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Violencia vicaria en San Luis: un padre manipuló a su hijo y fue condenado a pagar $10 millones

Un fallo del Juzgado de Familia N° 2 de Santa Rosa del Conlara declaró la responsabilidad de un progenitor por violencia de género y violencia vicaria contra la madre de su hijo. La sentencia, dictada el 6 de mayo de 2026, impuso una multa de diez millones de pesos, restricción de acercamiento y capacitación obligatoria en violencia de género.

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El Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia y Penal Juvenil N° 2 de Santa Rosa del Conlara, provincia de San Luis, emitió una sentencia (aún no firme) que representa un precedente significativo en la aplicación judicial de la figura de la violencia vicaria en el nuestro país.

El mecanismo del maltrato: fabricar un abuso que no existió

Según surge de la sentencia, el demandado no solo agredió físicamente a la madre del niño, lo que motivó las medidas de restricción de acercamiento dictadas a favor de ella y de su hijo. También desplegó una estrategia de mayor complejidad y daño: promovió denuncias falsas contra la madre, acusándola de negligencia y de permitir abusos sexuales intrafamiliares hacia el menor por parte de un primo. Para sostener esa acusación, manipuló al niño para que fabulara ese relato ante las autoridades.

La maniobra fue desarticulada por las propias herramientas del sistema. Pericias pediátricas y psicológicas descartaron la existencia del abuso denunciado y permitieron al tribunal reconstruir el mecanismo de manipulación infantil como parte de una estrategia consciente del progenitor para infligir daño a través del hijo. Eso es, precisamente, la esencia de la violencia vicaria: usar a los hijos como instrumento de castigo contra la madre.

Un fallo que condena en todas las dimensiones

El tribunal declaró la responsabilidad del demandado por la comisión de hechos de violencia de género, violencia vicaria y violencia económica. Las medidas dispuestas en la sentencia articulan varios planos de intervención.

En términos de protección inmediata, se ratificaron las medidas de restricción de acercamiento a favor de la actora y de su hijo, ante las agresiones físicas directas acreditadas en el expediente.

En cuanto al vínculo paterno-filial, el fallo condicionó el restablecimiento del régimen de contacto entre el padre y el niño a la previa presentación de informes del tratamiento psicológico del menor, reconociendo que la salud emocional del hijo debe estar garantizada antes de cualquier revinculación.

El demandado, además, deberá cumplir de manera obligatoria una capacitación en violencia de género. Y sobre él pesa una sanción conminatoria pecuniaria de diez millones de pesos a favor de la víctima, herramienta prevista en el ordenamiento civil para forzar el cumplimiento de obligaciones de conducta.

Violencia vicaria: cuando el hijo es el arma

La violencia vicaria es una forma de violencia de género que se ejerce sobre los hijos o personas del entorno afectivo de la mujer con el fin de causarle sufrimiento, controlarla o someterla. No se dirige primariamente contra el niño; se dirige contra la madre, utilizando al niño como medio. Las formas que adopta son diversas: desde la sustracción o amenaza de sustracción de los hijos, hasta el uso de los procesos judiciales de familia como escenario de hostigamiento.

En este expediente, el demandado recurrió a la fabricación de una denuncia por abuso sexual, una de las modalidades más graves de violencia vicaria porque involucra al Poder Judicial como engranaje involuntario del maltrato, somete al niño a pericias y procesos revictimizantes, y busca desplazar a la madre del rol de víctima para colocarla en el de victimaria. El sistema probatorio resistió la maniobra, pero no siempre ocurre así.

En Argentina, la violencia vicaria no cuenta aún con tipificación expresa en la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, aunque existen proyectos legislativos en debate parlamentario. La ausencia de una norma específica no impidió que la justicia sanluiseña reconociera la figura y la aplicara con contundencia en este caso.

La violencia económica como capa adicional del control

El fallo también reconoció la existencia de violencia económica en el marco de la relación, una dimensión que frecuentemente acompaña a las otras formas de violencia de género y que consiste en el control, la privación o la administración abusiva de los recursos económicos de la víctima. Su inclusión en la sentencia refuerza la visión integral del tribunal sobre el patrón de conducta del demandado, que no se limitó a episodios aislados sino que configuró un esquema sostenido de dominación.

