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Excarcelan al detenido por golpear y secuestrar a mujer policía
El hecho ocurrió en Tigre. Un juez de San Isidro benefició al agresor de Macarena Bogado, la policía que fue golpeada, amenazada y mantenida en cautiverio durante casi un día. Fue rescatada por una compañera.
Un juez de San Isidro le otorgó la excarcelación al hombre que fue detenido acusado de haber golpeado, amenazado y mantenido en cautiverio durante casi un día a una mujer policía en su casa del partido de Tigre, donde fue rescatada por una compañera de la misma fuerza de seguridad, informaron hoy fuentes judiciales.
Se trata del caso de Macarena Bogado (28), quien se desempeña en la Policía Local de Tigre y la semana pasada hizo público su caso en entrevistas que dio a Télam y otros medios, tras la detención por violencia de género de su expareja, Adrián Jeremías Marcos (29).
Ante la excarcelación de Marcos, la víctima dijo a Télam que se siente «muy triste y angustiada» y que va a seguir declarando ante los medios para que su situación se haga pública.
«Yo tengo que estar encerrada, mientras él se está cagando de risa. Sinceramente no lo puedo creer. Yo tengo que aparecer muerta para que hagan algo, y no sé si hacen algo si pasa eso también», expresó Bogado tras enterarse que su agresor está en libertad.
Si bien Marcos había quedado detenido acusado de los delitos de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real con amenazas y privación ilegal de la libertad”, ante un pedido de su defensa, el juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Díaz, dispuso la excarcelación del imputado.

“Teniendo presente que el monto mínimo de pena que prevén los injustos cuya comisión se le enrostra a Marcos parten de una sanción inferior a los tres años de prisión, pudiendo además adunar que la escala máxima prevista por cada uno de los ilícitos no superan los ocho años de prisión, entiendo que (…) en caso de recaer sentencia condenatoria en la presente, ésta podría ser de ejecución condicional”, señala el juez en uno de los párrafos de su resolución, a la que accedió Télam.
Además, Díaz valoró a favor de Marcos que “posee residencia y no posee antecedentes condenatorios”.
El juez ordenó la excarcelación bajo “caución juratoria” –es decir sin imponer el monto de una fianza-, aunque sí dispuso una serie de “obligaciones especiales” que el acusado deberá cumplir para mantenerse en libertad.
La mujer policía advirtió que «Marcos es una persona peligrosa» y adelantó que se reunirá con su abogado el jueves próximo para analizar si existe algún planteo para realizar y lograr que vuelva a prisión.
«Yo no puedo entender cómo lo pueden sacar a este tipo. Si me tengo que morir, lo haré luchando», concluyó Macarena.

En primer lugar, le impuso a Marcos dos tipos de prohibiciones de acercamiento: por un lado no puede estar a menos de 300 metros del actual domicilio de Bogado o de aquel al que eventualmente la víctima se muda, y además, no puede aproximarse a menos de 100 metros de la denunciante independientemente al lugar donde ella se encuentre.
También le impuso el impedimento de mantener contacto “por cualquier medio” con la víctima.
El hecho ocurrió el 1 de mayo pasado en una casa ubicada en el cruce de las calles Juana Azurduy y Azopardo, de la localidad de Los Troncos, en el partido de Tigre, en el norte del Gran Buenos Aires.
La propia Bogado, quien quedó con el ojo lleno de hematomas, contó la semana pasada a Télam que todo comenzó con una discusión, tras la cual Marcos “agarró un cuchillo, me pegó en el pecho y me llevó al cuarto”.
Según denunció Bogado, seguidamente su expareja la golpeó en el ojo derecho, la insultó y la arrastró hasta que se detuvo al ver la herida que le había provocado en la cara.
“No me siguió pegando porque me vio el ojo hinchado. En ese momento empezó a pedirme perdón y a decirme ´por qué me hacés hacer esto´”, sostuvo la víctima.
La mujer policía recordó que Marcos le sacó el teléfono celular “porque pensó que iba a llamar a alguien” y que, tras ello, comenzó intentó curarla y le colocó hielo en la zona del golpe para bajarle la hinchazón.
Pasada la 1 de la madrugada, Marcos se despertó y, al notar que la hinchazón en la cara de la mujer no bajaba, decidió ir a una farmacia para comprar un medicamento, lo que fue aprovechado por Bogado para llamar, con un celular que su expareja había dejado en la casa, a una compañera, a quien le dijo que, si a las 6 no tomaba el turno, envíe un móvil policial a la casa, lo que ocurrió y así se produjo la detención.
