★ La Legislatura bonaerense aprobó en la madrugada del jueves la creación de un organismo provincial de fomento audiovisual, en lo que representa un desafío directo a la política de desfinanciamiento que el gobierno de Javier Milei viene aplicando sobre el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). La norma, impulsada por el gobernador Axel Kicillof, marca un rumbo opuesto al achicamiento federal y profundiza la puja entre dos modelos antagónicos de gestión cultural.

Una ley que declara al audiovisual como sector estratégico

Según fuentes oficiales, la Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual declara a la actividad audiovisual como «estratégica y productiva» para la provincia. La norma crea un Fondo de Fomento inicial de $675 millones, instituye un Servicio Audiovisual Provincial, establece un Consejo asesor con representación sectorial y proyecta una red de salas junto a programas de profesionalización.

La ley fue aprobada con amplio consenso político, incluso en medio de una semana de fuerte tensión legislativa por el paquete de proyectos que envió el Ejecutivo provincial, que incluía Presupuesto, Ley Fiscal y un proyecto de financiamiento que finalmente se cayó el viernes por falta de quórum.

Para el gobierno bonaerense, el objetivo es explícito: blindar una política cultural considerada motor productivo, fortalecer el empleo audiovisual y compensar el vacío que dejó la administración libertaria a nivel federal.

El repliegue federal: recortes, parálisis y cambios regulatorios

El contraste con la política nacional es notorio. Desde el inicio de su gestión, el gobierno de Milei aplicó una combinación de recortes presupuestarios, reordenamientos administrativos y cambios regulatorios sobre el INCAA.

Entre las medidas dispuestas se registraron la reducción práctica del financiamiento a proyectos, la paralización o ralentización de convocatorias y ajustes que afectaron áreas técnicas y de fomento. También hubo disposiciones para trasladar plataformas como CINE.AR fuera del organismo —luego parcialmente revertidas— y un proceso de reducción estructural que funcionarios libertarios justificaron como parte de un «sinceramiento» de un sector que, según señalaron, estaba sobredimensionado.

Para los sectores de la industria, festivales y asociaciones de realizadores, esas decisiones configuraron un proceso de desfinanciamiento que afecta la producción independiente, el circuito federal de festivales y la exhibición de cine nacional.

Dos visiones irreconciliables sobre el Estado y la cultura

La diferencia ideológica entre ambos modelos es explícita. Para Kicillof, el audiovisual es parte de la economía del conocimiento, genera empleo calificado y exportaciones, y necesita política pública estable. El peronismo bonaerense apuesta a una presencia activa del Estado, especialmente en sectores considerados estratégicos.

Para Milei, en cambio, la cultura debe sostenerse con mecanismos de mercado y aportes privados. En esa lógica, el INCAA es un organismo que debe «reducir su tamaño», «ordenar gastos» y limitar su participación en la financiación de contenidos. Los libertarios impulsan una reducción al mínimo de la intervención pública.

Un nuevo capítulo en la batalla cultural

El contraste audiovisual funciona como espejo de una disputa más amplia entre ambos proyectos políticos. Para el ecosistema audiovisual, el escenario que se abre es doble: un polo provincial que busca reforzar producción, identidad y empleo; y un gobierno nacional cuyo repliegue obliga a replantear la sostenibilidad de la actividad en el resto del país.

En este escenario, la denominada «batalla cultural» sumó un nuevo capítulo y promete seguir escalando. Más allá de los discursos, las diferencias entre la oposición peronista y el oficialismo liberal empiezan a plasmarse en cuestiones concretas que impactan directamente sobre trabajadores, realizadores y la industria audiovisual en su conjunto.

Puntos clave:

• La Legislatura bonaerense aprobó una ley que crea un organismo provincial de fomento audiovisual con $675 millones iniciales

• La norma declara al sector como estratégico y establece un Servicio Audiovisual Provincial con representación sectorial

• El gobierno de Milei aplicó recortes presupuestarios, paralización de convocatorias y reducción estructural del INCAA

• Kicillof considera al audiovisual parte de la economía del conocimiento que requiere política pública estable

• Milei sostiene que la cultura debe sostenerse con mecanismos de mercado y reduce la intervención estatal