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Solo el 12% de las personas adultas eligen las criptomonedas como ahorro

En la Argentina actualmente hay una decena de exchanges (plataformas) de criptomonedas como ArgenBTC, Belo, Buenbit, Defiant, Lemon Cash, Let’s Bit, Ripio y Satoshi Tango, entre otros, a través de las cuales se puede comprar Bitcoin o Ether -las dos principales criptos del mercado-, tokens de menor volumen como Cardano, Solana o Matic, o bien criptomonedas estables (stablecoins) como USDT, USDC, DAI u otras que siguen 1 a 1 el valor del dólar.

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Por Alejandro Tejero Vacas

Más de uno de cada diez adultos argentinos compró criptomonedas , el doble que el promedio de otros países de América Latina como México, Perú o Brasil, una región donde la baja penetración bancaria, la búsqueda de mecanismos más económicos para enviar o recibir remesas, y la inestabilidad económica despiertan el interés por la adopción de cripto.

En total, el 8% de los adultos latinoamericanos había comprado criptomonedas hacia finales de 2021, grupo en el que destacaron los argentinos (12%) frente a porcentajes menores de peruanos (5%), mexicanos (6%) y brasileños (7%), mientras que otro 18% estaba interesado en hacerlo si bien aún no había comprado, según un estudio de Americas Market Intelligence (AMI) en base a 400 encuestas realizadas a usuarios de teléfonos inteligentes de estos países en septiembre de 2021.

El nivel de adopción en la Argentina cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que en Estados Unidos la adopción de criptomonedas era del 16% de la población a finales de 2021 -según datos del Pew Research Center- y que hace apenas unos años la tecnología blockchain y las criptomonedas era completamente desconocida por la mayoría de la población mundial.

En la Argentina actualmente hay una decena de exchanges (plataformas) de criptomonedas como ArgenBTC, Belo, Buenbit, Defiant, Lemon Cash, Let’s Bit, Ripio y Satoshi Tango, entre otros, a través de las cuales se puede comprar Bitcoin o Ether -las dos principales criptos del mercado-, tokens de menor volumen como Cardano, Solana o Matic, o bien criptomonedas estables (stablecoins) como USDT, USDC, DAI u otras que siguen 1 a 1 el valor del dólar.

Se trata de plataformas que no existían antes de 2018 y que, en pocos años, se alzaron con millones de descargas en sus aplicaciones y de nuevos usuarios, fundamentalmente después de 2020.

«Una de las cosas que más no llamó la atención en el estudio fue no sólo la adopción en sí misma, sino el momento de la adopción. Más de la mitad de quienes tienen criptomonedas, ya sea de manera frecuente o que al menos compró una vez, lo hizo durante o después de la pandemia de coronavirus. Esto quiere decir que la mayoría de los latinoamericanos y latinoamericanas que tienen cripto son adoptantes tempranos», dijo Ignacio Carballo, Docente e Investigador, «Crypto & Alternative Finance» Consultant en AMI (USA).

Entre los factores que están difundiendo a las criptomonedas es su uso para recibir o enviar transferencias de dinero entre países -con costos prácticamente nulos frente a comisiones promedio del 5,5% que cobran las empresas tradicionales- o para realizar pagos en comercios físicos o virtuales de todo el mundo.

De acuerdo con el estudio de AMI, los primeros usuarios en adoptar criptomonedas en América Latina fueron un grupo conformado por expertos en tecnología, con sesgo hacia personas de clase alta/ media alta y de sexo masculino, atraídos por el espíritu fundamental antisistema de las criptomonedas.

Sin embargo, la población de consumidores que tienen «curiosidad por las criptomonedas» abarca una franja demográfica que incluye a jóvenes adultos, consumidores de ingresos medios/bajos y consumidores no bancarizados, entre los cuales el 54% citó el «proteger sus ahorros» como un beneficio clave de las criptomonedas.

