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Consumo

Nueva forma de abonar con tarjeta para evitar fraudes

En 2023 hubo casi 7 mil denuncias ante la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor por fraudes y estafas en servicios financieros.

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La Secretaría de Comercio oficializó este martes el cambio en la forma de abonar los consumos con tarjetas con el objetivo de evitar fraudes, a través de la Resolución 87/2024, publicada en el Boletín Oficial.

La modificación dispuesta por el área que encabeza Pablo Lavigne consiste en que los comercios que cuenten con la posibilidad de pagar con tarjetas, deberán ofrecer una terminal inalámbrica para realizar el cobro en frente de los clientes y no podrán retener el plástico ni el DNI en ningún momento, ya que la operación tendrá que ser ejecutada por el propio consumidor.

De esta manera, desde la secretaría resaltaron que “se reduce hasta cuatro veces la posibilidad de que se produzcan estafas”, indicando “que los clientes estén en permanente contacto con su tarjeta de débito o crédito reducirá la posibilidad de maniobras de vulneración de datos y estafas”.

El texto oficial determinó que “todos los establecimientos comerciales que acepten para la realización de sus transacciones comerciales tarjetas de crédito, compra o débito en los términos del Artículo 1° de la Ley N° 25.065 y sus modificaciones, y operen con terminales electrónicas para el pago de las operaciones realizadas (terminales de captura de datos o “POS”), deberán poner a disposición del consumidor las mismas de modo tal que, en ningún momento, pierda el control o quede desapoderado de su tarjeta, ni aún momentáneamente, hasta la completa finalización de la operación”.

El nuevo parámetro tendrá un periodo de adaptación para que los comercios puedan acondicionar los medios pertinentes para cumplir con la normativa, por lo que se estableció “un plazo de adecuación de 180 días contados a partir de su entrada en vigencia, a efectos de que los proveedores adapten los servicios de atención al cliente de acuerdo a lo establecido en la presente resolución”.

Desde Comercio explicaron la decisión en respuesta a reducir los casos de estafas, ya que “resulta de público y notorio conocimiento la reiteración de hechos de fraude informático en el mercado consistentes en capturar los datos de los consumidores contenidos en sus tarjetas de crédito, compra o débito, que, con posterioridad, son utilizados para la comisión de hechos ilícitos generando, en muchos casos, graves perjuicios para los intereses económicos de los consumidores”.

En este sentido, en la Resolución se remarcó que “el hecho de que el consumidor pierda el control respecto del uso de su tarjeta de crédito, compra o débito, o quede desapoderado de la misma, aún temporariamente, cuando realiza una compra o locación de bienes o servicios, ha dado lugar a la apropiación indebida de datos del consumidor para consumar hechos de fraude”.

Asimismo, desde la secretaría dependiente del Ministerio de Economía consideraron que “el adecuado funcionamiento del mercado tiene como pilar fundamental, entre otros extremos, que los bienes provistos en él revistan la máxima seguridad para los consumidores, en cuanto a su utilización y funcionalidad”.

A raíz de esto, en el documento oficial sostuvo que “resulta pertinente y necesario establecer criterios para que el consumidor, en cuanto a la utilización de su tarjeta, no pierda el control de la misma en ningún momento de la transacción, lo que reducirá la posibilidad de la captura indebida de sus datos, o su uso fraudulento”.

Al mismo tiempo, desde Comercio precisaron que durante el desarrollo del último Consejo Federal de Consumo, los representantes de todas las provincias mostraron su preocupación por este tema y manifestaron su apoyo a la medida a implementar.

De acuerdo a las estadísticas del área, en 2023 hubo casi 7 mil denuncias ante la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor por fraudes y estafas en servicios financieros.

En este sentido, recordaron que en caso de inconvenientes, las denuncias pueden realizarse ingresando a la web de la dependencia estatal o a través las redes sociales de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor: @DNDConsumidor, tanto en X, como en Instragram y Facebook.

Consumo

El sueldo que no alcanza: la brecha entre inflación y salarios destruye el consumo de las familias argentinas

Los datos cruzados del INDEC y del Ministerio de Capital Humano revelan que los salarios perdieron terreno frente a los precios tanto en marzo como en el primer trimestre del año. La brecha acumula presión sobre las familias trabajadoras en un contexto de tarifas disparadas y canasta básica que no cede.

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El Argentino Diario-Billeteras, Consumo, Salario.

Salarios contra inflación: el poder adquisitivo sigue cayendo y el consumo interno se resiente

★ En marzo de 2026, la inflación registrada por el INDEC fue del 3,4%, mientras que la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que publica el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Trabajo, creció apenas un 2,4%. La diferencia, de un punto porcentual, puede parecer menor en términos abstractos, pero se convierte en un deterioro concreto y mensurable para los hogares que dependen de un salario para subsistir.

