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Gremiales

El INTA bajo amenaza: trabajadores se movilizan contra una fusión que podría eliminar 1.500 puestos

La posible integración con el INTI representa un nuevo capítulo en el desmantelamiento de organismos científico-técnicos que viene impulsando el gobierno de Javier Milei.

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El Argentino Diario-INTA-Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tomarán las calles este jueves en un intento por frenar lo que consideran un ataque directo a la investigación agropecuaria nacional. La movilización, convocada para las 11:00 horas frente a la sede central ubicada en Rivadavia 1439 de la Ciudad de Buenos Aires, surge en respuesta a trascendidos sobre una inminente fusión con otros organismos estatales, incluido el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Un organismo emblemático en la mira del ajuste

El INTA, creado en 1956 como un organismo público descentralizado con autarquía operativa y financiera, ha sido fundamental para el desarrollo tecnológico del campo argentino durante casi siete décadas. Con 6.424 trabajadores distribuidos en unidades por todo el territorio nacional según datos actualizados de 2024, su estructura ya ha sufrido el cierre de dos programas emblemáticos desde la llegada de Javier Milei a la presidencia: Pro-Huerta y Cambio Rural.

«La fusión no solo representa una pérdida de autonomía institucional, sino que podría significar el despido de aproximadamente 1.500 trabajadores», advierten desde la asamblea de trabajadores, que ha denunciado la falta de transparencia en el proceso. Estos despidos representarían casi un 25% de la planta actual del organismo.

Programas eliminados y un modelo en cuestión

El desmantelamiento comenzó con la eliminación del Pro-Huerta, un programa que durante años promovió la producción agroecológica para el autoabastecimiento a través de huertas familiares, escolares y comunitarias. Este programa representaba no solo una iniciativa de soberanía alimentaria sino también una herramienta de inserción social.

Simultáneamente, el gobierno dio de baja Cambio Rural, una iniciativa de extensión rural financiada por la Secretaría de Agricultura que cumplía treinta años de ejecución ininterrumpida. Este programa facilitaba la transferencia tecnológica a pequeños y medianos productores.

Según datos de la Universidad Nacional de La Plata, el Pro-Huerta llegó a beneficiar a más de 4 millones de personas en sus momentos de mayor expansión, mientras que Cambio Rural había articulado más de 1.300 grupos de productores en todo el país.

Resistencia sindical en un contexto complejo

A pesar del luto por el fallecimiento del Papa Francisco, que motivó a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a suspender otras protestas programadas para esta semana, la situación del INTA reviste tal gravedad que la movilización se mantiene.

«Estamos frente a un ataque sistemático al sistema científico-tecnológico argentino», manifestó Flavio Vergara, secretario de Convenios Colectivos del Consejo Directivo Nacional de ATE, quien confirmó que la protesta se desarrollará según lo previsto.

La particularidad del INTA radica en su sistema de gobernanza, ya que cuenta con un Consejo Directivo donde el 50% de los representantes pertenecen a entidades de la Mesa de Enlace, junto a grupos CREA y facultades de Veterinaria y Agronomía. Este modelo de gestión mixta público-privada, hasta ahora considerado ejemplar, también está en riesgo con la posible fusión.

Puntos clave:

  • La fusión del INTA con otros organismos como el INTI podría provocar la cesantía de 1.500 trabajadores científicos y técnicos.
  • Desde la asunción de Milei, ya fueron desmantelados dos programas históricos: Pro-Huerta y Cambio Rural.
  • El INTA es un organismo descentralizado con 68 años de historia en el desarrollo tecnológico agropecuario argentino.
  • La movilización del jueves representa un nuevo capítulo en la resistencia del sector científico-técnico contra las políticas de ajuste.
  • El modelo de gestión público-privada del INTA, con participación de entidades del agro, también estaría en riesgo.

Gremiales

Paro judicial: tribunales paralizados por salarios y la obra social

La UEJN convocó para el viernes 16 un paro nacional de 24 horas. Los trabajadores judiciales reclaman una suba del 10% retroactiva a septiembre y representación gremial en el directorio de la obra social del Poder Judicial.

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Fachada del Palacio de Tribunales, sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Los tribunales federales y nacionales de todo el país enfrentarán este viernes 16 de octubre de 2026 un paro judicial nacional de 24 horas que afectará la atención habitual y pondrá en pausa buena parte de la actividad en los juzgados.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) convocó la medida de fuerza para reclamar una recomposición salarial del 10 % retroactiva al 1 de septiembre de 2026 y la designación de representantes gremiales en el directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, en un contexto en el que el sindicato denunció una pérdida de poder adquisitivo cercana al 30 %.

Un conflicto que se profundizó con paros previos y reclamos acumulados

El paro de este viernes se inscribió en una escalada de medidas de fuerza que ya incluyó una huelga judicial de 24 horas el 7 de octubre, así como acciones previas en distritos como Tierra del Fuego y Neuquén, donde también se registraron paros en las últimas semanas.

El reclamo salarial del 10 % retroactivo al 1 de septiembre apareció como un punto de quiebre en la negociación, porque el gremio sostuvo que la pérdida de poder adquisitivo rondó el 30 % y que cualquier incremento que no reconociera ese atraso consolidó el deterioro de los ingresos reales de los trabajadores judiciales.

La exigencia de incorporar representantes de la UEJN en el directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación apuntó a reforzar el control sobre la gestión de los recursos del sistema de salud del sector, en un momento de presión inflacionaria sobre los costos de las prestaciones y de crecientes tensiones por la calidad de la cobertura.

Impacto en el servicio de justicia y alerta por la Justicia Nacional del Trabajo

La medida de fuerza afectó el funcionamiento habitual de los tribunales y se tradujo en interrupciones y demoras en la atención al público, la recepción de escritos y la tramitación de causas, con especial preocupación en fueros sensibles como el laboral, donde los tiempos procesales ya acumulaban demoras estructurales.

En este marco, el paro también se inscribió en la defensa de la Justicia Nacional del Trabajo, un fuero clave para la resolución de conflictos laborales, que volvió a quedar en el centro del debate sobre el alcance y la orientación de las reformas judiciales y laborales en discusión.

La decisión de sostener un paro nacional de 24 horas expuso la magnitud de la confrontación entre el sindicato y las autoridades, y anticipó que, si no hubiera respuestas concretas sobre salarios y representación en la obra social, el conflicto podría escalar con nuevas medidas que profundizarían la parálisis del sistema judicial.

Lo que tenés que saber

  • El paro nacional de 24 horas de los trabajadores judiciales federales y nacionales fue convocado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) para el viernes 16 de octubre de 2026.
  • La UEJN reclamó una recomposición salarial del 10 % retroactiva al 1 de septiembre de 2026 y denunció una pérdida de poder adquisitivo cercana al 30 %.
  • El sindicato también exigió la designación de representantes gremiales en el directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.
  • La medida afectó el funcionamiento habitual de los tribunales en todo el país y generó interrupciones en la atención.
  • El paro se dio en el marco de la defensa de la Justicia Nacional del Trabajo y tuvo antecedentes recientes de huelgas, entre ellas la del 7 de octubre y los paros en Tierra del Fuego y Neuquén.
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