El empresario farmacéutico Hugo Sigman volvió a eludir su declaración indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo por la causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de vacunas durante la pandemia de Covid-19. Lo hizo al presentar un recurso ante la Cámara Federal, que el magistrado aceptó, lo que impidió su comparecencia este lunes en los tribunales de Comodoro Py.

Es la tercera postergación en el expediente. Pero el contexto político y judicial de la causa obliga a una lectura más compleja: ¿qué hay detrás de una investigación impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, uno de los operadores más documentados del lawfare en la Argentina?

La nueva maniobra procesal y el historial de evasiones

Sigman debía presentarse este lunes a las 11 horas en Comodoro Py para prestar declaración indagatoria. No fue. Según fuentes judiciales, la defensa del empresario presentó un recurso ante la Cámara Federal y el juez Lijo aceptó suspender la audiencia. La citación había sido reprogramada en dos ocasiones previas: la primera vez estaba prevista para mayo, pero la defensa solicitó una postergación; la segunda fecha era el 26 de junio y también fue corrida. La de este lunes era la tercera oportunidad que se esfumó.

La causa, radicada en el juzgado federal de Lijo a impulso del fiscal Carlos Stornelli, investiga si el gobierno de Alberto Fernández demoró deliberadamente el acuerdo con el laboratorio estadounidense Pfizer para favorecer los intereses de laboratorios con socios locales, en particular el Grupo Insud encabezado por Sigman, cuyo laboratorio mAbxience produjo el principio activo de la vacuna de AstraZeneca para América Latina. También están involucradas en la investigación la exministra de Salud Carla Vizzotti, la exasesora presidencial Cecilia Nicolini, el infectólogo Pedro Cahn y la exsubsecretaria de Medicamentos Sonia Tarragona, entre otros. En total, Lijo ordenó 15 indagatorias que se extenderán hasta septiembre de 2026.

Lo que Stornelli no explica: las condiciones de Pfizer

La acusación de Stornelli tiene un flanco débil que la narrativa judicial no termina de saldar: omite explicar por qué el gobierno de Fernández no cerró el acuerdo con Pfizer. El propio exministro de Salud Ginés González García declaró públicamente en diciembre de 2020 que las exigencias del laboratorio estadounidense eran «condiciones un poco inaceptables».

El relato del entonces titular de la cartera sanitaria fue claro: Pfizer exigió primero una ley especial de inmunidad, el Congreso la aprobó, y luego la casa central de la compañía en Estados Unidos consideró que esa normativa no era suficiente y planteó nuevas condiciones, incluyendo que el contrato no fuera firmado por el Ministerio de Salud sino directamente por el presidente de la Nación.

A eso se sumaron obstáculos logísticos de envergadura: la vacuna de Pfizer requería ser conservada y transportada a temperaturas de hasta 70 grados bajo cero, una cadena de frío de alta exigencia que en ese momento representaba un desafío operativo enorme para la Argentina. El propio gerente general de Pfizer Argentina, Nicolás Vaquer, reconoció ante el Congreso en junio de 2021 que el laboratorio no fue convocado a participar del proceso legislativo y que existían diferencias sobre garantías contractuales.

Mientras tanto, el gobierno avanzó con los contratos de AstraZeneca (firmado el 6 de noviembre de 2020), Sputnik V (9 de diciembre de 2020) y Sinopharm (10 de febrero de 2021), cuyos primeros lotes comenzaron a llegar entre marzo y abril de 2021. Para Stornelli, esa secuencia configura un plan deliberado de perjuicio a la salud pública. Para una mirada crítica, configura también el resultado de una negociación fracasada con un laboratorio que en plena pandemia global imponía condiciones desmesuradas a los Estados compradores.

El fiscal Stornelli: un prontuario que no puede ignorarse

Cualquier análisis serio de esta causa requiere revisar quién la impulsa. Carlos Stornelli no es un fiscal cualquiera. Fue procesado por el juez federal Alejo Ramos Padilla en la causa del D’Alessiogate, un expediente que investigó una red paraestatal de espionaje ilegal y extorsión vinculada a la AFI macrista. El procesamiento, que tiene confirmación de la Cámara de Mar del Plata, lo involucra en maniobras de inteligencia ilegal y en vínculos con el operador Marcelo D’Alessio, hoy condenado a 13 años de prisión. Uno de los hijos del fiscal revistó en la exSIDE durante el gobierno de Mauricio Macri.