La causa había pasado a la Fiscalía de Flagrancia de Tigre, porque la detención se produjo de urgencia y con el delito en curso, pero ahora será derivada a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Tigre, a cargo del fiscal Pablo Menteguaiga, que iba a ponerse en contacto con la víctima.
(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463).
Seguridad 🚨
Santa Fe les cobra a los padres de los amenazadores: “Cara la jodita”, la reacción ante la boleta de $6 millones
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
Santa Fe entregó la primera multa a padres por amenazas escolares: más de $6 millones
★ El gobierno de Santa Fe concretó la primera notificación de cobro a los responsables de amenazas escolares en la provincia: los padres de un menor identificado como autor de una intimidación recibieron una boleta por $6.024.944. La reacción del adulto notificado no tardó en circular: «Cara la jodita», dijo al recibir el documento, en una frase que el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, se encargó de difundir en su conferencia de prensa.
La primera notificación y sus alcances
El operativo de notificación fue realizado este lunes por la Policía de la Provincia de Santa Fe en la ciudad capital. El ministerio de Justicia y Seguridad provincial notificó a ambos progenitores del menor identificado como autor de una de las amenazas a escuelas, en carácter de responsables solidarios del gasto operativo.
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
La maquinaria ya tiene 58 casos identificados
Cococcioni precisó que a la fecha ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica a más de 70 personas involucradas, dado que varios casos cuentan con más de un autor o más de un adulto responsable.
«A medida que la Fiscalía valida las identidades, sean mayores o menores, punibles o no, se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones», explicó el ministro.
El mecanismo no distingue entre imputables e inimputables: lo que se cobra es el costo del operativo de seguridad desplegado por la amenaza, no una sanción penal directa sobre el menor. La obligación recae sobre los adultos responsables, independientemente de la situación legal del alumno.
Una medida en medio de una crisis nacional
Como informó este medio en coberturas anteriores, la ola de amenazas escolares sacudió al país en las últimas semanas, extendiéndose a al menos doce provincias con mensajes de formato casi idéntico: «Mañana tiroteo, no vengan».
El fenómeno se disparó tras el crimen de Ian Cabrera, el estudiante asesinado el 30 de marzo de 2026 en San Cristóbal, Santa Fe, en un hecho que conmocionó a la sociedad argentina y reabrió el debate sobre la violencia escolar y la imputabilidad de menores.
La True Crime Community (TCC), una subcultura digital transnacional que exalta las masacres escolares, fue señalada por la justicia santafesina y la Subsecretaría de Asuntos sobre el Terrorismo Internacional (SAIT) como uno de los vectores de propagación del fenómeno.
Frente a la crisis, las respuestas de los distintos gobiernos provinciales fueron dispares: desde reuniones interministeriales sin resultados concretos hasta operativos de allanamiento con adolescentes imputados. Santa Fe optó por una vía que combina la presión económica sobre los adultos responsables con la acción judicial sobre los menores identificados.
El debate de fondo que la boleta no resuelve
El gobierno santafesino presenta la medida como un efecto disuasorio. Sin embargo, el instrumento no apunta a las causas estructurales del fenómeno: la fragilidad de los entornos digitales que amplifican este tipo de conductas, la ausencia de programas de contención en las escuelas o la demora en la implementación efectiva de la Ley 27.801, que modificó el régimen penal juvenil pero cuya entrada en vigor plena aún está sujeta a un período de adecuación institucional de 180 días.
La frase del padre notificado, «cara la jodita», condensa en tres palabras lo que el Estado santafesino quiere transmitir: que las amenazas tienen un costo real y mensurable. Lo que resta ver es si ese costo alcanza para modificar conductas en un fenómeno que excede ampliamente el bolsillo familiar.
Puntos clave:
- El gobierno de Santa Fe entregó la primera notificación de cobro a padres de un menor responsable de una amenaza escolar, por un monto de $6.024.944.
- La notificación otorga un plazo de cinco días para abonar; vencido ese término, el caso pasa a la Fiscalía de Estado.
- El ministerio identificó a responsables en 58 hechos, con más de 70 personas involucradas en total.
- La medida impone la obligación de pago sobre los adultos como responsables solidarios, independientemente de la situación penal del menor.
- El fenómeno de amenazas escolares se inscribe en una crisis nacional vinculada al crimen de Ian Cabrera y a la proliferación de la True Crime Community en entornos digitales.
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