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Sigman esquiva por tercera vez al juez Lijo: ¿lawfare o corrupción real en la causa vacunas?

El empresario farmacéutico Hugo Sigman volvió a eludir su declaración indagatoria ante el juez Ariel Lijo por la causa que investiga irregularidades en la compra de vacunas durante la pandemia. La maniobra reactualiza el debate sobre el rol del fiscal Carlos Stornelli, reconocido operador del lawfare macrista, en una investigación que mezcla hechos verificados con una acusación que no explica las condiciones abusivas que Pfizer impuso al Estado argentino en plena emergencia sanitaria.

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Lo que Stornelli no explica, las condiciones de Pfizer: la acusación tiene un flanco débil que la narrativa judicial no termina de saldar.

El empresario farmacéutico Hugo Sigman volvió a eludir su declaración indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo por la causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de vacunas durante la pandemia de Covid-19. Lo hizo al presentar un recurso ante la Cámara Federal, que el magistrado aceptó, lo que impidió su comparecencia este lunes en los tribunales de Comodoro Py.

Es la tercera postergación en el expediente. Pero el contexto político y judicial de la causa obliga a una lectura más compleja: ¿qué hay detrás de una investigación impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, uno de los operadores más documentados del lawfare en la Argentina?

La nueva maniobra procesal y el historial de evasiones

Sigman debía presentarse este lunes a las 11 horas en Comodoro Py para prestar declaración indagatoria. No fue. Según fuentes judiciales, la defensa del empresario presentó un recurso ante la Cámara Federal y el juez Lijo aceptó suspender la audiencia. La citación había sido reprogramada en dos ocasiones previas: la primera vez estaba prevista para mayo, pero la defensa solicitó una postergación; la segunda fecha era el 26 de junio y también fue corrida. La de este lunes era la tercera oportunidad que se esfumó.

La causa, radicada en el juzgado federal de Lijo a impulso del fiscal Carlos Stornelli, investiga si el gobierno de Alberto Fernández demoró deliberadamente el acuerdo con el laboratorio estadounidense Pfizer para favorecer los intereses de laboratorios con socios locales, en particular el Grupo Insud encabezado por Sigman, cuyo laboratorio mAbxience produjo el principio activo de la vacuna de AstraZeneca para América Latina. También están involucradas en la investigación la exministra de Salud Carla Vizzotti, la exasesora presidencial Cecilia Nicolini, el infectólogo Pedro Cahn y la exsubsecretaria de Medicamentos Sonia Tarragona, entre otros. En total, Lijo ordenó 15 indagatorias que se extenderán hasta septiembre de 2026.

Lo que Stornelli no explica: las condiciones de Pfizer

La acusación de Stornelli tiene un flanco débil que la narrativa judicial no termina de saldar: omite explicar por qué el gobierno de Fernández no cerró el acuerdo con Pfizer. El propio exministro de Salud Ginés González García declaró públicamente en diciembre de 2020 que las exigencias del laboratorio estadounidense eran «condiciones un poco inaceptables».

El relato del entonces titular de la cartera sanitaria fue claro: Pfizer exigió primero una ley especial de inmunidad, el Congreso la aprobó, y luego la casa central de la compañía en Estados Unidos consideró que esa normativa no era suficiente y planteó nuevas condiciones, incluyendo que el contrato no fuera firmado por el Ministerio de Salud sino directamente por el presidente de la Nación.

A eso se sumaron obstáculos logísticos de envergadura: la vacuna de Pfizer requería ser conservada y transportada a temperaturas de hasta 70 grados bajo cero, una cadena de frío de alta exigencia que en ese momento representaba un desafío operativo enorme para la Argentina. El propio gerente general de Pfizer Argentina, Nicolás Vaquer, reconoció ante el Congreso en junio de 2021 que el laboratorio no fue convocado a participar del proceso legislativo y que existían diferencias sobre garantías contractuales.

Mientras tanto, el gobierno avanzó con los contratos de AstraZeneca (firmado el 6 de noviembre de 2020), Sputnik V (9 de diciembre de 2020) y Sinopharm (10 de febrero de 2021), cuyos primeros lotes comenzaron a llegar entre marzo y abril de 2021. Para Stornelli, esa secuencia configura un plan deliberado de perjuicio a la salud pública. Para una mirada crítica, configura también el resultado de una negociación fracasada con un laboratorio que en plena pandemia global imponía condiciones desmesuradas a los Estados compradores.

