Mazzina denunció a Canosa y Di Marco ante Enacom por sus dichos violentos
Porque sus expresiones «colisionan con lo normado en la ley 23.592 de actos discriminatorios y, por otro lado, configuraron actos de violencia psicológica, política, público-política y simbólica por motivos de género», según lo establecido en distintos artículos de la «ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres».
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, denunció este lunes ante el Enacom a las periodistas Viviana Canosa y Laura Di Marco, del canal La Nación+ (LN+), por expresiones «violentas, discriminatorias y agraviantes» hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hija Florencia.
En tanto el vicepresidente del organismo, Gustavo López, adelantó que esa señal televisiva podría recibir «una multa significativa» y desde el Colegio de Psicoanalistas advirtieron sobre la «peligrosidad» de la «ligereza» con la cual se realizaron esas afirmaciones.
En la denuncia, presentada esta mañana ante el titular del Enacom, Claudio Ambrosini, se pide al organismo que disponga las «medidas pertinentes» con relación a las palabras usadas por esas periodistas en el programa «+ Viviana», emitido el pasado jueves 6 de abril en LN+ en el que la conductora, Canosa, y Di Marco se refirieron a una supuesta «anorexia nerviosa galopante» de la hija de la Vicepresidenta.
Esta tarde el Enacom informó que inició un sumario a LN+ «ante la presunta violación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en el programa +Viviana», conducido por Canosa con la intervención de Di Marco como entrevistada, «donde se habrían difundido enunciados estigmatizantes y discriminatorios sobre la Vicepresidenta de la Nación y su hija».
«Durante esta etapa se llevará adelante un proceso de análisis y evaluación del programa en cuestión, y en caso de concluir que el mismo contraviene la normativa, se procederá a iniciar el cargo pertinente de conformidad con lo previsto en el artículo 102» de la ley «para que el responsable de la señal LN+ haga su descargo», detallaron desde el ente.
Durante la transmisión, las periodistas aludieron también a cuestiones personales de la joven, basándose en imágenes que Florencia Kirchner posteó en su Instagram y tratándola como alguien que padece una enfermedad, para luego especular sobre los motivos de ese supuesto cuadro clínico.
En el texto de la denuncia realizada este lunes por el ministerio a cargo de Mazzina, se indicó que en ese programa tanto Canosa como Di Marco vertieron «agresiones, improperios, expresiones violentas, discriminatorias y agraviantes, ataques, gestos y diversas manifestaciones contrarias al ordenamiento jurídico a fin de hostigar y amedrentar» a Fernández de Kirchner y a su hija Florencia.
Esas expresiones, advirtió el texto, «colisionan con lo normado en la ley 23.592 de actos discriminatorios y, por otro lado, configuraron actos de violencia psicológica, política, público-política y simbólica por motivos de género», según lo establecido en distintos artículos de la «ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres».
«Propinar discursos de odio estigmatizando a mujeres -y comprendiendo la dimensión objetiva que esa identidad implica- son motivo de nuestra observación y preocupación», indicó el texto de la denuncia presentada ante el Enacom, organismo que ya actúa de oficio en el caso.
El escrito sostuvo además que «determinados mensajes construyen y refuerzan patrones socioculturales alejados del esfuerzo por prevenir y erradicar la violencia por motivos de género y la discriminación, a la vez que revisten en sí mismos hechos de violencia», por lo que, subrayó, «deben analizarse obligatoriamente en un contexto de violencia de género».
«Sin ir más lejos -se agrega- el intento de magnifemicidio cometido contra Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022 resulta inescindible de la serie de violencias previas sostenidas, crecientes, que habilitaron y convalidaron ese hecho», indicaron.
También se argumentó que «la utilización de agresiones, intimidaciones, expresiones discriminatorias y violentas, y el hostigamiento contra Florencia Kirchner» tiene el objeto de «menoscabar y anular la participación política de su madre».
La ministra Mazzina reclamó en ese contexto al Enacom que se tenga por presentado el escrito y que se «instruya de manera urgente la presente denuncia, disponiéndose las medidas pertinentes para hacerlos cesar sin demora».
