Judiciales ⚖️
Cúneo Libarona y un peligroso mensaje para las víctimas de violencia
El ministro de Justicia representa y defiende un peligroso retroceso en perspectiva de género.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió en el Senado un proyecto que propone penas severas para quienes presenten denuncias falsas, con especial énfasis en casos de violencia de género, abuso sexual y violencia contra niños y niñas.
Sin embargo, las declaraciones del funcionario, junto con el contenido de la iniciativa, generaron críticas por reforzar una narrativa patriarcal que invisibiliza las barreras estructurales que enfrentan las mujeres y las infancias en el acceso a la justicia.
Un discurso que perpetúa estereotipos
En su intervención, Cúneo Libarona afirmó: “Se creó una concepción hipócrita de que la mujer no miente”, cuestionando movimientos como Ni Una Menos y la promoción de denuncias en casos de violencia de género.
El ministro argumentó que las falsas denuncias generan “daños irreversibles” y destacó ejemplos como pérdida de empleo, daño al honor y suicidios, sin aportar datos verificables que respalden la magnitud del fenómeno.
Este discurso no solo invisibiliza la realidad de las víctimas, sino que perpetúa el estigma hacia quienes denuncian, generando un efecto paralizador.
Estudios han demostrado que las denuncias falsas en casos de violencia de género son excepcionales, representando un porcentaje ínfimo frente al número de denuncias fundadas que nunca logran justicia .
Un refuerzo de la justicia patriarcal
La iniciativa propone modificar el Código Penal para imponer penas de tres a seis años de prisión a quienes realicen denuncias falsas relacionadas con violencia de género, abuso o acoso sexual, o violencia contra niños y niñas.
Esta medida, lejos de proteger a las víctimas, podría ser utilizada como un instrumento de revictimización, ya que las mujeres que denuncien estarán expuestas a ser acusadas de falsedad si no logran probar sus casos bajo los estándares estrictos del sistema judicial.
Además, el proyecto establece penas de uno a cuatro años para testigos o peritos que “callen la verdad” en su declaración. Si bien estas disposiciones se presentan como un intento por fortalecer la justicia, en la práctica podrían desalentar a las víctimas de violencia de género o abuso a denunciar, dado el temor de enfrentar represalias legales.
Este tipo de propuestas ignora el contexto de desigualdad estructural que enfrentan mujeres y niños/as al interactuar con el sistema judicial.
Al reforzar la narrativa de que las mujeres “mienten” o “manipulan” con denuncias, se retrocede en los avances logrados en términos de derechos y se alimenta un sistema que históricamente ha desestimado las denuncias de violencia.
La abogada Raquel Asensio advirtió que este proyecto podría “amplificar el estado de indefensión de las mujeres, sumándolas a un sistema judicial que ya las revictimiza”.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas denunciaron que esta propuesta fortalece las estructuras de una justicia patriarcal que beneficia a los agresores y desconfía sistemáticamente de las víctimas.
Contexto internacional y precedentes
En otros países donde se han implementado medidas similares, como España, se ha comprobado que las denuncias falsas no superan el 0,1 % de los casos.
Estas cifras contrastan con la insistencia de sectores políticos y judiciales en magnificar el problema, desviando el foco de atención de las víctimas hacia la supuesta protección de los agresores injustamente acusados.
Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.
Denuncia
Hackean el celular de Tomás Méndez en vivo: desde Crónica TV acusan a la SIDE y a la Federal
El conductor de «Duro de Callar» de Crónica TV denunció en pantalla que su teléfono fue intervenido y bloqueado remotamente mientras el programa estaba al aire. Apuntó directamente a organismos de inteligencia del Estado y advirtió: «Están censurando a Crónica».
¿Milei espía periodistas? Hackearon el celular de Tomás Méndez en vivo en Crónica TV
★ El periodista Tomás Méndez, conductor del ciclo Duro de Callar por Crónica TV, realizó una grave denuncia pública durante una emisión reciente del programa: su teléfono celular fue hackeado e inutilizado en tiempo real mientras transmitía en vivo, en lo que calificó como un ataque deliberado de inteligencia estatal para silenciar el programa.
«Es la primera vez que me pasa. No puedo usar más el teléfono», afirmó Méndez frente a las cámaras, mostrando el dispositivo bloqueado a la audiencia. Según describió, la intrusión comenzó el fin de semana previo a la emisión, cuando agentes no identificados habrían extraído información de su equipo. El punto crítico ocurrió durante la transmisión en vivo, cuando el sistema operativo y aplicaciones como WhatsApp se cerraron o bloquearon de forma remota, dejando el celular totalmente inutilizable.
