DDHH
Violencia vicaria: matar a los hijos para castigar a las madres
En Argentina se registraron más de 4.000 casos de violencia vicaria en 2025, según datos de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. El crimen de Joaquín Ruffo, el nene de ocho años asesinado por su padre para «mandarle un mensaje a la mamá», volvió a poner en el centro del debate una forma de violencia que no tiene tipificación propia en el Código Penal y que los proyectos legislativos aún no lograron sancionar.
Hay una forma de violencia que no golpea directamente a la mujer. Va por sus hijos. Va por los seres que más ama. Es una violencia que calcula, que planifica, que elige hacerle el mayor daño posible a una madre destruyendo lo que más quiere en el mundo. Se llama violencia vicaria, y en Argentina tiene nombre y apellido, estadísticas oficiales y una deuda legislativa que el Congreso todavía no saldó.
Un crimen que lo explica todo
El 5 de agosto de 2025, Alejandro Ruffo asfixió con una almohada a su hijo Joaquín, de ocho años, en Lomas de Zamora. Antes de hacerlo, le envió un mensaje a Natalia Ciak, la madre del nene, que acababa de comunicarle su decisión de divorciarse. El texto decía: «hoy te vas, pero te vas sin nada». Ruffo confesó que mató a su hijo para «mandarle un mensaje a la mamá». Meses después, se suicidó en la cárcel. Natalia Ciak sobrevivió a todo eso. Y decidió convertir ese dolor en lucha.
A un año del crimen, Ciak impulsa desde el movimiento que surgió en torno a la llamada Ley Joaquín una convocatoria nacional frente al Congreso de la Nación para exigir la sanción de una ley que reconozca, tipifique y sancione la violencia vicaria. El reclamo se mezcla con el de miles de madres en la misma situación. «Creíamos que eran casos aislados, pero los mensajes siguieron llegando desde cada rincón del país. Detrás de cada punto del mapa hay una historia real«, señaló el Frente Nacional contra Violencia Vicaria Argentina.
Más de 4.000 casos en un año: la estadística que incomoda
Los datos oficiales de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son elocuentes: durante 2025, la OVD registró 4.207 situaciones evaluadas por sus equipos interdisciplinarios que afectaron directamente a niñas, niños y adolescentes. El dato más perturbador es que en el 81% de los casos, el vínculo entre las víctimas y los denunciados era filial. Es decir, el agresor era el propio padre o una figura parental directa.
Esas cifras no constituyen un registro específico de violencia vicaria, porque ese registro no existe. La violencia vicaria no tiene tipificación en el Código Penal argentino. No hay estadísticas nacionales unificadas sobre la modalidad porque la ley aún no la nombra. Y lo que la ley no nombra, el sistema judicial tiende a ignorar o a minimizar, reduciéndola a un «conflicto entre adultos» en el que los niños quedan atrapados sin que nadie diseñe una respuesta específica para protegerlos.
El mecanismo: cómo funciona esta violencia
La violencia vicaria es, en su definición más precisa, aquella en la que el agresor utiliza a los hijos para continuar ejerciendo control y violencia sobre la madre, especialmente después de una separación. El concepto fue desarrollado por la psicóloga argentina radicada en España Sonia Vaccaro, referente internacional en la materia y expositora ante las comisiones de Mujeres y Diversidad y de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados en la reunión informativa del 19 de mayo de 2026.
El patrón es reconocible: las amenazas comienzan con frases como «no te los voy a devolver» o «te los voy a sacar». Cuando la mujer denuncia la situación, muchas veces el sistema judicial la criminaliza por «obstaculizar el vínculo paterno». En los casos más extremos, el violento llega al filicidio, el asesinato de los propios hijos, como acto de destrucción máxima dirigido contra la madre. Entre 10 y 15 niños son asesinados por sus padres cada año en Argentina, en lo que las organizaciones feministas caracterizan como la expresión más brutal de la violencia vicaria.
