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Caso Píparo: el abogado de los jóvenes atropellados pidió la detención del marido de la legisladora

El letrado también presentó un escrito en el que solicitó el apartamiento de la jueza interviniente en la causa, Marcela Garmendia, titular del Juzgado N° 5 de la capital bonaerense, ya que su hijo, Juan Manuel Martínez Garmendia, integra el Gabinete del intendente de La Plata, Julio Garro.

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El letrado también presentó un escrito en el que solicitó el apartamiento de la jueza interviniente en la causa, Marcela Garmendia, titular del Juzgado N° 5 de la capital bonaerense, ya que su hijo, Juan Manuel Martínez Garmendia, integra el Gabinete del intendente de La Plata, Julio Garro.

Los abogados de los dos motociclistas que fueron atropellados durante la madrugada de Año Nuevo en La Plata por el marido de la diputada bonaerense Carolina Píparo, quien instantes antes había sido asaltada por «motochorros», pidieron este lunes la detención del hombre al considerar que existen «peligros procesales» y que intentó cometer un doble homicidio, informaron fuentes con acceso a la causa judicial.

«Atento al comportamiento desplegado por Juan Ignacio Buzali en el acontecer de los hechos, quedó demostrado su desprecio total por el derecho, poniéndose en fuga luego de atropellar a las víctimas, esto constituye un peligro cierto de fuga», señaló el letrado Martín De Vargas, representante del motociclista Luis Levalle (23), en su presentación.

De Vargas hizo referencia así a dos situaciones que consideró irregulares: que el secretario de Seguridad municipal acudiera inmediatamente al lugar tras el hecho y que el esposo de Píparo no fuera sometido al test de alcoholemia de manera inmediata.

«Dada la existencia de esos peligros procesales, para asegurar la finalidad del proceso penal» De Vargas solicitó al juez de garantías «que pida la detención de Buzali» y que se aparte del caso a la jueza interviniente platense Marcela Garmendia, titular del Juzgado de Garantías 5, ya que es madre de Juan Manuel Martínez Garmendia, quien integra el Gabinete municipal de Julio Garro, al igual que Carolina Píparo y el secretario de Seguridad Darío Ganduglia. Para el letrado se debe evitar así la pérdida del «carácter objetivo e imparcial del juzgador».

El arresto del marido de Píparo fue solicitado también por los abogados del otro joven atropellado, mediante un escrito judicial presentado esta mañana, cuya identidad se preserva por ser un adolescente de 17 años.

Los letrados Rodolfo Baqué y Juan Fontana, solicitaron que Buzali sea imputado por el delito de doble homicidio en grado de tentativa, al asegurar que «»no se trató de un accidente de tránsito».

Baqué consideró que el esposo de la legisladora quiso «provocar una lesión a dos ladrones armados», por lo que pidió que se ordene su «inmediata detención» y que se intime a la Municipalidad de La Plata a «que aporte el material en crudo de los videos» del hecho.

En el escrito presentado ante el juez de garantías, Baqué y Fontana plantearon que «Buzali ha tenido una clara intención de causar la muerte» de los motociclistas.

«Entendemos que el señor Buzali, al impactar de manera artera, traicionera e intencional en la parte trasera de las motos a una velocidad excesiva (…) tuvo como finalidad acabar con la vida de los mencionados, motivado, por la sed de venganza y la ira al considerarlos autores del robo que habían sufrido él y su esposa, mas de 70 minutos antes».

«Buzali y Píparo, creían que los jóvenes eran peligrosos ladrones armados, por lo que al presumir que portaban armas de fuego, Buzali los embistió con la clara intención de matarlos», explicó Baqué a esta agencia.

El profesional señaló que «al entrar en error, quisieron meter presos a dos perejiles inocentes e instalarlos mediáticamente como culpables cuando se trata de chicos trabajadores que estaban mirando la quema de muñecos de fin de año con otras 12 personas más».

En el escrito judicial, los letrados plantearon que luego de embestirlos quisieron «darse a la fuga» aunque no lo lograron «por la decidida persecución que le realizan motociclistas amigos» de las víctimas.

Por su parte, el abogado de la legisladora, Fernando Burlando, consideró esta mañana en diálogo con distintos medios que el planteo de los letrados está «alejado de la cordura que impone el derecho» y pidió «no perder el foco de lo más importante» que es «el episodio de inseguridad» que sufrió Píparo, a diez años de haber sido víctima de otro hecho criminal en el que perdió a su bebé de nueve meses de gestación.