La tendencia se sostiene al ampliar el horizonte temporal. En el primer trimestre de 2026, la inflación acumulada alcanzó el 9,4%, en tanto que los salarios medidos por el RIPTE avanzaron un 8,6%. Eso significa que, incluso en el período en que el Gobierno anuncia una desaceleración inflacionaria, los ingresos de los trabajadores no logran seguir el ritmo de los precios.

Un deterioro que se acumula sobre otro deterioro

El dato de marzo no emerge en el vacío. Se monta sobre una base salarial ya diezmada por años de ajuste. Desde el inicio de la gestión libertaria de Javier Milei en diciembre de 2023, el esquema de tarifas y precios relativos golpeó con dureza desproporcionada a los sectores de ingresos fijos. Según datos del IIEP (UBA-CONICET), los servicios y el transporte público acumularon subas que superaron el 525% desde entonces, con el transporte liderando la escalada con un incremento cercano al 912%.

En ese marco, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) registró en marzo de 2026 una variación interanual del 32,8% y la Canasta Básica Total (CBT) del 30,4%, de acuerdo a datos del propio INDEC. Estas cifras confirman que el alimento sigue siendo el campo donde más se siente la erosión del salario real, aun cuando el índice mensual dé señales de moderación.

El «sueldo disponible» y el efecto sobre el consumo

Más allá del RIPTE, el impacto real sobre las familias se mide en lo que los economistas denominan «salario disponible»: lo que efectivamente queda en el bolsillo luego de cubrir las obligaciones básicas como alquiler, servicios, transporte y alimentación. En la medida en que esas obligaciones fijas crecen más rápido que los ingresos, el margen para el consumo de otros bienes se contrae.

Este es el mecanismo que explica la debilidad del consumo interno. Cuando las familias deben destinar una porción creciente de sus ingresos a gastos no postergables, el gasto en indumentaria, electrodomésticos, esparcimiento y otros rubros se retrae. Ese retroceso se traslada a la cadena productiva, deprimiendo la actividad industrial y comercial y generando un círculo de contracción que las cifras macroeconómicas oficiales tienden a subvalorar.

La discusión sobre el indicador

El Gobierno nacional cuestiona la representatividad del RIPTE como indicador de la evolución salarial, aduciendo limitaciones en su composición. El índice tiene características metodológicas específicas: considera únicamente los puestos de trabajo con una antigüedad mínima de 13 meses, incluye tanto al sector privado como al público nacional, provincial y municipal (solo para las cajas previsionales transferidas al SIPA), y contabiliza exclusivamente los componentes remunerativos hasta el tope imponible para aportes al sistema de seguridad social.

Estas restricciones son reales y deben tenerse en cuenta al interpretar el indicador. Sin embargo, la propia existencia de estas discusiones metodológicas no cancela la tendencia que los datos revelan, y que otros indicadores como el Índice de Salarios del INDEC o los convenios colectivos homologados refuerzan consistentemente: los ingresos de los trabajadores retroceden frente a los precios.

Estanflación como escenario de fondo

Los datos de abril de 2026 agregan otro elemento al diagnóstico. Consultoras como Eco Go y Equilibria proyectaron una desaceleración de la inflación hacia el 2,5% mensual, pero los combustibles presionaron con subas del 10,4%, generando una inercia que neutraliza cualquier alivio puntual en los alimentos. Esta dinámica configura un escenario de estanflación persistente: economía que no crece, precios que no ceden lo suficiente y salarios que no alcanzan.

El panorama es especialmente crítico en un contexto de deuda externa con el FMI que condiciona la política fiscal. El ajuste del gasto público comprometido con el organismo, que en el primer trimestre de 2026 implicó una caída adicional del 5,1% interanual en el gasto primario, reduce la capacidad del Estado de compensar la caída del poder adquisitivo mediante transferencias sociales, jubilaciones actualizadas o políticas de ingresos.

Puntos clave:

– En marzo de 2026, la inflación (3,4%) superó al crecimiento del RIPTE (2,4%), según datos del INDEC y del Ministerio de Capital Humano.
– En el primer trimestre, la brecha se mantuvo: 9,4% de inflación acumulada frente a 8,6% de suba salarial.
– La Canasta Básica Alimentaria registró una variación interanual del 32,8% en marzo de 2026.
– Los servicios y el transporte público acumulan aumentos superiores al 525% desde diciembre de 2023.
– El ajuste del gasto primario cayó un 5,1% adicional en el primer trimestre de 2026, agravando la pérdida de ingresos disponibles.

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