Lo que la imagen que circula en redes sociales denuncia con precisión es la lógica perversa del sistema: cuando las madres intentan proteger a sus hijos de un padre violento, son acusadas de interferir en el vínculo paterno-filial. La justicia, en lugar de protegerlas, las convierte en imputadas. En algunos casos, les quitan la tenencia de los niños y se los entregan precisamente a quien las violenta. El mensaje es claro, y es brutal: denunciar te puede costar a tus hijos.
La deuda del Congreso: proyectos que duermen en comisión
En la Cámara de Diputados existen proyectos para incorporar la violencia vicaria a la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Las iniciativas buscan establecer herramientas específicas de intervención y mecanismos de protección para madres e hijos. Sin embargo, ninguna de esas iniciativas obtuvo sanción parlamentaria definitiva. Los proyectos están en debate de comisiones mientras los casos se acumulan.
En la provincia de Buenos Aires, la diputada Evelyn Flores Yanz del bloque Unión por la Patria presentó un proyecto para reformar la Ley de Violencia Familiar N° 12.569 bonaerense e incorporar expresamente la figura de la violencia vicaria, definida como toda conducta que se ejerce sobre los hijos o personas del grupo familiar con el objetivo de infligir sufrimiento, control o sometimiento sobre la mujer.
El Frente Nacional contra Violencia Vicaria Argentina sintetiza la urgencia con una frase que no admite eufemismos: «la violencia vicaria existe, sus consecuencias son reales, y el tiempo de la infancia no espera». Las organizaciones señalan que nombrar el problema es el primer paso para erradicarlo. Sin nombre en la ley, no hay política pública específica. Sin política pública, la violencia sigue operando en la impunidad del silencio institucional.
El Estado que se retira cuando más se lo necesita
El contexto político no es un dato menor. Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres vincularon el incremento de crímenes de género con el escenario de desprotección que generó el Gobierno de Javier Milei, mediante el vaciamiento de programas públicos y el recorte de recursos destinados a la prevención y atención de la violencia de género. En ese marco, la falta de sanción de la Ley Joaquín no es una demora burocrática; es la expresión concreta de un Estado que se desentendió de las mujeres y de las infancias.
Mientras tanto, 150 femicidios fueron registrados en Argentina en lo que va de 2026, según el Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven. Entre ellos, una porción corresponde a femicidios vinculados, es decir, crímenes en los que las víctimas son personas del entorno de la mujer, asesinadas para hacerle daño. El patrón se repite. El sistema falla. La ley no llega.
Natalia Ciak no olvidó. Las madres que perdieron a sus hijos a manos de sus exparejas no olvidaron. Las que hoy están viviendo lo mismo, atrapadas en un sistema que las criminaliza cuando piden ayuda, no pueden esperar más. La Ley Joaquín no es un homenaje al pasado. Es una herramienta para el presente.
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Marcha del Orgullo: de las máscaras de 1992 a la resistencia contra el odio en 2026
La 35ª edición sale este sábado 7 bajo el lema “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”. La primera, en 1992, reunió a unas 300 personas con máscaras por miedo a la persecución; hoy reclama una Ley Integral Trans y el fin del DNU 62/2025.
La 35ª Marcha del Orgullo se hará este sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires bajo una consigna que condensa el momento: “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”. El lema lo definió la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO), que reúne a organizaciones de distintos sectores y coordina la movilización que volverá a unir la Plaza de Mayo y el Congreso en plena semana de operativo por la visita del papa León XIV. Detrás de una convocatoria que, según la organización, superó el millón de personas en las últimas ediciones hay una historia de más de tres décadas que arrancó con 300 valientes que se tapaban la cara para no perder el trabajo.
El origen: 1992, entre máscaras y miedo
Todo comenzó el 2 de julio de 1992. Aquella primera marcha reunió a unas 300 personas en un contexto hostil que obligó a los manifestantes a cubrirse el rostro con máscaras de cartón, pañuelos o anteojos por miedo a perder sus empleos o sufrir persecución policial. El recorrido, igual que hoy, unía la Plaza de Mayo con el Congreso de la Nación. En 1993, los organizadores tomaron como referencia la primera marcha histórica del mundo, la de 1970 en conmemoración del aniversario de los disturbios de Stonewall en Nueva York, considerados el catalizador del movimiento moderno por los derechos LGBTQ+.
