Sociedad
De terror: la iban a cremar y estaba viva
El sanatorio Sagrada Familia de Resistencia, que había declarado a la anciana fallecida, no emitió comunicado. Actualmente se encuentra hospitalizada en un estado muy delicado de salud.
La justicia chaqueña abrió una investigación por el insólito caso de una clínica privada que dio por muerta a una mujer, cuya hija descubrió que presentaba signos vitales cuando estaba a punto de ser ingresada a la sala crematoria, informaron este miércoles fuentes policiales.
El caso salió a la luz después de que la hija hiciera una presentación formal en la comisaría primera de Resistencia y denunciara por mala praxis a la clínica privada de esa ciudad, que había dado por muerta a su madre.
Finalmente, se supo que después de constatar que efectivamente la mujer seguía viva volvieron a internarla en un estado muy delicado de salud.
«Seguramente a raíz de esto se van a iniciar una serie de diligencias que, estimo, la fiscal va a tomar. La Policía, como auxiliar de la Justicia, va a estar a la expectativa de qué tipo de diligencias decida la fiscal», manifestó Alejandro Domínguez, jefe de prensa de la Policía de Chaco, quien agregó que la hija de la persona notificada como fallecida sufrió «una conmoción muy grande» tras la traumática experiencia.
Domínguez comentó que «el domingo, una mujer se acerca a la Comisaría Primera de Capital para informar que había vivido una situación muy particular». La denunciante contó que «el sábado llevó a su madre de 89 años a una clínica, donde debido a su estado de salud, la derivaron al área de terapia intensiva».
Allí quedó internada el sábado y cuando regresó, el domingo a la mañana, la mujer fue informada por una médica de que su madre había fallecido, por lo que comenzó a buscar un lugar para cremar el cuerpo de la fallecida.
En el servicio funerario, según el relato del policía, se colocó el féretro aislado con un vidrio y se le puso un barbijo al cadáver para que su familia pudiera despedirse durante una hora.
En este momento fue que la hija de la mujer fallecida comenzó a ver que «el barbijo se movía» como si la mujer estuviera respirando. Inmediatamente, dio aviso al personal de la casa funeraria y posteriormente al servicio de emergencias.
«Muy conmocionada, llamó al personal, le sacaron el vidrio y la trasladaron a un hospital, donde efectivamente comprobaron que estaba viva», contó Domínguez. Posteriormente, explicó que «la mujer está en estado delicado, pero con vida» y precisó que en la denuncia la hija de la mujer dada por muerta presentó ante la justicia el certificado de defunción emitido por la clínica. En este documento no figuraba la firma de un profesional médico, según lo expuesto por Domínguez.
Seguridad 🚨
Santa Fe les cobra a los padres de los amenazadores: “Cara la jodita”, la reacción ante la boleta de $6 millones
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
Santa Fe entregó la primera multa a padres por amenazas escolares: más de $6 millones
★ El gobierno de Santa Fe concretó la primera notificación de cobro a los responsables de amenazas escolares en la provincia: los padres de un menor identificado como autor de una intimidación recibieron una boleta por $6.024.944. La reacción del adulto notificado no tardó en circular: «Cara la jodita», dijo al recibir el documento, en una frase que el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, se encargó de difundir en su conferencia de prensa.
La primera notificación y sus alcances
El operativo de notificación fue realizado este lunes por la Policía de la Provincia de Santa Fe en la ciudad capital. El ministerio de Justicia y Seguridad provincial notificó a ambos progenitores del menor identificado como autor de una de las amenazas a escuelas, en carácter de responsables solidarios del gasto operativo.
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
La maquinaria ya tiene 58 casos identificados
Cococcioni precisó que a la fecha ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica a más de 70 personas involucradas, dado que varios casos cuentan con más de un autor o más de un adulto responsable.
«A medida que la Fiscalía valida las identidades, sean mayores o menores, punibles o no, se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones», explicó el ministro.
El mecanismo no distingue entre imputables e inimputables: lo que se cobra es el costo del operativo de seguridad desplegado por la amenaza, no una sanción penal directa sobre el menor. La obligación recae sobre los adultos responsables, independientemente de la situación legal del alumno.
Una medida en medio de una crisis nacional
Como informó este medio en coberturas anteriores, la ola de amenazas escolares sacudió al país en las últimas semanas, extendiéndose a al menos doce provincias con mensajes de formato casi idéntico: «Mañana tiroteo, no vengan».
El fenómeno se disparó tras el crimen de Ian Cabrera, el estudiante asesinado el 30 de marzo de 2026 en San Cristóbal, Santa Fe, en un hecho que conmocionó a la sociedad argentina y reabrió el debate sobre la violencia escolar y la imputabilidad de menores.
La True Crime Community (TCC), una subcultura digital transnacional que exalta las masacres escolares, fue señalada por la justicia santafesina y la Subsecretaría de Asuntos sobre el Terrorismo Internacional (SAIT) como uno de los vectores de propagación del fenómeno.
Frente a la crisis, las respuestas de los distintos gobiernos provinciales fueron dispares: desde reuniones interministeriales sin resultados concretos hasta operativos de allanamiento con adolescentes imputados. Santa Fe optó por una vía que combina la presión económica sobre los adultos responsables con la acción judicial sobre los menores identificados.
El debate de fondo que la boleta no resuelve
El gobierno santafesino presenta la medida como un efecto disuasorio. Sin embargo, el instrumento no apunta a las causas estructurales del fenómeno: la fragilidad de los entornos digitales que amplifican este tipo de conductas, la ausencia de programas de contención en las escuelas o la demora en la implementación efectiva de la Ley 27.801, que modificó el régimen penal juvenil pero cuya entrada en vigor plena aún está sujeta a un período de adecuación institucional de 180 días.
La frase del padre notificado, «cara la jodita», condensa en tres palabras lo que el Estado santafesino quiere transmitir: que las amenazas tienen un costo real y mensurable. Lo que resta ver es si ese costo alcanza para modificar conductas en un fenómeno que excede ampliamente el bolsillo familiar.
Puntos clave:
- El gobierno de Santa Fe entregó la primera notificación de cobro a padres de un menor responsable de una amenaza escolar, por un monto de $6.024.944.
- La notificación otorga un plazo de cinco días para abonar; vencido ese término, el caso pasa a la Fiscalía de Estado.
- El ministerio identificó a responsables en 58 hechos, con más de 70 personas involucradas en total.
- La medida impone la obligación de pago sobre los adultos como responsables solidarios, independientemente de la situación penal del menor.
- El fenómeno de amenazas escolares se inscribe en una crisis nacional vinculada al crimen de Ian Cabrera y a la proliferación de la True Crime Community en entornos digitales.
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