Puntos clave

• La Justicia suspendió la venta del 90% de las acciones de AySA.
• El fallo exige determinar previamente el pasivo ambiental de la compañía.
• La resolución representa un nuevo obstáculo para el programa de privatizaciones.
• El Defensor del Pueblo bonaerense cuestionó el contenido del pliego licitatorio.
• El Tribunal de Tasaciones enfrenta observaciones por procedimientos vinculados a valuaciones de empresas estatales.
• Nucleoeléctrica, Transener, Belgrano Cargas e Intercargo también aparecen dentro de los expedientes analizados.
• La discusión involucra aspectos regulatorios, ambientales y patrimoniales.

La privatización de AySA enfrenta un nuevo obstáculo judicial

La estrategia de reducción de la participación estatal en empresas públicas sumó un nuevo capítulo judicial. El juez en lo Contencioso Administrativo N°2 de La Plata, Mariano López, ordenó suspender el proceso de venta del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) hasta que se determine el pasivo ambiental de la compañía.

La decisión introduce una nueva variable en uno de los programas centrales impulsados por la administración de Javier Milei para avanzar con la reorganización del sector público y la apertura al capital privado.

Cuáles son los cuestionamientos que planteó la Justicia

La medida cautelar responde a una presentación realizada por el Defensor del Pueblo bonaerense, quien objetó aspectos del pliego de licitación.

Entre los argumentos expuestos aparecen la ausencia de «elementos básicos que garanticen el acceso al agua» y la falta de consideración de «pasivos ambientales en territorio bonaerense».

En el fallo, el magistrado sostuvo que el esquema previsto para la privatización «tiende a reducir las exigencias regulatorias y postergar obras críticas», observación que quedó incorporada a la resolución judicial.

El impacto sobre el programa de privatizaciones

La suspensión de AySA se produce en un contexto en el que el Gobierno busca avanzar con distintos procesos de privatización y concesión de activos estatales.

La resolución judicial agrega incertidumbre sobre los plazos de ejecución de esas iniciativas y amplía el debate sobre las condiciones regulatorias, ambientales y patrimoniales que deben cumplirse antes de concretar operaciones de transferencia al sector privado.

Al mismo tiempo, la Justicia Federal de General Roca analiza planteos vinculados con las represas hidroeléctricas del Comahue, otro expediente seguido de cerca por el mercado energético.

Las observaciones sobre el Tribunal de Tasaciones

El proceso también puso bajo la lupa al Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Su presidente, Julio Roberto Villamonte, reconoció que comunicó al Ministerio de Economía dificultades para avanzar con las tasaciones de AySA, Transener, Nucleoeléctrica, Belgrano Cargas e Intercargo sin consultas previas al resto de los integrantes del organismo.

Villamonte argumentó que actuó en función de las atribuciones que le otorga el reglamento interno mediante «la representación del Organismo».

Sin embargo, el artículo 6 de la Resolución 72/2023 establece que para asuntos considerados «de especial importancia» corresponde solicitar «el previo acuerdo del Cuerpo Colegiado», aspecto que forma parte de las discusiones planteadas alrededor de estos procedimientos.

Nucleoeléctrica y las dudas sobre las valuaciones

Dentro de las empresas alcanzadas por las controversias figura Nucleoeléctrica Argentina.

De acuerdo con información citada por Ámbito Financiero, la valuación de la compañía se habría delegado en el Banco Nación o en el BICE, organismos que «no tienen especialistas para llevar a cabo esa tarea».

Las mismas fuentes indicaron que la tasación de la firma se ubicaría actualmente entre los 10.000 y 11.000 millones de dólares.

Los cuestionamientos también apuntan al mecanismo utilizado para la valuación de activos públicos y a su adecuación a las disposiciones previstas por la Ley N°21.126.

Un debate que excede el caso AySA

La decisión judicial sobre AySA trasciende a una sola empresa y vuelve a poner en discusión aspectos centrales del programa de privatizaciones impulsado por el Gobierno nacional.

Los expedientes abiertos incorporan cuestiones vinculadas con la determinación del valor de los activos, los controles institucionales, las obligaciones ambientales y las condiciones regulatorias que rodean los procesos de transferencia de empresas estratégicas.