Gremiales
El INTA bajo amenaza: trabajadores se movilizan contra una fusión que podría eliminar 1.500 puestos
La posible integración con el INTI representa un nuevo capítulo en el desmantelamiento de organismos científico-técnicos que viene impulsando el gobierno de Javier Milei.
Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tomarán las calles este jueves en un intento por frenar lo que consideran un ataque directo a la investigación agropecuaria nacional. La movilización, convocada para las 11:00 horas frente a la sede central ubicada en Rivadavia 1439 de la Ciudad de Buenos Aires, surge en respuesta a trascendidos sobre una inminente fusión con otros organismos estatales, incluido el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Un organismo emblemático en la mira del ajuste
El INTA, creado en 1956 como un organismo público descentralizado con autarquía operativa y financiera, ha sido fundamental para el desarrollo tecnológico del campo argentino durante casi siete décadas. Con 6.424 trabajadores distribuidos en unidades por todo el territorio nacional según datos actualizados de 2024, su estructura ya ha sufrido el cierre de dos programas emblemáticos desde la llegada de Javier Milei a la presidencia: Pro-Huerta y Cambio Rural.
«La fusión no solo representa una pérdida de autonomía institucional, sino que podría significar el despido de aproximadamente 1.500 trabajadores», advierten desde la asamblea de trabajadores, que ha denunciado la falta de transparencia en el proceso. Estos despidos representarían casi un 25% de la planta actual del organismo.
Programas eliminados y un modelo en cuestión
El desmantelamiento comenzó con la eliminación del Pro-Huerta, un programa que durante años promovió la producción agroecológica para el autoabastecimiento a través de huertas familiares, escolares y comunitarias. Este programa representaba no solo una iniciativa de soberanía alimentaria sino también una herramienta de inserción social.
Simultáneamente, el gobierno dio de baja Cambio Rural, una iniciativa de extensión rural financiada por la Secretaría de Agricultura que cumplía treinta años de ejecución ininterrumpida. Este programa facilitaba la transferencia tecnológica a pequeños y medianos productores.
Según datos de la Universidad Nacional de La Plata, el Pro-Huerta llegó a beneficiar a más de 4 millones de personas en sus momentos de mayor expansión, mientras que Cambio Rural había articulado más de 1.300 grupos de productores en todo el país.
Resistencia sindical en un contexto complejo
A pesar del luto por el fallecimiento del Papa Francisco, que motivó a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a suspender otras protestas programadas para esta semana, la situación del INTA reviste tal gravedad que la movilización se mantiene.
«Estamos frente a un ataque sistemático al sistema científico-tecnológico argentino», manifestó Flavio Vergara, secretario de Convenios Colectivos del Consejo Directivo Nacional de ATE, quien confirmó que la protesta se desarrollará según lo previsto.
La particularidad del INTA radica en su sistema de gobernanza, ya que cuenta con un Consejo Directivo donde el 50% de los representantes pertenecen a entidades de la Mesa de Enlace, junto a grupos CREA y facultades de Veterinaria y Agronomía. Este modelo de gestión mixta público-privada, hasta ahora considerado ejemplar, también está en riesgo con la posible fusión.
Puntos clave:
- La fusión del INTA con otros organismos como el INTI podría provocar la cesantía de 1.500 trabajadores científicos y técnicos.
- Desde la asunción de Milei, ya fueron desmantelados dos programas históricos: Pro-Huerta y Cambio Rural.
- El INTA es un organismo descentralizado con 68 años de historia en el desarrollo tecnológico agropecuario argentino.
- La movilización del jueves representa un nuevo capítulo en la resistencia del sector científico-técnico contra las políticas de ajuste.
- El modelo de gestión público-privada del INTA, con participación de entidades del agro, también estaría en riesgo.
Gremiales
PAMI en crisis: médicos paran 72 horas y denuncian más recortes
La medida fue impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Integral y Afines (APPAMIA), que nuclea a los médicos del primer nivel de atención. Se garantizan urgencias.
El sistema de salud de los jubilados entró en zona de conflicto abierto. Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron un paro nacional de 72 horas en rechazo a una resolución oficial que, según denuncian, recorta sus ingresos y deteriora las condiciones de atención. Mientras tanto, la cadena de pagos también cruje: farmacéuticos advierten por deudas millonarias que arrastran desde comienzos de año.
La medida fue impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Integral y Afines (APPAMIA), que nuclea a los médicos del primer nivel de atención. Aunque se garantizan las urgencias, el conflicto deja expuesta una tensión de fondo: la sostenibilidad del modelo prestacional en un contexto de ajuste.
Un recorte que impacta en el bolsillo y en el sistema
El eje del reclamo es la resolución RESOL-2026-1107 del PAMI, que modifica el nomenclador y unifica criterios de pago. En los hechos, los profesionales aseguran que implica una baja significativa en sus ingresos.
- Pago propuesto: $2.100 por paciente por mes
- Ingresos mensuales que caen de $2.100.000 a $1.400.000
- Jornadas completas con alta carga administrativa
Desde APPAMIA sostienen que esos montos no alcanzan para cubrir costos básicos de funcionamiento, como alquiler de consultorio, personal administrativo o servicios. “Es inviable sostener la práctica médica en estas condiciones”, advierten.
Sobrecarga y precarización
El conflicto no se limita a los ingresos. Los médicos describen un esquema de trabajo cada vez más exigente, con consultas cada 20 minutos y un sistema de validación que, según denuncian, suele fallar.
Ese cuello de botella obliga a muchos profesionales a completar tareas fuera del horario laboral, incluso por la noche, para evitar descuentos. La combinación de menor ingreso y mayor carga de trabajo alimenta el malestar.
Riesgo de éxodo y deterioro de la atención
El dato que más preocupa es el posible impacto en los afiliados. Desde la organización gremial advierten que podría producirse un “éxodo masivo” de médicos, lo que afectaría el funcionamiento del primer nivel de atención, clave en el seguimiento de enfermedades crónicas y la coordinación de tratamientos.
El médico de cabecera es, en la práctica, la puerta de entrada al sistema: prescribe medicamentos, ordena estudios y gestiona derivaciones. Su debilitamiento repercute de manera directa en la calidad de atención.
Deudas y falta dde medicamentos
A la par del paro, farmacéuticos denuncian atrasos en los pagos que, según estimaciones del sector, podrían superar los $500.000 millones. La deuda complica la provisión de medicamentos y suma presión sobre un sistema que ya muestra signos de fragilidad.
En ese escenario, el conflicto en PAMI deja de ser sectorial para convertirse en un problema estructural. Lo que está en juego no es solo una discusión salarial, sino el funcionamiento de una de las principales redes de atención sanitaria del país. Y los perjudicados por el gobierno libertario son, una vez más, los jubilados.
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