Salud 🩺
El Gobierno mantienen la suspensión de vuelos a Gran Bretaña y piden a los mayores de 60 «diferir» viajes
El Ministerio de Transporte mantendrá la suspensión de viajes que tengan como origen o destino a Gran Bretaña y recomienda a los mayores de 60 años «diferir sus vuelos al exterior».
La Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso a través de la Decisión Administrativa 2/2020, publicada en el Boletín Oficial, que «la salida y el reingreso desde y hacia el país implicará la aceptación de las condiciones sanitarias y migratorias del país de destino y de la República Argentina al regreso».
El Ministerio de Transporte mantendrá la suspensión de viajes que tengan como origen o destino a Gran Bretaña y recomienda a los mayores de 60 años «diferir sus vuelos al exterior» como prevención ante la suba de casos de coronavirus, según se dispuso a través de la Decisión Administrativa 2/2020 de la Jefatura de Gabinete de Ministros que encabeza Santiago Cafiero y que fue publicada en el Boletín Oficial.
En la decisión administrativa, que entrará en vigencia este sábado y se extenderá hasta el 31 de enero, inclusive, «se recomienda a los nacionales o extranjeros residentes en el país, y, en particular, a los mayores de 60 años de edad o a personas pertenecientes a los grupos de riesgo definidos por la autoridad sanitaria, diferir sus viajes al exterior, cuando los mismos no respondieran al desarrollo de actividades esenciales».
«La salida y el reingreso desde y hacia el país implicará la aceptación de las condiciones sanitarias y migratorias del país de destino y de la República Argentina al regreso, asumiendo las consecuencias sanitarias, legales y económicas derivadas de la misma; tal y como la imposibilidad de iniciar el viaje con síntomas compatibles con Covid-19», establece la normativa.
En ese sentido, se establece «la necesidad de contar con un servicio de salud del viajero Covid en el exterior para la cobertura médica y/o aislamiento, y de denunciar los lugares en donde estuvo los últimos catorce (14) días previos al reingreso al país, entre otros».
Además, se establece que la cartera de Transporte, a través de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) podrá «ampliar la nómina de países» comprendidos en esta suspensión, «previa intervención de la autoridad sanitaria nacional».
También fija que la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, será el organismo encargado de determinar y habilitar «los pasos internacionales que resulten adecuados para el ingreso al territorio nacional de nacionales o extranjeros residentes en el país y extranjeros no residentes que sean parientes directos de ciudadanos argentinos o residentes».
La resolución también contempla que esos requisitos se corresponderán con «el egreso de las personas del territorio nacional y la individualización de los supuestos de excepción».
Migraciones y la ANAC coordinarán las acciones necesarias para determinar los cronogramas de vuelos y la cantidad de pasajeros que ingresarán en forma paulatina y diaria al país, especialmente a través de vuelos provenientes de Estados Unidos y Europa.
«Asimismo, deberá darse cumplimiento a las condiciones impuestas por la autoridad sanitaria nacional y someterse al control de las autoridades provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales en sus respectivas jurisdicciones», dice la resolución.
Se solicita además a la Secretaría de Innovación Pública que implemente la aplicación Cuidar para que sea «de descarga y utilización obligatoria para toda persona que ingrese al país de conformidad con las disposiciones de Migraciones».
Se instruye de esta forma por parte de los ingresantes el envío de notificaciones relacionadas con el cumplimiento del período de cuarentena y el autodiagnóstico cada 48 horas de los síntomas que permitan a las autoridades jurisdiccionales locales adoptar las medidas sanitarias pertinentes.
El personal de transporte internacional y tripulaciones quedan exentos de los requisitos, bajo la aplicación de los protocolos sanitarios específicos, en el ejercicio exclusivo de su actividad.
