Una familia con un matrimonio y dos hijos menores podrá acceder a la ciudadanía argentina a cambio de US$500.000, y una persona sola, con un aporte de US$350.000. El Gobierno de Javier Milei puso precio a la nacionalidad y empezará a recibir solicitudes en el cuarto trimestre de 2026.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el programa de ciudadanía por inversión en la Embajada argentina en París y afirmó que busca “captar aún más la atención del mundo”. Explicó que la iniciativa comenzó a gestarse dos años atrás, a partir del interés que, según señaló, manifestaron distintos sectores por acceder a la ciudadanía argentina.

Cuánto cuesta y quién paga

El solicitante principal tiene dos caminos: un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por US$800.000, creado específicamente para el programa. En la práctica, la primera opción es un pago al Estado que no se devuelve.

También podrán solicitar la ciudadanía el cónyuge y los hijos del titular. Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, deberán aportar US$100.000 al Tesoro, mientras que el monto previsto para los menores de 18 años será de US$25.000. De esta manera, una familia integrada por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores accederá al programa con aportes por un total de US$500.000.

Los fondos deberán ingresar a través del sistema financiero formal y estarán sujetos a controles en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera.

Los controles y quién decide

La evaluación estará encabezada por la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con intervención de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior. El análisis abarcará identidad, origen y trazabilidad de los fondos, situación patrimonial y financiera, antecedentes penales y reputacionales e historial migratorio.

Tras ese proceso, la Agencia elevará una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que tendrá a su cargo aprobar o rechazar cada solicitud.

Un régimen con antecedentes y un tropiezo

El esquema no es nuevo. En mayo de 2025, el Decreto 366/2025, de la reforma migratoria, modificó la Ley de Ciudadanía 346 para habilitar la figura, y el Decreto 524/2025, publicado en el Boletín Oficial el 31 de julio de 2025 con las firmas de Milei, del entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de Caputo, reglamentó el procedimiento. El decreto permite iniciar el trámite sin importar el tiempo de residencia en el país y dejó en manos del Ministerio de Economía la definición de qué se considera una inversión relevante.

Caputo aseguró que el Gobierno trabajó durante los últimos dos años con firmas internacionales especializadas para adoptar las prácticas de programas similares de otros países, y sostuvo que las expectativas de esas firmas son “muy altas”. Sin embargo, la Resolución 522/2026 del Ministerio de Economía, del 14 de abril de 2026 y no publicada en el Boletín Oficial, dejó sin efecto la licitación internacional que la cartera había lanzado el 5 de diciembre de 2025 para contratar una consultoría integral de diseño, implementación, lanzamiento y promoción del programa.

El contrato en disputa se extendía por cuatro años o hasta la emisión de 5.000 informes que recomendaran aprobar solicitudes. Queda por aclarar qué relación tienen con ese proceso anulado las firmas que mencionó el ministro.

Faro de libertad con precio de lista

El ministro vinculó las expectativas depositadas en el programa con la situación geopolítica del país y con la proyección internacional de Milei. “Argentina hoy es un faro de libertad e inversión en el mundo”, sostuvo, y planteó que el objetivo es seguir fortaleciendo los vínculos con el exterior y proyectar el valor de la ciudadanía argentina. Destacó además que esquemas similares funcionan en otros países y que el programa busca sumar una vía para atraer capitales.

Los antecedentes internacionales plantean reparos. En 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal el programa de ciudadanía por inversión de Malta, al considerar que reducía la nacionalidad a una operación comercial. Los controles anunciados por el Gobierno argentino apuntan a riesgos de esa naturaleza: lavado de activos, financiamiento del terrorismo y trazabilidad de los fondos.

Lo que tenés que saber:

• Las solicitudes se recibirán desde el cuarto trimestre de 2026.
• El solicitante principal debe aportar US$350.000 no reembolsables al Tesoro o suscribir un título público de US$800.000.
• Cónyuge e hijos de 18 a 25 años solteros y sin hijos aportan US$100.000; los menores de 18, US$25.000.
• La Agencia evalúa con la SIDE, la UIF y los ministerios de Seguridad y del Interior, y Migraciones aprueba o rechaza.
• La Resolución 522/2026 anuló en abril la licitación para contratar la consultoría del programa.