Stornelli fue además uno de los operadores centrales del andamiaje conocido como lawfare durante el macrismo, en el que la causa «Cuadernos de Centeno» fue su actuación más emblemática. En ese expediente construyó un sistema de «delación premiada» que poco a poco se desmorona por la gran fragilidad de sus pruebas y las presiones a empresarios presuntamente involucrados en el entramado de corrupción y “testigos” forzados a declarar situaciones de las que no fueron testigos.

El propio peritaje del celular del secretario privado de Macri, Darío Nieto, reveló mensajes que indicarían coordinación entre el entonces presidente y el fiscal. Un texto del 9 de agosto de 2018 consignado en ese dispositivo reza: «Sus deseos son órdenes. Stornelli ya lo tiene enfrente para preguntarle lo que él pidió». La corporación judicial de Comodoro Py intervino en varias oportunidades para protegerlo de las consecuencias de sus propios actos.

Este historial no exime a nadie de investigación, pero obliga a extremar el criterio crítico frente a cualquier causa que Stornelli impulsa. La pregunta que corresponde formular no es si hubo irregularidades en la compra de vacunas, sino si la investigación judicial busca esclarecer hechos o construir una causa política funcional a los intereses que el fiscal históricamente representó.

Sigman en el centro: el conflicto de intereses que sí merece atención

Más allá del perfil del fiscal, la causa tiene elementos que merecen escrutinio público. El vínculo entre el laboratorio mAbxience de Sigman y el contrato de AstraZeneca, combinado con el hecho de que Sonia Tarragona, quien negoció con Pfizer en nombre del Estado, había sido directora general de la Fundación Mundo Sano entre 2008 y 2013, presidida por Silvia Gold, esposa de Sigman, configura un cruce de intereses que requiere explicaciones. No prueba ningún delito, pero el circuito merece ser auditado con rigor. Un Estado en emergencia sanitaria no puede darse el lujo de que quienes administran decisiones millonarias tengan relaciones institucionales previas con los principales beneficiados por esas decisiones.

Lo que no puede hacerse, en cambio, es reducir la complejidad de aquella coyuntura pandémica a una narrativa de corrupción lineal. La Argentina de 2020 negoció en un mercado global de vacunas signado por la escasez, la presión de las potencias centrales y las exigencias leoninas de los laboratorios con mayor poder de mercado. Pfizer no era la única opción disponible; era la más exigente contractualmente y la más difícil de implementar logísticamente en ese momento. Eso no exculpa a nadie, pero sí complejiza un cuadro que la acusación de Stornelli presenta con una simpleza sospechosa.

Situación procesal actual

Sigman podrá presentar su descargo o ejercer el derecho constitucional a no declarar en la próxima fecha que la Cámara Federal habilite. El juez Lijo continúa reuniendo pruebas para determinar si existieron responsabilidades penales en el proceso de contratación de vacunas. Una vez concluidas las 15 indagatorias ordenadas, el magistrado deberá resolver si avanza hacia un procesamiento formal, dicta falta de mérito o dispone el cierre parcial de la causa respecto de algunos imputados. El mismo Lijo que investiga este expediente conduce paralelamente la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el actual jefe de Gabinete Manuel Adorni, lo que subraya el peso político de los expedientes que tramitan en su juzgado.

Puntos clave

• Sigman eludió por tercera vez su declaración ante Lijo al presentar un recurso ante la Cámara Federal, que fue aceptado por el magistrado.
• La causa investiga si el gobierno de Fernández demoró el acuerdo con Pfizer para favorecer a laboratorios con socios locales, pero no contempla en su acusación las condiciones abusivas que el laboratorio impuso al Estado.
• El fiscal Stornelli, impulsor de la causa, tiene procesamiento confirmado en cámara por espionaje ilegal y extorsión en el marco del D’Alessiogate.
• El laboratorio mAbxience de Sigman produjo el principio activo de la vacuna AstraZeneca para América Latina, lo que lo ubica en el centro del expediente junto a su vínculo con Sonia Tarragona a través de la Fundación Mundo Sano.
• Las 15 indagatorias ordenadas por Lijo se extenderán hasta septiembre de 2026; tras su conclusión, el juez deberá resolver si procesa o archiva.