Según lo que aseguró públicamente Píparo, el hecho ocurrió cerca de las 2 de la madrugada de Año Nuevo, cuando fue asaltada por seis «motochorros» que la interceptaron en momentos en que llevaba a su padre a su casa y le robaron la cartelera con 20 mil pesos y su teléfono iPhone.

La legisladora bonaerense agregó que tras ello y cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia en una comisaría a bordo de su auto Fiat 500L, volvieron a ser interceptados por los «motochorros» y en ese momento embistieron una de las motos para escapar.

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Santa Fe les cobra a los padres de los amenazadores: “Cara la jodita”, la reacción ante la boleta de $6 millones

La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.

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Santa Fe entregó la primera multa a padres por amenazas escolares: más de $6 millones

★ El gobierno de Santa Fe concretó la primera notificación de cobro a los responsables de amenazas escolares en la provincia: los padres de un menor identificado como autor de una intimidación recibieron una boleta por $6.024.944. La reacción del adulto notificado no tardó en circular: «Cara la jodita», dijo al recibir el documento, en una frase que el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, se encargó de difundir en su conferencia de prensa.

La primera notificación y sus alcances

El operativo de notificación fue realizado este lunes por la Policía de la Provincia de Santa Fe en la ciudad capital. El ministerio de Justicia y Seguridad provincial notificó a ambos progenitores del menor identificado como autor de una de las amenazas a escuelas, en carácter de responsables solidarios del gasto operativo.

La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.

La maquinaria ya tiene 58 casos identificados

Cococcioni precisó que a la fecha ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica a más de 70 personas involucradas, dado que varios casos cuentan con más de un autor o más de un adulto responsable.

«A medida que la Fiscalía valida las identidades, sean mayores o menores, punibles o no, se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones», explicó el ministro.

El mecanismo no distingue entre imputables e inimputables: lo que se cobra es el costo del operativo de seguridad desplegado por la amenaza, no una sanción penal directa sobre el menor. La obligación recae sobre los adultos responsables, independientemente de la situación legal del alumno.

Una medida en medio de una crisis nacional

Como informó este medio en coberturas anteriores, la ola de amenazas escolares sacudió al país en las últimas semanas, extendiéndose a al menos doce provincias con mensajes de formato casi idéntico: «Mañana tiroteo, no vengan».

El fenómeno se disparó tras el crimen de Ian Cabrera, el estudiante asesinado el 30 de marzo de 2026 en San Cristóbal, Santa Fe, en un hecho que conmocionó a la sociedad argentina y reabrió el debate sobre la violencia escolar y la imputabilidad de menores.

La True Crime Community (TCC), una subcultura digital transnacional que exalta las masacres escolares, fue señalada por la justicia santafesina y la Subsecretaría de Asuntos sobre el Terrorismo Internacional (SAIT) como uno de los vectores de propagación del fenómeno.

Frente a la crisis, las respuestas de los distintos gobiernos provinciales fueron dispares: desde reuniones interministeriales sin resultados concretos hasta operativos de allanamiento con adolescentes imputados. Santa Fe optó por una vía que combina la presión económica sobre los adultos responsables con la acción judicial sobre los menores identificados.

El debate de fondo que la boleta no resuelve

El gobierno santafesino presenta la medida como un efecto disuasorio. Sin embargo, el instrumento no apunta a las causas estructurales del fenómeno: la fragilidad de los entornos digitales que amplifican este tipo de conductas, la ausencia de programas de contención en las escuelas o la demora en la implementación efectiva de la Ley 27.801, que modificó el régimen penal juvenil pero cuya entrada en vigor plena aún está sujeta a un período de adecuación institucional de 180 días.

La frase del padre notificado, «cara la jodita», condensa en tres palabras lo que el Estado santafesino quiere transmitir: que las amenazas tienen un costo real y mensurable. Lo que resta ver es si ese costo alcanza para modificar conductas en un fenómeno que excede ampliamente el bolsillo familiar.

Puntos clave:

  • El gobierno de Santa Fe entregó la primera notificación de cobro a padres de un menor responsable de una amenaza escolar, por un monto de $6.024.944.
  • La notificación otorga un plazo de cinco días para abonar; vencido ese término, el caso pasa a la Fiscalía de Estado.
  • El ministerio identificó a responsables en 58 hechos, con más de 70 personas involucradas en total.
  • La medida impone la obligación de pago sobre los adultos como responsables solidarios, independientemente de la situación penal del menor.
  • El fenómeno de amenazas escolares se inscribe en una crisis nacional vinculada al crimen de Ian Cabrera y a la proliferación de la True Crime Community en entornos digitales.
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