Judiciales ⚖️
Caso Píparo: el abogado de los jóvenes atropellados pidió la detención del marido de la legisladora
El letrado también presentó un escrito en el que solicitó el apartamiento de la jueza interviniente en la causa, Marcela Garmendia, titular del Juzgado N° 5 de la capital bonaerense, ya que su hijo, Juan Manuel Martínez Garmendia, integra el Gabinete del intendente de La Plata, Julio Garro.
El letrado también presentó un escrito en el que solicitó el apartamiento de la jueza interviniente en la causa, Marcela Garmendia, titular del Juzgado N° 5 de la capital bonaerense, ya que su hijo, Juan Manuel Martínez Garmendia, integra el Gabinete del intendente de La Plata, Julio Garro.
Los abogados de los dos motociclistas que fueron atropellados durante la madrugada de Año Nuevo en La Plata por el marido de la diputada bonaerense Carolina Píparo, quien instantes antes había sido asaltada por «motochorros», pidieron este lunes la detención del hombre al considerar que existen «peligros procesales» y que intentó cometer un doble homicidio, informaron fuentes con acceso a la causa judicial.
«Atento al comportamiento desplegado por Juan Ignacio Buzali en el acontecer de los hechos, quedó demostrado su desprecio total por el derecho, poniéndose en fuga luego de atropellar a las víctimas, esto constituye un peligro cierto de fuga», señaló el letrado Martín De Vargas, representante del motociclista Luis Levalle (23), en su presentación.
De Vargas hizo referencia así a dos situaciones que consideró irregulares: que el secretario de Seguridad municipal acudiera inmediatamente al lugar tras el hecho y que el esposo de Píparo no fuera sometido al test de alcoholemia de manera inmediata.
«Dada la existencia de esos peligros procesales, para asegurar la finalidad del proceso penal» De Vargas solicitó al juez de garantías «que pida la detención de Buzali» y que se aparte del caso a la jueza interviniente platense Marcela Garmendia, titular del Juzgado de Garantías 5, ya que es madre de Juan Manuel Martínez Garmendia, quien integra el Gabinete municipal de Julio Garro, al igual que Carolina Píparo y el secretario de Seguridad Darío Ganduglia. Para el letrado se debe evitar así la pérdida del «carácter objetivo e imparcial del juzgador».
El arresto del marido de Píparo fue solicitado también por los abogados del otro joven atropellado, mediante un escrito judicial presentado esta mañana, cuya identidad se preserva por ser un adolescente de 17 años.
Los letrados Rodolfo Baqué y Juan Fontana, solicitaron que Buzali sea imputado por el delito de doble homicidio en grado de tentativa, al asegurar que «»no se trató de un accidente de tránsito».
Baqué consideró que el esposo de la legisladora quiso «provocar una lesión a dos ladrones armados», por lo que pidió que se ordene su «inmediata detención» y que se intime a la Municipalidad de La Plata a «que aporte el material en crudo de los videos» del hecho.
En el escrito presentado ante el juez de garantías, Baqué y Fontana plantearon que «Buzali ha tenido una clara intención de causar la muerte» de los motociclistas.
«Entendemos que el señor Buzali, al impactar de manera artera, traicionera e intencional en la parte trasera de las motos a una velocidad excesiva (…) tuvo como finalidad acabar con la vida de los mencionados, motivado, por la sed de venganza y la ira al considerarlos autores del robo que habían sufrido él y su esposa, mas de 70 minutos antes».
«Buzali y Píparo, creían que los jóvenes eran peligrosos ladrones armados, por lo que al presumir que portaban armas de fuego, Buzali los embistió con la clara intención de matarlos», explicó Baqué a esta agencia.
El profesional señaló que «al entrar en error, quisieron meter presos a dos perejiles inocentes e instalarlos mediáticamente como culpables cuando se trata de chicos trabajadores que estaban mirando la quema de muñecos de fin de año con otras 12 personas más».
En el escrito judicial, los letrados plantearon que luego de embestirlos quisieron «darse a la fuga» aunque no lo lograron «por la decidida persecución que le realizan motociclistas amigos» de las víctimas.
Por su parte, el abogado de la legisladora, Fernando Burlando, consideró esta mañana en diálogo con distintos medios que el planteo de los letrados está «alejado de la cordura que impone el derecho» y pidió «no perder el foco de lo más importante» que es «el episodio de inseguridad» que sufrió Píparo, a diez años de haber sido víctima de otro hecho criminal en el que perdió a su bebé de nueve meses de gestación.
Según lo que aseguró públicamente Píparo, el hecho ocurrió cerca de las 2 de la madrugada de Año Nuevo, cuando fue asaltada por seis «motochorros» que la interceptaron en momentos en que llevaba a su padre a su casa y le robaron la cartelera con 20 mil pesos y su teléfono iPhone.
La legisladora bonaerense agregó que tras ello y cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia en una comisaría a bordo de su auto Fiat 500L, volvieron a ser interceptados por los «motochorros» y en ese momento embistieron una de las motos para escapar.