El vicepresidente de Enacom, Gustavo López, por su parte, adelantó que el canal La Nación + «recibirá una multa que puede ser significativa» por las expresiones vertidas por Di Marco en el programa que conduce Canosa, que definió como una «estigmatización y falsedad».En una entrevista con Radio Provincia, el funcionario expresó que «hubo una cuestión discriminatoria por cuestiones políticas porque se trata de la hija de la Vicepresidenta» y tildó de «aberrantes» los dichos de Di Marco y Canosa.
«No se puede discriminar por razones de género, de sexo, ni por cuestiones políticas. Acá hay una clara discriminación por cuestiones políticas», reiteró López y evaluó que las comunicadoras de LN+ «violaron todos los protocolos escritos respecto de las guías de contenido sobre cómo tratar determinados temas».
Explicó que cuando se hace referencia en televisión «de una supuesta enfermedad», ello «debe ser tratado por un profesional matriculado» y tiene que «preservarse la identidad de la persona y su intimidad».
También, en declaraciones televisivas López explicó que los fiscalizadores del Enacom analizarán si las periodistas violaron alguna de las normativas vigentes en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que entre mañana y el miércoles «los evaluadores sacaran un dictamen donde dirán si hubo violación o no a alguna de las normas».
En caso de que se hubiera incurrido en una violación, «se notifica al canal, que tiene 10 días para contestar» y, por último, «se realiza un dictamen jurídico que debe ser analizado por el directorio del ente para decidir una sanción».Indicó que el expediente puede demorar entre 30 y 40 días y aclaró que las sanciones «son siempre contra el canal o la productora del programa», pero no contra los periodistas.
Para López, con expresiones como las vertidas en el programa conducido por Canosa, LN+ «está rompiendo» el «pacto con sus televidentes, que está basado en un código de ética» y juzgó que al grupo encabezado por Julio Saguier que «siempre se vendió como republicano y respetuoso de los derechos, debe molestarle que hablemos de cómo violaron la ley escrita».Con todo, aclaró que «la responsabilidad es del medio, no del periodista», por lo que la sanción será «al medio».
Después indicó que la multa al canal «puede ser significativa, además de sentar jurisprudencia» y detalló que «puede llegar al 10% del total del monto de emisión de publicidad por mes, puede ser la quita de publicidad y, cuando esto quede firme, sentar jurisprudencia».
No obstante, subrayó que «la sanción penal la determina la Justicia a requerimiento de partes» y destacó que «se trata de una cuestión personal usada políticamente para tratar de desprestigiar a la vicepresidenta, poniéndola en el lugar de culpable de la supuesta enfermedad de su hija».
“Rezamos cada mañana para no dormir en la calle”: huyó de la violencia machista en Argentina y denuncia abandono en España
Valeria De Bernardinis habló con El Argentino sobre la violencia que la obligó a huir del país junto a sus hijos. Hace siete años viven en España entre la precariedad, las secuelas psicológicas y el temor de quedar en la calle, mientras reclaman ayuda urgente del consulado argentino y que la Justicia los reconozca como víctimas para acceder a derechos básicos.
“Vivimos el día a día, prácticamente no tenemos para comer. Rezamos cada mañana para no dormir en la calle esa misma noche”. La frase sale de la boca de Valeria De Bernardinis, pero atraviesa a toda la familia. «Hace 7 años y 145 días» vive en España junto a sus dos hijos menores -hoy 16 y 19 años-, uno de ellos con autismo severo y el otro diagnosticado con trastorno por estrés postraumático. Escaparon de Argentina después de años de violencia extrema, amenazas y denuncias que -asegura- nunca lograron protegerlos del todo.
Hoy, lejos de encontrar tranquilidad, dice sentirse nuevamente abandonada. “El consulado argentino nos ha abandonado literalmente”, denuncia, al tiempo que reclama una vivienda urgente, la restitución de la pensión por discapacidad de uno de sus hijos -suspendida desde febrero- y que la Justicia española finalmente los reconozca a los tres como víctimas de violencia machista, condición que les permitiría acceder a asistencia económica, programas habitacionales y derechos básicos.
