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Deuda; el Gobierno avanza en la denuncia que hará en Comodoro Py por el acuerdo de Macri con el FMI

La presentación estará lista en el «breve plazo», cuando culmine el proceso de revisión, que por estos días ejecuta la Sindicatura General de la Nación, a cargo de Carlos Montero, para luego pasar a la Oficina Anticorrupción, que encabeza Félix Crous.

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La presentación estará lista en el «breve plazo», cuando culmine el proceso de revisión, que por estos días ejecuta la Sindicatura General de la Nación, a cargo de Carlos Montero, para luego pasar a la Oficina Anticorrupción, que encabeza Félix Crous, según informaron fuentes judiciales.

Por Ariel Zak

El Gobierno nacional pule la presentación judicial que en breve será enviada a los tribunales federales de Comodoro Py para que se investigue a los autores y partícipes del endeudamiento asumido durante el gobierno de Cambiemos con el FMI, definido por el presidente Alberto Fernández como «la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra».

La denuncia estará lista en un «breve plazo», cuando culmine el proceso de revisión que por estos días ejecuta la Sindicatura General de la Nación (Sigen) a cargo de Carlos Montero, y luego pasará por la Oficina Anticorrupción (OA) que encabeza Félix Crous, según informaron fuentes judiciales.

La elaboración de la «querella criminal», tal como fuera presentada por el Presidente en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, constará de tres etapas: la auditoría de la Sigen, la confección y presentación de la denuncia por la OA y, finalmente, la constitución como querellante de la Procuración del Tesoro Nacional, que encabeza Carlos Zannini.

Durante su discurso ante el Congreso, el Presidente reveló que había «instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra».

Las denuncias presentadas

En los días previos, comenzó a circular por despachos oficiales la denuncia por la toma de deuda presentada en 2019 por el director del Banco Nación, el economista Claudio Lozano, contra Macri, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el expresidente del Banco Central Guido Sandleris, entre otros, según pudo reconstruir Télam.

Esa denuncia formó parte de la documentación que la actual conducción del Banco Central, presidido por Miguel Pesce, le elevó a la Sigen. En tanto, la denuncia de Lozano había caído en manos del juez Sebastián Ramos, quien el 5 de febrero del año pasado la remitió a su colega María Eugenia Capuchetti.

La magistrada acumula en su juzgado un serie de denuncias presentadas en distintos momentos y sobre las cuales el fiscal federal Franco Picardi impulsó la investigación el 28 de diciembre pasado, en un dictamen de 63 carillas. En ese marco, Capuchetti ya ordenó medidas de prueba y envió pedidos de informe a diferentes organismos oficiales, cuya respuesta se aguarda, explicaron fuentes del caso.

En el dictamen acusatorio que englobó todas las denuncias presentadas hasta ese momento en el fuero federal porteño, Picardi reclamó investigar si los funcionarios públicos que intervinieron en el proceso, ya sea encabezándolo o dirigiéndolo, obtuvieron algún «beneficio económico indebido» para sí o para terceros.

También si pudo haber tráfico de influencias o uso de información privilegiada y si se saltearon procedimientos administrativos fijados por ley. En concreto y en base a la prueba que ya está en Tribunales, Picardi aludió a «cuestiones procedimentales» surgidas del análisis de expedientes remitidos por el entonces Ministerio de Hacienda.

La fiscalía analizó el expediente EX2018-29772791-APN-DGD#MHA «bajo el que tramitó la primera carta de intención remitida por el por entonces ministro Dujovne y quien fuera en ese momento el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger». Ese expediente se inició el 21 de junio de 2018, mientras que la carta de intención «lleva fecha del 12 de junio».

«En este aspecto, no existiría ninguna actuación administrativa previa, ni análisis de razonabilidad, ni dictamen jurídico, ni exposición de motivos anterior a la importante decisión plasmada en la epístola, más allá de lo que se expresa en ella, en el marco de un acuerdo de voluntades entre los dos funcionarios públicos que la suscribieron», advirtió la fiscalía.

«Recordemos, en este aspecto, que el FMI confirmó que otorgaría un préstamo a la Argentina por 50.000 millones de dólares el 20 de junio de 2018. Es decir, que una vez recién concretado el acuerdo y la voluntad de ambas partes se iniciaron las actuaciones administrativas», remarcó Picardi en el dictamen.

Ante esto «el único documento acompañado desde que se envió la correspondencia y que luce en el expediente en cuestión, data del 18 de junio y se trata de un dictamen de la gerencia principal de estrategia y comunicación de la política monetaria del BCRA que analiza la razonabilidad del programa de política monetaria descripto en la Carta de Intención con el FMI», analizó el fiscal.

«Mientras que recién concertado el acuerdo, se agregó un análisis de razonabilidad suscripto por el por entonces Secretario de Hacienda, Rodrigo Héctor Pena de fecha 22 de junio de 2018», concluyó.

En base a la investigación ya hecha en la fiscalía, «también se observa que luego de formalizado el acuerdo, y en las sucesivas actuaciones, se subsanó, en ciertos casos, la intervención previa –y no posterior- de las áreas competentes».

Finalmente, cabe destacar que Picardi aludió en su dictamen a «cierta opacidad con la que se ha gestionado un asunto público tal como la suscripción de un empréstito de tamaña envergadura».

