El aumento de la factura final del servicio de energía eléctrica a partir del primero de junio será de 16,5% para los usuarios residenciales que no tengan tarifa social, con lo que en el año acumulará un alza de 42,72%; y del 6,8% para aquellos que dispongan de ese beneficio y un acumulado de 21,2%, en base a la propuesta presentada hoy por la Secretaría de Energía en audiencia pública.

El desarrollo de las audiencias para la actualización tarifaria de los servicios de gas y electricidad es seguido de cerca por el Gobierno nacional y, en ese marco, allegados al presidente Alberto Fernández dejaron trascender que se trata de «una decisión política» y que, «si alguien no puede tomarla, no va a poder seguir en el Gobierno», en alusión a los funcionarios del área de energía.

Fernández, esta tarde desde Alemania tras el encuentro que mantuvo con el canciller Olaf Scholz, defendió la actualización tarifaria de los servicios de gas y electricidad y la segmentación de las mismas, al considerar que actualmente «se está subsidiando energía al 10 por ciento más rico del país, lo que no es justo en términos igualitarios».

«Lo que estamos planteando es que la Argentina deje de subsidiar a los sectores más ricos del país», dijo el jefe de Estado en referencia al debate que se espera para mañana en audiencia pública -a partir de las 10, de forma virtual-, donde se expondrá la segmentación tarifaria para los usuarios gas natural y de energía eléctrica para el bienio 2022-2023.

El Presidente y el ministro de Economía, Martín Guzmán, defendieron en las últimas horas la metodología adoptada para la revisión tarifaria en marcha, para las cual se determinó que los beneficiarios de la tarifa social tendrán un aumento equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial, y del 80% para quienes no gozan de ese beneficio.

De esta forma, con un CVS en 2021 del 53,4%, esos ajustes para todo el año deberían ser del 21,3% y 42,7%, respectivamente, tal como se destacó nuevamente hoy en la apertura de la audiencia para el tratamiento de los nuevos precios de referencia estacionales del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), aplicables a partir del 1° de junio

La jornada -a la que se inscribieron para participar 49 oradores y finalmente expusieron 23- fue presidida por el subsecretario de Coordinación Institucional de la Secretaría de Energía, Guillermo Usandivaras, que dio a conocer el informe con la propuesta oficial basado en datos de la Subsecretaría de Planeamiento Energético.

Allí se destacó que el Estado nacional afrontará en el primer trimestre del año subsidios en el orden del 81,85% del costo total de la electricidad para abastecer a la demanda residencial.

En base al criterio de ajustar las tarifas según el Coeficiente de Variación Salarial de 2021, un usuario sin el beneficio de tarifa social que pagó en enero $1.315 de factura final (con impuestos), le correspondió abonar $1.610 en marzo y tendrá que desembolsar $1.876 a partir del 1 de junio.

En el caso de aquellos que tengan el beneficio de tarifa social, los pagos de la factura final con impuestos serán de $743, $ 843 y $901, respectivamente.

La audiencia pública de hoy fue la segunda, luego de que ayer se iniciaran las exposiciones para la definición de los nuevos precios que estarán vigentes a partir del 1 de junio para el gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), oportunidad en que la Secretaría de Energía propuso un aumento promedio del 20% en el servicio.

Durante el desarrollo del debate, Fernando Antognazza, representante de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (Ageera) dijo que hay un «desfasaje entre los montos remunerados y la evolución de los costos derivo en la imposibilidad de llevar a cabo mantenimientos mayores, comprometiendo operatividad y disponibilidad» de los equipos.

Al respecto, precisó que cerca del 60% de la energía que se produce en el país en el marco de la Resolución 31/2020, «redujo y pesificó los valores de la energía eléctrica y la potencia asociada, y luego ajustó esos valores en un 67,7% a la fecha, período en el cual la inflación superó el 128%», lo que aseguró «impactará en la disponibilidad de equipos ante requerimientos y necesidad del sistema».

Por su parte, el gerente de la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica (Adeera), Claudio Bulacio, propuso la «sanción de un precio estacional único y sostener los subsidios para los usuarios vulnerables», pero aclaró que «dada la gran diferencia actual entre el precio y el costo, este proceso debe ser gradual y previsible para los usuarios y para el sector».

«En forma simultánea se deben adecuar los ingresos de las distribuidoras (VAD)» agregó Bulacio, al asegurar que «en los últimos años el ajuste fue inferior a la inflación», a la par que las distribuidoras «experimentaron un aumento de la morosidad y las pérdidas, lo cual impacta en los ingresos pero no en los costos».

Diego Mielnicki, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, planteó que «las distribuidoras, con tarifas congeladas, con tarifazos, o con cualquier esquema tarifario, siempre han prestado un servicio deficiente».

«Venimos de un tarifazo del Gobierno anterior y eso genera aumento en la morosidad y el endeudamiento de los usuarios, las empresas esto no lo dicen como tampoco dicen cómo son sus planes de pago», cuestionó Mielnicki.

Por otra parte, reclamó que se aumente la cantidad de kilovatios/hora consumidos para determinar el tope de tarifa social, y elevar de dos a tres salarios mínimos los ingresos necesarios para percibir el beneficio.

En otro orden, Mariana Grosso, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, objetó la presentación inicial de la Secretaría de Energía, ya que «no hace referencia al PEST sino a la segmentación de la tarifa, que es objeto de la audiencia de mañana».