Hay una forma de violencia que no golpea directamente a la mujer. Va por sus hijos. Va por los seres que más ama. Es una violencia que calcula, que planifica, que elige hacerle el mayor daño posible a una madre destruyendo lo que más quiere en el mundo. Se llama violencia vicaria, y en Argentina tiene nombre y apellido, estadísticas oficiales y una deuda legislativa que el Congreso todavía no saldó.

Un crimen que lo explica todo

El 5 de agosto de 2025, Alejandro Ruffo asfixió con una almohada a su hijo Joaquín, de ocho años, en Lomas de Zamora. Antes de hacerlo, le envió un mensaje a Natalia Ciak, la madre del nene, que acababa de comunicarle su decisión de divorciarse. El texto decía: «hoy te vas, pero te vas sin nada». Ruffo confesó que mató a su hijo para «mandarle un mensaje a la mamá». Meses después, se suicidó en la cárcel. Natalia Ciak sobrevivió a todo eso. Y decidió convertir ese dolor en lucha.

A un año del crimen, Ciak impulsa desde el movimiento que surgió en torno a la llamada Ley Joaquín una convocatoria nacional frente al Congreso de la Nación para exigir la sanción de una ley que reconozca, tipifique y sancione la violencia vicaria. El reclamo se mezcla con el de miles de madres en la misma situación. «Creíamos que eran casos aislados, pero los mensajes siguieron llegando desde cada rincón del país. Detrás de cada punto del mapa hay una historia real«, señaló el Frente Nacional contra Violencia Vicaria Argentina.

Más de 4.000 casos en un año: la estadística que incomoda

Los datos oficiales de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son elocuentes: durante 2025, la OVD registró 4.207 situaciones evaluadas por sus equipos interdisciplinarios que afectaron directamente a niñas, niños y adolescentes. El dato más perturbador es que en el 81% de los casos, el vínculo entre las víctimas y los denunciados era filial. Es decir, el agresor era el propio padre o una figura parental directa.

Esas cifras no constituyen un registro específico de violencia vicaria, porque ese registro no existe. La violencia vicaria no tiene tipificación en el Código Penal argentino. No hay estadísticas nacionales unificadas sobre la modalidad porque la ley aún no la nombra. Y lo que la ley no nombra, el sistema judicial tiende a ignorar o a minimizar, reduciéndola a un «conflicto entre adultos» en el que los niños quedan atrapados sin que nadie diseñe una respuesta específica para protegerlos.

El mecanismo: cómo funciona esta violencia

La violencia vicaria es, en su definición más precisa, aquella en la que el agresor utiliza a los hijos para continuar ejerciendo control y violencia sobre la madre, especialmente después de una separación. El concepto fue desarrollado por la psicóloga argentina radicada en España Sonia Vaccaro, referente internacional en la materia y expositora ante las comisiones de Mujeres y Diversidad y de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados en la reunión informativa del 19 de mayo de 2026.

El patrón es reconocible: las amenazas comienzan con frases como «no te los voy a devolver» o «te los voy a sacar». Cuando la mujer denuncia la situación, muchas veces el sistema judicial la criminaliza por «obstaculizar el vínculo paterno». En los casos más extremos, el violento llega al filicidio, el asesinato de los propios hijos, como acto de destrucción máxima dirigido contra la madre. Entre 10 y 15 niños son asesinados por sus padres cada año en Argentina, en lo que las organizaciones feministas caracterizan como la expresión más brutal de la violencia vicaria.

Lo que la imagen que circula en redes sociales denuncia con precisión es la lógica perversa del sistema: cuando las madres intentan proteger a sus hijos de un padre violento, son acusadas de interferir en el vínculo paterno-filial. La justicia, en lugar de protegerlas, las convierte en imputadas. En algunos casos, les quitan la tenencia de los niños y se los entregan precisamente a quien las violenta. El mensaje es claro, y es brutal: denunciar te puede costar a tus hijos.

La deuda del Congreso: proyectos que duermen en comisión

En la Cámara de Diputados existen proyectos para incorporar la violencia vicaria a la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Las iniciativas buscan establecer herramientas específicas de intervención y mecanismos de protección para madres e hijos. Sin embargo, ninguna de esas iniciativas obtuvo sanción parlamentaria definitiva. Los proyectos están en debate de comisiones mientras los casos se acumulan.

En la provincia de Buenos Aires, la diputada Evelyn Flores Yanz del bloque Unión por la Patria presentó un proyecto para reformar la Ley de Violencia Familiar N° 12.569 bonaerense e incorporar expresamente la figura de la violencia vicaria, definida como toda conducta que se ejerce sobre los hijos o personas del grupo familiar con el objetivo de infligir sufrimiento, control o sometimiento sobre la mujer.

El Frente Nacional contra Violencia Vicaria Argentina sintetiza la urgencia con una frase que no admite eufemismos: «la violencia vicaria existe, sus consecuencias son reales, y el tiempo de la infancia no espera». Las organizaciones señalan que nombrar el problema es el primer paso para erradicarlo. Sin nombre en la ley, no hay política pública específica. Sin política pública, la violencia sigue operando en la impunidad del silencio institucional.

El Estado que se retira cuando más se lo necesita

El contexto político no es un dato menor. Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres vincularon el incremento de crímenes de género con el escenario de desprotección que generó el Gobierno de Javier Milei, mediante el vaciamiento de programas públicos y el recorte de recursos destinados a la prevención y atención de la violencia de género. En ese marco, la falta de sanción de la Ley Joaquín no es una demora burocrática; es la expresión concreta de un Estado que se desentendió de las mujeres y de las infancias.

Mientras tanto, 150 femicidios fueron registrados en Argentina en lo que va de 2026, según el Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven. Entre ellos, una porción corresponde a femicidios vinculados, es decir, crímenes en los que las víctimas son personas del entorno de la mujer, asesinadas para hacerle daño. El patrón se repite. El sistema falla. La ley no llega.

Natalia Ciak no olvidó. Las madres que perdieron a sus hijos a manos de sus exparejas no olvidaron. Las que hoy están viviendo lo mismo, atrapadas en un sistema que las criminaliza cuando piden ayuda, no pueden esperar más. La Ley Joaquín no es un homenaje al pasado. Es una herramienta para el presente.