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Economía 💲

Galperin le hace la guerra a los bancos

La fintech fundada por Marcos Galperin se niega a «abrir» su código QR de manera que se extienda la interoperabilidad, hasta ahora vigente solo para las transferencias entre cuentas, a los pagos con tarjeta de crédito.

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La ‘guerra’ entre bancos y billeteras virtuales por los pagos digitales tiene un nuevo capítulo. Este martes vencía el plazo para la entrada en vigencia de dos normativas clave para el mundo de los pagos digitales. 

Pero la vieja rivalidad entre los bancos y la billetera Mercado Pago hace que esas medidas sean puestas en pausa. 

La fintech fundada por Marcos Galperin se niega a «abrir» su código QR de manera que se extienda la interoperabilidad, hasta ahora vigente solo para las transferencias entre cuentas, a los pagos con tarjeta de crédito.

Esto representa un giro más en una pelea de larga data: luego de que el Banco Central instaurara el QR interoperable en la era de Miguel Pesce, los bancos habían reclamado que se sumen las tarjetas de crédito de manera de dar más oportunidades a comerciantes y compradores a la hora de realizar el pago y mayor igualdad de condiciones para todos los jugadores. 

Mientras desde el sistema financiero tradicional, bancos, procesadoras de pagos y adquirentes, trabajaron para concretar lo que ellos llamaban la «interoperabilidad full» a mitad del año pasado, la negativa de Mercado Pago puso en pausa este paso.

El Central tuvo que postergar en tres oportunidades la entrada en vigencia de esta norma, pero a mitad de este mes había anticipado que este 30 de abril era una fecha indeclinable. 

Mercado Pago, que primero había aludido a razones técnicas para demorar su actualización a este sistema, ahora transparenta motivos meramente comerciales para no «abrir» su red.

«Desde Mercado Pago realizamos y finalizamos los desarrollos tecnológicos y las pruebas técnicas dentro del plazo fijado por la norma del Banco Central, y estamos en condiciones de ofrecer la interoperabilidad del código QR para tarjetas de crédito de manera segura. Nuestra red ya está disponible para todas las billeteras virtuales que la deseen utilizar para pagos con tarjeta de crédito», dijeron en la fintech. 

«Luego de dos rondas de propuestas, al día de la fecha la mayoría de las billeteras y sus bancos emisores mantienen su rechazo a dichas cláusulas y se niegan a aceptar las condiciones para la interoperabilidad del QR con tarjetas de crédito. Esta es la razón por la que aún no está habilitado», señaló.

De un lado y del otro afirman que no se llega a un acuerdo por razones comerciales. Extraoficialmente, trascendió que Mercado Pago pretende el pago de un fee en torno a los US$ 30.000 mensuales para permitirle a las billeteras bancarias y los procesadores de pago acceder a su red. 

«Hace 6 años Mercado Pago creó la red de QR en Argentina tras una inversión de más de 33 millones de dólares. Esto permitió que cientos de miles de comercios cobraran por primera vez con medios electrónicos y millones de argentinos eligieran el QR para pagar, en un avance sin precedentes de la inclusión financiera en todo el país», aseguraron en la empresa.

La postura del otro lado es que las condiciones que impone Mercado Pago para abrir su app «son ridículas». 

«Hace más tiempo, los bancos y las tarjetas invirtieron cientos de millones de dólares y Mercado Pago pudo subirse a su red para desarrollar la app de manera 100% gratuita», advirtieron.

La puja comercial se mete con el negocio de la adquierencia, un tema sensible para los bancos y los procesadores de pago en el país. 

Mercado Pago no solo no quiere recibir pagos con tarjetas que provengan de otras billeteras, si no que no quiere abrir su app para que otros QR procesen los pagos que hagan sus usuarios con su billetera.

Medio Ambiente 🌱

La Hidrovía quedó en manos de Jan De Nul: el negocio de los amigos de Caputo se concretó

El Gobierno nacional completó la privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay y adjudicó la concesión al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus. La decisión se oficializó mediante la Resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), publicada en el Boletín Oficial, a pesar de las advertencias de irregularidades formuladas por organismos del propio Estado.

