Comunidad 👥
Conocé a las primeras choferas de transporte de larga distancia
Fueron incorporadas a una flota comercial de una empresa misionera. Algunos pasajeros aún se sorprenden al verlas conducir.
Fanáticas de los «grandes» fierros, meticulosas en el manejo de los micros y orgullosas de ser las primeras choferas incorporadas a una flota comercial, nueve mujeres integran la plantilla de una empresa misionera de larga distancia, en la cual algunos pasajeros aún se sorprenden al verlas conducir las unidades en un rubro laboral casi monopolizado por hombres.
A fines del 2021, los puestos de trabajos en el sector transporte terrestre sumaban 310.644, repartidos en 29.782 empresas.

Por provincias, la mayor cantidad de trabajadoras en el sector se registra en Buenos Aires (38%), seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (19%) y Córdoba (8%).
Télam dialogó con algunas trabajadoras para saber cómo es su trabajo día a día y qué las impulso a elegir ese trabajo.
Iris Liliana Martínez, oriunda de la localidad misionera de Campo Ramón que siempre le «llamaron la atención» los vehículos de gran tamaño.
«Siempre me gustaron los vehículos de gran porte. Mis abuelos, mis tíos, mi papá, mi hermano son camioneros, crecí con eso», precisó, y agregó que experimentó viajar con su esposo en un camión y que su familia la alentaba a que tuviera su carnet de conductora profesional.

Y sostuvo: «Mi hermano, que trabaja en un trasporte de Buenos Aires, me facilitó trabajar allá, así que saqué mi licencia profesional y empecé a entrar más en el rubro y a manejar», quien agregó que sobre la convocatoria se enteró por un grupo de mujeres empresarias.
«Llevé mi currículum justo cuando mi esposo se había quedado sin trabajo, así que el día de la entrevista hablé también por él, así que hicimos juntos la prueba de manejo y ambos ingresamos a la empresa. El instructor de manejo me dijo: ‘no le vayas a decir nada a tu marido, pero vos manejaste mejor que él’.
En cuanto a su experiencia en ruta, Iris remarcó que no tuvo miedo en su primer viaje que realizó a Buenos Aires.
En cuanto a la relación con sus compañeros varones subrayó que «siempre fue la mejor. Me tocaron compañeros excelentes».

Otra de las conductoras, Pamela Soledad Krainski, de 38 años y conductora profesional de camiones desde los 21.
Oriunda de colonia Liebig, Corrientes, una ciudad lindante a Misiones, comentó que llegó a la empresa de larga distancia hace 6 años y que fue un «reto más».
«Fue un sueño hecho realidad, este próximo 1 de julio se van a cumplir seis años que estoy aquí. Soy una de las primeras conductoras que ingresaron a la empresa, que siguió dándole oportunidades y crecimiento a las mujeres. Para mí fue una meta y estoy orgullosa de seguir en esta empresa en la que me desarrollo profesionalmente», destacó.
En relación a qué la llevó a presentarse como conductora, Pamela detalló que vio la convocatoria por internet y llevó su currículum: «Fui de una, me presenté, me atendió el de seguridad que tomó mi currículum y me anticipó que iban a llamarme porque había una convocatoria para incluir en la flota mujeres conductoras. Y yo dije que quería estar ahí, viajar y manejar».

«Unos días después me llamó el instructor para entrevistarme», explicó, y precisó que luego de pasar por los cursos y clases de manejo, su primer viaje fue a Buenos Aires.
Pamela recordó su primera anécdota con una pasajera, quien se sorprendió porque viajaría con una chofera.
«En la terminal de Posadas una pasajera dijo a mi compañero que tendrían azafata en el viaje. Y mi compañero le aclaró que yo no era azafata sino la conductora. La mujer dijo que si yo manejaba ella no viajaba y fue a la boletería a quejarse. Al final subió pero a la madrugaba la tenía en la escalera del micro filmándome y controlándome. Al llegar a Retiro me felicitó por cómo manejé», explicó la conductora.
«Estar sentada detrás de un volante me hace la mujer más feliz, y quisiera ver a más mujeres que sigan creciendo» en este rubro, remarcó quien hoy realiza viajes de corta, media y de larga distancia a Brasil y Paraguay.
Por su parte, Doris Mabel Farzen, oriunda de la localidad misionera de Jardín América, señaló que desde muy chiquita tiene atracción por los vehículos.

