Buenos Aires
Provincia de Buenos Aires imputó a Netflix por cláusulas abusivas
La empresa, que ya ha sido notificada, debe adecuar, modificar y/o suprimir las cláusulas observadas y posee cinco días hábiles e improrrogables para presentar su descargo, según se informó.
El Gobierno bonaerense imputó este jueves de oficio a Netflix por inclusión de cláusulas abusivas en sus términos de uso en infracción a la ley de Defensa del Consumidor, según informó el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.
A través de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios de la Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, la provincia de Buenos Aires detectó la inclusión de cláusulas abusivas incorporadas en los términos y condiciones de Netflix en infracción a la ley de Defensa del Consumidor.
Así, se constató, analizando los «Términos de Uso de Netflix» que rigen la contratación, que la empresa, «mediante una redacción compleja y poco clara, impone a sus usuarias y usuarios cláusulas que se presentan abusivas».
Se detectó que los pagos que realicen los consumidores «no serán reembolsables ni se otorgarán créditos en favor del consumidor en ningún caso», lo que para la Provincia «genera confusión y error en el usuario, y la falsa creencia de que nada podrá reclamar una vez efectuada la contratación y realizado el pago, aun en supuestos de incumplimientos de la empresa, falta o defectuosa prestación del servicio».
También se percibió que se establece una cláusula de exoneración y/o limitación de responsabilidad, «imponiendo a sus usuarios la renuncia a futuros reclamos por la prestación del servicio y a los daños que se les pudieren generar, declarando por anticipado que el servicio de Netflix puede presentar interrupciones y errores y se ofrece en esas condiciones, sin garantías, lo que resulta además violatorio al deber legal de garantía que poseen todos los productos y servicios conforme la ley Nacional de Defensa del Consumidor».
Otra de las irregularidades detectadas por la provincia fue la de «obligar a renunciar a sus usuarios a la posibilidad de iniciar reclamos en forma colectiva y/o a participar de acciones colectivas de reclamo en defensa de sus derechos».
«Establecer que los términos de uso se regirán y se interpretarán de acuerdo a la Ley del estado de Delaware (EEUU). Es decir, un usuario o usuaria que se encuentra en la provincia de Buenos Aires, que se rige por las normas Nacionales y Provinciales, que consume los servicios en el territorio Bonaerense, debe regirse por la Ley de un Estado norteamericano. En total violación a lo establecido por los artículos del Código Civil y Comercial de la Nación», se indicó desde Producción.
«Todas en infracción del artículo 4° y 37, inciso b) de la Ley 24.240, Resolución Nº 53/2003 de la ex Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, Resolución Nº 994/2021 de la SCI de la Nación y el Código Civil y Comercial de la Nación», se planteó.
Se sostuvo desde el Gobierno que «se cumple de esta manera con el deber de controlar los contratos de adhesión ya que las y los consumidores contratan directamente sin posibilidad de negociar, como también se persigue evitar conductas que puedan resultar violatorias a la normativa de defensa de los consumidores».
La provincia de Buenos Aires imputa a Netflix por inclusión de cláusulas abusivas en Términos de Uso.
La empresa, que ya ha sido notificada, debe adecuar, modificar y/o suprimir las cláusulas observadas y posee cinco días hábiles e improrrogables para presentar su descargo, según se informó.
Buenos Aires
Desalojo en Chapadmalal: orden judicial y tensión por la posible privatización
La medida fija un plazo de diez días para abandonar el predio y alcanza a unas 50 personas. El complejo, con nueve hoteles históricos, quedó en el centro de una disputa por su concesión a largo plazo y su futuro como espacio de turismo social.
Lo que tenés que saber
- La Justicia ordenó el desalojo del complejo turístico ubicado al sur de Mar del Plata
- Trabajadores que residen en el predio fueron intimados a retirarse en un plazo determinado
- El gremio estatal presentó un recurso para intentar frenar la medida
- El Gobierno impulsa una concesión del lugar para inversión privada
- El histórico espacio fue creado para facilitar vacaciones a familias trabajadoras
Orden judicial y plazo para abandonar el predio
La Justicia bonaerense dispuso el desalojo del complejo turístico de Chapadmalal, ubicado a unos kilómetros de Mar del Plata. La decisión alcanza a trabajadores de mantenimiento que viven en el lugar y que ya recibieron la intimación formal para retirarse.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado estableció un plazo de diez días para que abandonen el predio. En caso de incumplimiento, el procedimiento podría avanzar con intervención de la fuerza pública.
Reacción gremial y presentación judicial
Frente a la medida, el gremio de trabajadores estatales impulsó un recurso de amparo con el objetivo de frenar el desalojo. En paralelo, legisladores plantearon la posibilidad de que el complejo quede bajo administración provincial.
El conflicto se desarrolla en medio de una discusión más amplia sobre el destino del predio y su uso futuro.
Plan de concesión y participación privada
Según información oficial, el Gobierno evalúa otorgar la concesión del complejo por un período prolongado para atraer inversiones. La iniciativa apunta a la restauración de la infraestructura y a reducir costos operativos.
El anuncio de esta estrategia fue realizado semanas atrás por el vocero y jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Un complejo histórico del turismo social
La Unidad Turística de Chapadmalal fue inaugurada en la década del ’50 durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. El espacio fue concebido como una política de turismo social destinada a facilitar el acceso a vacaciones para sectores trabajadores.
El predio cuenta con nueve hoteles de tres pisos y se ubica sobre la Ruta 11, entre Mar del Plata y Miramar. Su construcción se realizó con aportes de la Fundación Eva Perón.
Situación actual y escenario abierto
El proceso judicial y administrativo continúa en desarrollo. Mientras avanza el plazo de desalojo, se mantienen las gestiones gremiales y políticas en torno al futuro del complejo.
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