En tanto, para el caso de los deportistas enmarcados en protocolos específicos para eventos deportivos, previa autorización de Migraciones y autoridad Sanitaria, tendrán sus actividades supervisadas por el Ministerio de Turismo y Deportes
En la normativa, la Dirección de Migraciones establece que «aquellas personas que hayan egresado del territorio nacional por medio de pasos fronterizos terrestres entre los días 1° de abril de 2020 y 25 de diciembre de 2020, podrán ingresar por cualquiera de los pasos habilitados a tal efecto, siendo de no obligatoriedad perfeccionar el movimiento migratorio a través del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de de Ezeiza y el aeropuerto Internacional San Fernando de la localidad de San Fernando, y el Puerto de Buenos Aires, Terminal Buquebús.
Vía terrestre se permitirá únicamente el ingreso de argentinos o residentes que salieron del país antes del 25 de diciembre de 2020; los que hubieren egresado con posterioridad deberán ingresar a través de los aeropuertos habilitados a tal fin, exclusivamente. En todos los casos deberán contar con el requisito de PCR negativo y realizar cuarentena obligatoria de 7 días.
Los pasos fronterizos de San Sebastián (en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) e Integración Austral (Santa Cruz) quedan exceptuados de la restricción de egresos e ingresos, para garantizar el tránsito con la República de Chile y la conexión con el resto del territorio argentino, y el resto de las las fronteras terrestres estarán cerradas.
Los PCR realizados en origen se prorrogarán 24 horas en caso de demora
El test PCR para la detección de coronavirus que los turistas se realicen en su lugar de origen se podrán extender del plazo de vigencia del resultado por 24 horas en caso de demora del vuelo, solo si la empresa aérea garantiza la trazabilidad y el aislamiento de los pasajeros durante ese mayor tiempo, de acuerdo al Anexo I de la Decisión Administrativa (DA) 2252/2020 sobre medidas sanitarias recomendadas para fronteras internacionales, publicado en el Boletín Oficial.
El documento sugiere instrumentar «una campaña de comunicación clara que disuada los viajes internacionales», así como las condiciones y responsabilidades a asumir por los viajeros.
En cuanto a los operadores de transportes, obliga a las empresas de turismo y operadores de transporte a difundir las restricciones y recomendaciones para viajeros.
Además les encomienda a los operadores de transporte la realización de los testeos y controles sanitarios periódicos que pudieran fijarse, mediando con acuerdos interjurisdiccionales internacionales y/o nacionales «para prevenir su innecesaria duplicación».
También les limita viajes sin test PCR o cuarentena cuando exceden su permanencia en el lugar de destino de más de 24 horas si no acreditan la trazabilidad de sus desplazamientos, o su aislamiento mientras no operan o tripulan un medio de transporte.
Les ordena mantener las restricciones de relevos de tripulaciones internacionales, y autoriza las excepciones de PCR y cuarentena a quienes desempeñan funciones de practicaje en buques internacionales, siempre que cumplan los protocolos sanitarios nacionales.
Salud 🩺
PAMI al límite: el Gobierno niega la crisis pero clínicas suspenden turnos y amenazan con frenar cirugías
El sistema de salud que atiende a casi 7,3 millones de jubilados y pensionados en Argentina está al borde del colapso. Las cámaras de prestadores privados suspendieron la asignación de turnos en consultorios externos de todas las especialidades y amenazan con paralizar cirugías programadas, mientras el Gobierno libertario insiste en que «el cronograma de pagos se viene cumpliendo».
PAMI suspende turnos en todo el país: prestadores denuncian un atraso arancelario del 102%
La contradicción es flagrante: por un lado, las instituciones privadas denuncian un atraso arancelario del 102% y advierten que no pueden afrontar insumos ni salarios; por el otro, el oficialismo responde con aumentos del 1,9% para junio y 1,9% para julio, por debajo incluso de la última medición de inflación del INDEC. La brecha entre el discurso oficial y la realidad hospitalaria no podría ser más amplia.
El Gobierno dice que todo está bien
Fuentes del Gobierno libertario aseguraron que el PAMI «no tiene deuda acumulada con Clínicas y Sanatorios a nivel nacional» y que «lo que resta pagar durante el mes son gastos corrientes». El mensaje fue reforzado desde Casa Rosada, que confirmó los aumentos del 1,9% para junio y julio, y anticipó que volverán a convocar a los prestadores «para hablar sobre las posibles alternativas que hay sobre la mesa en este contexto de estrés presupuestario».
