Con “miedo, angustia e impotencia” es como atravesó María Celeste Quintana los últimos meses de su tratamiento para un cáncer del sistema linfático que afecta su respiración, cuya medicación -que ronda los 30 millones de pesos- era proporcionada por la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), dependiente ahora del Ministerio de Salud, que durante casi cinco meses interrumpió su entrega, al igual que con otras decenas de pacientes oncológicos y de otras patologías severas.
“Tenía mi quimio programada para el 23 de enero. Recién el 12 de abril me entregaron la medicación”.María Celeste Quintana
Celeste tiene 32 años, es oriunda de la localidad bonaerense de Quilmes y es estudiante de Historia y Bibliotecología de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En 2019 le diagnosticaron linfoma de Hodgkin, un cáncer del sistema linfático crónico que trata en el Hospital de Clínicas con la medicación que la Dadse le brindó durante un año y medio desde 2022 y que interrumpió en diciembre pasado durante cinco meses.
“Tenía mi quimio programada para el 23 de enero. Recién el 12 de abril me entregaron la medicación”, contó Celeste. Al igual que ella, decenas de pacientes oncológicos o con enfermedades crónicas están a la espera de la medicación que reciben a través de este organismo nacional que otorga subsidios para la adquisición de medicamentos destinados a personas en situación de vulnerabilidad social y sanitaria, que no cuentan con cobertura médica.
Las organizaciones que acompañan a pacientes y familiares en esta situación denuncian que al menos siete personas fallecieron en los últimos cuatro meses “esperando su medicación” necesaria para continuar los tratamientos. En la justicia, mientras tanto, se presentaron amparos judiciales de manera individual y también colectiva para denunciar lo que consideran “mistanasia: la muerte por abandono indigno de personas”.
– ¿Cuál es la enfermedad que estás atravesando?
– Tengo linfoma de Hodgkin, me lo diagnosticaron en el 2019 y me atendí siempre en el Hospital de Clínicas, que es como mi segundo hogar. En mi caso, es un cáncer del sistema linfático ubicado en el pulmón derecho y es un linfoma crónico, siempre va a estar. Cuando me lo diagnosticaron estaba en un nivel cuatro de linfoma, bastante avanzado, y con la quimioterapia lograron reducirlo. Lo que necesito es controlarlo para que no siga creciendo.
– ¿Es para ese tratamiento de control para el que requerís la medicación que entrega la Dadse?
– Claro, es un tratamiento de control que estoy haciendo hace un año y medio, empecé en octubre de 2022 y lo financió la Dadse desde entonces. Para el tratamiento necesito una medicación que se llama Pembrolizumab y no está en el vademecum provincial (de Buenos Aires), sino que tiene que ser a través de la Dadse. Los medicamentos que necesitamos los pacientes oncológicos son muy caros. En mi caso, cada ampolla sale siete millones de pesos y necesito cuatro ampollas por sesión, que son cada seis semanas. Ni aunque tuviese la posibilidad de comprarlos de manera particular podría hacerlo porque son medicamentos que sólo el Estado puede comprar. Dependemos de ellos.
“Demasiado tenemos que pelear contra la enfermedad como para encima tener que pelear contra el sistema, que nos enfermamos o empeoramos porque el Estado no entrega la medicación”.
– Sin embargo, desde noviembre pasado no recibiste la medicación correctamente.
– Exacto. En noviembre de 2023, presenté como siempre los papeles en Dadse para la medicación. Tenía mi quimio programada para el 23 de enero y en general tardaba más o menos 30 días en llegar el medicamento. En ese momento me dijeron que me quedara tranquila, que me iba a llegar con tiempo. Empecé a llamar en diciembre y me decían que estaba en presupuesto y que llame en 15 días. En febrero nos enteramos que la Dadse estaba cerrada. Finalmente perdí mi sesión de quimio (de enero) y solo pude hacerme con una medicación donada pero que era la mitad de la dosis que me corresponde, para salvar el momento. El tema es que los tratamientos de este estilo se tienen que hacer en tiempo y forma porque sino no sirven. No hacerlo es una ventana de tiempo para que la enfermedad avance.