«Nuestros datos demuestran que hay una mayoría de usuarios que valoran la estabilidad del mundo cripto. Esto quiere decir que más allá de que puedan ser redituables en términos de inversión o características como inhackeabilidad, descentralización o rastreabilidad, los usuarios tiene una necesidad no resuelta por monedas la región que sí encuentran en cripto», señaló Carballo.

En ese sentido, una de las oportunidades que ofrece el mundo cripto son las stablecoins, que permiten a sus consumidores no sólo proteger sus ahorros en forma de activos que siguen al dólar estadounidense sino invertirlas en productos de ahorro basados en protocolos de finanzas descentralizadas («DeFi»), que facilitan empréstitos y préstamos a través de contratos inteligentes en una blockchain, en lugar de hacerlo a través de una institución financiera.

En la Argentina, plataformas como Buenbit, Lemon o Belo ofrecen a sus usuarios tasas de interés para los en DAI y USDT que tengan depositados en la plataforma de entre 5 y 10% anual, que capitalizan en forma diaria o semanal, y que superan con creces las tasas que ofrecen los plazos fijos en dólares de bancos tradicionales, que varían entre 0,5 y 1,75% TNA.

Es importante aclarar que, frente a los depósitos bancarios o en el mercado de capitales, las stablecoins conllevan riesgos como la ausencia de un seguro de garantía de depósitos y una falta de regulación en la mayoría de los países, que es leído por muchos de los interesados en adentrarse en este mundo como un temor a sufrir estafas.

Puntualmente, el 46 % de las personas entrevistadas por AMI que dijo estar interesada en adquirir criptomonedas expresó inquietudes por el riesgo de fraude relacionado con las criptomonedas, en comparación con el 33 % de los usuarios actuales.

Al respecto, Carballo señaló que hay «un imaginario un tanto exagerado sobre el rol del fraude y las estafas en el mundo cripto». «Es lógico -aseguró- si uno estudia la historia de las criptomonedas y su uso en un primer momento para actividades ilícitas y, también, producto de nuevas metodologías de estafas», aunque sostuvo que no es algo «superlativamante más grande que el que existe en el de las finanzas tradicionales».

De cara al futuro, la adopción más generalizada de este tipo de instrumentos dependerá de una regulación más clara, que ayude al sistema financiero tradicional a operar con transparencia en tecnología blockchain, y el propio paso del tiempo.

«Una regulación puede ayudar a poner claras las reglas de juego y ayudar a que los jugadores más tradicionales y con los cuales los consumidores está acostumbrado a trabajar y utilizar sus finanzas puedan sumarse. También va a ayudar a hacer pagos con cripto, pero no sólo en eso sino también en experiencia del usuario. El grueso de las plataformas tiene cierta dificultad de uso y eso cada vez va a ir mejorando más», concluyó.

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Vialidad Nacional: Milei profundiza el vaciamiento del Estado con una nueva ola de retiros voluntarios

El Gobierno activó la segunda etapa del retiro voluntario en la Dirección Nacional de Vialidad mediante la Resolución 1220/2026. La primera fase, que previó 900 adhesiones, cerró con 609. Ahora el esquema suma planes de pago en hasta 8 cuotas y una prohibición de cinco años para reingresar al Estado.

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Milei profundiza el desguace de Vialidad: segunda ola de retiros voluntarios con cuotas y 5 años de veda para volver al Estado.

Con 609 agentes desvinculados en la primera vuelta y la promesa de una planta «acorde a las necesidades funcionales», el Gobierno de Javier Milei lanzó la segunda etapa del retiro voluntario en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el organismo que históricamente garantizó la planificación y ejecución de la infraestructura vial del país. La Resolución 1220/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, da continuidad a un proceso de achicamiento del Estado que, en este caso, apunta a uno de los organismos técnicos más sensibles para el desarrollo territorial argentino.

La nueva fase amplía el esquema iniciado mediante la Resolución 118/2026. El estimado inicial era de 900 adhesiones para aquella primera etapa; la cifra real quedó en 609, lo que indica que el organismo ya perdió más de dos tercios de su objetivo original de reducción, y el Gobierno insiste con una segunda convocatoria para seguir vaciando la estructura técnica de Vialidad.