Señalamientos directos a la SIDE y la Policía Federal
Méndez no dudó en identificar a los responsables. «Creo que hay gente capacitada en el Estado que está manipulando los teléfonos celulares», sostuvo, y señaló específicamente a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y a la Policía Federal Argentina como posibles autores de la maniobra. Para el conductor, se trata de un desvío inadmisible de funciones institucionales: «No hay narcotraficantes que tengan que ir a seguir que nos están censurando a nosotros, un programa de tele».
La denuncia tomó una dimensión más amplia cuando Méndez extendió los alcances del ataque más allá de su persona: «Están censurando el programa, están censurando a Crónica y nos están censurando a nosotros». El periodista cuestionó además qué horizonte pretende el oficialismo para la prensa argentina: «¿Qué pretenden que se transforme la televisión en repetidores de lo que el Estado quiere que se diga?».
Una SIDE que puso la mira en la prensa crítica
La denuncia de Méndez no emerge en el vacío. En mayo de 2025, La Nación reveló el contenido del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), un documento secreto de 170 páginas elaborado por la cúpula de la SIDE bajo la conducción de Sergio Neiffert, que abre la puerta al espionaje sobre periodistas, economistas, académicos y cualquier ciudadano que cuestione las políticas del gobierno de Javier Milei. Según ese documento, la SIDE tiene facultades para recabar información sobre quienes «erosionen la confianza» en los funcionarios o generen «pérdida de confianza» en las políticas económicas oficiales.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que ese plan incorpora hipótesis de conflicto que incluyen a quienes «cuestionen la política económica en la opinión pública», e incluso a quienes «organicen protestas», quienes podrían ser catalogados como una amenaza a la gobernabilidad. La reforma del sistema de inteligencia impulsada por el gobierno mediante el DNU 614, señaló el CELS, «debilita cualquier tipo de control sobre las actividades de inteligencia» y habilita «el uso de fondos reservados para financiar grupos de propaganda oficial en redes».
El antecedente no es menor: en mayo de 2025, el periodista Hugo Alconada Mon denunció haber sufrido diez intentos de hackeo a su cuenta de WhatsApp en pocas horas, justo después de revelar en La Nación los contenidos del Plan de Inteligencia. El patrón que describe Méndez guarda una llamativa similitud con aquel episodio.
Un patrón de acoso que escala
La denuncia de Méndez se inscribe en una escalada sostenida de hostigamiento oficial contra la prensa crítica. A principios de abril de 2026, el gobierno bloqueó las acreditaciones de periodistas de al menos cinco medios, entre ellos El Destape, A24, Ámbito Financiero, Tiempo Argentino y La Patriada, impidiéndoles el ingreso a la Casa Rosada mediante la inhabilitación de sus registros biométricos. La medida fue calificada como «preventiva» por voceros oficiales, que la justificaron en una supuesta vinculación de esos medios con una red de desinformación financiada por el espionaje ruso.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y legisladores de la oposición repudiaron la medida. El periodista Santiago O’Donnell definió la quita de acreditaciones como «un acto cínico y peligroso de censura que el periodismo debería repudiar y combatir sin grieta».
Democracia y vigilancia tecnológica
Con visible indignación pero sin amedrentarse, Méndez trazó una distinción que considera fundamental: aunque el presidente Milei ha atacado verbalmente al programa en reiteradas oportunidades, eso forma parte del «debate democrático». El hackeo, en cambio, constituye para el conductor una «enfermedad» y una forma de violencia que supera cualquier crítica política legítima.
«Tanto miedo le tienen a la información, a los datos, a los periodistas», sentenció Méndez, quien defendió la pluralidad de voces de su espacio y cerró su descargo con una declaración de principios: «Vamos a seguir. ¿Qué se creen, que no vamos a seguir?».
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advirtió que el decreto de reforma de inteligencia impulsado por el gobierno «habilita prácticas que remiten a los períodos más oscuros de la historia argentina», entre ellas el «espionaje político» y la «ausencia de controles efectivos sobre los organismos de inteligencia». Organismos que, según la denuncia de Méndez, ya habrían actuado contra su programa en horario de máxima audiencia.
Puntos clave
- Tomás Méndez denunció en vivo por Crónica TV que su celular fue hackeado e inutilizado durante la emisión de Duro de Callar.
- El conductor señaló a la SIDE y la Policía Federal como posibles responsables del ataque digital.
- El hackeo comenzó el fin de semana previo y escaló durante la transmisión, con el cierre remoto de WhatsApp y el bloqueo del sistema operativo.
- El episodio se enmarca en el Plan de Inteligencia Nacional de la SIDE que, según documentos filtrados en 2025, habilita el espionaje sobre periodistas críticos del gobierno.
- En abril de 2026, el gobierno ya había bloqueado las acreditaciones de periodistas de cinco medios para el ingreso a la Casa Rosada.
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