Un botón antipánico y 148 denuncias
La historia que hoy la tiene al borde de quedar en la calle comenzó mucho antes de España. Valeria ya era madre de un hijo de 11 años de un matrimonio anterior cuando conoció a Dionisio Ruiz Díaz a comienzos de los 2000. “Él lo quería más que a sus propios hijos”, recuerda con angustia.
Al principio, la violencia fue silenciosa: “Me fue apartando de mis amistades, de todo mi entorno. Me hacía creer que sin él yo no era nadie”. Después llegaron los golpes: “Perdí cinco embarazos por las palizas”. Durante años ocultó la violencia incluso frente a médicos y conocidos. “Decía que me había caído o golpeado con una puerta”, y confiesa que sentía «vergüenza«.
Valeria asegura que convivió durante años con miedo constante. En octubre de 2016 consiguió una perimetral y fue una de las primeras mujeres de Almirante Brown en recibir un botón antipánico. “A mí ese botón me salvó la vida”, asegura.
Pero ni las denuncias ni las restricciones alcanzaron para frenar a su agresor. Según relata, violentaba las órdenes de alejamiento y vigilaba la vivienda permanentemente. Valeria llegó a realizar “59 denuncias en lo civil y 89 en lo penal”. El episodio que terminó de quebrarlo todo ocurrió una semana antes de viajar a España. Según cuenta, su expareja intentó incendiar la casa familiar de Claypole mientras ella y los chicos estaban adentro: “Escondí a mis hijos debajo de la cama y pensé: ‘Que sea lo que Dios quiera’”.
Asimismo, cuenta que la policía llegó después de la activación del botón antipánico y que el hombre «fue detenido con un bidón de combustible en la mano». Sin embargo, horas después recuperó la libertad: “Me dijeron que cuando llegara a mi casa avisara para poder soltarlo”.
Dormían todos juntos en el comedor mientras patrulleros vigilaban la casa durante la noche. Para llevar a su hijo a las terapias necesitaba custodia policial. “A cada hora me llamaban para ver si seguía viva”.
Cabe señalar que la historia de Valeria refleja una problemática estructural que se repite en muchos casos de violencia de género: mujeres que denuncian durante años y aun así continúan expuestas a situaciones extremas. Según el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, de La Casa del Encuentro, durante 2025 hubo 262 víctimas fatales de violencia de género en Argentina: un femicidio cada 33 horas.
Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.
En esta misma línea, la Asociación Civil “Ahora que sí nos ven” registra que entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026 hubo 80 víctimas fatales de violencia de género: un femicidio cada 36 horas. Casi el 20% de esas mujeres había denunciado previamente y en el 70% de los casos los agresores eran parejas o exparejas.
“Hasta que no subí al avión no sabía si iba a seguir con vida”
Después de aquél episodio, escapar fue la única alternativa posible. Valeria consiguió la autorización del padre para sacar legalmente a los chicos del país, vendió su casa y armó las valijas de madrugada. “Hasta que no subí al avión no sabía si iba a seguir con vida”, confiesa.
El refugio apareció a través de Facebook. Una familia española le ofreció alojamiento después de conocer su historia. Pero cuando llegó, asegura, todo fue distinto: “Me usaron”.
Según relata, le quitaron dinero, contactos y documentación y, cuando “se acabó el dinero”, los echaron de la casa en plena pandemia. “Dormíamos en el piso y nos tapábamos con nuestra propia ropa”.
Durante estos años distintas asociaciones y personas particulares les brindaron ayuda. Pero con el tiempo -dice- muchos terminaron alejándose por el desgaste emocional y económico que implicaba sostener una situación tan prolongada. La sensación de haber cometido un error la acompañó desde el comienzo: “Sentí que había cometido el peor error de mi vida”.
El miedo siguió en España
Los hijos de Valeria llegaron a España siendo apenas chicos. Tenían 9 y 11 años. Atrás habían quedado las denuncias, los patrulleros y la violencia cotidiana. Pero el miedo -asegura- nunca desapareció del todo.
El menor fue diagnosticado con un grave trastorno por estrés postraumático. “El desarraigo es enorme. Mi hijo extraña a su hermano mayor, que se quedó en Argentina, y no puede con todo lo que vivimos”, cuenta.