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Pity Álvarez: el fiscal pidió 18 años y 6 meses y su detención inmediata si es condenado
Sandro Abraldes descartó la legítima defensa, acusó al músico por la muerte de Cristian Díaz y la portación ilegal del arma, y pidió que quede detenido si lo condenan, al terminar la internación. La querella había pedido 11 años y 2 meses.
El fiscal general Sandro Abraldes pidió este miércoles 18 años y seis meses de prisión para Cristian “Pity” Álvarez por la muerte de Cristian Díaz y reclamó que, si hay condena, el tribunal ordene su detención inmediata, que quedará sujeta al fin de la internación involuntaria que cumple por orden de un juzgado civil. Abraldes, titular de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N.° 27, alegó ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Hugo Navarro y Juan María Ramos Padilla.
El fiscal consideró a Álvarez responsable de dos delitos: homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil. Díaz murió el 12 de julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré, de Villa Lugano. El acusado no se conectó a la audiencia. Está internado desde el 2 de octubre en una clínica psiquiátrica de Castelar y, según informó el director del lugar al tribunal, no quiso participar porque se consideraba bien representado. Sus defensores, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, siguieron el alegato por vía remota.
Cuatro disparos y ninguna agresión previa
Según la reconstrucción de la Fiscalía, cerca de la 1.30 Álvarez y Díaz discutieron frente al acceso de una de las torres del complejo. El músico sacó una pistola del bolsillo derecho de su campera y le disparó a Díaz en la cabeza. Con la víctima en el piso, efectuó tres disparos más hacia la misma zona. Después huyó, descartó el arma en una alcantarilla y se entregó en una comisaría de Villa Lugano a la mañana siguiente.
Abraldes se apoyó en los peritos, que ubicaron los disparos a muy corta distancia, entre 60 y 80 centímetros, y en la forense, que concluyó que todos fueron vitales. “Álvarez quiso matar a la víctima, le disparó primero para matarlo y ya en el suelo, se aseguró de que muriera”, sostuvo el fiscal. Recordó además que el amigo de Díaz, testigo presencial, aclaró que la víctima no estaba armada.
El fiscal descartó la legítima defensa porque, dijo, no hubo una agresión ilegítima contra el acusado. “Álvarez jugó a ser Dios. Se pudrió de Díaz y decidió que no tenía que vivir más”, afirmó. También rechazó la versión de la indagatoria, en la que el músico dijo haberse sentido “atrapado o acorralado”, y exhibió frases que Álvarez dio en entrevistas años antes del crimen, como “ando armado porque todos andan armados”. Recordó que no tenía permiso para tener ni portar armas. Proyectó, además, un video del músico en la entrada de un boliche de Ramos Mejía, donde camina con normalidad, contra los testimonios de allegados que dijeron que una operación de cadera se lo impedía.
Abraldes también descartó la inimputabilidad. Citó a los profesionales que lo examinaron en 2018, quienes no hallaron afectación de su capacidad para entender o dirigir sus acciones.
Una pena en la mitad de la escala
El homicidio con arma de fuego tiene en el Código Penal una escala de 10 años y 8 meses a 25 años de prisión, por la combinación de los artículos 79 y 41 bis. El pedido de la Fiscalía se ubica cerca de la mitad de ese rango; el de la querella, de 11 años y 2 meses, quedó apenas por encima del mínimo. Como agravantes, el fiscal valoró el escaso valor que el acusado le dio a la vida de Díaz, la reiteración de los disparos y su experiencia con armas. Como atenuantes, el arrepentimiento y el pedido de disculpas a la familia.
La diferencia con la querella también alcanza a la forma de cumplimiento. El 6 de noviembre, Fabián Améndola había pedido arresto domiciliario con salidas laborales. Abraldes, en cambio, reclamó la detención: “Sin afectar la presunción de inocencia, la condena modifica cualitativamente la situación del acusado”. Y cerró: “En un Estado de Derecho, la ley manda para todos”.
El viernes 13, al mediodía, alegarán Baños y Queijeiro. El veredicto todavía no tiene fecha confirmada. Hasta la sentencia, Álvarez conserva la presunción de inocencia.
Lo que tenés que saber:
- El fiscal general Sandro Abraldes pidió 18 años y seis meses de prisión para Pity Álvarez por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil.
- Reclamó su detención inmediata si es condenado, sujeta al fin de la internación involuntaria que cumple desde el 2 de octubre en una clínica de Castelar.
- Descartó la legítima defensa: según los peritos, los cuatro disparos fueron a entre 60 y 80 centímetros y tres se efectuaron con Díaz en el piso.
- La querella había pedido el 6 de noviembre 11 años y 2 meses, con arresto domiciliario y salidas laborales; la escala va de 10 años y 8 meses a 25 años.
- La defensa alegará el viernes 13; el veredicto no tiene fecha confirmada.
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