Femicidio
Reemplazan a la fiscal que investigaba un femicidio en Saladillo tras un pedido del intendente
Se trata de Patricia Hortel, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 2 de dicha ciudad bonaerense, quien fue alejada del expediente por una resolución del fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, y en su lugar fue designado el fiscal de Cañuelas, Javier Berlingeri.
La fiscal que investigaba el femicidio de Rocío Magalí González, asesinada el 1 de junio último al ser atacada a tiros presuntamente por un compañero de trabajo al que había denunciado por acoso y maltrato en Saladillo, fue apartada de la causa tras un pedido del intendente local, con el objetivo de “preservar la objetividad” de la pesquisa, informaron hoy fuentes judiciales.
Se trata de Patricia Hortel, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 2 de dicha ciudad bonaerense, quien fue alejada del expediente por una resolución del fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, y en su lugar fue designado el fiscal de Cañuelas, Javier Berlingeri.
Fuentes judiciales informaron que esta medida se dispuso el jueves pasado “para preservar la objetividad de la investigación”, luego de que el 7 de junio pasado el intendente de Saladillo, José Luis Salomón, enviara un pedido por escrito al procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, para pedir la remoción de la fiscal por su “desafortunada y lamentable” declaración a la prensa sobre el caso.
El día antes, Hortel dijo en declaraciones a Telenueve que a su hija no le hubiera ocurrido lo que a Rocío porque “se hace respetar” y “su ´no´ es respetado”.
Por el femicidio de esta joven permanece detenido Renzo Eduardo Chidichimo (25), quien estuvo prófugo casi cinco días hasta que lo apresaron en inmediaciones del campo La Vanguardia, a la vera de la ruta provincial 51, entre Saladillo y Las Flores.
Tras su captura, Chidichimo, asistido por un defensor oficial, se negó a declarar ante la por entonces fiscal de la causa y quedó formalmente detenido por disposición del Juzgado de Garantías 7 de Saladillo.
El hecho ocurrió el jueves 1 de junio último en el local Carletti Servicios, una firma dedicada a la venta de sistemas de alarma y monitoreo de viviendas, ubicado en la calle Frocham 2832, de esa ciudad del suroeste de la provincia de Buenos Aires.
Según las fuentes consultadas, Chidichimo llegó al local fuera de su horario laboral, cerca de las 14, y se dirigió directamente a un cuarto donde se realizan los monitoreos de las cámaras de seguridad y en el que trabajaba Rocío.
Sin mediar palabra, Chidichimo desenfundó una pistola Bersa calibre 9 milímetros y disparó al menos siete veces en dirección a González, quien fue herida de gravedad.
Tras el ataque, el joven escapó, mientras que la víctima fue trasladada al sanatorio local, donde falleció.
Voceros judiciales indicaron que la víctima había realizado una denuncia contra Chidichimo a fines del 2022 y otra en mayo de este año por maltratos, acoso laboral y violencia psicológica.
«Las denuncias fueron realizadas en la comisaría de la mujer, pero fueron ante el fuero civil, no penal, por eso las actuaciones se derivaron a un Juzgado de Paz, que tomó medidas cautelares», explicó a la prensa la fiscal Hortel.
Una de las medidas adoptadas fue el cambio de horario de trabajo de Chidichimo, para evitar que se cruzaran en el local y, además, voceros policiales indicaron que existía entre ambos un perímetro de restricción de acercamiento.
En tanto, los investigadores reconstruyeron que Chidichimo llegó y se fugó de la escena del crimen en una moto de 110 cilindradas, que luego abandonó en un campo a unos diez kilómetros y que, desde allí, siguió la fuga a pie.
Por otro lado, Mariana González, una tía paterna de la joven asesinada, contó a la prensa que el ahora detenido amenazó dos días antes del crimen a Rocío diciéndole que «disfrutara porque ya le quedaba poco».