La segunda movilización llevó demandas muy concretas: la inclusión en la Ley Antidiscriminatoria, la unión civil para legalizar las parejas del mismo sexo y el fin de la persecución policial. En 1994, bajo el lema “Visibles para ser libres e iguales”, asistieron más de 1.000 personas y comenzó, gradualmente, el fin de las máscaras. Exigían que la prohibición de la discriminación por orientación sexual entrara con rango constitucional en la Carta Magna.
La cobertura mediática de la marcha de 1995 dio relevancia a referentes históricos como Carlos Jáuregui, en una de sus últimas movilizaciones antes de fallecer en 1996; Mariela Muñoz, ícono trans que luchaba por la tenencia de sus hijos adoptivos; Rafael Freda, y la visibilidad de actrices como Cris Miró, que en 1995 revolucionó la escena artística nacional. El año siguiente, 1996, fue el más triste y doloroso: la marcha quedó atravesada por la crisis del VIH/Sida y el luto por la muerte de Jáuregui, y el reclamo se enfocó en exigir la anulación de los edictos policiales que permitían detener arbitrariamente a homosexuales, travestis y trans solo por su identidad en la vía pública. En ese mismo año consolidó su voz pública la activista trans Lohana Berkins.
Los primeros pasos legales y la conquista de derechos
En 1997 el movimiento consensuó trasladar la marcha principal al primer sábado de noviembre, mes en que se fundó en 1967 Nuestro Mundo, la organización pionera del movimiento de liberación homosexual del país y de América Latina. Esa movilización celebró la derogación de los edictos policiales en la Ciudad: por primera vez en décadas, vestirse con ropa del género opuesto o ser homosexual dejó de ser motivo legal para terminar detenido en la calle. Desaparecieron las máscaras de cartón, la convocatoria superó las mil personas y aparecieron los primeros camiones con música y las estéticas coloridas que caracterizan a la marcha actual.
En 1998, bajo el lema “Orgullo de ser, derecho a expresar”, debutó el primer camión carroza con parlantes. Para el 2000 la convocatoria ya era masiva, superó las 2.500 personas y dejó de ser noticia policial para convertirse en un acto político central. En 2001 se pidió “Unión civil, ley antidiscriminatoria y cupo laboral travesti”, a un mes del estallido social de diciembre. Pocas semanas después de la movilización de 2002, la Legislatura porteña aprobó la Ley de Unión Civil, el primer antecedente legal de América Latina que reconoció a las parejas del mismo sexo. En 2003 se celebraron las primeras bodas bajo esa ley, la primera vez que el Estado argentino entregó una libreta legal a parejas del mismo sexo, aunque sin derechos de adopción ni herencia.
A partir de 2004 el activismo se articuló con la agenda de derechos humanos de Plaza de Mayo. El 6 de noviembre de 2010 se vivió la mayor fiesta: apenas tres meses antes se había sancionado la Ley de Matrimonio Igualitario, que convirtió a la Argentina en el primer país de América Latina en reconocer ese derecho. En 2012 ya estaba consolidada la Ley de Identidad de Género, aprobada el 9 de mayo de ese año, que despatologizó las identidades trans y permitió el cambio de nombre y sexo en el DNI sin cirugías ni diagnósticos. En esa misma marcha surgió el reclamo por el cupo laboral trans de la mano de Berkins, que advirtió que el DNI no bastaba si persistía la exclusión económica. Se congregaron más de 200 mil personas.
La memoria, la calle y la resistencia política
En 2015 la marcha tuvo como eje el brutal asesinato de la activista travesti Diana Sacayán, ocurrido tres semanas antes. El activismo instaló los conceptos de travesticidio y transfemicidio para que la justicia los tratara como crímenes de odio y no como delitos comunes. En 2016, la movilización denunció el protocolo de la entonces ministra Patricia Bullrich por criminalizar la protesta y superó por primera vez las 250.000 personas. De 2017 a 2019 nació la Campaña por el Aborto Legal y el movimiento LGBT unificó fuerzas de manera inédita con el feminismo; en 2019 se congregaron más de 400.000 personas.