Un precedente que llega desde el interior

La sentencia cobra relevancia adicional por su origen geográfico. Santa Rosa del Conlara no es un centro urbano de las dimensiones de Córdoba o Rosario; es una ciudad intermedia del Valle del Conlara, en la provincia de San Luis. Que un juzgado de familia del interior profundo aplique la figura de la violencia vicaria con esta extensión y con estas consecuencias jurídicas concretas habla de una penetración creciente del enfoque de géneros en la administración de justicia, más allá de los grandes centros.

La sentencia no está firme, lo que significa que puede ser apelada. Sin embargo, su existencia como acto jurisdiccional ya constituye un antecedente que los operadores judiciales de todo el país pueden invocar al momento de resolver casos similares.

Buenos Aires

Kicillof y Estela Díaz refuerzan la red contra la violencia de género en 21 municipios bonaerenses

El gobernador Axel Kicillof y la ministra Estela Díaz firmaron convenios de adhesión con 21 municipios para implementar el Programa de Fortalecimiento para la Salida de las Violencias de Género, que incluye asistencia especializada y ayuda económica directa para mujeres y personas LGTBI+ en situación de riesgo. El acto se realizó mientras el Gobierno nacional avanza en el desmantelamiento de las políticas de género a nivel federal.

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Veintiún municipios de la Provincia de Buenos Aires se sumaron esta semana al Programa de Fortalecimiento para la Salida de las Violencias de Género, una iniciativa que combina asistencia especializada con ayuda económica directa destinada a mujeres y personas LGTBIQ+ en situación de riesgo. La firma de los convenios de adhesión tuvo lugar en un acto encabezado por el gobernador Axel Kicillof y la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, con la participación de intendentes e intendentes de todos los distritos involucrados.

Del acto también participaron el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, las subsecretarias de Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Mujeres y Diversidad, Mercedes Castilla, y de Políticas Contra las Violencias por Razones de Género, Laura Malacalza. El objetivo del programa es fortalecer las políticas locales y profundizar el trabajo de acompañamiento que ya se realiza en cada municipio, dotando a los gobiernos locales de herramientas concretas para asistir a quienes atraviesan situaciones de violencia.

Autonomía económica como herramienta de salida

El programa apunta específicamente a brindar a las mujeres y al colectivo LGTBI+ en situación de riesgo las condiciones materiales necesarias para construir proyectos de vida autónomos. La combinación de acompañamiento especializado y apoyo económico directo busca atacar una de las principales barreras que impide a las víctimas de violencia de género salir de los vínculos violentos: la dependencia económica respecto de su agresor. Sin autonomía económica no hay salida posible, y el programa lo reconoce explícitamente como un eje estructural.

La adhesión de 21 municipios de distintos distritos bonaerenses refleja una voluntad política de extender el alcance territorial de la red de protección provincial, garantizando que el acompañamiento llegue a cada localidad con sus propias particularidades y recursos. La firma de los convenios implica compromisos concretos de las gestiones locales en la implementación efectiva del programa.

La provincia frente al desmantelamiento nacional

El acto adquiere una dimensión política innegable en el contexto actual: mientras el Gobierno de Javier Milei avanza en el desmantelamiento de las políticas de género a nivel nacional, eliminando el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y recortando los fondos destinados a programas de protección, la Provincia de Buenos Aires profundiza su apuesta por un Estado presente en el territorio. Frente a la retirada del Estado nacional en materia de género, la Provincia elige ampliar la red en lugar de desarmarla.

Desde el Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense señalaron que la iniciativa se enmarca en una política de largo plazo orientada a garantizar derechos en cada municipio, independientemente de las decisiones que se tomen en el nivel federal. La apuesta de la gestión Kicillof es que los municipios sean el primer eslabón de una red que sostenga a quienes más lo necesitan cuando el Estado nacional decide retirarse.

Lo que tenés que saber sobre las acciones contra la violencia en PBA

  • El gobernador Kicillof y la ministra Estela Díaz firmaron convenios con 21 municipios para implementar el Programa de Fortalecimiento para la Salida de las Violencias de Género.
  • El programa brinda asistencia especializada y ayuda económica directa a mujeres y personas LGTBI+ en situación de riesgo.
  • El objetivo es fortalecer la autonomía económica de las víctimas como condición necesaria para salir de los vínculos violentos.
  • El acto se realizó en contraste con el desmantelamiento de las políticas de género impulsado por el Gobierno nacional de Javier Milei.
  • Participaron del acto el ministro de Gobierno Carlos Bianco y las subsecretarias Mercedes Castilla y Laura Malacalza.
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