Denuncia
Piden procesar a dos expresidentes de SanCor por retener suma millonaria de aportes de trabajadores
La fiscalía federal de Rafaela acusa a José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez de retener más de $1.644 millones en aportes previsionales y obras sociales entre 2020 y 2024. Los denunciantes fueron trabajadores de las plantas de Sunchales y Don Torcuato.
★ La fiscalía federal de Rafaela solicitó el procesamiento de dos expresidentes de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas por apropiación indebida de recursos de la seguridad social. La acusación recae sobre José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, quienes condujeron el Consejo de Administración de la cooperativa láctea entre febrero de 2020 y enero de 2024.
Según el requerimiento fiscal, durante ese período la empresa retuvo aportes de los trabajadores destinados a jubilaciones, pensiones y obras sociales por más de $1.644 millones, pero nunca los depositó en los organismos correspondientes, violando las obligaciones legales establecidas en el artículo 306 del Código Penal.
La investigación: 33 períodos fiscales sin depositar
El dictamen fiscal detalla que Gastaldi habría cometido 17 hechos entre 2020 y 2022, mientras que a Sánchez se le imputan otros 16 correspondientes a los años 2022, 2023 y enero de 2024. Todos los ilícitos se configuraron en concurso real y en carácter de autor, lo que implica que cada período fiscal sin depositar constituye un delito independiente.
La investigación se sustentó en reportes del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y en información de la base de datos de la AFIP. Estos elementos probatorios permitieron confirmar que durante 33 períodos fiscales, SanCor actuó como agente de percepción y retención sin cumplir con la obligación de transferir los fondos descontados a los trabajadores.
Denuncias de trabajadores de Sunchales y Don Torcuato
El expediente comenzó tras denuncias penales realizadas por trabajadores de las plantas de Sunchales, en Santa Fe, y Don Torcuato, en la provincia de Buenos Aires. Los empleados detectaron que la empresa no había transferido los aportes que mensualmente se les descontaban de sus salarios.
Inicialmente, la justicia provincial se declaró incompetente, por lo que la causa pasó a la órbita de la justicia federal. Posteriormente, ambas denuncias fueron acumuladas en un mismo expediente por tratarse de hechos similares y vinculados a la misma empresa.
Imputados se negaron a declarar pero no negaron los hechos
Al ser indagados, tanto Gastaldi como Sánchez se abstuvieron de declarar, un derecho que les asiste en el marco del proceso penal. Sin embargo, según consignó la fiscalía en su dictamen, ninguno de los dos imputados negó los hechos que se les atribuyen durante sus presentaciones ante la justicia.
Por este motivo, el Ministerio Público Fiscal consideró que existen elementos suficientes para solicitar el procesamiento de ambos expresidentes conforme al artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, figura que tipifica la apropiación indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social.
Sin prisión preventiva: medidas alternativas
A pesar de la gravedad de los hechos imputados, la fiscalía no solicitó la prisión preventiva de Gastaldi y Sánchez. En su lugar, consideró suficiente imponer la obligación de informar cualquier cambio de domicilio como medida de coerción.
Esta decisión se fundamentó en que ambos acusados carecen de antecedentes penales, tienen domicilio fijo, actividad laboral declarada y se presentaron a todas las citaciones judiciales realizadas durante la investigación. Estas circunstancias, según la fiscalía, reducen el riesgo de fuga o entorpecimiento del proceso.
El contexto de una cooperativa en crisis
SanCor Cooperativas Unidas Limitadas es una de las empresas lácteas más emblemáticas de la Argentina, con décadas de historia en el sector. Sin embargo, en los últimos años atravesó una profunda crisis económica que derivó en conflictos laborales, denuncias por falta de pago de salarios y deudas con proveedores.
El caso ahora investigado por la justicia federal suma un nuevo capítulo a la situación de la cooperativa, que en distintos momentos debió recurrir a planes de salvataje y reestructuraciones para intentar sostener su operación. Los trabajadores, en tanto, denunciaron reiteradamente que los descuentos por aportes se realizaban mes a mes, pero nunca llegaban a sus destinos en las cajas de jubilación y obras sociales.
Ahora la palabra la tendrá el juez federal interviniente, quien deberá analizar el requerimiento fiscal y decidir si procesa a los dos expresidentes de SanCor o si rechaza la acusación.
Puntos clave
• La fiscalía federal de Rafaela pidió procesar a dos expresidentes de SanCor por apropiación indebida de aportes por más de $1.644 millones.
• José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez condujeron la cooperativa entre febrero de 2020 y enero de 2024, período en que se habrían retenido aportes sin depositarlos.
• La investigación confirmó que durante 33 períodos fiscales no se transfirieron fondos destinados a jubilaciones, pensiones y obras sociales.
• Las denuncias fueron realizadas por trabajadores de las plantas de Sunchales y Don Torcuato tras detectar los faltantes.
• La fiscalía no solicitó prisión preventiva por considerar que los imputados carecen de antecedentes y se presentaron a todas las citaciones judiciales.