– ¿Cómo viviste estos cuatro meses en que no llegaba tu tratamiento?
– Tenía y sigo teniendo mucho miedo de lo que pueda pasar porque es muy cruel lo que están haciendo. Que digan (desde el Ministerio de Salud) que frenaron la entrega de medicamentos por una auditoría del programa es cruel y no tiene sentido porque, en todo caso, nosotros no somos los culpables. Somos personas que necesitamos la medicación para vivir. Es desesperante la situación, uno no sabe de dónde sacar fuerzas, había semanas en que no me quería levantar. No sé cómo habrá afectado (este tiempo sin tratamiento) al desarrollo de la enfermedad, eso lo dirán los estudios que me tengo que hacer ahora, pero toda esta situación me generó mucha angustia. Estuve estos cuatro meses y todavía sigo con temor porque si bien ahora tengo la medicación (desde el 12 de abril), en poco tiempo tengo que hacer el trámite otra vez y nadie me asegura que se haya regularizado. Hay muchas personas que todavía están esperando desde diciembre, más los casos que se están acumulando estos meses.
– Avanzaron en denunciar en la justicia, ¿hubo alguna respuesta?
– En mi caso, en febrero hice un amparo judicial de manera individual. El 1 de marzo salió a mi favor y el Ministerio de Salud (de Nación) apeló diciendo que mi caso no era su jurisdicción, que correspondía a la Provincia de Buenos Aires. Hace un año y medio venía haciendo este trámite y recibía mi medicación por la Dadse. Aún así, la justicia ordenó que la medicación se me tenía que entregar igual, pero no lo estaban haciendo, como le pasa a muchos otros pacientes. El 12 de abril se presentó un amparo general junto a varias organizaciones. El gobierno dice que nunca se cortó. Nosotros lo único que esperamos es que se solucione porque se trata de una cuestión de vida o muerte. Esperamos que (las autoridades) piensen un poco mejor las cosas antes de hacerlas y provocar todo lo que provocaron. Demasiado tenemos que pelear contra la enfermedad como para encima tener que pelear contra el sistema, que nos enfermemos o empeoramos porque el Estado no entrega la medicación.
“Rezamos cada mañana para no dormir en la calle”: huyó de la violencia machista en Argentina y denuncia abandono en España
Valeria De Bernardinis habló con El Argentino sobre la violencia que la obligó a huir del país junto a sus hijos. Hace siete años viven en España entre la precariedad, las secuelas psicológicas y el temor de quedar en la calle, mientras reclaman ayuda urgente del consulado argentino y que la Justicia los reconozca como víctimas para acceder a derechos básicos.
“Vivimos el día a día, prácticamente no tenemos para comer. Rezamos cada mañana para no dormir en la calle esa misma noche”. La frase sale de la boca de Valeria De Bernardinis, pero atraviesa a toda la familia. «Hace 7 años y 145 días» vive en España junto a sus dos hijos menores -hoy 16 y 19 años-, uno de ellos con autismo severo y el otro diagnosticado con trastorno por estrés postraumático. Escaparon de Argentina después de años de violencia extrema, amenazas y denuncias que -asegura- nunca lograron protegerlos del todo.
Hoy, lejos de encontrar tranquilidad, dice sentirse nuevamente abandonada. “El consulado argentino nos ha abandonado literalmente”, denuncia, al tiempo que reclama una vivienda urgente, la restitución de la pensión por discapacidad de uno de sus hijos -suspendida desde febrero- y que la Justicia española finalmente los reconozca a los tres como víctimas de violencia machista, condición que les permitiría acceder a asistencia económica, programas habitacionales y derechos básicos.
Un botón antipánico y 148 denuncias
La historia que hoy la tiene al borde de quedar en la calle comenzó mucho antes de España. Valeria ya era madre de un hijo de 11 años de un matrimonio anterior cuando conoció a Dionisio Ruiz Díaz a comienzos de los 2000. “Él lo quería más que a sus propios hijos”, recuerda con angustia.