En 2020 la marcha se hizo virtual por la pandemia, y en 2021 fue una marea humana de más de 500.000 personas que desbordó el centro porteño, celebrando el Decreto que habilitó la opción “X” en el DNI y la sanción de la Ley Diana Sacayán Lohana Berkins. Entre 2022 y 2025, según la organización, la convocatoria superó el millón de asistentes en ediciones consecutivas. En 2022 se reclamó la reglamentación de la Ley de VIH y la aparición con vida de Tehuel de la Torre; en 2023, contra el avance de discursos de extrema derecha, con la consigna “Ni un ajuste más, ni un derecho menos” y en defensa de la ESI y el cupo laboral trans. Durante 2024 y 2025 se pronunció contra la austeridad y el cierre de organismos de protección contra la discriminación.
La 35ª edición: orgullo frente al odio
Este sábado 7 de noviembre, la marcha llega a su 35ª edición con un doble gesto de resistencia y memoria: la COMO anunció un homenaje a todas las organizaciones de derechos humanos al cumplirse 50 años del golpe cívico-militar de 1976, con la reivindicación de la consigna “Nunca Más”, y mantuvo firme la fecha pese al operativo por la visita del papa y los rumores de suspensión. “La fuerza colectiva de toda la sociedad fue la que nos hizo mantener la fecha de esta marcha”, enfatizó ante la prensa María Rachid, coordinadora de Relaciones Institucionales de la Marcha y presidenta de la Federación Argentina LGBT+.
Bajo la consigna “Resistir es insistir”, la convocatoria exigirá una Ley Integral Trans y una ley antidiscriminatoria, la emergencia en salud sexual frente al avance de las infecciones de transmisión sexual, la separación de las iglesias y el Estado y el rechazo al DNU 62/2025, que modificó el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género para impedir que menores de 18 años accedan a los tratamientos previstos en esa norma, además del repudio al ataque que una patota de ciclistas cometió el 1° de noviembre contra trabajadoras sexuales travestis y trans en los Bosques de Palermo, que la Legislatura porteña condenó por unanimidad. Lo que nació con 300 personas tapadas con cartón para no ser reconocidas se prepara para teñir de nuevo el centro porteño, para demostrar que el orgullo, como la memoria, no se esconde. En 34 ediciones, la Argentina pasó de ocultar la identidad por miedo a la policía a convertir la diversidad en una de las mayores movilizaciones del país.
Una marcha contra el retroceso
La edición 2026 es la tercera bajo el gobierno de Javier Milei. El Presidente cerró el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) en 2024 y, en su discurso de Davos de enero de 2025, asoció la homosexualidad con el abuso infantil, una frase que provocó la Marcha Federal Antifascista y Antirracista del 1 de febrero de ese año. Las organizaciones sostienen que ese clima habilita ataques como el de Palermo y recuerdan el triple lesbicidio de Barracas, de mayo de 2024.
De aquella primera convocatoria que soñaba con el fin de los edictos a este sábado en el que reclama leyes trans e igualdad ante el odio, la marcha sigue escribiendo la historia de un colectivo que aprendió a no pedir permiso. Porque, como dice la consigna de esta edición, cuando el odio avanza, el orgullo en las calles responde.
Lo que tenés que saber:
- La 35ª Marcha del Orgullo se realizará este sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la consigna “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”, definida por la COMO.
- La primera marcha fue el 2 de julio de 1992 con unas 300 personas que se cubrieron el rostro por miedo a la persecución policial y laboral.
- En 2010 se celebró la Ley de Matrimonio Igualitario y en 2012 la Ley de Identidad de Género, ambos hitos de vanguardia en América Latina.
- Entre 2022 y 2025, según la organización, la convocatoria superó el millón de asistentes en ediciones consecutivas.
- La edición 2026 rendirá homenaje a las organizaciones de derechos humanos a 50 años del golpe de 1976 y reclamará una Ley Integral Trans y una ley antidiscriminatoria.
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