El fiscal Stornelli: un prontuario que no puede ignorarse

Cualquier análisis serio de esta causa requiere revisar quién la impulsa. Carlos Stornelli no es un fiscal cualquiera. Fue procesado por el juez federal Alejo Ramos Padilla en la causa del D’Alessiogate, un expediente que investigó una red paraestatal de espionaje ilegal y extorsión vinculada a la AFI macrista. El procesamiento, que tiene confirmación de la Cámara de Mar del Plata, lo involucra en maniobras de inteligencia ilegal y en vínculos con el operador Marcelo D’Alessio, hoy condenado a 13 años de prisión. Uno de los hijos del fiscal revistó en la exSIDE durante el gobierno de Mauricio Macri.

Stornelli fue además uno de los operadores centrales del andamiaje conocido como lawfare durante el macrismo, en el que la causa «Cuadernos de Centeno» fue su actuación más emblemática. En ese expediente construyó un sistema de «delación premiada» que poco a poco se desmorona por la gran fragilidad de sus pruebas y las presiones a empresarios presuntamente involucrados en el entramado de corrupción y “testigos” forzados a declarar situaciones de las que no fueron testigos.

El propio peritaje del celular del secretario privado de Macri, Darío Nieto, reveló mensajes que indicarían coordinación entre el entonces presidente y el fiscal. Un texto del 9 de agosto de 2018 consignado en ese dispositivo reza: «Sus deseos son órdenes. Stornelli ya lo tiene enfrente para preguntarle lo que él pidió». La corporación judicial de Comodoro Py intervino en varias oportunidades para protegerlo de las consecuencias de sus propios actos.

Este historial no exime a nadie de investigación, pero obliga a extremar el criterio crítico frente a cualquier causa que Stornelli impulsa. La pregunta que corresponde formular no es si hubo irregularidades en la compra de vacunas, sino si la investigación judicial busca esclarecer hechos o construir una causa política funcional a los intereses que el fiscal históricamente representó.

Sigman en el centro: el conflicto de intereses que sí merece atención

Más allá del perfil del fiscal, la causa tiene elementos que merecen escrutinio público. El vínculo entre el laboratorio mAbxience de Sigman y el contrato de AstraZeneca, combinado con el hecho de que Sonia Tarragona, quien negoció con Pfizer en nombre del Estado, había sido directora general de la Fundación Mundo Sano entre 2008 y 2013, presidida por Silvia Gold, esposa de Sigman, configura un cruce de intereses que requiere explicaciones. No prueba ningún delito, pero el circuito merece ser auditado con rigor. Un Estado en emergencia sanitaria no puede darse el lujo de que quienes administran decisiones millonarias tengan relaciones institucionales previas con los principales beneficiados por esas decisiones.

Lo que no puede hacerse, en cambio, es reducir la complejidad de aquella coyuntura pandémica a una narrativa de corrupción lineal. La Argentina de 2020 negoció en un mercado global de vacunas signado por la escasez, la presión de las potencias centrales y las exigencias leoninas de los laboratorios con mayor poder de mercado. Pfizer no era la única opción disponible; era la más exigente contractualmente y la más difícil de implementar logísticamente en ese momento. Eso no exculpa a nadie, pero sí complejiza un cuadro que la acusación de Stornelli presenta con una simpleza sospechosa.

Situación procesal actual

Sigman podrá presentar su descargo o ejercer el derecho constitucional a no declarar en la próxima fecha que la Cámara Federal habilite. El juez Lijo continúa reuniendo pruebas para determinar si existieron responsabilidades penales en el proceso de contratación de vacunas. Una vez concluidas las 15 indagatorias ordenadas, el magistrado deberá resolver si avanza hacia un procesamiento formal, dicta falta de mérito o dispone el cierre parcial de la causa respecto de algunos imputados. El mismo Lijo que investiga este expediente conduce paralelamente la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el actual jefe de Gabinete Manuel Adorni, lo que subraya el peso político de los expedientes que tramitan en su juzgado.