Al principio, la violencia fue silenciosa: “Me fue apartando de mis amistades, de todo mi entorno. Me hacía creer que sin él yo no era nadie”. Después llegaron los golpes: “Perdí cinco embarazos por las palizas”. Durante años ocultó la violencia incluso frente a médicos y conocidos. “Decía que me había caído o golpeado con una puerta”, y confiesa que sentía «vergüenza«.
Valeria asegura que convivió durante años con miedo constante. En octubre de 2016 consiguió una perimetral y fue una de las primeras mujeres de Almirante Brown en recibir un botón antipánico. “A mí ese botón me salvó la vida”, asegura.
Pero ni las denuncias ni las restricciones alcanzaron para frenar a su agresor. Según relata, violentaba las órdenes de alejamiento y vigilaba la vivienda permanentemente. Valeria llegó a realizar “59 denuncias en lo civil y 89 en lo penal”. El episodio que terminó de quebrarlo todo ocurrió una semana antes de viajar a España. Según cuenta, su expareja intentó incendiar la casa familiar de Claypole mientras ella y los chicos estaban adentro: “Escondí a mis hijos debajo de la cama y pensé: ‘Que sea lo que Dios quiera’”.
Asimismo, cuenta que la policía llegó después de la activación del botón antipánico y que el hombre «fue detenido con un bidón de combustible en la mano». Sin embargo, horas después recuperó la libertad: “Me dijeron que cuando llegara a mi casa avisara para poder soltarlo”.
Dormían todos juntos en el comedor mientras patrulleros vigilaban la casa durante la noche. Para llevar a su hijo a las terapias necesitaba custodia policial. “A cada hora me llamaban para ver si seguía viva”.
Cabe señalar que la historia de Valeria refleja una problemática estructural que se repite en muchos casos de violencia de género: mujeres que denuncian durante años y aun así continúan expuestas a situaciones extremas. Según el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, de La Casa del Encuentro, durante 2025 hubo 262 víctimas fatales de violencia de género en Argentina: un femicidio cada 33 horas.
Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.
En esta misma línea, la Asociación Civil “Ahora que sí nos ven” registra que entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026 hubo 80 víctimas fatales de violencia de género: un femicidio cada 36 horas. Casi el 20% de esas mujeres había denunciado previamente y en el 70% de los casos los agresores eran parejas o exparejas.
“Hasta que no subí al avión no sabía si iba a seguir con vida”
Después de aquél episodio, escapar fue la única alternativa posible. Valeria consiguió la autorización del padre para sacar legalmente a los chicos del país, vendió su casa y armó las valijas de madrugada. “Hasta que no subí al avión no sabía si iba a seguir con vida”, confiesa.
El refugio apareció a través de Facebook. Una familia española le ofreció alojamiento después de conocer su historia. Pero cuando llegó, asegura, todo fue distinto: “Me usaron”.
Según relata, le quitaron dinero, contactos y documentación y, cuando “se acabó el dinero”, los echaron de la casa en plena pandemia. “Dormíamos en el piso y nos tapábamos con nuestra propia ropa”.
Durante estos años distintas asociaciones y personas particulares les brindaron ayuda. Pero con el tiempo -dice- muchos terminaron alejándose por el desgaste emocional y económico que implicaba sostener una situación tan prolongada. La sensación de haber cometido un error la acompañó desde el comienzo: “Sentí que había cometido el peor error de mi vida”.
El miedo siguió en España
Los hijos de Valeria llegaron a España siendo apenas chicos. Tenían 9 y 11 años. Atrás habían quedado las denuncias, los patrulleros y la violencia cotidiana. Pero el miedo -asegura- nunca desapareció del todo.
El menor fue diagnosticado con un grave trastorno por estrés postraumático. “El desarraigo es enorme. Mi hijo extraña a su hermano mayor, que se quedó en Argentina, y no puede con todo lo que vivimos”, cuenta.
Según relata, las secuelas psicológicas se profundizaron con los años. El menor atravesó situaciones de bullying y discriminación escolar que terminaron afectando seriamente su salud emocional.
