistente, presumiéndose, de los elementos aportados en el marco de las tareas de fiscalización propias del organismo de control, su apocrificidad». El fiscal también resaltó que se trataría de conductas «considerables en su volumen, y reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo».

Las cifras bajo la lupa fiscal

Según la denuncia de ARCA, la AFA habría registrado entre enero de 2023 y marzo de 2025 facturación por $916.527.614,05 sin abonar el impuesto a las Ganancias en concepto de salidas no documentadas. La evasión estimada asciende a $320.784.664,61, que con intereses escala a los $341 millones, a lo que se suma una multa de $125.792.579,86. El organismo también advirtió que la AFA emitió facturas a empresas con diversas irregularidades que hacen sospechar que se trata de gastos simulados.

Una segunda causa que se monta sobre la primera

Esta nueva presentación no surge del vacío. Se suma a una causa anterior impulsada también por ARCA, en la que el juez Diego Amarante citó a indagatoria en marzo pasado a Tapia y Toviggino por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según fuentes judiciales, en ese expediente los mismos dirigentes ya están procesados por haber apropiado de manera ilícita unos $19.300 millones.

Además de Tapia y Toviggino, el fiscal Navas Rial extendió la investigación al gerente general Gustavo Lorenzo y a los secretarios generales, actual y ex, Cristian Malaspina y Víctor Blanco, respectivamente. Todos ellos estaban a cargo de la administración de la institución durante el período en que se habrían producido los hechos investigados.

La paradoja: el jefe del fisco también bajo investigación

El escenario adquiere un carácter paradójico que no puede soslayarse. En simultáneo con la ofensiva judicial que ARCA ejerce sobre la AFA, su propio director ejecutivo, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó que Vázquez habría adquirido tres propiedades en Miami por un total de 2,1 millones de dólares a través de sociedades offshore panameñas, sin declarar esos bienes ante el fisco ni ante la Oficina Anticorrupción. Las propiedades identificadas son una unidad en el Icon Brickell (USD 710.000), un departamento en la avenida Brickell 1060 (USD 400.000) y una suite en el Chateau Beach Residences de Sunny Isles (USD 980.000). La inconsistencia resulta llamativa: al momento de realizar esas compras, Vázquez declaraba ante la entonces AFIP activos líquidos de apenas 44.000 dólares.

El fiscal titular de la PIA, Sergio Rodríguez, solicitó su indagatoria ante el juez Martínez de Giorgi, quien habilitó una batería de medidas de prueba. También intervienen en la causa el fiscal federal Guillermo Marijuán y la PROCELAC, a cargo del fiscal Diego Velasco. El Gobierno, en la voz del asesor presidencial Santiago Caputo, intentó cerrar el debate argumentando sobreseimientos previos, pero los nuevos hallazgos de la PIA reabrieron la línea de investigación. El propio presidente Javier Milei defendió a Vázquez señalando que «es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina», justificando así su permanencia en el cargo pese a las causas abiertas.

Doble estándar en la cima del fisco

La combinación de estos elementos configura un cuadro institucional de difícil sostenimiento: el organismo que persigue la evasión de la AFA está conducido por un funcionario al que la Justicia investiga por los mismos tipos de delitos que le imputa a los dirigentes del fútbol. En ese contexto, la credibilidad y la consistencia de la acción fiscal quedan expuestas a una contradicción que el Gobierno no parece dispuesto a resolver.

Puntos clave:

– ARCA presentó una nueva denuncia contra la AFA por facturas apócrifas por más de $916 millones correspondientes a servicios que no habrían existido.
– El fiscal Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal contra Tapia, Toviggino, Lorenzo, Malaspina y Blanco.
– La causa anterior, por retención indebida de $19.300 millones, ya tiene a Tapia y Toviggino con citación a indagatoria.
– El director ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades no declaradas en Miami valuadas en USD 2,1 millones.
– El Gobierno mantiene a Vázquez al frente de ARCA pese a las investigaciones por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión.

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