También explicó a esta agencia que su esposo es uno de los choferes más antiguos de la empresa, así que se sintió «atrapado de a poco».
Sin embargo, la pandemia de Covid-19 provocó giros: «Hizo muchos cambios en la vida de muchos; yo no fui la excepción, tuve que dejar la costura y el año pasado justamente conocí el pedido de la empresa. Hice la prueba, los cursos, las vueltas de reconocimiento y tuve la primera experiencia como chofer», detalló.
Sobre la incorporación de las mujeres al mundo de la conducción de larga distancia, Doris admitió que aún están «muy relegadas. Que una empresa se abra a esto es grandioso, es un gran paso. Ver que apuesta a la inclusión es un ejemplo para las demás».
Entre sus anécdotas, recordó que su primer viaje fue «el 18 de diciembre del año pasado, cuando Argentina estaba jugando el Mundial de fútbol. Entramos a la terminal de Eldorado (Misiones) festejando el triunfo, así que fueron muchas emociones juntas. Para mí es un día inolvidable».
En 2019, se puso en marcha el Registro de Mujeres Aspirantes a Choferes de Colectivo en todo el país que fue relanzado en 2021 junto el pago por parte del Estado de la licencia LINTI (Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional) para las trabajadoras del sector, y la creación de la Red de Empresas del Transporte Automotor por la Igualdad.
Seguridad 🚨
Santa Fe les cobra a los padres de los amenazadores: “Cara la jodita”, la reacción ante la boleta de $6 millones
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
Santa Fe entregó la primera multa a padres por amenazas escolares: más de $6 millones
★ El gobierno de Santa Fe concretó la primera notificación de cobro a los responsables de amenazas escolares en la provincia: los padres de un menor identificado como autor de una intimidación recibieron una boleta por $6.024.944. La reacción del adulto notificado no tardó en circular: «Cara la jodita», dijo al recibir el documento, en una frase que el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, se encargó de difundir en su conferencia de prensa.
La primera notificación y sus alcances
El operativo de notificación fue realizado este lunes por la Policía de la Provincia de Santa Fe en la ciudad capital. El ministerio de Justicia y Seguridad provincial notificó a ambos progenitores del menor identificado como autor de una de las amenazas a escuelas, en carácter de responsables solidarios del gasto operativo.
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
La maquinaria ya tiene 58 casos identificados
Cococcioni precisó que a la fecha ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica a más de 70 personas involucradas, dado que varios casos cuentan con más de un autor o más de un adulto responsable.
«A medida que la Fiscalía valida las identidades, sean mayores o menores, punibles o no, se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones», explicó el ministro.
El mecanismo no distingue entre imputables e inimputables: lo que se cobra es el costo del operativo de seguridad desplegado por la amenaza, no una sanción penal directa sobre el menor. La obligación recae sobre los adultos responsables, independientemente de la situación legal del alumno.
Una medida en medio de una crisis nacional
Como informó este medio en coberturas anteriores, la ola de amenazas escolares sacudió al país en las últimas semanas, extendiéndose a al menos doce provincias con mensajes de formato casi idéntico: «Mañana tiroteo, no vengan».
El fenómeno se disparó tras el crimen de Ian Cabrera, el estudiante asesinado el 30 de marzo de 2026 en San Cristóbal, Santa Fe, en un hecho que conmocionó a la sociedad argentina y reabrió el debate sobre la violencia escolar y la imputabilidad de menores.
La True Crime Community (TCC), una subcultura digital transnacional que exalta las masacres escolares, fue señalada por la justicia santafesina y la Subsecretaría de Asuntos sobre el Terrorismo Internacional (SAIT) como uno de los vectores de propagación del fenómeno.
Frente a la crisis, las respuestas de los distintos gobiernos provinciales fueron dispares: desde reuniones interministeriales sin resultados concretos hasta operativos de allanamiento con adolescentes imputados. Santa Fe optó por una vía que combina la presión económica sobre los adultos responsables con la acción judicial sobre los menores identificados.
El debate de fondo que la boleta no resuelve
El gobierno santafesino presenta la medida como un efecto disuasorio. Sin embargo, el instrumento no apunta a las causas estructurales del fenómeno: la fragilidad de los entornos digitales que amplifican este tipo de conductas, la ausencia de programas de contención en las escuelas o la demora en la implementación efectiva de la Ley 27.801, que modificó el régimen penal juvenil pero cuya entrada en vigor plena aún está sujeta a un período de adecuación institucional de 180 días.
La frase del padre notificado, «cara la jodita», condensa en tres palabras lo que el Estado santafesino quiere transmitir: que las amenazas tienen un costo real y mensurable. Lo que resta ver es si ese costo alcanza para modificar conductas en un fenómeno que excede ampliamente el bolsillo familiar.
Puntos clave:
- El gobierno de Santa Fe entregó la primera notificación de cobro a padres de un menor responsable de una amenaza escolar, por un monto de $6.024.944.
- La notificación otorga un plazo de cinco días para abonar; vencido ese término, el caso pasa a la Fiscalía de Estado.
- El ministerio identificó a responsables en 58 hechos, con más de 70 personas involucradas en total.
- La medida impone la obligación de pago sobre los adultos como responsables solidarios, independientemente de la situación penal del menor.
- El fenómeno de amenazas escolares se inscribe en una crisis nacional vinculada al crimen de Ian Cabrera y a la proliferación de la True Crime Community en entornos digitales.
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