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El Banco Central perdió US$ 1.023 millones en una operación financiera respaldada con oro

Una auditoría de la AGN detectó un resultado negativo de US$ 1.023 millones en operaciones con derivados financieros durante 2025. El organismo también investiga el traslado de lingotes al exterior y sus posibles beneficios para la Argentina.

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) registró una pérdida de US$ 1.023 millones durante 2025 por operaciones financieras con derivados que tuvieron como respaldo parte del oro de las reservas, según un informe difundido este jueves por la Auditoría General de la Nación (AGN).

El organismo de control detectó el resultado negativo al auditar los estados contables del Banco Central al 31 de diciembre de 2025. De acuerdo con el informe, la entidad realizó operaciones financieras basadas en una previsión sobre la evolución del precio internacional del oro que no se cumplió, publicó Infobae.

La pérdida ascendió a 1,5 billones de pesos, equivalentes a US$ 1.023 millones, y fue abonada con divisas, según los estados contables analizados por la AGN.

El presidente del organismo auditor, Juan Manuel Olmos, presentó el informe, que también puso el foco en el uso de reservas físicas de oro para respaldar transacciones financieras de riesgo.

La AGN cuestionó el uso de reservas físicas de oro en operaciones de riesgo

El documento de la Auditoría General de la Nación señaló que el BCRA asumió una exposición financiera vinculada con las expectativas sobre el precio internacional del metal.

En ese sentido, el informe advirtió: “Desde que se auditan los estados contables del BCRA, nunca se había utilizado esta magnitud de reservas físicas (oro) para transacciones de riesgo”.

La auditoría identificó una diferencia entre la evolución patrimonial de las tenencias de oro y el resultado de las operaciones con derivados financieros. Mientras la cotización internacional del metal impulsó una ganancia contable, las transacciones respaldadas con parte de esas reservas terminaron con un saldo negativo.

El informe precisó que, al cierre del ejercicio auditado, ya no existían posiciones ni operaciones abiertas correspondientes a ese concepto.

El oro registró una ganancia patrimonial de US$ 5.195 millones

Durante 2025, las tenencias de oro del Banco Central registraron una ganancia patrimonial de aproximadamente 8 billones de pesos, equivalentes a US$ 5.195 millones.

Según la AGN, ese resultado se explicó exclusivamente por el aumento del precio internacional del metal.

Sin embargo, durante el mismo período, el BCRA concertó operaciones con derivados financieros para las que utilizó parte del oro de las reservas como respaldo. Esas transacciones generaron una pérdida de 1,5 billones de pesos, equivalente a US$ 1.023 millones.

La diferencia entre ambos resultados refleja dos conceptos distintos: la revalorización patrimonial del oro por su cotización internacional y el resultado de las operaciones financieras realizadas con ese respaldo.

Santiago Bausili confirmó que parte del oro está en Suiza

La ubicación de las reservas de oro argentinas genera controversia desde 2024, en medio de los cuestionamientos por la falta de información pública detallada sobre el destino de los lingotes.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, había evitado dar precisiones sobre el tema. La entidad tampoco respondió a un pedido de información presentado por el sindicato de trabajadores bancarios, pese a que, según el informe, la Justicia ordenó esclarecer la cuestión.

El BCRA justificó su postura en la necesidad de proteger información sensible vinculada con la custodia de ese activo.

No obstante, el 9 de septiembre, durante una comparecencia en el Congreso, Bausili afirmó que una parte de las reservas de oro se encuentra en Suiza, en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), una institución que presta servicios a bancos centrales.

Según explicó, el traslado se concretó en 2024 para aprovechar una oportunidad en el mercado internacional que permitiera reemplazar lingotes de menor calidad por otros de mayor calidad.

La explicación de Bausili difiere de la que había dado Luis Caputo

La justificación del titular del Banco Central no coincide con la explicación que había ofrecido el ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista televisiva durante 2024.

En aquella oportunidad, Caputo sostuvo que el traslado del oro buscaba obtener un “retorno” financiero por ese activo, en lugar de mantenerlo inmovilizado en la Argentina.

Por su parte, sectores de la oposición sostienen que los lingotes fueron enviados a Inglaterra. Sin embargo, la información presentada por la AGN no establece en este informe específico el destino completo de las reservas trasladadas ni determina si existieron beneficios financieros asociados con esa decisión.

La diferencia entre las explicaciones oficiales y los cuestionamientos opositores mantiene abierto el debate sobre el manejo de las reservas de oro.

La AGN investiga el traslado del oro argentino al exterior

La Auditoría General de la Nación informó que trabaja en una revisión específica para establecer los motivos y las consecuencias del traslado de las reservas de oro fuera del país.

El organismo busca determinar por qué se tomó la decisión, a qué destinos fueron enviados los lingotes y si la operación produjo algún beneficio concreto para la Argentina.

“[La auditoría busca determinar] por qué se tomó la decisión de trasladar el oro al exterior, a dónde fue enviado y si tuvo algún beneficio específico para el país o, en su defecto, quién se benefició”, informó la AGN.

Esta revisión se suma a la auditoría de los estados contables de 2025, que detectó la pérdida de US$ 1.023 millones en las operaciones financieras respaldadas con oro.

Por el momento, el informe difundido no establece responsabilidades individuales por ese resultado ni determina el desenlace de la investigación específica sobre el traslado de las reservas al exterior.

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