«Ella (por Rocío) se lo comentó al hermano y a su papá, están las pruebas presentadas en la Justicia de parte del padre, pero no llegó a irse a Cañuelas, justo cayó un feriado largo…realmente íbamos a ir a Cañuelas y si pensaba en ir a Cañuelas a hacer la denuncia es porque no tenía respuesta de aquí (en Saladillo)», dijo esta mañana a la prensa.
La tía contó que el agresor «fue directamente a matarla», y lo tenía todo «premeditado» y «pensado», al punto que «no le dio tiempo de apretar el botón antipánico» con el que contaba Rocío a raíz de las denuncias previas que pesaban sobre él.
A raíz del femicidio de la joven, la comunidad de Saladillo realizó desde el jueves a la noche una serie de marchas en reclamo de justicia y para pedir por la detención «vivo o muerto» del Chidichimo.
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Córdoba
Justicia para Agostina Vega: Córdoba marchó y piden que la causa no cierre con 6 acusados
A casi cuatro meses del femicidio de la adolescente de 14 años, cientos de personas recorrieron el barrio Cofico hasta la Legislatura provincial. El fiscal pidió elevar la causa a juicio, pero Gabriel Vega, padre de la víctima, insiste en que hay más responsables que aún no fueron imputados.
Cientos de personas salieron a las calles de Córdoba este sábado para exigir justicia por Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada hace casi cuatro meses. La marcha recorrió desde el barrio Cofico, el mismo lugar donde la menor fue vista con vida por última vez, hasta la Legislatura provincial, donde los manifestantes desplegaron una bandera con su imagen y el reclamo de justicia.
Gabriel Vega, padre de Agostina, encabezó la movilización y cuestionó públicamente el avance de la investigación. La causa está a punto de ir a juicio oral con seis personas acusadas, pero la familia sostiene que el expediente cierra con demasiados interrogantes abiertos y que hay responsables que todavía no fueron alcanzados por la Justicia. «Las pruebas hablan. Acá faltan personas», afirmó Vega durante la marcha.
La causa camino al juicio: seis acusados y una estrategia defensiva que cambia
El fiscal Raúl Garzón formalizó el pedido para elevar la causa a juicio oral. El principal imputado es Claudio Barrelier, acusado de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género, cargos que contemplan prisión perpetua. Junto a él quedaron imputados por presunto encubrimiento doblemente calificado: Osvaldo Fassetta, Matías Córdoba, Soledad Andreani, Marianela Palmero y Eugenia Ascarruz.
La semana previa a la marcha, Barrelier amplió su declaración ante la Justicia y reiteró su versión de los hechos. El fiscal Garzón descartó que lo expresado por el acusado pudiera dejarlo «libre de culpa y cargo», aunque evitó brindar detalles sobre el contenido de esa presentación. La defensa de Barrelier, que cambió tanto de abogado como de estrategia, intenta ahora sostener una hipótesis que lo ubica como un «nexo» entre distintas partes, una figura que diluye su responsabilidad directa en lo ocurrido.
El reclamo del padre: investigar a tres personas más
Gabriel Vega lleva meses señalando que la investigación no agotó todas las líneas posibles. Durante la marcha volvió a reclamar que la Justicia avance sobre Viviana Brizuela, Ángela Barrelier y Mario Muñoz, a quienes la familia considera vinculados con el crimen. También cuestionó la situación procesal de Marianela Palmero, expareja del principal acusado, imputada por encubrimiento pero con una situación que la familia evalúa como insuficiente.
El reclamo del padre condensa una tensión que atraviesa muchas causas de femicidio: la distancia entre lo que la Justicia puede probar y lo que el entorno de la víctima percibe que efectivamente ocurrió. La elevación a juicio, aun siendo un avance procesal, no siempre significa para las familias que se hizo todo lo que se debía hacer.
El juicio oral podría comenzar a fines de 2026 o en los primeros meses de 2027
El abogado de la madre de Agostina, Carlos Nayi, estimó que el debate oral podría comenzar entre fines de este año y los primeros meses de 2027, una vez cumplidas las etapas procesales que siguen al pedido de elevación a juicio. La decisión sobre ese pedido deberá atravesar la instancia de control jurisdiccional correspondiente antes de que se fije fecha.
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