Pero lo peor volvió a ocurrir hace tres años. Valeria asegura que su expareja logró encontrarlos en España y secuestró durante varias horas a uno de sus hijos. “Creo que me desmayé cien veces en ese lapso”.
Todavía hoy recuerda esas horas como uno de los momentos más desesperantes de su vida. Para ella, hubo fallas graves que permitieron el ingreso de su agresor al país. “No falló el juez. Falló la policía”.
“No quiero dormir en la calle con mis hijos”
Siete años después de haber escapado de Argentina, Valeria asegura que volvió a sentir el mismo miedo: quedarse sola, sin protección y sin un lugar donde vivir. “La situación es cada vez peor. Vivimos el día a día. Prácticamente no tenemos para comer”, relata.
Hoy reclama que la Justicia española finalmente cierre el expediente y los reconozca formalmente como víctimas de violencia machista, algo que -según denuncia- permanece paralizado desde hace más de siete años en el Juzgado Nº3 de Sant Feliu de Guíxols.
En España, ese reconocimiento puede habilitar el acceso a asistencia económica, programas de vivienda, apoyo psicológico y otras ayudas sociales específicas. “Hasta que no nos reconozcan como víctimas, no podemos acceder a derechos básicos”, explica.
A eso se suma otra urgencia: desde febrero dejó de cobrar la pensión por discapacidad de uno de sus hijos. “Era lo único que me llegaba. Y hasta eso me sacaron”. Valeria asegura haber presentado toda la documentación requerida, incluida la fe de vida ante el consulado argentino en Barcelona, pero afirma que todavía no obtuvo respuestas.
La situación no es aislada. En distintos puntos de Argentina, familias vienen denunciando suspensiones de pensiones por discapacidad, demoras administrativas y falta de respuestas oficiales, en un contexto atravesado por auditorías impulsadas por el Gobierno nacional que alcanzaron a más de 110.000 beneficios durante el último año.
Pero detrás de los expedientes, las auditorías y las demoras administrativas, la urgencia de Valeria y sus hijos es mucho más simple y brutal: sobrevivir. Sin ingresos estables y con miedo constante a quedarse en la calle, intenta sostener a sus hijos como puede. “No quiero dormir en la calle con mis hijos”, repite.
Y aunque el miedo y el agotamiento parecen haber atravesado cada etapa de su vida, hay una ausencia que todavía le duele más que cualquier otra: la de su hijo mayor, que permanece en Argentina y al que no ve desde hace más de siete años. “¿Sabés lo que daría por un abrazo?”, dice con la voz quebrada.
Si queres colaborar con Valeria:
Banco BBVA a nombre de María Valeria De Bernardinis
“Hoy no sé quién soy”
La historia de Valeria también atraviesa otra búsqueda: la de su identidad. En Argentina, Abuelas de Plaza de Mayo estima que todavía quedan alrededor de 300 hombres y mujeres que podrían haber sido apropiados durante la última dictadura militar y aún desconocen su verdadera identidad. “Yo siempre supe que era adoptada”, cuenta.
Según relata, fue criada por un matrimonio italiano y sufrió violencia durante toda su infancia. “Yo siento que me criaron mis secuestradores”.
Años después, mientras revisaba viejas valijas familiares, encontró partidas de nacimiento y comenzó a investigar sus orígenes. Así fue como Valeria logró descubrir quién era su madre biológica. Se llamaba Teresa Sandoval y trabajaba en una casa de Capital Federal.
“Hay toda una historia oscura detrás”, que incluso la llevó a sospechar que pudo haber sido víctima de apropiación ilegal durante la última dictadura militar. “Cuando mi mamá dio a luz, el hijo de esa familia se fue a Israel y la abuela se suicidó. Hay muchas cosas que nunca pude entender”. Hoy, sigue buscando respuestas: “No sé quién soy”.
Línea 102 Si necesitas ayuda o conoces a alguien que esté expuesto a violencia, llamá al 102. Es un servicio gratuito y confidencial, de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Podés llamar ante una situación de vulneración de derechos. Si vivís una emergencia llama al 911.
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