Denuncia
UNIÓN PERSONAL bajo la lupa: crisis, copagos ilegales, recortes y abandono a sus afiliados
Afiliados denuncian cobros indebidos, restricciones discriminatorias y colapso de servicios. ATE presentó una denuncia formal ante la Superintendencia de Servicios de Salud por prácticas que consideran «extorsivas» contra trabajadores estatales.
★ Desde principios de 2025, afiliados de Unión Personal, obra social vinculada al sindicato UPCN que nuclea a empleados estatales, y de Accord Salud denuncian en grupos de Facebook y foros virtuales una crisis silenciosa que no logra visibilidad en los grandes medios: pérdida masiva de prestadores, cierre de oficinas zonales, eliminación de descuentos en medicamentos para enfermedades crónicas y oncológicas, y cobros ilegales de coseguros en prestaciones que deberían estar cubiertas por el Programa Médico Obligatorio (PMO).
La situación escaló cuando la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) formalizó una denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud contra Unión Personal por aplicar lo que calificó como «prácticas manifiestamente ilegales» y «extorsión comprobada» contra trabajadores que no están afiliados a UPCN.
Discriminación según afiliación sindical: el núcleo de la denuncia
Según la presentación judicial de ATE, Unión Personal implementa un sistema discriminatorio que establece «tarifas exorbitantes» en prestaciones médicas obligatorias, diferenciando los aranceles según la pertenencia sindical del beneficiario. La obra social cobra co-seguros sobre servicios que integran el PMO, lo cual está prohibido por ley, y restringe el acceso a determinados prestadores a empleados estatales que no están afiliados a UPCN.
«La conducta de algunos dirigentes es miserable. Primero les destruyen los salarios a los trabajadores y ahora pretenden cobrar aranceles diferenciados que están prohibidos por ley. No debe haber nada más bajo que meterse con la salud de los trabajadores y sus familias», declaró Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
Aguiar interpretó estas medidas como una estrategia desesperada para detener las «desafiliaciones masivas» que estaría sufriendo UPCN. El dirigente vinculó la situación con el posicionamiento político del sindicato, que según su perspectiva «avala» la gestión del presidente Javier Milei.
Testimonios de afiliados: medicamentos suspendidos y oficinas cerradas
En los grupos de Facebook dedicados a afiliados de Unión Personal y Accord Salud, los testimonios se multiplican. Un caso reciente, verificado por este medio, relata: «Mi papá tiene plan oncológico. Cerraron la oficina de Morón. Hay miles que pagan fortuna y los dejan sin atención, sin medicamentos, sin comunicación. Afiliados desesperados piden ayuda en redes y a la Superintendencia de Salud».
Los usuarios reportan que la obra social dejó de otorgar descuentos en medicamentos para crónicos y oncológicos, lo que derivó en que muchos afiliados dejaran de recibir fármacos vitales para diabetes, cáncer y discapacidad. Según fuentes consultadas en los foros virtuales, la amenaza constante es: «afiliate a UPCN o te dejamos fuera de la red superior».
Pedido de investigación y determinación de responsabilidades
La denuncia de ATE solicita que se determinen las responsabilidades de los administradores de la obra social, los dirigentes gremiales y los funcionarios públicos que pudieran estar involucrados en estas prácticas. «Sin dudas enfrentamos una maniobra dolosa. Se están cometiendo delitos y de manera inmediata tienen que determinarse las responsabilidades de los administradores de la obra social, los dirigentes gremiales y funcionarios públicos que puedan estar involucrados», concluyó Aguiar.
La presentación formal ante la Superintendencia de Servicios de Salud busca que el organismo de control intervenga para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de obras sociales y preserve los derechos de los trabajadores estatales al acceso equitativo a las prestaciones de salud.
Qué hacer si te afecta esta situación
Los afiliados que enfrentan cobros indebidos o restricciones de prestaciones pueden:
- Presentar un reclamo formal ante la Superintendencia de Servicios de Salud a través de su sitio web o llamando al 0800-222-SALUD (72583).
- Iniciar acciones legales mediante amparos de salud, especialmente si se trata de tratamientos urgentes o enfermedades graves.
- Documentar todos los rechazos de cobertura, cobros indebidos y comunicaciones con la obra social para respaldar eventuales reclamos administrativos o judiciales.
Puntos clave:
• ATE denunció formalmente a Unión Personal ante la Superintendencia de Servicios de Salud por cobros ilegales de co-seguros sobre prestaciones del PMO
• La obra social aplica aranceles diferenciados según la afiliación sindical del trabajador, según la acusación
• Afiliados denuncian cierre de oficinas, eliminación de descuentos en medicamentos para crónicos y oncológicos, y pérdida masiva de prestadores
• La denuncia solicita investigar responsabilidades de administradores, dirigentes gremiales y funcionarios públicos involucrados
• ATE interpreta estas medidas como una maniobra para frenar desafiliaciones masivas de UPCN
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