Economía 💲
El FMI ratificó su compromiso de trabajar con la Argentina
El presidente Alberto Fernández y la titular del organismo monetario mantuvieron una videoconferencia y coincidieron en seguir trabajando en un nuevo acuerdo de financiamiento para el país.
El presidente Alberto Fernández y la titular del organismo monetario mantuvieron una videoconferencia y coincidieron en seguir trabajando en un nuevo acuerdo de financiamiento para el país.
La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ratificó el compromiso del organismo multilateral de trabajar junto al Gobierno «para mejorar la estabilidad y apoyar un crecimiento fuerte e inclusivo». durante una conversación que mantuvo con el presidente Alberto Fernández en la que coincidieron en la necesidad de que el nuevo programa de financiamiento tenga una «visión realista de cómo funciona» la economía argentina.
El diálogo se produjo a través de una videoconferencia, en la que ambos coincidieron en continuar trabajando en la elaboración de un programa apoyado por el organismo multilateral y diseñado y conducido por la Argentina.
Luego del contacto, Alberto Fernández y Kristalina Georgieva dieron detalles del encuentro virtual a través de mensajes en sus respectivas cuentas en la red social Twitter.
«Muy buena llamada con el presidente de Argentina @alferdez», sostuvo la titular del FMI, para luego señalar que «discutimos las perspectivas de crecimiento global y las acciones para combatir la crisis económica y de salud».
«También destaqué nuestra gran colaboración con (el ministro de Economía) @Martin_M_Guzman & equipo para mejorar la estabilidad y apoyar un crecimiento fuerte e inclusivo», agregó la directora Gerente del organismo multilateral.
El Presidente, por su parte, calificó como una «muy buena conversación» al contacto que mantuvo con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional.
También a través de un serie de mensajes en su cuenta en la red social Twitter, el jefe del Estado ratificó la decisión de continuar trabajando en un programa diseñado y conducido por la Argentina, que cuente con el apoyo del organismo, y remarcó «la importancia de la recuperación económica y de un orden fiscal consistente con ese crecimiento como condiciones necesarias para la estabilización».
«También coincidimos en que el programa debe tener una visión realista de cómo funciona nuestra economía. Además, compartimos nuestra intención de trabajar, desde lo que se espera sea un renovado multilateralismo, por una economía mundial más justa e inclusiva», agregó Fernández, quien ratificó que «esa será la posición de la Argentina como miembro del G20 (Grupo de los 20) y del FMI».
Los mensajes del presidente por Twitter se publicaron unos minutos después de que la Casa Rosada informara -a través de un comunicado- detalles del contacto que mantuvieron Fernández y Georgieva.
«Durante la conversación se remarcó la importancia de la recuperación económica como condición necesaria para la estabilización, así como la necesidad de poner las cuentas fiscales en orden a una velocidad que sea consistente con el crecimiento para garantizar la estabilidad de mediano plazo», informó el Gobierno, y también enfatizó que existió una coincidencia en que «el programa debe estar basado en supuestos realistas sobre cómo funciona la economía argentina».
La semana pasada, el vocero del organismo multilateral, Gerry Rice, dijo que la Argentina y el FMI «continúan con la conversaciones» sobre la negociación de un nuevo programa de mediano plazo que le permita al país reprogramar los vencimientos del programa vigente por 44.000 millones de dólares y, eventualmente, solicitar nuevos fondos para la recuperación económica.
«Nuestras conversaciones con las autoridades argentinas continúan. Esas discusiones entre el Gobierno argentino y el equipo del FMI continuarán en este período» que acaba de comenzar, dijo Rice durante la primera conferencia de prensa del año, el jueves pasado en Washington.
El vocero precisó que «hubo un breve descanso en el diálogo durante el período de vacaciones (por las Fiestas), pero esperamos que el ritmo de las reuniones, todas virtuales, aumente en las próximas semanas».
Según el funcionario del FMI, «las autoridades del país continúan trabajando en el diseño de su plan económico de mediano plazo y discutiendo las medidas específicas para su implementación y trabajando para apuntalarlo con un amplio apoyo político y social».
