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Buenos Aires

Asamblea en el Delta por cortes de luz tras el temporal

“Si bien hay zonas en donde Edenor ha restablecido el servicio los días 31/12 y 1/01, las respuestas de la empresa, así como del municipio (de Tigre) y la DPI (Dirección Provincial de Islas), han sido insuficientes”, advirtió un comunicado de la Comisión Ambiente de la Asamblea Vecinal del Delta que difundió la nueva medida de protesta que realizarán.

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Habitantes de las islas del Delta de Tigre realizarán hoy una asamblea en la estación fluvial ante “la falta de respuestas del comité de crisis” por los cortes del suministro de electricidad que afectan a cientos de usuarios tras el temporal del 17 de diciembre pasado.

“Si bien hay zonas en donde Edenor ha restablecido el servicio los días 31/12 y 1/01, las respuestas de la empresa, así como del municipio (de Tigre) y la DPI (Dirección Provincial de Islas), han sido insuficientes”, advirtió un comunicado de la Comisión Ambiente de la Asamblea Vecinal del Delta que difundió la nueva medida de protesta que realizarán.

La asamblea tuvo lugar a partir de las 11 en la Terminal Fluvial de la localidad bonaerense de Tigre, ubicada en Bartolomé Mitre 375.

La empresa Edenor informó este domingo que se encontraban sin servicio eléctrico 4.078 clientes en el Delta, mientras actualmente el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) indica que cerca de 1500 usuarios continuaban esta mañana con cortes de luz, aunque isleños, en diálogo con esta agencia, advirtieron que esta cifra puede ser más elevada.

También indicó que “se estima que, si las condiciones climáticas lo permiten y no surgen inconvenientes adicionales, en los próximos días la totalidad de los habitantes del Delta contarán con suministro nuevamente”, mientras informó que requerirá de “una inversión de 12 mil millones de pesos”.

El miércoles pasado, integrantes de la dirección del Municipio bonaerense, gerencia técnica de Edenor y vecinos crearon un comité de crisis para trabajar y ayudar a que se restablezca la electricidad.

Sobre la situación actual, Daniel Bracamonte, isleño y referente de la organización isleña del Movimiento De Raíz, explicó que “aparecieron algunas cuadrillas, hay un poquito más de movimiento porque contrataron a otra empresa aparte, pero siguen sin dar garantía de cuándo se va a restablecer la luz”.

A raíz del temporal cayeron 299 postes de luz, 501 árboles fueron derribados sobre la red de Media Tensión y se cortaron 90 líneas áreas de Media Tensión cortadas, informó Edenor.

“Hay más de 16 mil personas sin respuesta y sin apoyo, en un total estado de abandono, sin un plan de contingencia para emergencias en el territorio que contemple eventos generados por el cambio climático, que serán cada vez más frecuentes”, sostuvieron desde la Comisión.Además, resaltaron que “los electrodependientes y lxs vecinxs con medicamentos dependientes de una cadena de frío son hoy los casos más prioritarios” e informaron que no saben “en qué estado de asistencia se encuentran y tenemos testimonios de muchos que ya han perdido sus medicaciones”, mientras “hay familias con casas destruidas que no han recibido ayuda del municipio o de la provincia”.

En este sentido denunciaron en redes sociales que “Edenor y Rowing no están brindando información clara y proveyendo un mapeo real del estado de las trazas y de los trabajos encarados para restablecer la energía”.

“Necesitamos que el Señor Intendente y el Gobernador de la Provincia muestren un mínimo de empatía”, sostuvieron desde la Comisión, al tiempo que advirtieron que “la forma en que se están resolviendo las cosas parece responder a un plan sistemático de despoblación del Delta que dejaría el campo libre para el avance del negocio inmobiliario”.

Buenos Aires

Provincia rechazó la desregulación de la VTV: “El Estado nacional pone en juego la seguridad de millones”

El gobierno de Axel Kicillof marcó distancia de la reglamentación nacional que habilita a talleres privados a realizar la Verificación Técnica Vehicular y libera los precios del servicio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió que la provincia sostendrá los estándares vigentes y cuestionó la coherencia de desregular controles vehiculares mientras las rutas nacionales se deterioran.

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La provincia de Buenos Aires rechazó la desregulación de la VTV y mantendrá sus propios controles.

Rutas rotas y controles sueltos: la peligrosa coherencia del modelo Milei en seguridad vial.

★ El mismo día en que el Gobierno nacional reglamentó los cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la administración bonaerense salió a marcar diferencias con claridad. A través del ministro de Transporte, Martín Marinucci, la provincia de Buenos Aires anticipó que no seguirá el criterio nacional y que mantendrá los estándares de control vigentes en su territorio para garantizar la seguridad vial.