La frase «estrés presupuestario» dice más de lo que pretende ocultar. Se trata del eufemismo oficial para describir lo que el propio sistema de salud padece como una crisis estructural, directamente vinculada al ajuste fiscal impuesto por las metas del acuerdo con el FMI.
Lo que dicen los prestadores: 102% de atraso y colapso inminente
La Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CAPRESS) comunicó la suspensión del otorgamiento de nuevos turnos en consultorios externos de todas las especialidades y advirtió que las próximas medidas incluirán la paralización de cirugías y procedimientos programados no urgentes, manteniendo únicamente el seguimiento de pacientes con patologías crónicas críticas.
«Sin una recomposición urgente de los valores y la regularización de los pagos adeudados, las instituciones no pueden afrontar la compra de insumos críticos ni cumplir con las obligaciones salariales y honorarios profesionales«, advirtió CAPRESS en un documento público. «Hacemos responsable al Estado nacional por el impacto sanitario que esta situación genera en los afiliados al PAMI», completaron.
Los números que el sector expone son contundentes: desde diciembre de 2023, los aranceles abonados por el PAMI a los prestadores aumentaron apenas un 130%, mientras que en el mismo período la inflación acumulada superó el 300%. Para equiparar ambas variables, los prestadores estiman que haría falta una recomposición de al menos el 75%; el Gobierno ofrece menos de un cuarto de eso.
La crisis lleva meses: desde Patagonia hasta todo el país
La situación no es nueva ni está circunscripta a una región. En febrero de 2026, más de 30 clínicas y sanatorios de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa ya habían suspendido prestaciones programadas y ambulatorias, luego de una nota enviada al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, en la que advertían que sin soluciones concretas la interrupción de servicios sería inevitable. El problema se repite: primero fue una advertencia; ahora es una medida de fuerza generalizada.
«No cubrimos costos y las brechas son insalvables», declaró Andrés Sabalette, administrador del Sanatorio Juan XXIII de Río Negro, según consignó el portal Noti-Río.
Los prestadores privados aportan más de la mitad de las camas de internación en todo el país, lo que convierte esta crisis en una amenaza directa para la capacidad del sistema sanitario argentino de responder a las necesidades de la tercera edad.
Un antecedente que el Gobierno ignoró: el fallo judicial de mayo
Esta crisis no irrumpió en el vacío. En mayo de 2026, este medio ya cubrió cómo un juez federal ordenó al PAMI y a Incluir Salud regularizar pagos a prestadores de discapacidad en 72 horas, calificando al Estado de «en mora» y advirtiendo sobre el «riesgo inminente» para las personas con discapacidad. El Gobierno apeló esa cautelar en lugar de cumplirla. El patrón se repite: la respuesta judicial; la respuesta oficial, una apelación.
Además, el propio Ejecutivo debió emitir Letras del Tesoro (LECAP) por $580.000 millones para asistir al PAMI en el marco de esa misma crisis, una medida que la propia normativa exige reembolsar dentro del mismo ejercicio fiscal.
El ajuste y los jubilados: un costo que siempre pagan los mismos
Para los trabajadores del sector, el reclamo de los prestadores es apenas la superficie de una crisis más profunda. Desde SUTEPA respaldaron las medidas de los prestadores y señalaron que el personal de planta y los profesionales de cabecera fueron los principales damnificados del ajuste económico en el sector de la salud.
El cuadro se enmarca en una política deliberada: el recorte del gasto primario acumulado desde 2023, que en el área de salud y seguridad social implicó reducciones de más del 60% en términos reales, según el diagnóstico del Foro Economía y Trabajo. Los jubilados que dependen del PAMI son, en ese contexto, los eslabones más débiles de una cadena de ajuste que los aprieta desde varios frentes simultáneamente: la erosión del poder adquisitivo de sus haberes, el encarecimiento de los servicios públicos, y ahora la amenaza de perder acceso a los turnos médicos.
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