Según relata, las secuelas psicológicas se profundizaron con los años. El menor atravesó situaciones de bullying y discriminación escolar que terminaron afectando seriamente su salud emocional.
Pero lo peor volvió a ocurrir hace tres años. Valeria asegura que su expareja logró encontrarlos en España y secuestró durante varias horas a uno de sus hijos. “Creo que me desmayé cien veces en ese lapso”.
Todavía hoy recuerda esas horas como uno de los momentos más desesperantes de su vida. Para ella, hubo fallas graves que permitieron el ingreso de su agresor al país. “No falló el juez. Falló la policía”.
“No quiero dormir en la calle con mis hijos”
Siete años después de haber escapado de Argentina, Valeria asegura que volvió a sentir el mismo miedo: quedarse sola, sin protección y sin un lugar donde vivir. “La situación es cada vez peor. Vivimos el día a día. Prácticamente no tenemos para comer”, relata.
Hoy reclama que la Justicia española finalmente cierre el expediente y los reconozca formalmente como víctimas de violencia machista, algo que -según denuncia- permanece paralizado desde hace más de siete años en el Juzgado Nº3 de Sant Feliu de Guíxols.
En España, ese reconocimiento puede habilitar el acceso a asistencia económica, programas de vivienda, apoyo psicológico y otras ayudas sociales específicas. “Hasta que no nos reconozcan como víctimas, no podemos acceder a derechos básicos”, explica.
A eso se suma otra urgencia: desde febrero dejó de cobrar la pensión por discapacidad de uno de sus hijos. “Era lo único que me llegaba. Y hasta eso me sacaron”. Valeria asegura haber presentado toda la documentación requerida, incluida la fe de vida ante el consulado argentino en Barcelona, pero afirma que todavía no obtuvo respuestas.
La situación no es aislada. En distintos puntos de Argentina, familias vienen denunciando suspensiones de pensiones por discapacidad, demoras administrativas y falta de respuestas oficiales, en un contexto atravesado por auditorías impulsadas por el Gobierno nacional que alcanzaron a más de 110.000 beneficios durante el último año.
Pero detrás de los expedientes, las auditorías y las demoras administrativas, la urgencia de Valeria y sus hijos es mucho más simple y brutal: sobrevivir. Sin ingresos estables y con miedo constante a quedarse en la calle, intenta sostener a sus hijos como puede. “No quiero dormir en la calle con mis hijos”, repite.
Y aunque el miedo y el agotamiento parecen haber atravesado cada etapa de su vida, hay una ausencia que todavía le duele más que cualquier otra: la de su hijo mayor, que permanece en Argentina y al que no ve desde hace más de siete años. “¿Sabés lo que daría por un abrazo?”, dice con la voz quebrada.
Si queres colaborar con Valeria:
Banco BBVA a nombre de María Valeria De Bernardinis
“Hoy no sé quién soy”
La historia de Valeria también atraviesa otra búsqueda: la de su identidad. En Argentina, Abuelas de Plaza de Mayo estima que todavía quedan alrededor de 300 hombres y mujeres que podrían haber sido apropiados durante la última dictadura militar y aún desconocen su verdadera identidad. “Yo siempre supe que era adoptada”, cuenta.
Según relata, fue criada por un matrimonio italiano y sufrió violencia durante toda su infancia. “Yo siento que me criaron mis secuestradores”.
Años después, mientras revisaba viejas valijas familiares, encontró partidas de nacimiento y comenzó a investigar sus orígenes. Así fue como Valeria logró descubrir quién era su madre biológica. Se llamaba Teresa Sandoval y trabajaba en una casa de Capital Federal.
“Hay toda una historia oscura detrás”, que incluso la llevó a sospechar que pudo haber sido víctima de apropiación ilegal durante la última dictadura militar. “Cuando mi mamá dio a luz, el hijo de esa familia se fue a Israel y la abuela se suicidó. Hay muchas cosas que nunca pude entender”. Hoy, sigue buscando respuestas: “No sé quién soy”.
Línea 102 Si necesitas ayuda o conoces a alguien que esté expuesto a violencia, llamá al 102. Es un servicio gratuito y confidencial, de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Podés llamar ante una situación de vulneración de derechos. Si vivís una emergencia llama al 911.
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