Un retiro que excluye pero también condiciona a los que se quedan

La normativa fija condiciones de exclusión amplias: no pueden adherirse quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública, quienes enfrenten procedimientos disciplinarios, quienes hayan iniciado trámite jubilatorio o presentado renuncia, quienes superen los 64 años y quienes mantengan litigios laborales pendientes, salvo que desistan expresamente de ellos. Esta última cláusula es particularmente significativa: el Estado condiciona el acceso al beneficio económico a que el trabajador abandone cualquier reclamo judicial previo, lo que equivale a presionar sobre derechos adquiridos como requisito para cobrar una indemnización.

En el mismo sentido, los empleados con mandatos sindicales vigentes deben renunciar a su cargo gremial y a la tutela sindical para poder adherirse. El esquema penaliza, en la práctica, la organización sindical y el ejercicio del derecho a reclamar, dos pilares del derecho laboral que la administración libertaria viene erosionando de manera sistemática desde diciembre de 2023.

Las tres opciones y la lógica de la cuota

La gratificación extraordinaria de egreso se calcula sobre el haber bruto remunerativo del mes anterior a la entrada en vigencia del reglamento. El régimen ofrece tres alternativas. La Opción 1 otorga el 90% de un haber de egreso por cada año de antigüedad, con un tope de 24 años. La Opción 2 baja la alícuota al 85% pero suma un monto equivalente a 12 meses de aportes y contribuciones de Obra Social, apuntando a quienes priorizan la cobertura médica durante la transición. La Opción 3 es exclusiva para personal de 64 años o más sin los aportes jubilatorios necesarios y aplica el cálculo de la primera opción, con un tope reducido a 12 años de antigüedad.

El pago de la gratificación se escalona según el monto total: hasta 10 millones de pesos en una cuota única; entre 10 y 20 millones, en 3 cuotas; entre 20 y 30 millones, en 5 cuotas; y por encima de 30 millones, en 8 cuotas mensuales iguales y consecutivas. El esquema de cuotas, en un contexto inflacionario, implica que los montos más altos se licúan en términos reales con el paso de los meses, lo que en los hechos penaliza a los trabajadores de mayor antigüedad, que son precisamente quienes percibirían las gratificaciones más elevadas.

Cinco años fuera del Estado: la firma de la desvinculación

Los trabajadores aceptados suscribirán un acuerdo de desvinculación que incluye una prohibición de reingresar o prestar servicios en el Estado Nacional por el plazo de cinco años. La medida apunta a que la reducción de la planta sea irreversible en el corto y mediano plazo, independientemente de quién gobierne. Se trata, en términos concretos, de un mecanismo diseñado para consolidar el desguace institucional más allá del ciclo electoral, blindando la reducción de la estructura estatal contra eventuales cambios de gestión.

El Gobierno justificó la medida argumentando que «dicho esquema asegura y promueve la razonabilidad operativa y el uso eficiente de los recursos públicos». Sin embargo, la experiencia internacional y la historia argentina demuestran que la reducción abrupta de personal técnico especializado en organismos viales genera consecuencias de largo plazo sobre la capacidad estatal de planificar obras, controlar contratistas y mantener la infraestructura existente, un costo que habitualmente no aparece en los balances del ajuste pero sí en las rutas rotas y los puentes sin mantenimiento.

Lo que tenés que saber:

  • El Gobierno lanzó la segunda etapa del retiro voluntario en Vialidad Nacional mediante la Resolución 1220/2026, publicada en el Boletín Oficial el 6 de octubre de 2026.
  • La primera fase (Resolución 118/2026) registró 609 adhesiones sobre un estimado inicial de 900 agentes.
  • El régimen prevé pagos en hasta 8 cuotas, lo que en contexto inflacionario erosiona el valor real de la gratificación para los agentes de mayor antigüedad.
  • Los trabajadores deben renunciar a litigios laborales previos y, si tienen mandato sindical, también a su cargo gremial para poder adherirse.
  • Quienes se acojan quedan inhabilitados para reingresar al Estado Nacional por cinco años.
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