En este sentido, Rice dijo que «compartimos la opinión de las autoridades de que abordar los desafíos de Argentina requerirá un conjunto de políticas cuidadosamente equilibradas que fomenten la estabilidad, restablezcan la confianza, protejan a los más vulnerables de Argentina y establezcan las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo».
«Argentina, como casi todos los demás países, se enfrenta al desafío de la pandemia y los problemas de salud y humanitarios que esto conlleva», agregó el directivo.
La Argentina solicitó en agosto de 2020 un nuevo programa con el FMI para reemplazar al stand by vigente, a través del cual el país debe 44.000 millones de dólares, con vencimientos concentrados en los próximos dos años.
Legislativo
El costo de la ley de discapacidad es de solo el 0,07% del PIB
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad insumiría hasta $1,2 billones en 2028. El oficialismo lo usa como argumento para bloquear el quórum y también hundir el debate sobre el DNU 70.
Ciento ochenta y siete millones de pesos por hora. Ese es el equivalente aproximado del costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó para el proyecto de ley sobre discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría: $1.209.567 millones para 2028, un 0,07% del PIB. Es el número que el Gobierno de Javier Milei agita ante sus aliados parlamentarios para persuadirlos de no aportar quórum a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde también se buscará voltear el DNU 70.
El informe técnico de la OPC, organismo dependiente del Poder Legislativo, proyectó dos escenarios. Para 2027, el costo ascendería a $598.912 millones (0,04% del PIB), bajo un esquema de incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Para 2028, con un año completo de aplicación, el monto trepería a $1.209.567 millones (0,07% del PIB). El documento aclara que esas cifras representan únicamente el gasto incremental y no incluyen lo que el Estado ya eroga por la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, que hoy tienen 1.141.486 personas.
Quiénes son los nuevos beneficiarios y cómo se determinan
El universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral. La OPC subraya que el escenario de incorporación gradual para 2027 «representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027».
En materia de cobertura médica, el informe estima que unos 76.000 nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud, aunque no realiza una estimación monetaria dada la variabilidad en el uso de servicios y la superposición con el sistema público. La OPC advierte que su incorporación «implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional», lo que equivale a decir que el gasto ya existe; solo cambiaría quién lo paga.
La deuda con los prestadores: una obligación que ya existía
El dictamen también mantiene una manda preexistente: la compensación a prestadores de servicios de discapacidad por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC precisa que «el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución», estimada en $278.323 millones según el Decreto 84/2026. En otras palabras, es una deuda que el Estado ya tiene y que la ley solo ordena honrar.
El superávit como escudo político
La operación política del oficialismo es transparente: presentar el costo fiscal de ampliar derechos como una amenaza al equilibrio macroeconómico y, desde ahí, presionar a los aliados parlamentarios para que no habiliten la sesión del 15 de octubre. La fecha no es casual: en esa misma jornada se prevé tratar también la impugnación al DNU 70, la norma de desregulación masiva que concentra buena parte de las reformas estructurales del gobierno libertario.
Sin embargo, los propios números de la OPC relativizan el argumento. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual del dictamen de discapacidad absorbería apenas el 16,4%. Además, el presupuesto prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud. Los fondos están previstos; la decisión es política, no presupuestaria.
Lo que tenés que saber:
- La OPC estimó el costo del dictamen de mayoría sobre discapacidad en $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028, equivalentes al 0,04% y 0,07% del PIB respectivamente.
- El costo calculado es solo el gasto incremental: no incluye la PNC por invalidez laboral que ya cobran 1.141.486 personas.
- El Presupuesto 2027 ya prevé reservas específicas que absorberían holgadamente ese costo adicional, según el mismo informe técnico.
- Unos 76.000 nuevos titulares podrían ingresar al programa Incluir Salud, pero eso significaría una reasignación de gasto entre niveles del Estado, no gasto nuevo.
- El oficialismo usa el informe para presionar a aliados y evitar el quórum del 15 de octubre, sesión donde también se debatiría el DNU 70.
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