Por Néstor Llidó

María Florencia Gómez Pouillastrou, es el nombre de una de las tantas mujeres asesinadas y, como sucede en muchos de los casos, el femicidio continúa impune. Sin respuestas concretas de los investigadores y ante la inacción del Poder Judicial, la demanda por el esclarecimiento del crimen de la activista feminista y militante comunista nunca ha cesado. Madre de dos niños, fue víctima de un ataque, en el que la golpearon, abusaron sexualmente y mataron con una pedrada en la cabeza, en un camino rural de la ciudad santafesina de San Jorge.

Desde aquel 12 de octubre de 2020, cuando asesinaron a Flor Gómez, se siguieron algunas pistas. Hubo unos pocos sospechosos, pero nunca detenidos. Sus compañeras de lucha, tanto en el pueblo, como en toda la provincia y el país, impulsan un Juicio Ético Popular, que tendrá lugar mañana en la sede de la Universidad Nacional de Rosario. Un encuentro en el que expondrán reconocidas personalidades del ámbito jurídico, activistas sociales y políticas, representantes del colectivo feminista y familiares de víctimas de femicidios.

“El Estado es responsable”, es una de las consignas de esta iniciativa, en la que se reiterará que el crimen de la dirigenta del Partido Comunista, de entonces 35 años, también guarda connotaciones políticas. Las distintas ponencias apuntarán a denunciar “el accionar corriente de las policías, fiscalías y el conjunto de instituciones que intervienen en este tipo de casos” y en tal sentido, uno de los objetivos reside en que “la sentencia del juicio ético popular es poder ensayar respuestas para que la Justicia sea reformulada, que haya profesionales capacitados para investigar con perspectiva de género y se pueda avanzar en erradicar estas violencias estructurales”.

Después de dos años y medio del femicidio de María Florencia Gómez Pouillastrou, el fiscal Omar De Pedro a cargo del caso, ordenó una serie medidas inconducentes, en medio de la carencia de indicios sobre el autor del ataque sexual que terminó con su muerte, y menos aún hipótesis, sin ahondar en el trabajo social, político y comunitario de la víctima. A partir de rastros hallados en la escena del crimen, un cañaveral de la periferia de San Jorge, envió a cotejar con 30 hombres que habitan este pueblo santafesino, sin que arrojara resultados positivos.

La recompensa oficial de una importante suma de dinero para quien aporte datos para el esclarecimiento del caso tampoco funcionó como para dar con alguna pista, mientras los familiares y compañeras de militancia de la mujer (creadora de la agrupación feminista Las Chuecas) siempre sostuvieron que “no se trató de un hecho al azar y como todo femicidio, de haber sido bien investigado en sus inicios, hoy habría alguien preso, hasta condenado”.

Ni la Policía, ni la Fiscalía actuaron correctamente, como correspondía, en la preservación de las pruebas, en analizar rápidamente imágenes de cámaras de seguridad, en la recolección de testimonios.

Sin culpables, ni siquiera sospechosos, este juicio ético popular persigue la meta de sostener en alto el reclamo por el esclarecimiento del femicidio de Flor Gómez, como herramienta para que la impunidad no continúe siendo garantizada.