La medida impulsada por la gestión de Javier Milei establece que los talleres particulares que cumplan condiciones técnicas podrán inscribirse para prestar el servicio de VTV, en una apertura que el Gobierno enmarcó en su política de desregulación y eliminación de «monopolios». La nueva normativa incluye además la liberación de precios del servicio, hasta ahora regulados.

«Una herramienta de prevención que evita tragedias»

El funcionario bonaerense salió a cuestionar el fondo y la forma de la medida. Marinucci subrayó que el debate público giró en torno a quién presta el servicio, pero omitió la pregunta central: cómo se garantiza que los controles mantengan rigor y confiabilidad.

«La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos», sostuvo Marinucci.

La postura de la Provincia no es nueva ni improvisada. Desde el inicio de la gestión libertaria, el kirchnerismo bonaerense viene resistiendo el avance desregulatorio en materia de servicios públicos, en particular cuando la apertura al sector privado se produce sin mecanismos claros de fiscalización posterior.

La contradicción vial: rutas abandonadas y controles flexibilizados

Marinucci apuntó además a una contradicción que, en términos políticos, resulta difícil de sostener: el mismo gobierno que paralizó obras de infraestructura vial y abandonó el mantenimiento de rutas nacionales pretende al mismo tiempo relajar los controles sobre el estado de los vehículos que circulan por esas vías.

«No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial», afirmó.

El señalamiento tiene respaldo en datos concretos. Según el análisis del Foro Economía y Trabajo, el gasto de capital acumuló una caída real del 86% desde diciembre de 2023, y las transferencias destinadas a obra pública registraron un derrumbe histórico bajo la gestión libertaria. En ese marco, extender los plazos de verificación técnica y privatizar el control vehicular aparece como una combinación de alto riesgo para la seguridad de los usuarios de la red vial.

El ministro fue explícito al respecto: «Desde hace más de dos años vemos rutas con baches, banquinas deterioradas, falta de mantenimiento y obras paralizadas. Los conductores saben perfectamente lo que significa circular por gran parte de la red vial nacional. Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. En ese contexto, extender los plazos de las verificaciones técnicas parece ir exactamente en sentido contrario a lo que debería hacerse».

Más de 1.000 sitios fraudulentos dados de baja

Más allá del rechazo a la política nacional, Marinucci aprovechó para destacar la acción provincial en materia de fiscalización. A través de un trabajo articulado con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) correspondiente, la provincia de Buenos Aires logró dar de baja más de 1.000 páginas web y perfiles que ofrecían de manera fraudulenta la obtención de obleas y certificados de VTV sin realizar los controles obligatorios.

La mención no es menor: si en el contexto actual, con controles centralizados, proliferó de esa manera la oferta ilegal, la pregunta sobre qué ocurrirá cuando el servicio se fragmente entre cientos de talleres privados con fiscalización incierta resulta pertinente y urgente.

«Mientras algunos quieren flexibilizar los controles, nosotros trabajamos para erradicar las estafas y garantizar que cada verificación se realice de manera transparente y bajo los estándares de seguridad que corresponden», remarcó Marinucci.

El cierre: una mención que excede lo técnico

El ministro bonaerense eligió cerrar su declaración con una frase que trasciende la discusión técnica sobre la VTV y que apunta directamente al modelo de gestión libertario. «La verdadera discusión no es quién hace la revisión. La verdadera discusión es quién se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en una ruta argentina», expresó.

Y remató con una ironía que no pasó desapercibida: «Está bien que hablen de controles. Los controles son importantes. De hecho, tan importantes que los argentinos todavía estamos esperando algunas explicaciones sobre patrimonios y declaraciones juradas que no terminan de cerrar. La transparencia, como la VTV, debería ser obligatoria para todos».

La referencia a los patrimonios no declarados y las declaraciones juradas con inconsistencias alude directamente al contexto político en el que se inscribe la medida: el mismo Gobierno que desregula los controles vehiculares enfrenta investigaciones judiciales por enriquecimiento ilícito de sus propios funcionarios, entre ellos el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuyo patrimonio bajo sospecha ya supera los 840.000 dólares según la causa que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Puntos clave

  • La provincia de Buenos Aires rechazó la reglamentación nacional que habilita talleres privados para realizar la VTV y libera precios del servicio.
  • El ministro Marinucci anunció que la Provincia mantendrá sus estándares de control vehicular, amparada en una ley provincial vigente.
  • El funcionario cuestionó la contradicción de flexibilizar controles sobre vehículos mientras las rutas nacionales acumulan más de dos años de abandono y deterioro.
  • El gasto de capital cayó un 86% en términos reales desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo.
  • La provincia dio de baja más de 1.000 sitios fraudulentos que ofrecían certificaciones de VTV falsas.
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