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Jan De Nul opera el canal desde 1995. La concesión se extiende por 25 años, con posibilidad de prórroga de hasta cinco años adicionales. El contrato definitivo deberá firmarse en los próximos 30 días. Este diario alertó en febrero de 2025 que el proceso licitatorio registraba poca competencia y falta de transparencia: en la apertura de ofertas de aquel momento, solo una empresa había presentado propuesta.

Un proceso cuestionado desde el inicio

La licitación nunca estuvo exenta de polémicas. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas emitió un dictamen formal ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal alertando sobre irregularidades graves: ausencia de estudios de impacto ambiental, incumplimiento del Acuerdo de Escazú, falta de participación de las provincias ribereñas y cláusulas que exigen una garantía de diez millones de dólares para poder impugnar decisiones administrativas. Fue el tercer informe crítico sobre el proceso.

El diputado nacional Jorge Taiana tomó ese dictamen para exigir la suspensión inmediata de la licitación. El juez federal Daniel Rafecas rechazó el pedido cautelar, coincidiendo con el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, y concluyó que no existían elementos suficientes para detener el proceso. El Gobierno siguió adelante.

La trama Neuss-Caputo-Servimagnus

El reparto del negocio no sorprende a quienes siguen la trama de poder del gobierno de Javier Milei. Este diario publicó en marzo de 2025 que los hermanos Juan, Patricio y Georgi Neuss, ligados al asesor presidencial Santiago Caputo, figuraban entre los principales beneficiarios de las privatizaciones del ciclo Milei. Los Neuss financian la Fundación Faro, que conduce Francisco Caputo, hermano de Santiago. Son dueños del Yacht Club donde se organizan cenas de recaudación para La Libertad Avanza y, en febrero de 2025, aportaron 35 millones de pesos a la estructura partidaria de cara a las elecciones de medio término.

El Grupo Neuss figura como probable subcontratista del dragado que ejecutará Jan De Nul. Servimagnus, el socio local del consorcio adjudicatario, pertenece a Ricardo Román, cuya familia integra el mapa de empresarios vinculados al entorno del Gobierno junto a los nombres de Gustavo Elías y Juan Ondarcuhu. El periodista Alejandro Bercovich describió el esquema: una vez firmado el contrato, Jan De Nul deberá subcontratar servicios a otras empresas para cumplir con las demandas del Estado, y ahí es donde ingresa el círculo de Caputo.

Como señaló el análisis de Jesús Rivero en El Argentino, la dimensión del negocio es también geopolítica. El congresista republicano Brian Mast, aliado de Donald Trump, envió una carta al Secretario de Estado Marco Rubio alertando sobre una presunta «influencia maligna china» en la puja. Esa misma semana, Santiago Caputo viajó a Washington y se reunió con Mast, con el director senior del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional y con el embajador Alec Oxenford. El consorcio competidor DEME intentó instalar que Servimagnus tenía vínculos con capitales chinos a través de Agrofina; Jan De Nul y Servimagnus rechazaron esas acusaciones como «falsas y malintencionadas».

Las cifras de la entrega

Por la Hidrovía transita cerca del 80% de las exportaciones argentinas, más de 80 millones de toneladas de granos y derivados por año. Las proyecciones oficiales de la Anpyn estiman una facturación anual promedio cercana a los 628 millones de dólares para la concesionaria, con ingresos acumulados que podrían superar los 15.700 millones de dólares en 25 años. El esquema no contempla garantías ni aportes del Estado: es concesión por peaje y a riesgo empresario.

Las proyecciones prevén un crecimiento del tráfico internacional del 38,1% durante la concesión, del cabotaje un 28,2%, y del tramo Santa Fe-norte del país un 52,4%. La mayor parte de las inversiones se concentrará en los primeros siete años; la rentabilidad máxima llegaría recién a partir del año dieciséis.

El contrato está firmado en los papeles. Lo que queda por verse es cuánto de ese negocio estratégico termina en manos del círculo que rodea al poder, y cuánto le queda al país.

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