Puntos clave

  • Sigman eludió por tercera vez su declaración ante Lijo al presentar un recurso ante la Cámara Federal, que fue aceptado por el magistrado.
  • La causa investiga si el gobierno de Fernández demoró el acuerdo con Pfizer para favorecer a laboratorios con socios locales, pero no contempla en su acusación las condiciones abusivas que el laboratorio impuso al Estado.
  • El fiscal Stornelli, impulsor de la causa, tiene procesamiento confirmado en cámara por espionaje ilegal y extorsión en el marco del D’Alessiogate.
  • El laboratorio mAbxience de Sigman produjo el principio activo de la vacuna AstraZeneca para América Latina, lo que lo ubica en el centro del expediente junto a su vínculo con Sonia Tarragona a través de la Fundación Mundo Sano.
  • Las 15 indagatorias ordenadas por Lijo se extenderán hasta septiembre de 2026; tras su conclusión, el juez deberá resolver si procesa o archiva.

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Causa AFA: denuncian que Beligoy compró una casa en un country

Según una investigación, la compra de una casa en el barrio Saint Thomas se concretó el 15 de febrero de 2023. Se suma a otros inmuebles que le atribuyen desde que dirige el arbitraje en 2018.

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Un hombre de campera oscura habla ante un micrófono frente a un fondo azul

Una casa de 339 metros cuadrados con pileta, parque y arboleda en un country de Esteban Echeverría figura a nombre del jefe de los árbitros de la AFA. La compra se concretó el 15 de febrero de 2023, según se denunció en una investigación periodística.

Se trata de Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje de la AFA y titular de la Asociación Argentina de Árbitros. La parcela 176 del sector sur del barrio privado Saint Thomas figura a su nombre en los registros de ARBA y del Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense. Está sobre un terreno de más de 856 metros cuadrados, con una valuación fiscal de $6.514.485; la investigación estima un valor de mercado de entre US$700.000 y US$900.000.

Un barrio de 360 hectáreas

El country abarca 360 hectáreas divididas en cinco sectores, con golf de 27 hoyos, canchas deportivas, piletas, gimnasio y spa, y lotes de hasta US$350.000 donde viven jugadores de River y de Boca. Antes de comprar, Beligoy había buscado opciones en Terralagos, en Canning.

Otros bienes que se le atribuyen

La investigación ubica esta compra dentro de una expansión patrimonial desde que asumió la conducción arbitral, en 2018, con el impulso del presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia. Antes vivía en Sáenz Peña, Tres de Febrero, en una casa remodelada con una planta alta.

A la casa se suma un departamento de 380 metros cuadrados en Villa Devoto, escriturado antes del Mundial por US$490.000 pero valuado en más de US$900.000 según referencias de la zona. El 3 de mayo de 2024 pagó US$261.490 por dos departamentos y una cochera en un fideicomiso de La Plata, y tiene una Toyota SW4 de 2023 y una Jeep Compass 2025 a nombre de su mujer. El conjunto rondaría los US$2 millones. La información publicada no precisa el origen de los fondos.

El marco de la causa AFA

Este diario informó que los registros internos de la AFA secuestrados en allanamientos a la entidad quedaron en manos del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Esos registros le atribuyen a Beligoy pagos por más de $420 millones a valores actuales, con conceptos como «asesoramiento» y «seminarios», entre 2020 y 2025.

Tras una investigación periodística, el legislador porteño Facundo Del Gaiso, de la Coalición Cívica, denunció a Beligoy ante la Justicia federal por presunto lavado de dinero y posible evasión fiscal. La denuncia no implica que esos delitos estén acreditados y la información disponible no detalla en qué estado procesal se encuentra.

Lo que tenés que saber

  • Beligoy compró el 15 de febrero de 2023 una casa en el barrio privado Saint Thomas, en Esteban Echeverría.
  • Una investigación la valúa entre US$700.000 y US$900.000.
  • Se suma un departamento en Villa Devoto escriturado por US$490.000.
  • La investigación le atribuye un patrimonio cercano a los US$2 millones y no se precisa el origen de los fondos.
  • Del Gaiso lo denunció por presunto lavado y evasión; la denuncia no acredita esos delitos.
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